Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA

SUBSECCION A
CONSEJERO PONENTE: Hernán Andrade Rincón (E)




Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de 2014.
Radicación: 250002326000200200884 – 01 (30.193).

Demandante: Corporación Colombiana de Logística S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 22 de diciembre de 2004, mediante la cual se decidió:
Primero.- Declárese (sic) la responsabilidad administrativa de la Nación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – Unidad Administrativa Especial, por los daños causados a la Corporación Colombiana de Logística C.C.L. S.A., como consecuencia de la sanción impuesta a la sociedad COMCEL S.A.
Segundo.- En consecuencia, condénase a la Nación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – U.A.E., a pagar por perjuicios los siguientes valores:
Daño emergente: $257.299.015,75.
Lucro cesante: $41.200.105,77.
Tercero.- Sin condena en costas”.
I. ANTECEDENTES
1.- La demanda.
En escrito presentado el día 22 de abril de 20021, la sociedad Corporación Colombiana de Logística S.A. –C.C.L.-, formuló demanda de reparación directa contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los hechos y omisiones que le generaron la obligación de pagarle a COMCEL S.A., la suma de $195.224.201. La parte actora solicitó, además, que se le reconozca el pago de la referida suma, de sus intereses comerciales y de los intereses moratorios.
2.- Los hechos.
La parte actora narró, en síntesis, que por virtud del contrato del 7 de mayo de 1996, la sociedad demandante se comprometió frente a COMCEL S.A., a prestarle servicios de intermediación aduanera relativos a la importación de los equipos y mercancías que ésta introdujera al país. Señaló que en tanto le fuera otorgada la aprobación como sociedad de intermediación aduanera, dichos servicios serían prestados por la sociedad ABM Aduanas SIA Ltda., entidad autorizada para tal efecto, bajo la estricta vigilancia de la Corporación Colombiana de Logística S.A. –hoy demandante-.
Indicó que en febrero de 2000, se adelantó el proceso de importación de unos equipos electrónicos, saldándose el pago de los derechos aduaneros mediante el cheque de gerencia No. 075134 emitido por el banco Citibank, por un valor de $131’290.667; según sus afirmaciones, el 11 de febrero de 2000, en la página web del sistema informático aduanero aparecían las declaraciones confirmadas por el sistema, 3 días después se autorizó por parte de la zona franca de Bogotá, el retiro de la mercancía.
No obstante lo anterior, la DIAN formuló, en abril de 2000, requerimiento ordinario contra COMCEL S.A., para que realizara las declaraciones de legalización, autoliquidara el tributo y pagara lo correspondiente en un plazo no mayor a 15 días hábiles, por cuanto los stickers que daban cuenta de la cancelación de los referidos derechos aduaneros no aparecían registrados en el sistema, so pena de incurrir en una multa equivalente al 200% del valor de la mercancía. Ante tal situación, COMCEL S.A., optó por rehacer la liquidación y pagar el 30% del valor de la mercancía a título de sanción, a raíz de lo cual el importador le cobró al intermediario aduanero, Corporación Colombiana de Logística S.A., su reembolso.
En criterio del demandante, las irregularidades en las que incurrió la DIAN en el cobro de los referidos derechos aduaneros, le causaron un daño antijurídico puesto que debió reembolsar a COMCEL S.A., lo que ésta canceló a título de sanción, es decir un valor equivalente al 30% de la mercancía importada.
3.- Contestación de la demanda.
Notificada del auto admisorio de la demanda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la contestó en memorial presentado el 21 de agosto de 20022 para oponerse a las pretensiones de la parte actora, por cuanto las declaraciones de importación que permitieron el levante de la mercancía nunca fueron incorporadas al sistema informático de la entidad, por lo que resultaba imposible su conocimiento, verificación y control.
En criterio de la entidad pública demandada, le corresponde a la Zona Franca de Bogotá, entidad privada, explicar las razones que llevaron a autorizar el levante de la mercancía, aun cuando no se hubieren registrado en debida forma las declaraciones de importación; en este orden de ideas, la DIAN señaló que los hechos permiten afirmar que existió un fraude en contra del Estado, puesto que con el fin de obtener el levante de la referida mercancía se presentaron documentos que no correspondían con la realidad y que los únicos responsables de tal situación eran los diferentes agentes privados que participaron en esa actuación.
4.- Alegatos de conclusión en primera instancia.
4.1.- En sus alegatos de conclusión3, tras realizar un recuento del acervo probatorio obrante en el expediente, la parte actora señaló que la responsabilidad patrimonial de la Administración aduanera se encuentra plenamente acreditada en el sub lite, por cuanto a pesar de que los derechos aduaneros derivados de las declaraciones de importación de la mercancía en cuestión fueron debidamente pagados, sin embargo tres meses después de su legalización fueron objeto de un requerimiento por parte de la DIAN, castigándose, en consecuencia, con una multa a COMCEL S.A., lo que generó, en consecuencia, un detrimento patrimonial de la Corporación Colombiana de Logística.
4.2.- La DIAN4, en sus alegatos de conclusión, reiteró que en el sub lite no se cumplió a cabalidad el proceso encaminado a obtener la legalización de la referida mercancía, pues las declaraciones de importación nunca fueron incorporadas al sistema informático y que el requerimiento posterior se fundó en el poder de fiscalización del que es titular la entidad pública demandada.

4.3.- El Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.
5.- La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión5 declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada, pues entendió que a ella le correspondía garantizar la eficiencia del proceso de levante de mercancías y de la veracidad de los sistemas de información, por manera que si se llegaba a presentar, como ocurrió en el sub lite, un defectuoso funcionamiento de tales mecanismos que le ocasionara perjuicios a un particular –en el caso concreto, el pago de no lo debido a favor de COMCEL S.A.-, la DIAN estaba llamada a responder por su ocurrencia.
6.- La apelación.
Inconforme con el fallo proferido por el Tribunal a quo, la parte demandada interpuso, en debido tiempo, recurso de apelación contra dicho proveído6, el que se concedió mediante auto del 28 de enero de 20057 y se admitió por esta Corporación en auto del 25 de julio de 20058.
La recurrente sustentó su inconformidad para con el fallo de primera instancia en las siguientes consideraciones: i) la sociedad demandante no participó directamente en el proceso de declaración de importación y levante de la mercancía, puesto que en dicho proceso sólo actuaron COMCEL S.A., y ABM Aduanas SIA; ii) el Tribunal a quo le dio pleno valor probatorio a unas declaraciones de importación que, en criterio de la DIAN, carecen de efectos legales; iii) los valores presuntamente pagados con ocasión de la legalización inicial, nunca entraron a las arcas de Bancafé –entidad recaudadora- ni a las del Estado, lo que dio lugar al requerimiento que realizó la DIAN; iv) el levante de la referida mercancía fue producto de maniobras fraudulentas por parte del declarante.
Por lo anterior, la parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia.
7.- Alegatos de conclusión en segunda instancia.
7.1.- La parte actora.
En sus alegatos de conclusión9, la parte actora reiteró los argumentos y consideraciones que expuso a lo largo del proceso.
7.2.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La DIAN10 intervino en esta oportunidad procesal, para reiterar que dicha entidad pública actuó en el marco de sus funciones para evitar que se defraudaran las arcas del Estado.
8.- Intervención del Ministerio Público
En criterio del Ministerio Público la sociedad demandante sí se encuentra legitimada en la causa11, por cuanto en virtud de los acuerdos suscritos entre ella y COMCEL S.A., le correspondió asumir el pago de la legalización posterior de las mercancías y de la multa que se le impuso; por otro lado, solicitó la confirmación del fallo recurrido, en atención a que la DIAN no acreditó que se hubiere actuado de manera fraudulenta en las primeras declaraciones de importación y/o en el levante de las mercancías.

II. C O N S I D E R A C I O N E S
Corresponde a la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, proferida el día 22 de diciembre de 2004.
1.- La competencia de la Sala.
La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el 22 de abril de 2002 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $195’224.201 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $36’950.000.
2.- La caducidad de la acción.
Teniendo en cuenta que la demanda que ahora se decide en segunda instancia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada por los perjuicios materiales ocasionados a la parte actora con ocasión del pago de la sanción tributaria que le fue impuesta a COMCEL S.A., que aquella en virtud del acuerdo suscrito el 26 de abril de 2000 asumió pagar en su integridad, y como quiera que la demanda se presentó el 22 de abril de 2001, esto es con anterioridad al cumplimiento de dos años desde la celebración del referido acuerdo de pago, la Sala encuentra que la demanda se presentó dentro del término de caducidad contemplado para tal efecto en el artículo 136 del C.C.A.
3.- Las pruebas aportadas al proceso.
Al expediente se allegaron los siguientes medios de prueba:


  • Certificado de existencia y representación legal de la Corporación Colombiana de Logística S.A. CCL S.A. ALMADELCO LÓGICA OTM, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de abril de 200212.




  • Copia auténtica del contrato de prestación de servicios celebrado entre ALMADELCO y COMCEL S.A.13, del 7 mayo de 1996, cuyo objeto lo constituyó: “ALMADELCO S.A., se obliga a recibir en depósitos autorizados de aduana, los equipos y mercancías importadas por COMCEL; elaborar y llevar el control de licencias y registros de importación, efectuar todas las actividades que le corresponden como agente de aduana de COMCEL, ante las autoridades aduaneras, de cargamentos, a prestar el almacenamiento de mercancía en bodegas nacionales una vez se haya producido el proceso de desaduanamiento, así como contratar y coordinar por cuenta de COMCEL, el transporte de la mercancía hasta su destino final”. Obran en el expediente, además, los otrosí modificatorios al anterior contrato, del 30 de octubre de 199614 y del 7 de abril de 199715.




  • Copia auténtica del contrato de servicios del 30 de noviembre de 199916, celebrado entre la Corporación Colombiana de Logística S.A., y ABM Aduanas SIA, cuyo objeto lo constituyó la obligación de ésta “para con CCL a suministrar en las mejores condiciones de oportunidad y eficiencia, el servicio de intermediación aduanera para importaciones y exportaciones y la elaboración y trámite de registros y licencias de importación, así como trámites ante organismos oficiales, en forma directa desde diciembre 1 de 1999 hasta marzo 1 del año 2000, desde la instalaciones de la CCL para clientes y actuales y futuros de la CCL”.




  • Copia auténtica del requerimiento ordinario No. 088507, del 5 de abril de 2000, que remitió la DIAN a COMCEL S.A.17; en el mencionado documento se señaló:


De conformidad con las facultades de fiscalización y control aduanero consagradas en los artículos 39 del Decreto 1071 de 1999; 69 de la Resolución 5632 de 1999 y Resolución 5634, en concordancia con las facultades de fiscalización en los artículos 61 y 62 del Decreto 1909 de 1992 y demás normas concordantes y/o complementarias, se le solicita allegar a éste Despacho, en un término no mayor a 15 días hábiles, las Declaraciones a que haya lugar según lo establecido en los artículos 57 y 82 del Decreto 1909 de 1992, las cuales amparen las mercancías de procedencia extranjera descritas en las declaraciones cuyos números de stickers no aparecen incorporadas en los sistemas de la DIAN, y se relacionan a continuación:
Sticker Nos. 0503607853770-7, 0503607853769-9, 0503607853772-1, 050367853771-4 y 0503607853773-9.
De no recibir respuesta dentro del término establecido, sírvase poner a disposición de las autoridades aduaneras dicha mercancía, so pena de incurrir en sanción del 200% del valor de la mercancía, según lo establecido en el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994…”.


  • Copia auténtica del acuerdo de pago del 26 de abril de 200018, suscrito por la Corporación Colombiana de Logística S.A., y COMCEL S.A.; en el referido acuerdo se indicó:


“Antecedentes:

(…)
3. En desarrollo del contrato atrás mencionado, mediante memorando de fecha marzo 17 de 2000, la División logística de Comcel informa al Vicepresidente Financiero de la misma que se adelantó el trámite de importación contenida en las declaraciones de importación con números internos así: 032000000035790; 032000000036068; 032000000035772; 032000000036038 y 032000000035896, las cuales fueron nacionalizadas por CCL a través de ABM Aduanas Ltda.
4. El 7 de febrero del año en curso CCL envió a Comcel cinco solicitudes para girar fondos con destino al pago de los tributos aduaneros, cuyo valor total asciende a la suma de $131.290.667,oo, discriminados así: $3.241.771; $29.874.504; $19.395.440; $73.916.289 y $4.862.663 a nombre de Bancafé.
5. Con fecha 8 de febrero del presente año, mediante oficio GTE-108-02200, el Vicepresidente Financiero y el Gerente de Tesorería de Comcel S.A., ordenan al Cititrust Colombia S.A., sociedad que le presta los servicios fiduciarios a Comcel, descontar de los fondos de Comcel la suma de $131.290.667 a que nos referimos atrás y proceder a girar un cheque por el valor mencionado a nombre de Bancafé.
6. Cumpliendo con lo solicitado por CCL y a solicitud de Comcel, Citibank gira el 8 de febrero del presente año a nombre de Bancafé el cheque de gerencia número 075134 con código de banco 09.
7. Notificados por el Citibank sobre el hecho de que el cheque girado con destino al pago de los tributos en mención no había sido cobrado, procedimos entonces a hacer seguimiento del trámite que se le había dado al cheque, encontrándose lo siguiente:
7.1. El cheque No. 075134 fue entregado por Comcel al señor Fredy Humberto Sarmiento funcionario de CCL, corroborado por declaración juramentada del mismo funcionario de fecha abril 4 de 2000. En esta declaración afirma el señor Sarmiento que luego de recibir el cheque en Comcel lo entregó a la señora Luz Neida Sierra, funcionaria de ABM Aduanas Ltda. SIA. Se anota que cuando Comcel hace entrega de un cheque exige la carta de autorización correspondiente, que para el caso que nos ocupa (sic), se anexa documento por medio del cual la compañía CCL autorizó para que el cheque mencionado le fuera entregado al señor Fredy Sarmiento.
7.2. La señora Luz Neida Sierra, funcionaria de ABM Aduanas Ltda. SIA, afirmó mediante declaración juramentada de fecha 4 de abril de 2000, lo siguiente: a.- … que con la información suministrada por el sistema se realizó la solicitud de anticipo a Comcel por la suma de $131.290.667, suma que debía ser girada a nombre de Bancafé. b.- Que el 9 de febrero se autorizó al señor Fredy Sarmiento para retirar de las instalaciones de Comcel, el cheque para el pago de tributos. c.- Que se recibió el cheque número 175134 de Citibank, girado a nombre de Bancafé por valor de $131.290.667,oo, ‘… con el cual realicé el respectivo ingreso al sistema informático Siglo XXI de la DIAN con el fin de confirmar la declaración, imprimirla y proceder al pago’. d.- Que el 11 de febrero entregó (sic) al señor Carlos Arley Jacobo cinco declaraciones de importación para la firma y entregó el cheque mencionado con los soportes, declaraciones de valor, ‘(a las cuales debía digitar el No. de sticker del banco)’ le dio la orden de efectuar el pago y de llevar a la zona franca para su posterior incorporación. e.- Que el banco debe reportar el pago recibido vía electrónica a la DIAN para que ésta autorice el levante de las mercancías. f.- Que el 11 de febrero consultó en el sistema ‘en la opción de ‘Declaraciones finalizadas en el proceso aduanero’ y encontré que dos de las declaraciones tenían levante automático …’ y que las otras posteriormente fueron confirmadas en el sistema. g.- Que el día 14 de febrero la zona franca autorizó el retiro de la mercancía.
7.3. Que la CCL y Comcel fueron informados por la división de seguridad de Bancafé a través del Dr. Libardo Murillo que el mencionado cheque de gerencia No. 175134 girado con sello restrictivo a favor de Bancafé, por valor de $131.290.667,oo fue consignado en febrero 18 de 2000 en la cuenta corriente número 018178970 de una persona natural de nombre Alfonso Corredor Rojas, motivo por el cual Bancafé retuvo el cheque y lo mantiene en su poder, así mismo informó Bancafé que en las declaraciones de importación con stickers números 050367853771-4, 0503607853770-7, 0503607853769-9, 0503607853772-1 y 0503607853773-9 los sellos y stickers son falsos según su propia apropiación.
8. El 5 de abril los señores de CCL envían carta al representante legal de la firma ABM Aduanas Ltda. SIA, en donde les hace saber de las anomalías presentadas en una importación del cliente Comunicación Celular Comcel, así:
8.1. Las declaraciones de importación sticker No. 050367853771-4; 770-7; 769-9; 772-1 y 773-9 con fecha 11 de febrero del 2000, presentan anomalías en el sticker y en los sellos de Bancafé.
8.2. Que existen anomalías en la consignación del cheque de gerencia No. 074134 tantas veces mencionado y ‘en una carta de ABM Aduanas Limitada SIA, bajo la supuesta firma del señor Octavio Galvis.
8.3. Anexa las declaraciones juramentadas mencionadas en punto anterior y concluye solicitando explicación y, según ellos fijando responsabilidad ABM Aduanas Limitada.
9. Que según CCL, el levante automático concedido por la DIAN y certificado por escrito por la zona franca de Bogotá, es el hecho jurídico que legaliza el ingreso de las mercancías al país y refrenda la presunción de legalidad de las mismas.
CCL manifiesta que así como existe la garantía de presunción de inocencia en las personas naturales, a su juicio también existe la presunción de legalidad de los bienes que en este caso se evidencia con el levante automático otorgado por el Sistema Informático Aduanas Siglo XXI.
10. Que según CCL, sin perjuicio del punto anterior y pese a la legalidad del procedimiento descrito, ante el recibo del requerimiento ordinario No. 08857 de fecha abril 5 de 2000 dirigido por la DIAN a COMCEL, mediante el cual solicitan allegar las declaraciones de legalización de las mercancías con stickers No. 050367853771-4, 0503607853770-7, 0503607853769-9, 0503607853772-1 y 0503607853773-9, que no aparecen en el sistema de la DIAN y le conceden a COMCEL un término de 15 días hábiles para legalizar la mercancía, COMCEL ha optado por adelantar un nuevo trámite de legalización voluntaria de las mercancías, mediante el pago de una multa o sanción dineraria equivalente al 30% de las mercancías, tal como lo prevé la legislación vigente sobre la materia.
11. Que en virtud de lo anterior y por solicitud de COMCEL, la CCL acepta asumir el pago total de la sanción ante la DIAN, la cual a título informativo las partes conocen que tienen un valor aproximado de $180’000.000,oo y que corresponde al 30% del valor de las mercancías nacionalizadas. En ningún momento puede entenderse que la CCL acepta ni asume responsabilidad alguna en las presuntas anomalías ya relatadas y que pudieron haber sido cometidas por ABM Aduanas Ltda. SIA, por la DIAN, por Bancafé, o por terceros, hechos que son ahora materia de investigación penal en virtud de las denuncias independientes formuladas por COMCEL y otra por ABM Aduanas Ltda. SIA, cuyos textos aún no conoce CCL, al igual que las investigaciones administrativas al interior de la DIAN, por lo cual las partes:
Acuerdan:
1. CCL se compromete para con COMCEL a reembolsar el valor total de la sanción por [la] legalización de las mercancías a que se refieren los antecedentes y que haya lugar a pagarle a la DIAN …
4. COMCEL en su calidad de importador, como parte legitimada ante la DIAN dentro de la operación aduanera descrita en los antecedentes, dará respuesta al requerimiento ordinario No. 08857 de la DIAN y si fuere posible hará su mejor esfuerzo por formular ante esa entidad los recursos que estime convenientes para agotar la vía gubernativa con el fin de esclarecer los hechos mencionados en los antecedentes y procurar obtener la devolución del dinero cancelado por concepto de la sanción descrita anteriormente.
En el evento en que COMCEL considere que es viable adelantar algún tipo de acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa lo hará, sin perjuicio de lo cual tendrá en cuenta las sugerencias de tipo legal que para el efecto le presente CCL. En el evento en que se produzca cualquier tipo de devolución del valor correspondiente a la sanción pagada que pueda lograr, será restituido a CCL a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que reciba efectivamente dicho valor. COMCEL no asume ningún tipo de responsabilidad contractual o extracontractual, por el ejercicio de las acciones a que haya lugar a interponer, así como tampoco está asumiendo ningún tipo de compromiso sobre el resultado de las acciones.
Las partes acuerdan que CCL asumirá todos los gastos judiciales y de honorarios de abogados en que llegare a incurrir COMCEL adelantando las acciones o recursos que a su juicio estime necesario interponer. Estos gastos serán cancelados por CCL a COMCEL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la remisión de la cuenta de cobro que remita (sic) COMCEL a CCL”.


  • Copia auténtica del oficio del 28 de abril de 2000, que remitió COMCEL S.A., a la DIAN19, en el que se señaló:


En primer lugar, nos permitimos manifestarles que anexo les estamos acompañando las declaraciones de importación de legalización Nos. … recibidas con pago del Citibank, mediante las cuales cancelamos los tributos aduaneros, así como la sanción del 30% de legalización voluntaria, tal como lo establece el art. 82 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el art. 4 del Decreto 1672 de 1994.
No obstante lo anterior, queremos reiterar los hechos puestos en conocimiento de esa Administración en días pasados sobre las posibles anomalías que se cometieron en el trámite inicial de las declaraciones de importación … presentadas el 11 de febrero de 2000, por ABMA Aduanas Ltda. SIA, mediante las cuales se obtuvo el levante de las mismas, las que nos generaron los inconvenientes que estamos soportando. Lo anterior con el fin de que se efectúe la investigación administrativa pertinente, para que se determinen los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes, por cuanto COMCEL S.A., nada tuvo que ver en el trámite ante esa Administración Especial de Aduanas, en tanto solamente nos limitamos a entregarle a CCL y ABM Aduanas Ltda. SIA, toda la documentación y los dineros pertinentes para que realizaran el trámite de nacionalización de estas 5 declaraciones de importación.
(…)
Como consecuencia de las anomalías señaladas, encontramos que COMCEL S.A., realizó la apropiación correspondiente para cumplir con el pago de los tributos señalados, entregó toda la documentación que ampara la importación de estas mercancías, tales como: registros de importación, facturas comerciales y el cheque a su agente de aduanas, quien a su turno realizó el pago a través de la SIA.
Es tan ajeno COMCEL S.A., a la situación planteada, que al presentar la declaración con pago en el Bancafé, se impusieron stickers y sello de pago y se incluyó dicho pago en el sistema Siglo XXI, debiendo para ello haber introducido las claves del sistema asignadas a la entidad recaudadora. Introducida esta novedad en el sistema, fue verificada por la SIA, quien al consultar el sistema Siglo XXI, haciendo uso de las claves asignadas a ella, encontró el levante automático de la mercancía y con fundamento en ello solicitó a la zona franca de Bogotá, la salida de las mercancías, la cual se produjo luego de la última verificación que se produjo en el sistema por parte de esta última entidad. Resulta extraño que una vez realizado el pago y verificado en dos consultas diferentes se haya permitido la salida de la mercancía, y luego extrañamente hayan desaparecido los registros correspondientes en el sistema.
Por último, al detectarse los intentos de consignar en una cuenta diferente a la de recaudo de la DIAN, el cheque destinado por COMCEL S.A., al pago de los tributos, se procedió a realizar la verificación de los levantes de la mercancía en el sistema mencionado, encontrándose con sorpresa que el mismo reporta error, cuando días antes había servido de soporte para todo tipo de trámites y verificaciones al interior del Banco recaudador, la Administración aduanera y la zona franca de Bogotá.
Con fundamento en los hechos anteriores, insistimos en que Comcel S.A., cumplidor de sus obligaciones tributarias, como siempre lo ha sido, se ha visto obligado a realizar nuevamente las declaraciones correspondientes y pago de la sanción adicional del 30% del valor declarado de las mercancías, atendiendo los términos del requerimiento ordinario No. 08857, haciendo todas las reservas del caso, pues tal como consta en los hechos descritos y en los documentos que los soportan COMCEL S.A., cumplió con su obligación inicial, sin perjuicio de que en alguna parte del procedimiento se haya cometido el fraude que se puso en conocimiento de las autoridades competentes”.


  • Copia auténtica del auto de archivo de expediente No. 03.070.210.913520, mediante el cual se archivó el expediente anteriormente identificado; aparece con un sello que reza “no implica aceptación”.




  • Copia auténtica del memorial del 5 de abril de 2000, que remitió el Subgerente de operaciones de la Zona Franca de Bogotá al Jefe del Grupo de Trabajo de la DIAN en la referida Zona Franca21; en relación con los hechos se afirmó: “Las declaraciones fueron recibidas [los] 11 y 14 de febrero respectivamente. Antes de solicitar el levante se realizó la revisión respectiva de los documentos soporte contra la declaración de importación, posteriormente se procedió a la solicitud de levante, el cual arrojó como resultado levante automático en cada una de las declaraciones relacionadas en el oficio, las cuales fueron enviadas a la Aduana en los paquetes números 29 y 30 de febrero 11 y 14 del año curso, respectivamente. A la fecha se realizó consulta en el sistema SIGLO XXI por la opción libro de levante arrojando error”.




  • Copia de la denuncia penal del 7 de abril de 2000, que interpuso COMCEL S.A., contra persona indeterminada, por la presunta comisión de conductas punibles en el marco de las declaraciones de importación referidas22.




  • Copia auténtica de la declaraciones de importación No. 0901207051253-3, 0901207051252-6, 090120751256-5, 0901207051255-8, 0901207051254-0 del 27 de abril de 200023, mediante la cual se legalizó el pago de los derechos de importación de las referidas mercancías, en las cuales aparecen, respectivamente, los siguientes valores a título de sanción: $109’910.700, $44’422.246, $28’840.279, 7’230.587, $4’820.389; ascendiendo a un valor total de $195’224.201.




  • Oficio del 15 de noviembre de 2002 que envió la DIAN al Tribunal a quo24, mediante el cual se allegó al expediente copia de la actuación administrativa surtida en contra de COMCEL S.A., por las declaraciones de importación presuntamente ilegales; entre los documentos allegados, resaltan por su pertinencia los siguientes:


1. Oficio del 4 de abril de 2000 que envió la Jefe de Recaudación y Cobranzas de la DIAN al Jefe de la División de Fiscalización de la misma entidad25, mediante el cual se indicó:
Para su conocimiento y fines pertinentes, remito copia de las declaraciones de importación abajo relacionadas presuntamente falsas con el fin de que se realicen los trámites que usted considere pertinentes.
Lo anterior obedece a que al parecer los stickers que figuran en las respectivas declaraciones no pertenecen a la sucursal del Banco donde se efectuaron los pagos, razón por la cual solicito su colaboración para que se realicen las gestiones pertinentes”.
2. Oficio No. 03-070-209-0237, del 28 de agosto de 2000, que envió el jefe del grupo interno de Trabajo de la Secretaría de Fiscalización al jefe de la División de Investigaciones Especiales26, en el que se indicó:
En relación con su escrito de la referencia me permito informarle que el día 5 de abril del presente año y una vez recibida la comunicación por parte de la Jefe de la División de Recaudación y Cobranzas de esta Administración mediante la cual pone en nuestro conocimiento la presunta falsedad de las declaraciones de importación … este despacho procedió a formular requerimiento ordinario No. 088507 a la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., con la finalidad de que se pusiera a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de que trataban las citadas declaraciones, so pena de incurrir en sanción del 200% del valor de la mercancía … Posteriormente y con escrito fechado el 28 de abril del mismo año, Comcel S.A., efectuó los respectivos descargos aportando las correspondientes declaraciones de legalización …
Consecuentemente se procederá a surtir la correspondiente investigación de carácter administrativo en el Grupo Interno de Trabajo de Infracciones de esta División, encaminada a determinar la responsabilidad a que se haría acreedora la Sociedad de Intermediación Aduanera ABM Aduanas Ltda.”.


  • Oficio No. 010525 del 20 de junio de 2003, mediante el cual Bancafé contestó el oficio 03-HAM 536 del 13 de mayo de 2003, que le remitió el Tribunal a quo27; en el mencionado oficio se indicó:


“… después de verificar nuestros registros nos permitimos informarlos que los documentos relacionados a continuación, correspondientes al contribuyente Corporación Colombiana de Logística, no fueron recibidos, ni tampoco ingresaron estos valores a Bancafé:


FECHA DE RECAUDO

NÚMERO DE STICKER

11 de febrero de 2000

0503607853771-4

11 de febrero de 2000

0503607853770-7

11 de febrero de 2000

0503607853769-9

11 de febrero de 2000

0503607853772-1

11 de febrero de 2000

0503607853773-9


Por lo anterior, los números adhesivos no han sido utilizados por Bancafé, por cuanto esta oficina no se le ha generado a la fecha la numeración de los adhesivos relacionados anteriormente”.


  • Declaración de la señora Luz Neida Sierra Escobar, funcionario de ABM Aduanas Ltda., recepcionada por el Tribunal a quo, el 13 de febrero de 200328, quien, en relación con los hechos, afirmó:


“… yo fui testigo en esa fecha que el sistema de la DIAN Siglo XXI arrojó levante automático para algunas de las declaraciones que amparaban esta importación y las demás obtuvieron levante físico por parte de la DIAN, tres meses después la DIAN reportó el no pago de impuestos cuando ya la mercancía estaba en poder del importador… realmente es inconcebible la actuación de la aduana a sabiendas de que existe el programa Siglo XXI que está conectado en red desde la llegada de la mercancía al país hasta su desaduanamiento con todos los entes involucrados para una importación y que para haber autorizado el levante de la mercancía previamente tuvo que consultar sistemáticamente que el pago había ingresado realmente al banco, sin esta confirmación no se podía dar el levante y en ese momento si la aduana dio el levante fue porque confirmó el ingreso del dinero al banco”.
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