Informes y consultas sobre contratación pública






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ARRIENDO



Por lo expuesto, el plazo estipulado de 12 años no se ajusta a lo previsto en el Art. 46., letra d), de la Ley Ib. que dispone que el plazo no debe exceder de cinco años; tampoco es posible la renovación del contrato de arrendamiento, pues este implica la celebración de un nuevo contrato, al que debe preceder el procedimiento precontractual establecido en la Ley.

Se aclara que, el segundo artículo innumerado agregado a continuación del Art. 56 (de la Ley de Contratación Pública), que trata de la renovación de los contratos, ubicado en la Sección 2 del Capítulo II, es aplicable únicamente a los casos en que el Estado o una entidad del sector público tenga la calidad de arrendataria y de convenir a los intereses institucionales está facultado para renovar los contratos de arrendamiento.

(Of. PGE 1350 del 23 de abril de 1997. Respuesta al Of. 0000233 de 3 de abril de 1997 de la Prefectura Provincial de Tungurahua)

AUMENTO DE CAPITAL



Se aclara que es al contrato de suscripción de aumento de capital al que se informe y no propiamente en lo relativo al aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía por ser aspectos concernientes a un acto societario de atribución de la Superintendencia de Compañías.

(Of. PGE 22546 del 12 de mayo de 1995. Respuesta al Of. 02003-95-211-CPC-P del 28 de abril de 1995)

AUTONOMÍA


…consulta si dicha circular afecta a las facultades y atribuciones que tiene el Contralor General del Estado para celebrar este tipo de contratos, que son indispensables para el normal funcionamiento de las diferentes unidades de la institución.



En definitiva y considerando que una circular o las instrucciones que determinada autoridad imparta no pueden alterar la ley y mucho menos la Constitución, estimo que la circular a la que se refiere su oficio no afecta a las atribuciones que corresponden específicamente al Contralor General del Estado.

De modo general, este criterio ha venido ya manifestando la Procuraduría General del Estado al absolver consultas similares y coincide con la expresada por Ud. al contestar a la formulada, con anterioridad, por el Superintendente de Compañías (oficio N° 22094 del 25 de agosto de 1994)

(Of. PGE 22866 del 1 de junio de 1995. Respuesta al Of. 12956-DIRH del 25 de mayo de 1995 de la Contraloría General del Estado)

AUTORIZACIÓN



Como norma general, según el artículo 19, 11, de la Constitución Política de la República del Estado garantiza “la libertad de trabajo, comercio e industria con sujeción a la ley". Este principio consta también de modo expreso en el Art.18 de la ley de Modernización que prohíbe que las entidades del sector público exijan "autorizaciones, dictámenes e informes que no sean los expresamente señalados en las leyes o la presentación de documentos, la práctica de diligencias, la realización de otros procedimientos que no estén específicamente previstos para el respectivo asunto".

Así pues, al tratarse de transferencias de propiedad no existen otros límites o requisitos que los previstos en la Ley, no en un instructivo. De ahí que sin desconocer lo plausible del proyecto, estimo que se tendría fundamento legal.

(Of. PGE 22763 del 19 de mayo de 1995. Respuesta al Of. 24528 del 15 de mayo de 1995 del Ministerio de Salud Pública)
De lo transcrito se desprende que para la celebración de un contrato adjudicado (Art. 59 de la Ley de Contratación Pública) dentro de los procesos de licitación, concurso público de ofertas y concurso público de precios, no se requiere de ninguna autorización previa del Directorio de la Entidad.

En el Art. 8, letra h) del Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No 131 de 21 de febrero de 1980, establece que son atribuciones del Directorio, entre otras, el autorizar la celebración de contratos cuya cuantía exceda a los dos millones de sucres.

La Ley de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No 501 de 16 de agosto de 1990, al ser posterior y especial en materia de contratación pública, habría derogado tácitamente lo dispuesto en el Art. 8 letra h) del mencionado Decreto Legislativo, pues la Ley de Contratación Pública, en su Art. 59 inc. 3 establece que en los contratos adjudicados por el Comité de Contrataciones, no se requiere, para su celebración, de ninguna autorización previa del Directorio de la Entidad.

(Of. PGE 27149 de 1 de noviembre de 1995. Respuesta al Of. 1015 SRLSG-95 de 3 de octubre de 1995 de la Subsecretaria Regional del Litoral Sur y Galápagos y Presidente del Directorio de INGALA.)

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