Las Fuerzas Armadas como pilar político y el Capitalismo de Estado como su base económica: ¿estamos ante un cambio del proceso de cambio?






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fecha de publicación28.05.2017
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Los hechos más saltantes del mes de marzo fueron:

En Bolivia, la presencia del alto mando militar en pleno en el Octavo Congreso del Movimiento al Socialismo ha sido la noticia más relevante del mes por sus repercusiones políticas. En Colombia la tranquilidad que trajo consigo el nombramiento de un nuevo Fiscal General, poniendo fin a casi un mes de interinidad e incertidumbre jurídica, se vio opacada por la investigación que desde la Contraloría General y el Congreso de la República se hace contra varios magistrados de las principales cortes del país por irregularidades en la contratación. En Ecuador, destacó el proceso de inscripción de nuevas y tradicionales organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la postergación del debate del proyecto de Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, y un temporal de lluvias muy fuerte que está afectando de manera importante al país. En Perú, la coyuntura nacional se vio marcada por tres hechos políticos importantes en la agenda del gobierno: la polémica alrededor del hermano del presidente Ollanta Humala; las protestas sociales a causa de la minería informal y el impasse diplomático con el gobierno de Gran Bretaña.

BOLIVIA

Las Fuerzas Armadas como pilar político y el Capitalismo de Estado como su base económica: ¿estamos ante un cambio del proceso de cambio?

Ante las fisuras en el frente interno, el gobierno privilegia sus vínculos políticos con las Fuerzas Armadas

La noticia más relevante del mes, por sus repercusiones políticas, ha sido, sin lugar a dudas, la presencia del alto mando militar en pleno en el Octavo Congreso del Movimiento al Socialismo realizado entre el 25 y el 28 de marzo del año en curso. Es la primera vez, luego del período dictatorial de los 70 y 80, que los máximos jefes militares participan en un acto eminentemente político partidario y, para no dejar dudas, proclaman que lo hacen como “símbolo no solo de agradecimiento sino también como respaldo a las actuales políticas del proceso de cambio”.

Más allá de las críticas que el hecho pudo suscitar en el campo de la oposición, es evidente que se abre un campo importante para el debate en torno a la consistencia institucional del nuevo Estado diseñado por la Constitución de 2009. Y, de manera más específica, sobre la independencia que las Fuerzas Armadas deben guardar, por mandato constitucional, respecto de las corrientes políticas que conducen la gestión gubernamental en un momento determinado.

La interpretación más pertinente parece situarse en la lógica de “la defensa −a cualquier precio− del proceso de cambio”. Ante las señales de fragmentación que se advierten en el seno del bloque social que sustenta al gobierno de Morales, sus colaboradores más próximos y que muestran mayor capacidad de incidencia en marcar las orientaciones políticas del régimen, parecen fuertemente inclinados a sellar con fuego un vínculo político entre el gobierno y las Fuerzas Armadas.

Más allá de los dilemas, o francas impugnaciones, que tal conducta pueda suscitar en el campo ideológico o de la “ética revolucionaria”, resulta evidente que los hechos parecen dar la razón a tales operadores en términos estrictamente pragmáticos.

Los incidentes suscitados entre organizaciones afiliadas al MAS para lograr su acreditación al referido congreso partidario, son las manifestaciones más recientes y gráficas de las fisuras que se manifiestan en el instrumento político gubernamental como parte de las crecientes disputas por espacios de poder que han tomado estado público en los últimos meses.

Adicionalmente, hay una larga lista de situaciones que configuran un escenario de conflictividad muy amplio y difícil de procesar y controlar. Entre otras, se pueden mencionar: a) La resolución de las comunidades originarias radicadas en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), refrendada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de llevar a cabo la IX marcha indígena contra la decisión del gobierno de ejecutar la construcción de una carretera que atravesaría el corazón de ese territorio, a partir del 25 de abril próximo; b) La demanda de construcción de un ingenio azucarero en la región del Chaco; c) Los conflictos de límites interdepartamentales e interprovinciales (todos liderados por militantes del MAS que ejercen funciones de gobierno en esas circunscripciones), que ya han producido algunas decenas de heridos y el bloqueo, por varios días, de las principales carreteras del país; d) El Pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana que plantea, entre otras cosas, un drástico aumento salarial, la reactivación del aparato productivo, la defensa del TIPNIS y la renuncia de algunos ministros.

Este escenario requerirá el alineamiento absoluto de las Fuerzas Armadas a las directivas del gobierno para evitar un desborde social que ponga en riesgo la estabilidad política del país, más aún si se tiene en cuenta lo que algunos consideran síntomas de descomposición institucional de la Policía Nacional y creciente pérdida de control, por parte del gobierno, de dicha institución.

No es una cuestión secundaria, dado el contexto descrito, la escalada de violencia criminal que se ha puesto de manifiesto en el último tiempo en algunas ciudades como El Alto de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Varios casos de asesinatos con violación, y de atracos con muerte vienen generando un clima de exacerbación de las reacciones sociales más primarias que demandan la reposición de la pena de muerte o proceden, sin temor a sanción alguna, a los “linchamientos” o ejecuciones sumarias que se enmascaran como ejercicio de una supuesta “justicia comunitaria” ante la negligencia, ineficacia o corrupción de la justicia ordinaria.

Expansión de las empresas estatales: ¿capitalismo de Estado o socialismo comunitario?

En línea con la nueva Constitución Política del Estado, el gobierno boliviano está apostando a lograr crecimiento económico y reducción de la pobreza, a partir de un modelo económico plural en el que el desarrollo es impulsado por cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social-cooperativa. Como parte de este proceso, en los ya más de seis años de gobierno del presidente Evo Morales, se ha puesto en marcha una política de industrialización promovida activamente por inversiones estatales. Como resultado, actualmente existen cerca a 60 empresas estatales. Esta cifra incluye a las empresas estratégicas tradicionales cuya propiedad fue retomada por el Estado (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, electricidad, etc.) y a una treintena de otras empresas de reciente creación. Entre éstas últimas se encuentran empresas en una diversidad de rubros que incluyen plantas de procesamiento de coca, naranjas y leche, de producción de papel y cartón, productos agropecuarios, transporte aéreo y de construcción. Los planes de expansión del aparato productivo estatal continuarán en el futuro ya que el gobierno anunció, a principios de marzo, la creación de cinco nuevas empresas estatales para beneficiar la producción agrícola, el comercio, el turismo y el área textil.

Esta expansión representa un verdadero quiebre en la estrategia productiva que mantuvo Bolivia desde el fin del periodo hiperinflacionario en 1985 y una recomposición radical de la estructura económica boliviana. En efecto, mientras que en el año 2000 la participación de las empresas estatales en el Producto Interno Bruto boliviano alcanzaba al 7 por ciento, el gobierno proyecta que en el 2014 alcance al 44 por ciento. Actualmente se estima que superaría el 30 por ciento. Por su parte, en similar periodo las empresas privadas reducirían su participación en el PIB del 73 al 32 por ciento. El resto del PIB correspondería a iniciativas de cooperativas y empresas comunitarias.

La eficiencia y rentabilidad de varias de las empresas de reciente creación ya ha sido cuestionada por diversos sectores, principalmente por el sector privado y la oposición. Asimismo, el gobierno ha tenido que detener la creación de un par de empresas reconociendo fallas técnicas en su diseño. Por ejemplo, se paralizó la construcción de un ingenio azucarero en Bermejo (Tarija), tras constatar que no existe materia prima suficiente que justifique contar con una segunda planta en esa localidad. En todo caso, Bolivia está encarando un momento de inflexión profunda de las políticas económicas “neoliberales”. Queda por saber si la estatización de la economía es una fórmula adecuada para superar la matriz extractivista y generar empleo masivo y estable para superar los factores estructurales de la pobreza y la desigualdad.

COLOMBIA

Paradójicamente, la tranquilidad que trajo consigo el nombramiento de un nuevo Fiscal General, poniendo fin a casi un mes de interinidad e incertidumbre jurídica, se vio opacada por la investigación que desde la Contraloría General y el Congreso de la República se hace contra varios magistrados de las principales cortes del país por irregularidades en la contratación. Igualmente paradójico ha resultado el reinicio de la actividad legislativa del país, en la que la coalición de gobierno comienza a presentar síntomas de fisura frente a un polémico tema como el fuero militar, pero paralelamente funciona como un bloque sólido aprobando, con mínima discusión, la reglamentación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Fin de la interinidad en la Fiscalía

El pasado 22 de marzo, la Corte Suprema de Justicia eligió a Eduardo Montealegre como nuevo Fiscal General de la Nación en reemplazo de Viviane Morales, cuya elección fue declarada nula1. Este nombramiento fue recibido con optimismo por la mayor parte de la opinión pública y los actores políticos del país, ya que significó el fin de la interinidad en la que por casi un mes estuvo el principal órgano de investigación judicial.

Así mismo, ha generado tranquilidad el hecho de que el nuevo Fiscal sea experto en derecho penal, condición que en el pasado no siempre se ha cumplido y sobre cuya conveniencia existe relativo consenso. Al fin y al cabo, Montealegre tendrá que asumir algunos de los procesos judiciales más álgidos de los últimos años: las “chuzadas” (investigaciones contra varios funcionarios del ex presidente Álvaro Uribe por interceptaciones ilegales a opositores y jueces), el “cartel de la contratación” (investigaciones contra el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno y varios de sus funcionarios por corrupción en multimillonarias contrataciones), entre otros.

Su nombramiento, en todo caso, no ha estado exento de dudas y críticas. Por un lado, porque aún no hay claridad jurídica acerca del tiempo que deberá permanecer Montealegre en su cargo: mientras algunos consideran que deberá permanecer en su cargo por tan sólo un año, teniendo en cuenta que la ex Fiscal ya había ejercido por tres años, otros piensan que con su nombramiento se debe iniciar un nuevo cuatrienio. En segundo lugar, porque desde algunos sectores se ha sugerido que su cercanía con el expresidente Uribe le impediría ser neutral frente a algunos procesos. De hecho, Montealegre fue uno de los asesores jurídicos más cercanos al expresidente, e incluso en el pasado fueron defensores de la legalidad de las “Convivir”, cooperativas de seguridad privada que en algunos casos sirvieron como fachada de grupos paramilitares ilegales. Esto ha generado dudas acerca de su compromiso para investigar los crímenes de estos grupos y su relación con la clase política.

Sin embargo, en aras del equilibrio, es importante señalar que Montealegre, como magistrado de la Corte Constitucional (2000 – 2004) se caracterizó por ser un fuerte defensor de los derechos fundamentales y el debido proceso, e incluso como consecuencia de una sentencia de su autoría se declaró inconstitucional el “Estatuto Antiterrorista”, ley promovida por el expresidente Uribe como columna vertebral de su política de seguridad. En ese sentido, asegurar a priori que su cercanía con Uribe va a restarle independencia, resultaría desmedido.

En todo caso, lo que se espera con su nombramiento es que disminuya la tensión política entre el presidente Santos y Álvaro Uribe, no solo por ser una persona cercana a los dos mandatarios sino además porque le resta legitimidad a la hipótesis del uribismo según la cual desde la Rama Judicial existe un complot en su contra (ver informe de coyuntura de diciembre de 2011).

Fuero militar y TLC con Estados Unidos: prioridades en la agenda política

Después de tres meses de receso, el Congreso retomó actividades y dos iniciativas han concentrado el mayor interés y críticas: el fuero militar y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Alrededor del primero de estos temas no solo se ha formado un amplio debate nacional, sino que incluso ha afectado la disciplina de la bancada parlamentaria del Gobierno. Esto por cuenta de la intención del Ejecutivo de retirar del Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia un artículo fortaleciendo a los tribunales castrenses y restándole a la justicia ordinaria jurisdicción sobre las conductas de los militares en combate. El tema es de la mayor relevancia teniendo en cuenta el creciente descontento al interior de las Fuerzas Armadas por la prelación que desde 2006 tienen los tribunales civiles sobre los militares, así como por el aumento de las condenas a soldados por violación de Derechos Humanos.

En el marco de este debate, el Gobierno ha apoyado abiertamente los intereses militares. Incluso, como respuesta al retiro del mencionado artículo, ha presentado el Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia Penal Militar, fortaleciendo el fuero castrense. A pesar de esto, dos de los principales partidos de la coalición de Gobierno, el Social de Unidad Nacional y el Conservador, ven con desconfianza esta estrategia, creen que este nuevo proyecto no les dará seguridad jurídica a los militares y públicamente han expresado que se opondrán al Gobierno en este tema. Este conato de indisciplina ha puesto al Presidente en una encrucijada: si insiste en retirar el artículo, perdería las mayorías parlamentarias para tramitar su nuevo proyecto. Pero si lo mantiene, correría el riesgo de que en los dos proyectos se aprueben artículos contradictorios entre sí. De otro lado, si decide retirar la nueva iniciativa, perdería la posibilidad de reformar de manera estructural la justicia militar, uno de sus principales compromisos de campaña.

En todo caso, cada vez se hace más evidente que la “luna de miel” entre el Presidente y su coalición se está debilitando, y que mantener alineados a los cinco partidos de la llamada Mesa de Unidad Nacional implica cada vez mayores costos políticos. Este escenario, sin embargo, no significa que Santos haya perdido totalmente el control sobre su bancada. El proyecto de reglamentación del TLC con Estados Unidos es prueba de ello. Este, a pesar de abordar temas polémicos como las patentes sobre los recursos naturales, por nombrar solo uno, ha avanzado en su trámite legislativo en tiempo récord y sin mayor debate parlamentario. Esto gracias a la aplastante mayoría gobiernista y la intención del Presidente de tener aprobada dicha reglamentación el 18 de abril, cuando Barak Obama arribe al país para la Cumbre de las Américas.

A pesar de las críticas de la mayoría de sindicatos, organizaciones indígenas, algunas ONG y el Polo Democrático Alternativo, único partido de oposición, la maquinaria gobiernista en el Congreso continúa funcionando de manera perfectamente aceitada frente a este tema.

Carrusel de las Pensiones”: manto de dudas sobre las Altas Cortes

A lo largo del mes, algunas de las principales cortes judiciales y disciplinarias del país han estado en el ojo del huracán por cuenta de una serie de denuncias de corrupción. De acuerdo a la investigación adelantada por la Contraloría General de la Nación, hay cerca de 60 magistrados que de manera irregular nombraron un número exageradamente alto de funcionarios como auxiliares temporales. Por cuenta de estas designaciones, un juez que en promedio devengaba 4 millones de pesos al mes, al lograr este nombramiento como magistrado auxiliar, así fuera por tan solo un mes, inmediatamente conseguía que el salario sobre el cual se calculaba su pensión se multiplicara exponencialmente.

Si bien inicialmente se pensó estar frente a casos aislados en tan solo una de las cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, el desarrollo de la investigación promete generar un escenario de crisis institucional. Esto en la medida en que, como se denunció recientemente en el Congreso, irregularidades de este tipo pudieron haberse extendido a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

ECUADOR

El mes de marzo se destacó por las movilizaciones sociales tanto desde la oposición como desde el oficialismo, el proceso de inscripción de nuevas y tradicionales organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la postergación del debate del proyecto de Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, y un temporal de lluvias muy fuerte que está afectando de manera importante al país.

La marcha de los movimientos sociales en contra de la minería y la contramarcha del oficialismo que se dieron cita el 22 de marzo

Las amplias y contrapuestas movilizaciones que el 22 de marzo convergieron en Quito, fueron en criterio de sus respectivos dirigentes un triunfo para cada una de las marchas. El presidente Rafael Correa señaló reiteradamente que los intentos desestabilizadores de la marcha indígena que según sus cálculos alcanzó las 7 mil personas se enfrentaron a una movilización masiva de 70 mil seguidores del movimiento Alianza PAIS (AP). Por ello se felicitó de la movilización de AP y calificó de una total derrota la movilización indígena2. Por su parte, Delfín Tenasaca −presidente de la ECUARUNARI− y Humberto Cholango −presidente de la CONAIE−, portavoces de los diversos impulsores de la marcha indígena por el agua, la vida y la dignidad, dieron a conocer que los objetivos de la marcha: llamar la atención del país y de la Asamblea Nacional sobre la urgencia de tratar la Ley de Aguas y la Ley de Tierras y Territorios; decir no a la minería a gran escala, a la ampliación de la frontera petrolera y a la criminalización de la protesta social, entre otros, que fueron plenamente alcanzados a través de la masiva y extendida marcha y posterior concentración en Quito. Las mismas culminaron en una reunión entre los dirigentes indígenas con el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el mismo jueves 22 así como con personeros de la Fiscalía y la Corte Constitucional en días posteriores3.

El que una tensa jornada −en la que las calles de la capital de la República se llenaron de partidarios del gobierno y opositores al mismo− haya concluido con tan satisfactorios comentarios de parte de sus respectivos organizadores, sin ningún resultado fatal y con un incidente de violencia esporádica menor, estaría expresando una creciente solidez del sistema político ecuatoriano. Muy ligado a esto, se encuentra la madurez de la ciudadanía e incluso de sus dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, estos principios y valores de bienestar colectivo y convivencia pacífica que animan a la ciudadanía ecuatoriana no son reflejados en la retórica política del día a día.

De igual manera, contribuyeron al declarado éxito de las movilizaciones tanto la progresiva focalización de los objetivos de la marcha indígena en los temas al inicio señalados, cuanto la voluntad de diálogo expresada por la ministra de Coordinación de la Política, Betty Tola, y el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, como por la apta capacidad de sugerir rutas de recorrido, lugares e incluso horas de concentración por parte del alcalde de Quito, Augusto Barrera.

Inscripción de nuevas organizaciones políticas

Sistema de partidos políticos en proceso de configuración4

Existen algunas sorpresas en el marco de la inscripción de las organizaciones políticas, pues inicialmente se temía que las condiciones exigidas a las organizaciones políticas en términos de número de firmas (por lo menos 1.5% del padrón electoral no concentrado provincial y regionalmente), así como requisitos programáticos y estatuarios incluyendo paridad de género y elección democrática en sus instancias de dirigencia, dificultarían enormemente su inscripción. No obstante, actualmente están en proceso de inscripción una decena de partidos políticos y 18 movimientos políticos a nivel nacional y varias decenas de movimientos políticos provinciales.

La totalidad de los partidos tradicionales están en proceso de reinscripción incluyendo la renovada alianza de la tradicional derecha Social Cristiana (PSC) y Madera de Guerrero que anunciaron su relanzamiento en ocasión de erigir un monumento a su fallecido líder histórico León Febres Cordero en un destacado sitio guayaquileño en el que legalmente se prohibió erigir monumento.

Otra fuerza de derecha, ya inscrita aunque de pronóstico abierto en relación a cómo será utilizada la posibilidad de participar en las elecciones, es el movimiento Creando Oportunidades (CREO) liderado por el banquero Guillermo Laso, quien luego de anunciar públicamente en España que competiría por el sillón presidencial, a su retorno al país no ha ratificado esa postura y por el contrario se comenta que estaría analizando otras posibilidades electorales incluyendo la de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil o la de una vez más no postular a ningún puesto, que es lo que sucedió en las elecciones del 2006, luego de que su posible participación fuera sistemáticamente voceada.

Pese a que las organizaciones políticas han proporcionado un número superior de firmas al requerido por el CNE, ante la inminencia de que muchas de las firmas sean invalidadas por este ente por razones justificadas tales como la repetición de las mismas, en el campo de la izquierda subsisten varias interrogantes. En efecto, todavía no tienen confirmados el número suficiente de firmas validas, el Movimiento Ruptura de los 25, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakuti, así como el partido político PARTICIPACION que estructuran los ex destacados dirigentes de AP Gustavo Larrea, Alberto Acosta y el prefecto del Azuay Paul Carrasco. Por otra parte tampoco tienen confirmado un número válido de firmas el Movimiento Nacional EQUIPO, liderado por Fabricio Correa, quien afirma ser la única opción electoral real frente a la de su hermano el presidente de la República.

Inscripción del partido político AVANZA se suscribe en una estrategia oficialista de cara a las próximas elecciones

El mismo día de las concentraciones y con colores y símbolos muy utilizados por la publicidad oficial basada en el lema “la Revolución Ciudadana Avanza” el presidente del poderoso Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, junto a varios simpatizantes, entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la documentación y las firmas que serían necesarias para la inscripción de su partido político AVANZA5. Esta inscripción, de culminar exitosamente como es de prever, creará una situación muy poco común en el sentido de que sin quitar apoyo al movimiento político Alianza PAIS (AP). El Presidente de la Republica y algunos dirigentes estatales buscan posicionar desde las esferas de poder, una alternativa “social demócrata” –Ramiro Gonzales fue alto dirigente y candidato de la Izquierda Democrática– de manera de ocupar de manera más nítida el centro del espectro electoral ante la incapacidad de la oposición de hacer ello.

La operación política descrita, que no es del gusto de numerosos e importantes dirigentes de AP, tendría como objetivo el lograr bancadas parlamentarias para aliados confiables que alimentarían la bancada oficialista en la próxima Asamblea Nacional. Esta acción política y organizativa se inscribiría, junto a las reformas propuestas del Código de la Democracia −que favorecen a los partidos mayoritarios− en lograr una razonable confianza de que el Gobierno a diferencia de la elección del 2006, contará con una cómoda mayoría en la instancia legislativa.

Discusiones parlamentarias: tratamiento a la Ley de Comunicación

La votación del proyecto de Ley de Comunicaciones que ha ido recogiendo numerosas modificaciones y se ha ido flexibilizando en el contexto de varios seminarios, debates y discusiones en los que ha sido analizado, fue pospuesta hasta el 10 de abril del presente año. Según Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, esta decisión tiene como objetivo que el ponente –Asambleísta Mauro Andino– tenga tiempo de recoger las propuestas y observaciones que se han dado durante los espacios de socialización y debate6. Cabe señalar que esta propuesta sigue contando con numerosos opositores que ponen en riesgo su aprobación, algunos de sus detractores expresan su rechazo no por su actual contenido sino porque temen que el veto presidencial distorsione el proyecto votado en la asamblea nacional y, en ese sentido, que la aprobación de esta ley caiga en una maniobra del oficialismo.

Inundaciones en la sierra ecuatoriana por el fuerte temporal de lluvias

Desde febrero, el fuerte temporal de lluvias en el país ha afectado tanto a zonas urbanas como rurales del país. La fuerza del agua ha provocado la muerte de 30 personas, 84 mil personas afectadas y 4,700 evacuadas en lo que va del año. Asimismo, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Defensa Civil), se reporta la pérdida de 34 mil hectáreas de sembradíos, principalmente de arroz y maíz, así como la afectación de otras 9 mil hectáreas de diferentes productos. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia que continuarán las lluvias hasta finales de abril7.

PERÚ

La coyuntura nacional del mes de marzo se vio marcada por tres hechos políticos importantes que marcaron la agenda del gobierno: la polémica alrededor del hermano del presidente Ollanta Humala; las protestas sociales a causa de la minería informal y el impasse diplomático con el gobierno de Gran Bretaña.

Conflictos sociales y políticos en ciernes

El clima social volvió a calentarse en el país los primeros días del mes con las protestas que se desataron en Madre de Dios, al sur oriente del país. En esta ocasión y a diferencia de las protestas en otras zonas, los protagonistas del conflicto no fueron pobladores en contra de la actividad minera sino más bien mineros informales a favor de esta actividad. Se trató de un conflicto que aglutinó además a otros actores vinculados a la minería ilegal y artesanal bajo la demanda de los informales que exigían al gobierno la derogatoria de las medidas legislativas que entraron en vigor para penalizar la minería informal. La minería ilegal, que hasta hace unos días solo era una falta administrativa, se convirtió en un delito sancionado con pena de cárcel de hasta diez años luego que los decretos legislativos que la sancionan entraron en vigencia días atrás. Después de un saldo lamentable de tres muertos y decenas de heridos y detenidos, además de cuantiosas pérdidas materiales, los líderes mineros llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo para iniciar la formalización de sus actividades en el transcurso de un año.

Sin embargo, el conflicto puso en el tapete un problema mucho más profundo que va más allá de la ilegalidad o no de una actividad extractiva; reveló además una forma de vida –ilícita y que afecta al medioambiente– que está inserta en la economía local desde hace décadas y que se ha convertido en la forma de subsistencia de las familias del lugar. La producción ilegal de oro en la región tiene un valor estimado de S/. 2,200 millones8. El problema revela también la ausencia de un Estado que ha ido dejando que la minería ilegal se extienda sin el más mínimo control y al que hoy se busca revertir con sanciones legales que, según los analistas9, no resolverán el problema social de fondo.

Mientras tanto el gobierno continúa a la espera del resultado oficial del informe elaborado por los peritos internacionales contratados para evaluar la viabilidad técnica del proyecto Conga, previsto para mediados de abril. Mientras eso sucede el Ministerio Público abrió un proceso de investigación en contra los líderes que encabezaron las protestas en Cajamarca el año pasado. Entre ellos se encuentra el sacerdote Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad, quien estaría además buscando reforzar su movimiento con miras a las próximas elecciones regionales; en situación similar se encontraría el Presidente Regional de Cajamarca de quien se dice estaría en pos de tejer una red que le permita respaldar la inscripción de su Movimiento de Afirmación Social (MAS) como partido nacional10.

El problema diplomático con Gran Bretaña

El Ejecutivo y específicamente la Cancillería enfrentaron un serio cuestionamiento público alrededor de un hecho que involucró nada menos que al Gobierno Británico y al Gobierno Argentino, en el marco de la disputa sobre las Islas Malvinas. La decisión peruana de suspender un permiso a una fragata británica para que realice ejercicios militares en nuestro país, en solidaridad con Argentina, no fue bien recibida por un sector político nacional que calificó el hecho como un “desaire” al Reino Unido y un acto de sumisión con el gobierno argentino. Luego de ocurrido el incidente el gobierno británico hizo pública su posición frente a la decisión del gobierno peruano a través de dos comunicados, en uno de los cuales calificaron la misma como “inamistosa”. Ante el hecho algunas bancadas congresales de oposición anunciaron una eventual interpelación al Canciller Rafael Roncagliolo bajo el argumento de un aparente riesgo que tendría dicha decisión por la proximidad del fallo de la Corte de la Haya sobre el diferendo marítimo entre el Perú y Chile.

Días después de sucedidos los hechos el presidente Humala hizo público su respaldo a la decisión tomada por Relaciones Exteriores y descartó cualquier impasse con el gobierno británico, dejando zanjado el asunto. Reiteró además la posición del gobierno peruano de no aceptar presiones externas de ningún tipo “no aceptamos presiones de nadie, no somos satélite ni colonia de nadie, no aceptamos imposiciones de nadie" señaló en una entrevista televisiva11. Temas como la posición peruana frente al UNASUR y el fallo de la Corte de la Haya en diciembre próximo harán que las relaciones diplomáticas sean el tema de agenda en los próximos meses, por lo que la presión política sobre el sector podría ir en aumento.

Polémica alrededor del entorno familiar presidencial

El hermano del Presidente de la República, Antauro Humala, quien pasa por un proceso judicial por el delito de sedición, fue trasladado del penal donde se encontraba, a otro; ocasionando controversia y críticas al gobierno por estar recibiendo presuntos beneficios penitenciarios. La posición oficial de las autoridades penales que autorizaron su traslado fue que se realizó por motivos de seguridad ya que el penal donde se encontraba el hermano mayor del Presidente recibió por esos días a dos cabecillas de Sendero Luminoso.

La última encuesta de Ipsos Apoyo señala que la aprobación presidencial descendió seis puntos porcentuales en solo un mes, de 59 a 53 por ciento entre febrero y marzo. Más de un tercio de los encuestados que desaprueba al Presidente lo hace por el traslado de Antauro Humala al penal de Chorrillos. Sin embargo, la primera dama Nadine Heredia mantiene su alto índice de aprobación pública con un 60 por ciento. Algunos medios nacionales han puesto en agenda la posibilidad de una eventual candidatura de la esposa del Presidente en las próximas elecciones generales, hecho que no es posible según la actual ley electoral. Pero además se ha puesto en cuestión la autoridad del propio Presidente de la República frente a la presencia activa de la Primera Dama en varios actos públicos del gobierno central y sobre todo por sus declaraciones sobre temas de interés público como los conflictos sociales, muchas de ellas a través de las redes sociales. En la última entrevista que dio el Presidente en los medios locales se pronunció sobre este cuestionamiento dejando en claro que no existe un cogobierno, como lo dejó entrever otro de sus hermanos.


1 Ver informe de coyuntura de febrero de 2012.

2Diario El Universo. Indígenas volvieron a demostrar su capacidad para la movilización. 25 de Marzo 2012. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/03/25/1/1355/indigenas-volvieron-demostrar-capacidad-movilizacion.html.

3 Noticias de la ECUARUNARI. Marchas despiertan a la Asamblea. 27 de Marzo del 2010. Disponible en: http://ecuarunari.org/portal/noticias/La-Marcha-%E2%80%98despierta%E2%80%99-a-Asamblea

4 El Comercio. La inscripción electoral. 28 de Marzo del 2012. Disponible: http://www.elcomercio.com/editorial/INSCRIPCION-ELECTORAL_0_671333064.html y El Comercio. La inscripción de los partidos se dificulta. 27 de Marzo del 2012. Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/inscripcion-partidos-dificulta_0_670733084.html

5 El Comercio. Ramiro González inscribió el partido político ‘Avanza’. 22 de Marzo del 2012. Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/Ramiro-Gonzalez-inscribio-politico-Avanza_0_668333197.html

6 Ecuador Inmediato. Fernando Cordero pospone votación de Ley de Comunicación para 10 de Abril. 26 de Marzo del 2012. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169884&umt=fernando_cordero_pospone_votacion_ley_comunicacion_para_10_abril

7 MDZ. Inundaciones en Ecuador dejan 30 muertos y miles de evacuados. 26 de Marzo del 2012. Disponible en: http://www.mdzol.com/mdz/nota/372484-inundaciones-en-ecuador-dejan-30-muertos-y-miles-de-evacuados/


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