Informes y consultas sobre contratación pública






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APODERADO



…, intercálese el siguiente párrafo: "Si el oferente fuere una persona jurídica, se adjuntará el certificado del Cónsul del Ecuador o de quien haga sus veces, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente, sobre su existencia legal y capacidad para contratar en el Ecuador, se adjuntará un poder notarizado por el cual se designa apoderado en el Ecuador.

(Of. PGE 0933 del 1 de octubre de 1996. Respuesta al Of. CE-B-a-0-96 del 9 de septiembre de 1996 de la Dirección de Aviación Civil)

APORTE de inmueble



En efecto, esa disposición establece el impuesto a las utilidades que provengan de la venta de predios que se encuentren ubicados dentro de las zonas urbanas. Es decir que para ello es indispensable, y así se desprende del texto de la Ley citada , que exista un contrato de compraventa, según los términos puntualizados en el Art.1759 del Código Civil. Al tratarse de las transferencias de dominio de inmueble para constituir los fondos de inversión y fidecomisos mercantiles, considero que ellos constituyen un aporte, figura jurídica distinta del contrato de compraventa.

La segunda consulta versa sobre los efectos del silencio administrativo al que se refiere el Art. 21 del Decreto- Ley N° 05, promulgado en el Registro Oficial N° 396 de 10 de marzo de 1994, que modifica el Código Tributario y concuerda, excepto en cuanto al plazo, con Art. 28 de la Ley de Modernización. El precepto es suficientemente claro.

(Of. PGE 33204 del 27 de mayo de 1996. Respuesta al Of. 961356-MICIP de 15 de mayo de 1996 del Ministerio de Industrias y Comercio)

ARBITRAJE



…se establece el procedimiento de arbitraje para la solución de las controversias de carácter técnico, en conformidad con los Arts. 40 de la Ley de Consultoría y 115 de su Reglamento, por lo que no hace falta referirse a la Sección 30 del Código de Procedimiento Civil, que establece un procedimiento diferente al señalado en las disposiciones legal y reglamentaria primeramente citadas. Por lo mismo, debe suprimirse la referencia al Código de Procedimiento Civil, pues de lo contrario habría confusión. Porque se establecerían dos procedimientos para el arbitraje.

(Of. PGE 20695 del 7 de marzo de 1995. Respuesta al Of. 796 del 16 de febrero de 1995 del Ministro de Obras Públicas)
…se establece la facultad de las partes de pedir a la comisión de árbitros "interprete, aclare o amplíe" el fallo. Conforme al Art. 285 del Código de Procedimiento Civil, el juez que dictó sentencia no puede sino aclararla o ampliarla. Como los árbitros son jueces, es aplicable a ellos esta prescripción legal. Además, la aclaración que el juez hace de la sentencia, es suficiente para comprenderla mejor, sin que sea necesario la interpretación de la misma. Por esta razón debe suprimirse el término interprete.

(Of. PGE 21113 del 21 de marzo de 1995. Respuesta al Of. 053-CEL-95 del 3 de marzo de 1995 a PETROECUADOR)
El arbitraje internacional al que se refiere esta cláusula debería aplicarse solamente si los instrumentos que lo permiten están vigentes en el Ecuador, lo cual debe ser verificado.

(Of. PGE 26847 del 24 de octubre de 1995. Respuesta al of. 0005776 del 11 de octubre de 1995 de PETROECUADOR)
Respecto del arbitraje … se observa un vacío: lo relativo a la preparación del juicio de arbitraje. Para que no exista este vacío deberían darse las normas pertinentes o, en su defecto, disponer que para ello se aplicarán las reglas contenidas en la Sección 33a del Título II del Código de Procedimiento Civil.

(Of. PGE 28384 de diciembre de 1995. Respuesta al Of. 131-UEP-95 del 24 de noviembre de 1995 de la UEP)
Según el texto de la consulta, los consultores, cuyos contratos fueron terminados anticipadamente por la OPS/OMS, reclaman el pago de las indemnizaciones previstas en el Artículo XV del contrato que estipula: "... Si la OPS/OMS se viera en la necesidad de terminar anticipadamente este contrato, por cualquier concepto, incluyendo motivos de salud del contratista, éste recibirá una indemnización razonable equivalente a una semana de honorarios por cada mes que reste para la terminación natural de un contrato, con un mínimo equivalente a seis semanas de honorarios y un máximo equivalente a doce semanas de honorario”. A su vez, el Artículo XVI párrafo primero, prevé que "Cualquier reclamación o controversia relativa a la interpretación o la ejecución del presente contrato que no se pueda resolver amigablemente se someterá a arbitraje inapelable...".

Al haberse dado la terminación anticipada de los contratos, su efecto, según lo previsto en el Artículo XV, es el reconocimiento por parte de la contratante de las indemnizaciones que ahí se establecen, lo cual dice relación con la ejecución de los contratos; pero como no se ha resuelto amigablemente la reclamación de los consultores, las partes están en la obligación de someter las controversias a arbitraje, en los términos pactados en el mencionado artículo.

Considerando que los contratos deben ejecutarse de buena fe y se celebran para ser cumplidos (Arts. 1588 y 1589 del Código Civil), la acción que le corresponde al Ministerio adoptar es la de dar cumplimiento al Artículo XVI de los contratos que trata de la Solución de Controversias, esto es, dar paso al mecanismo arbitral para dar solución al problema laboral suscitado.

(Of. PGE N° 8022 del 7 de enero de 1998 . Respuesta al Of. SDM 10 003642 97 de 11 de agosto de 1997 Ministro De Salud Pública)
Después de la cláusula Octava, añadir otra que diga: "...SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para el caso de divergencias originadas en asuntos de carácter técnico, de no lograr un acuerdo, las partes se someterán a la decisión arbitral, conforme a la normativa establecida en la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997.

(Of. PGE N° 8028 del 17 de enero de 1998 . Respuesta al Of.2782 del 16 de diciembre de 1997 del Ministro De Obras Públicas Y Comunicaciones)
El artículo 12 del proyecto de Acuerdo prevé el arbitraje internacional. De conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del Art. 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que dice: “Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje internacional se requerirá la autorización expresa de la máxima autoridad de la institución respectiva, previo el informe favorable del Procurador General del Estado....".

Por lo expuesto y con fundamento en la norma anteriormente invocada, esta Procuraduría emite informe favorable para que el Consejo Provincial de Pichincha pueda someterse al arbitraje internacional previsto en el artículo 12 del proyecto de Acuerdo.

(Of. PGE N° 9424 del 5 de marzo de 1998. Respuesta al Of. 260 PS 98 de 11 de febrero de 1998 del Prefecto Provincial De Pichincha)
Su solicitud se enmarca dentro de lo previsto en el inciso tercero del artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997; y, el proyecto de Convenio Arbitral pretende encontrar un acuerdo que ponga fin a la controversia surgida en tomo a la multa contemplada en el numeral 6.3 de la cláusula Sexta del Contrato de provisión de Cinco Camionetas, suscrito entre PRODEMINCA y Automotores y Anexos S. A., el 5 de julio de 1996.

Analizado el aludido proyecto de Convenio Arbitral, esta Procuraduría emite dictamen favorable para su suscripción, condicionado a que sean incorporadas las siguientes observaciones

a) Tanto en "Comparecientes" cuanto en la cláusula Primera, Antecedentes, hágase constar primero a la Institución contratante y luego al funcionario que lo representa; de igual modo, a la firma Contratista y luego a su Gerente General.

b) En la cláusula Segunda, tanto en el inciso primero cuanto en la letra e), suprímanse las frases que dicen: "determinan los artículos 113 y siguientes de la Ley de Contratación Pública y 38 de la Ley de Modernización del Estado" y en su lugar escríbanse "determina el artículo 1 de la Ley Reformatoria de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 290, Suplemento, de 3 de abril de 1998”

c) La letra e) de la mencionada cláusula, debe hacer mención a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

(Of. PGE N° 10881 del 7 de mayo de 1998 . Respuesta al Of. UCP-98-100 del 7 de abril de 1998, del Coordinador General Del Proyecto De Desarrollo Minero Y Control Ambiental, Prodeminca)
El contrato transaccional fue celebrado con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Si bien la Ley de Mediación y Arbitraje señalada derogó el artículo 21 de la Ley Orgánica de¡ Ministerio Público, en los antecedentes de este contrato se citan las disposiciones legales que, para el caso concreto, hicieron necesaria la autorización presidencial.

El arbitraje y la mediación son procedimientos alternativos de, solución de conflictos paralelos a la administración de justicia ordinaria. Son facultativos, es decir, el sometimiento a cualquiera de estos procedimientos es potestad de las partes. Las instituciones del sector público también pueden someterse al arbitraje o a la mediación en los actos o contratos celebrados entre ellas o con personas naturales o jurídicas del sector privado, tal como lo expresan los artículo 4 y 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, sin que para ello requieran otra autorización más que la sola voluntad del personero facultado para contratar a nombre de la institución, salvo el caso expresamente determinado en el inciso tercero del artículo 4 del mismo cuerpo de normas.

La Procuraduría General del Estado se muestra favorable a la implementación de estas formas alternativas de solución de conflictos y está presta a colaborar en su aplicación, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

(Of. PGE N° 11481 del 11 de junio de 1998 . Respuesta al Of. CC1-667-DJ-654-(2003)-98 del 20 de marzo de 1998 del Presidente de la Cámara de la Construcción de Quito)

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