Derecho Romano, Tradición Romanística y Ciencias Histórico-Jurídicas






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Derecho Romano,
Tradición Romanística y
Ciencias
Histórico-Jurídicas


REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO
¿PODÍA EL CIUDADANO ROMANO CAMBIAR DE NOMBRE O SIGNOS EXTERNOS QUE DABAN PUBLICIDAD A SU IDENTIDAD?
Juan Ramón Robles Reyes
Universidad de Murcia

I.- INTRODUCCIÓN.

A lo largo de la historia, la vida en sociedad ha obligado a cada uno de sus miembros a exhibir ante el resto de su comunidad aquellos signos externos que identifican su naturaleza, edad, su condición social e incluso, en ocasiones, su profesión o sus creencias religiosas. La publicidad de persona se ha desarrollado así en muchos ámbitos, manifestándose a través de diferentes códigos, unos visuales, como es el caso de la indumentaria, el uso de determinadas joyas o la exhibición de tatuajes o marcas en la piel, y otros no visibles, pero sí propios de cada persona como es el nombre o referencia al linaje1. Este fenómeno, caracterizado por la obligación de informar a los receptores acerca de aquellas características que le son propias, específicas y particulares a cada persona, obtiene una determinada reacción en el receptor, individual o colectivo, afectando de forma fundamental, entre otros aspectos, a aquellos que atañen al ordenamiento jurídico.
En este ámbito, y centrándonos en la Roma del Bajo Imperio, las manifestaciones de la publicidad y los efectos jurídicos que se podían derivar de las mismas han resultado ser variados y significativos, siendo especialmente destacables aquellos que estaban unidas al uso de un nombre, de las marcas corporales y de anillos. Desde la forma más simple, como podía ser la pollicitatio, hasta las formas más complejas, acompañando a ejecuciones patrimoniales en sentencias judiciales o adquisiciones de propiedad derivadas de la sucesión abintestato, la referencia al nombre en los textos justinianeos es muy amplia, especialmente en el derecho de familia y en materia sucesoria2. Y es que, quizás la forma más importante de publicidad y, de algún modo la primera, no es otra que el uso de un nombre. El nombre identifica a cada ser humano, le presenta y muestra ante la colectividad. Tanto en la persona física como en la jurídica, el nombre es esencial y, aunque no lo es todo, jurídicamente comporta amplios derechos y obligaciones.
En la persona física, el nombre habla de la persona, de su familia, los atributos físicos o psicológicos por los que es conocida, de su origen, de su linaje, de su condición social y, en muchos casos, de la forma en que se gana el sustento. El nombre era y es la “carta de presentación” que acompaña al ser humano durante toda su vida, con muy escasas modificaciones, si es que llegaba a haberlas3. Junto al nombre, la persona muestra una imagen que, al igual que otros elementos de publicidad, habla de ella misma sin palabras. Esa imagen que se quiere transmitir o, en muchos casos, la que los demás perciben en contra de la intención de su dueño, viene acompañada de elementos tan fáciles de percibir y cambiar como pueden ser la vestimenta, la forma de llevar el cabello, las joyas o las armas que se portan. Pero junto a estos elementos tan sujetos a modas, existían otros menos proclives a la modificación o, al menos, que no lo eran de forma tan sencilla, como eran las marcas que con tintas o fuego se gravaban en el cuerpo algunos individuos, así como el uso de anillos, collares o torqués que nada tenían que ver con la estética o moda del momento y eran, en muchos casos, de uso legalmente obligado. En este trabajo se aborda el estudio jurídico del nombre, así como de este último grupo de objetos, dejando al margen el tema de la vestimenta o peinado, ya que a pesar de su importancia nos obligaría a entrar en un terreno muy amplio, pues es sabido que, desde el emperador, hasta el último de los ciudadanos, magistrados, soldados o funcionarios, vestían con unos distintivos, colores, cíngulos y materiales que les distinguían de los demás, identificándoles dentro del grupo social, administrativo o jerárquico, otorgándoles la correspondiente categoría, competencia y ámbito jurídico de derechos y deberes4.
II.-EL NOMBRE Y SU MODIFICACIÓN.
Desde los tiempo más remotos, y para todos los pueblos de la antigüedad, el nombre no era sólo un elemento diferenciador entre sujetos, era un atributo personal que reflejaba un status. Era patrimonio familiar y social. En Roma, solo tenía un nomen, praenomen y cognomen el ciudadano romano púber y era un privilegio que se ostentaba con orgullo y defendía como a los manes, lares y restantes deidades familiares. Su origen proviene del verbo noscere, conocer, y era la forma “oficial”, pública, por la que se conocía el ciudadano y éste participaba en la vida social, religiosa, política y jurídica de la colectividad5. Los tria nomina, praenomen, nomen y cognomen eran inscritos en el censo, a la par que se imponía al varón la toga viril al cumplir los catorce años. Sólo harían falta cuatro años más para encuadrar al cives en una centuria, de acuerdo con su capacidad impositiva y comenzar así una carrera militar, paralela al cursus honorum. De este modo, encontramos al ciudadano romano pleno de derechos y de deberes y, en consecuencia y salvo restricción penal, capacitado para su ejercicio, pudiendo participar en todas las manifestaciones de la vida jurídica, incluso en el supuesto de ser alieni iuris, ya que podía ser nombrado juez o ejercitar acciones por injurias recibidas en ausencia del pater familias 6. Igualmente podía ejercitar acción de falsedad contra quien usurpare su nombre o contra los que lo injuriasen de cualquier modo7.
Se crearon diversos preceptos jurídicos orientados a proteger el nombre, porque éste era en las relaciones jurídicas como la persona misma. Basta recordar los contratos bancarios formales (transcripticia nomina) en los que el nombre y sello del deudor eran el elemento esencial para que la obligación desarrollase sus efectos. Igual sucedía en los supuestos de sucesión testamentaria en los que la herencia, fideicomiso o legado se adquirían por tener un determinado nombre, por ser una determinada persona, concretamente la establecida por el testador. Se podrían poner muchos ejemplos, ya que se trataba de una situación de orden público protegida por unos meticulosos y celosos magistrados como eran los censores y, posteriormente, gobernadores, presidentes o funcionarios imperiales. Pero, partiendo de lo expuesto anteriormente, se plantea una cuestión, frecuente en el derecho moderno, como es la de si podía presentarse un ciudadano ante el censor, príncipe o presidente y manifestar que quería cambiar de nombre, que ya no quería seguir utilizando su nombre y que ahora deseaba tener otro8. En definitiva, si esa situación de publicidad, de derechos y deberes que iba aparejada al uso de un nomen, praenomen y cognomen podía ser cambiada arbitrariamente por el ciudadano.
La respuesta se encuentra en diversas fuentes. En primer lugar, en un rescripto de los emperadores Diocleciano y Maximiano, contestando a la cuestión formulada por un tal Julián, del que se desconoce si lo hace en nombre propio, como consecuencia de un problema personal, o como magistrado, para resolver preguntas que le formulan sus administrados. En concreto, la petición que se formula es precisamente acerca de la posibilidad del cambio de praenomen, nomen y cognomen. En el Código Justinianeo se contesta afirmativamente a dicha cuestión manifestando que sí se puede realizar este cambio. Junto a capítulos dedicados a la represión de diversos delitos aparece la constitución C.9,25,1, única existente en el titulado De mutatione nominis, en donde se recoge un texto tan claro en su mensaje como sospechoso de interpolación.
Sicut initio nominis cognominis praenominis recognoscendi síngulos impositio privatim libera est, ita horum mutatio innocentibus periculosa non est. mutare itaque nomem sive praenomen sine aliqua fraude licito iure, si liber est, secundum ea quae saepe statuta sunt minime prohiberis, nulli ex hoc praeiudicio futuro9.
El argumento que se esgrime por los emperadores es que, habida cuenta que existía libertad y no se causaba ningún peligro al poner un nombre, tampoco debía de existir para cambiarlo. Sólo se establecían dos condiciones. La primera, que no se produjese fraude con ello y, la segunda, que no se perjudicase a nadie. Se emitía así una respuesta clara, contundente y, en gran medida, contraria a lo que muchos podrían en un primer momento haber pensado. Es importante reseñar la trascendencia de esta resolución por la influencia que podía tener en materia de identidad y publicidad, derechos adquiridos, mención en testamentos, a obligaciones, inserción en registros públicos o cargas municipales10. Igual mención se podría hacer en materia penal respecto a deberes, la infamia o la dificultad de localización y persecución por la justicia de demandados y reos si al cambiar de identidad se cambiaba también de domicilio. Sorprende aún más este rescripto por promulgarse en una época en la que los tetrarcas ya habían optado por la restricción de derechos individuales, dificultando al sujeto cualquier cambio que facilitase no ser identificado con facilidad. Llegados a este punto, hemos de buscar una explicación, huyendo de la siempre sencilla, aunque a veces acertada, de suponer que estamos ante un supuesto de interpolación (en este caso, cuanto menos, razonable, si atendemos a los capítulos prohibitivos y punitivos que le preceden y siguen)11. Quizás la justificación jurídica pueda venir, como señala Mommsen, por la desvalorización a que el nombre había llegado ya en la época de Augusto. Según este autor, el nombre tuvo en su origen un significado, una referencia a la ciudadanía, existiendo quince nombres que eran utilizados sólo por los ciudadanos y que se acompañaban por una referencia a las familias, a la nobleza y origen de unos conquistadores del orbe que se diferenciaban de humiliores y extranjeros. Siguiendo a este autor, la llegada de la plebe a las magistraturas, su ascenso social y económico, el aumento de libertos y, en general, el uso generalizado de los nomina, sin referencia ya a situaciones de nobleza, hicieron que fueran perdiendo su sentido originario, por lo que, quizás, ya no fuese visto como una aberración la solicitud de un cambio de nombre12. A esta explicación se podrían añadir otras, como el deseo expresado por el hijo de extinguir la unión con el linaje de un padre delincuente, infame o del que sentía vergüenza.

Admitiendo todas las hipótesis, pues ninguna está excluida, ni por la constitución imperial ni por otro texto concordante que se refiera al tema, es posible que la explicación de la permisiva respuesta imperial se fundamente en relación a otra problemática y en otras instituciones. El hecho de que sólo aparezca este fragmento haciendo referencia a una cuestión tan trascendental, podría basarse en que el legislador reconocía este derecho desde hacía tiempo, pero el vulgarismo y desconocimiento jurídico que acompañó el inicio del Bajo imperio, así como la existencia de algunas disposiciones limitando las adopciones13, requiriesen una constitución imperial en la que, de modo expreso, constase el reconocimiento por el emperador, aunque fuera con un solo texto.
Es factible pensar que la consulta de Julián no se debía a capricho, ni a modas, ni siquiera con problemas como el planteado a Ulpiano, con relación al dudoso sexo de un familiar, sino a algo más intrínsecamente unido a la familia romana y su nombre. Parece razonable que el fundamento último de la constitución imperial habría de basarse en las instituciones de la adopción y la adrogación14. Muchos son los supuestos jurídicos a que dieron lugar estas figuras. Un ejemplo es Ulp. ad Sab. 26 D. 1,7,17,1, en donde se establece la prohibición de arrogar a pupilos, salvo casos de acreditado afecto o parentesco, para evitar fraudes en la rendición de cuentas o alguna “oculta causa torpe”15.
La existencia y práctica de estas figuras era conocida desde hacía siglos, especialmente en las épocas de descenso de la natalidad, o tras épocas de guerra o epidemias que privaban a los pater familias de descendientes que velasen por el culto de los antepasados tras su fallecimiento. La época del Bajo imperio no era distinta de las anteriores y se sentía la necesidad de buscar sucesores que naturam imitatur, como señalan las Instituciones justinianeas, se convirtiesen en hijos y herederos de longevos o enfermos ciudadanos16. El adrogado pasaría a la familia del adrogante y, del mismo modo que se producía una capitis deminutio y dejaba de ser pater familias17, igualmente sería fácilmente explicable que praenomen, nomen y cognomen se adaptasen al del nuevo pater familias18. Las instituciones de la adrogación y de la adopción justificarían la aceptación sin reservas de un cambio que, no olvidemos, era práctica habitual, incluso entre emperadores, a la hora de establecer su sucesión. De este modo, la constitución de Diocleciano y Maximiano vendría a establecer una doctrina pacífica o “interpretación auténtica”, desterrando las antiguas prohibiciones, ratificando una situación preexistente y que, por su amplio reconocimiento, no requeriría mayor número de preceptos o aclaraciones.
II.- SIGNOS EXTERNOS PINTADOS, GRAVADOS O MARCADOS EN LA PIEL.
Marcaré la frente con el letrero pertinente para que parezca que se os ha castigado al fuego”. Con estas palabras, se dirige Eumolpio a sus amigos, Encolpio y Gitón, que a bordo de un barco contemplan diferentes opciones para ocultar su personalidad y librarse de una condena a muerte segura, prefiriendo hacerse pasar por esclavos. A tal efecto, a Eumolpio se le ocurre la idea de modificar los rasgos externos de sus amigos, afeitándoles la cabeza y las cejas y grabándoles a fuego las marcas de esclavo. Y es que, la acción de marcar con un hierro candente el rostro de una persona era una práctica habitual para castigar ciertos delitos, aunque no era el único motivo para imprimir una marca o estigma sobre la piel19.
Si bien, como se ha expuesto anteriormente, el uso de un nombre era un elemento que daba publicidad en Roma, con independencia de su status social, los signos externos gravados o marcados en la piel eran atributos propios de esclavos o de determinados oficios.
Según se recoge en las fuentes, era frecuente que los soldados bisoños se marcasen en la piel con las iniciales del Roma (SPQR) u otro signo que les uniese a ésta, a los dioses o a su poder, previsiblemente en busca de protección. Entre otras disposiciones, en una constitución de los emperadores Arcadio y Honorio del año 398, de forma expresa y con referencia a otro colectivo que también era marcado (stigma), como era el de los fabricantes de armas, se prescribe que sean puestas marcas, es decir, señales públicas, en los brazos de los armeros a semejanza de los reclutas (bisoños), para que de este modo puedan ser reconocidos, si se ocultaran. De esta constitución se extraen diversas conclusiones. La primera, que las citadas marcas eran consideradas señales de publicidad. La segunda que, como hemos señalado, era frecuente su uso entre los soldados jóvenes y, la tercera, que no siempre eran puestas estas señales por voluntad de su portador. En el caso de los armeros la finalidad era hacer más difícil su huída hacía otros lugares o actividades, no siendo este el único ejemplo que encontramos en donde se marca a las personas para evitar que se sustrajesen a su oficio, convertido en obligatorio en la sociedad estamental y jerarquizada del Dominado20.
En C.11,47,10,1 encontramos una constitución del emperador Zenón, sin fecha, en la que se dispone que a todos los llamados “hidrofilacas”, usando terminología griega, es decir, a los guardadores de aguas y de los acueductos de la ciudad de Bizancio, se les marque, imprimiéndoles en cada una de las manos “el nombre feliz de nuestra piedad..”(singulis manibus eorum felici nomime pietatis nostrae impresso signare decernimus..) 21. De la lectura de la constitución no se sabe si se refiere a imprimir sobre la piel el nombre del emperador o, lo que es más probable, el de su oficio, pero, de cualquier modo, no debía ser muy feliz el momento de ser marcado. La razón oficial no era otra que preservarlos para su oficio, de manera que ningún procurador imperial o particular los pudiese destinar a otros usos, trabajos u obras. Ciertamente, esta justificación no era distinta a aquella destinada al trabajo de los armeros y restantes habitantes del imperio, ya que nadie podía sustraerse a su destino, determinado por el origen, lugar de nacimiento o actividad. Los armeros no podían dejar de fabricar armas, del mismo modo que los guardadores de acueductos debían de terminar sus días en esta actividad. Incluso, finaliza la constitución ordenando que, en el caso de fallecimiento del guardador del agua, su sustituto fuese igualmente marcado. Dicha medida evidencia la abundancia de “deserciones” y huidas de los súbditos, intentando encontrar en otros lugares del imperio mejores oficios y condiciones, hecho que justificaría la abundancia de rescriptos en esta época que se dirigen a presidentes y jueces indicando la obligatoriedad de restitución de todos los que dejaron su actividad o domicilio, devolviéndolos al lugar de origen22.
Como se señalaba al comienzo de este capítulo, las marcas o stigmata, venían desde antiguo unidas también a las consecuencias de las intervenciones militares más allá de sus fronteras, siendo una de ellas la esclavitud. Por ello, habría que distinguir entre el período previo al Dominado, en el que su aparición venía especialmente unida a soldados y esclavos y, el período del Dominado, en el que, como se ha expuesto, la aparición de las marcas venía unida al establecimiento del sistema estamental, aunque todavía subsistiese para los casos de esclavitud o como pena por la comisión de ciertos delitos23. Muestra de este carácter punitivo es el interesante rescripto que el emperador Constantino envía a un tal Eumelio, en el que se observa, quizás por primera vez, la influencia expresa del cristianismo en la redacción de un texto legal.
C. 9,49,17 (Const. 315)
Si quis in metallum fuerit pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie escribatur, cum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur.
Resulta muy interesante observar el cambio o, para ser más exactos, la innovación establecida en este texto, en lo que se refiere al lugar en donde se realizaba la marca con fuego, al establecer que, aquellos que hubieren sido condenados a las minas fueren marcados en las manos o pantorrillas, pero no en la cara porque, como prescribe expresamente la constitución, “… no se manche la faz de ningún modo, ya que está formada a semejanza de la belleza celestial…”24. Llama la atención, en primer lugar, el nuevo respeto otorgado a la faz, al rostro, otorgándole un significado espiritual que iba más allá del corporal, algo que había sido ajeno hasta ese momento en el tratamiento de los esclavos o de la plebe en Roma y que va a tener mucho que ver con la implantación de la nueva religión. En segundo lugar, es interesante resaltar la equiparación entre la pena de los condenados a minas y la “pena” derivada de la marcación, que sufrían los trabajadores en ciertos oficios, como si de delincuentes se tratase, aunque derivase de motivos y circunstancias, como ya vimos, totalmente diferentes.
Surge, finalmente, una cuestión, como es la de saber si era posible que el marcado pudiese hacer desaparecer esas marcas que le identificaban ante la comunidad. A este respecto, las marcas voluntariamente adquiridas por los soldados, así como las que portaban los trabajadores de algunos oficios, podían ser “borradas” u ocultadas por sus dueños al cesar en la actividad que las había originado. La diferencia entre estos dos colectivos es patente, ya que los soldados, podían hacerlo en cualquier momento y, sobre todo, al licenciarse, aunque no sería lo normal, pues supondría renegar de Roma o sus símbolos y ello acarrearía la desaprobación social, con lo que ello implicaba de rechazo colectivo. Respecto a los hombres que dejaban un oficio, no conocemos precepto que obligase a llevar las antiguas marcas. Este supuesto era de difícil aparición, atendiendo a la dificultad que para ello existía en el Bajo imperio, aunque era posible, ya fuere por gracia imperial u otra causa, como por ejemplo convertirse en soldado. Con relación a los condenados por ciertos delitos, como esclavos fugitivos o condenados a minas25, la marca con fuego haría imposible hacer desaparecer la muestra del anterior status social, pero nada se opondría a que, si se llegaba a alcanzar la libertad se pudiesen ocultar las marcas que, no debe de olvidarse, había obligación de exhibir públicamente, pues esa era su finalidad26.
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