Informes y consultas sobre contratación pública






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CONSULTORÍA



En esa virtud, al no existir relación de dependencia en el contrato a suscribirse entre la entidad contratante (pública) y el consultor, según lo previsto en la cláusula 1.2. del formato internacional señalado, es criterio de esta Procuraduría que la intervención de un ex-servidor indemnizado o compensado como consultor, en este tipo de contratos, no viola disposiciones legales y reglamentarios citadas en el marco jurídico de este oficio.

(Of. PGE 21707 del 11 de Abril de 1995. Respuesta al Of. 382-STA/MAG del 31 de marzo de 1995 del Ministerio de Agricultura y Ganadería)
Al señalar la Ley que la terminación por mutuo acuerdo no implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes contractuales, quiere decir que las consecuencias jurídicas producidas por la obligación ejecutada subsisten, lo mismo que los derechos que de allí emanen o hayan podido emanar.

En tratándose de contratos de consultoría, el Art. 37 de la Ley de Consultoría dispone que los consultores son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los estudios contratados y a su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración.

Esta responsabilidad prescribe en el plazo de los cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios.

De ahí que, en los contratos de terminación por mutuo acuerdo, en los que se ha de dejar constancia la recepción de lo ejecutado, los consultores, a más de la responsabilidad legal, tienen la responsabilidad civil que consiste en la obligación de indemnizar a la entidad contratante por el cumplimiento imperfecto de una obligación contractual (Art. 2241 del Código Civil).

(Of. PGE 22869 del 1 de junio de 1995. Respuesta al Of. 189-CNM-DE-95-0771 del 28 de abril de 1995 del Ministerio de Educación y Cultura)
El artículo 39 de la Ley de Consultoría, dice: "Los servidores públicos que hubieren intervenido en la elaboración de los documentos para un concurso de consultoría, o el proceso de contratación respectivo, no podrán prestar sus servicios profesionales para la ejecución del contrato de consultoría o de apoyo a la consultoría, aun en el caso que hubiesen renunciado a sus funciones".

En el presente caso, el Arq. Andrés Jarrín Serrano, quien elaboró los documentos precontractuales para el concurso de consultoría antes referido, no tiene la calidad de servidor público ya que fue contratado par tal efecto por la Corte Suprema de Justicia; y, además, según consta de la documentación remitida a esta institución, el mencionado profesional no presta sus servicios profesionales para la ejecución del contrato posterior de consultoría puesto que no consta en la nómina del personal técnico de la Firma "Urbana".

En razón de lo expuesto, esta Procuraduría es del criterio que no existe ninguna incompatibilidad por parte del Arq. Andrés Jarrín Serrano, al suscribir el contrato para la elaboración de los documentos precontractuales el 9 de junio de1994, y de fungir de gerente de la Compañía "Urbana Consultores PARADOX Cía. Ltda." con la que se contrató la consultoría el 15 de diciembre de 1994.

(Of. PGE 25002 del 17 de agosto de 1995. Respuesta al Of. 255-SP-95 del 26 de julio de 1995 de la Corte Suprema de Justicia)
... el mencionado Banco constituido bajo el amparo de una ley extranjera, dispone en su estructura de una División de Consultoría.

De lo expuesto se concluye que no es que el Banco vaya a realizar operaciones o actividades bancarias en el Ecuador, sino que a través de su División de Consultoría, va a prestar los servicios s en esta materia a la ECAPAG, circunstancia que lleva a la conclusión clara que, con sujeción al Art. 5, inciso 4 de la Ley de Consultoría y los Arts. 424, 427 y 428 de la Ley de Compañías, corresponde a la Superintendencia de Compañías intervenir en el trámite de domiciliación.

(Of. PGE 1163 del 17 de abril de 1997. Respuesta al Of. SC-DS-97-069 del 14 de abril de 1997, del Superintendente de Compañías)

La norma legal invocada exonera de los procedimientos precontractuales para la ejecución de una obra científica entre otros. El objeto de la contratación propuesta se orienta a estudios, asesoría, encuestas. etc. que utilizando métodos de la investigación científica, constituye en unos casos, un medio para la elaboración de una obra científica, pero en stricto sensu no configura una obra científica propiamente dicha.

La prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría se rige por las normas de la Ley de Contratación Pública y por ende se someten a los procedimientos y excepciones previstos en dicho marco legal.

Aquellos contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales especializados, de asesoría técnica, elaboración de estudios e investigación, tal cual es el objeto del proyecto de contrato remitido para el informe de Ley, deben observar la normativa de la Ley de Consultoría y los procedimientos y exigencias que en ella se determinan.

(Of. PGE 1696 del 13 de mayo de 1997. Respuesta al Of. 001279 del 30 de abril de 1997 del Ministerio de Gobierno y Policía)

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