30829 " asociacion civil centro de estudios legales y sociales (cels) y otro/a c/ ministerio de seguridad s/pretension anulatoria otros juicios "






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SUSPENSION DE LA RESOLUCIÒN nª 642/14 QUE PERMIE ALOJAR DETENIDOS EN COMISARIAS

30829 - "ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) Y OTRO/A C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS"

La Plata, 17 de Septiembre de 2014.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver el planteo cautelar efectuado en el escrito de inicio y

CONSIDERANDO:

1. Que a fs. 29/53 se presentan los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Colectivo de Acción (CIAJ), con patrocinio letrado, y solicitan el dictado de una medida cautelar por la cual se disponga la suspensión de la Resolución N° 642/2014 dictada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se ordene la prohibición de alojar personas en aquellas dependencias policiales que fueran inhabilitadas para ello mediante Resoluciones Nros. 2109/11, 3340/11, 3975/11, 153/12 y 268/12, emanadas del Ministerio de Seguridad y Justicia, hasta tanto concluya la sustanciación de este proceso.-

2. Relatan que el día 23 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 642 del año 2014, del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que rehabilita el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires, alcanzados por las Resoluciones N° 2109/11; 3340/11; 3975/11; 153/12 y 268/12 (Art. 1°). Por la misma se requiere a la Subsecretaría de Logística Operativa y Superintendencia General de Policía, el relevamiento y evaluación de dichos calabozos y, en su caso, la elaboración e implementación de un plan de adecuación edilicia que asegure condiciones dignas de alojamiento y adecuada protección y garantía de los derechos humanos de las personas aprehendidas o detenidas bajo custodia policial (Art. 2°). Finalmente, su art.3° autoriza el alojamiento transitorio en dichas dependencias respecto de quienes se disponga su detención o aprehensión a partir de la finalización de las obras de readecuación de cada dependencia, solicitando en cada caso y en forma inmediata al ingreso, cupo y orden de remisión a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y autoridades judiciales correspondientes, respectivamente. –

Sostienen que, sin justificación jurídica y fáctica válida, la Resolución 642/14 dejó de lado decisiones administrativas previas (Resoluciones N° 2109/11; 3340/11; 3975/11; 153/12 y 268/1) referidas a la clausura de calabozos en destacamentos policiales y a la prohibición de detención en dichos establecimientos, cuyo objetivo había sido limitar el uso del “cupo policial” como herramienta de alojamiento y gestión de personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, ello a fin de dar cumplimiento con obligaciones legales, constitucionales e internacionales que se han definido en los últimos años, luego del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Verbitsky, H. s/ habeas Corpus”, del 3 de mayo del año 2005. –

Aducen que la Resolución impugnada presenta serios defectos como acto administrativo válido, en tanto carece de lógica jurídica que la habilite y es contradictoria, tanto en sus fundamentos como en la parte dispositiva. En virtud de ello, alegan que la ausencia de los mínimos presupuestos lógico-jurídicos (razonabilidad) de toda resolución administrativa, así como su causa y motivación, evidencian la ilegitimidad de la decisión administrativa impugnada y la afectación de derechos reconocidos a nivel constitucional y en normas del derecho internacional de los derechos humanos. –

Asimismo, expresan que la Resolución afecta el principio de no regresividad, toda vez que la propia administración se obligó a enderezar sus comportamientos hacia el cierre definitivo del “cupo policial” como forma de respuesta ante la situación de violación a los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires y, ahora, sin justificación alguna, modifica aquella decisión, afectando el principio de la buena fe de los actos de la administración pública. –

Finalmente, indican que la rehabilitación de calabozos en las dependencias policiales que habían sido clausurados de manera “definitiva” por la propia administración, pone en riesgo a aquellas personas sujetas al encierro, en tanto la resolución impugnada no garantiza el cumplimiento de las condiciones mínimas dignas de vida con que deben contar quienes se encuentran privados de su libertad (superficie y cubaje mínimos por interno, aireación, iluminación, una temperatura ambiente que permita el desarrollo normal de las actividades, condiciones sanitarias, artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza, acceso a un servicio médico, adecuada alimentación, acceso al sistema educativo, entre otras), ni prevé la forma de asegurar estos requisitos mínimos para que la detención de personas en calabozos en destacamentos policiales pueda considerarse lícita, legítima y constitucional. Por tanto, este riesgo genera consecuencias irreversibles que deben ser advertidas, circunstancia que habilita el dictado de la presente medida cautelar. –

3. Que con carácter previo al análisis de la medida cautelar peticionada, se requirió a la demandada la elaboración de un informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la Resolución 642/2014 del Ministerio de Seguridad, debiendo acompañar en esa misma oportunidad, copia certificada de toda documentación que respalde las consideraciones allí contenidas, así como cualquier otro relevamiento o estudio efectuado sobre el estado de los calabozos en la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 36 inc 2 del CPCC, se requirió al Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Plata la remisión de la pericia realizada en el marco de la causa N° 1204/4866 caratulada "Habeas Corpus interpuesto a favor de las personas alojadas en Comisarías de La Plata", así como cualquier otro informe obrante en dichas actuaciones sobre el estado de los calabozos existentes en dependencias policiales. –

A fs. 64/198, obra agregada la contestación del informe requerido y la documentación remitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, así como la copia fiel de las actuaciones pertinentes de la citada causa penal. –

En virtud de lo expuesto, corresponde analizar si se encuentran reunidos los recaudos que habilitan la procedencia de la pretensión cautelar (art. 22 del CCA).-

4. Verosimilitud en el derecho:-

4.1. Se ha sostenido, tanto en jurisprudencia como en doctrina, que la cognición cautelar se limita, en todos los casos, a un juicio de probabilidades y de verosimilitud (C.S.J.N. Fallos, 306:2060), añadiendo el Máximo Tribunal, que: "... el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad."-

4.2. En función de los citados estándares, adelanto que la medida cautelar peticionada se sustenta sobre bases prima facie verosímiles, toda vez que la Resolución N° 642/14 halla su antecedente normativo en el Decreto N° 220 del día 4-IV-2014, en virtud del cual el Sr. Gobernador declaró la emergencia en materia de seguridad pública en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, disponiendo distintas acciones (arts. 2° a 11°), e instruyendo al Ministerio de Seguridad a “adoptar medidas tendientes a reorganizar y planificar los aspectos de gestión, operativos y funcionales, de recursos humanos y materiales, del Sistema de Seguridad Pública provincial integrado por las Policías de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de priorizar las políticas en materia de prevención del delito y la afectación de personal afectado a funciones operativas” (art.4°). –

4.3. De los decretos de necesidad y urgencia en la Provincia de Buenos Aires.-

Sin embargo, he señalado en otras oportunidades (causas Nº 263, "Laugle"; N°12.477 “Gomez”), que atañe con exclusividad al Poder Legislativo la afectación de los derechos consagrados por la Constitución Local (artículos 1, 2, 10 y 103 incisos 12 y 13), siendo éste el único que se halla investido del poder de policía que lo faculta para limitar razonablemente los mismos, todo lo cual, obsta al ejercicio de dicha potestad por parte del Poder Ejecutivo, aún a través de los denominados decretos de necesidad y urgencia. –

Tal postulado, que se sostiene en periodos de normalidad y sosiego, permanece inalterable en periodos de crisis, puesto que dicha potestad no puede ser delegada al Poder Ejecutivo, merced a la prohibición establecida por el artículo 45 de la Constitución Provincial, en tanto implica dejar en manos del Poder Ejecutivo la ponderación y declaración de la emergencia, violando de ese modo, la doctrina jurisprudencial relativa al poder de policía del Estado en la materia (CSJN, Fallos 243:449 y 243:467) y los principios esenciales del sistema republicano. Se ha señalado al respecto, que "En los regímenes de ejecutivo de origen presidencialista -que recibe su legitimación del pueblo soberano- las delegaciones legislativas que favorecen la concentración del poder provocan -aun cuando estén inspiradas en razones de emergencia y de interés general- la ruptura del presupuesto de base. Si la emergencia no obtiene otra respuesta que una delegación de la facultad de hacer la ley en cabeza del órgano ejecutivo es evidente que ha muerto el Estado Constitucional de Derecho" (CSJN, Fallos 316:2624, "Cocchia", voto en disidencia de los ministros Fayt y Belluscio). –

Es que la ponderación política acerca de la existencia de un estado de necesidad, no puede ser efectuada por el Gobernador, pues resulta claro que nuestro ordenamiento constitucional provincial no prevé, como sí lo hace la Constitución Nacional (art. 99 inc. 3°, tercer párrafo) la posibilidad del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo, ni tan siquiera con la excepcionalidad que lo permite la norma federal, y ello obsta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial dicte decretos de esta naturaleza (véase, al respecto, Milanta Claudia A.: “Tutela judicial en el estado de emergencia”, en Ahe, Dafne S. (coord.): El Derecho Administrativo de la Emergencia II, Ed. FDA, 2002, pág. 203). –

En idéntico sentido, se ha señalado que “la Constitución provincial no contiene norma alguna similar a del art. 99 inc. 3° de la nacional. Por ende, de manera alguna puede el gobernador dictar decretos de necesidad y urgencia. El art. 144 inc. 2°, faculta al Poder Ejecutivo a dictar reglamentos de ejecución de las leyes y disposiciones especiales que no alteren el espíritu de ellas, pero, para nada se le faculta al dictado de decretos de contenido legislativo. Los arts. 103 y ss. establecen la forma de sanción de las leyes a cargo del Poder Legislativo, y tampoco la Carta Magna, contempla la posibilidad de una delegación legislativa a la manera del art. 76 de la nacional; es más, el art. 45 prohíbe tal delegación al igual que atribuir al Poder Ejecutivo facultades distintas a las que han sido acordadas en la Constitución. No cabe sino concluir, por consiguiente, que en la Constitución provincial no estaba –ni lo está actualmente– contemplado el dictado de decretos de necesidad y urgencia” (Prieri Belmonte, Daniel: “Los decretos de necesidad y urgencia en la emergencia”, en Alanis, Sebastián D. (coord.): El Derecho Administrativo de la Emergencia III, Ed. FDA, 2003, pág. 229). Criterio que también ha sido expuesto por la Suprema Corte de Justicia, integrada por Conjueces, en la Causa: I-1559: "Asociación Judicial Bonaerense", del día 14-XI-2011. –

Desde esta perspectiva, el principio de legalidad supone que las condiciones y circunstancias que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado, deben estar claramente establecidas por ley, con carácter previo. En efecto, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos humanos no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes, entendiendo por el término “leyes” aquellas normas emanadas de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaboradas según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados. Es decir, como leyes en sentido formal y no simplemente como disposiciones de carácter general (CorteIDH. Opinión consultiva OC-6/86, “La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Serie A, Nº 6, párrs. 27, 32 y 38). –

Sumado a los arts. 3, 45 y 103, el art. 57 de la Constitución Provincial, estatuye que “toda ley, decreto u orden en contrario, o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Constitución, otras restricciones que las que ésta permite, o priven a los ciudadanos de las garantías que asegura, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces”. –

Dicho mandato me conduce a concluir que, en principio, el Decreto N° 220/14 vulnera el orden constitucional, en tanto irrumpe en la esfera de competencia constitucionalmente atribuida al legislador (arts. 1, 2, 3, 39, 40, 45, 57 de la Constitución Provincial). –

4.4. Las condiciones de detención:-

4.4.1. La Resolución 642/14, fundada en el citado Decreto 220/14, ordena la reapertura de los calabozos de las comisarías que habían sido clausurados mediante las Resoluciones Nros. 2109/11, 3340/11, 3975/11, 153/12, y 268/12, dictadas por el Ministro de Seguridad y Justicia como consecuencia de la visita que la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó a los centros de detención de la Provincia de Buenos Aires, del 7 al 10 de junio de 2010. –

Esa visita motivó el comunicado de prensa N° 64/10 (titulado “RELATORÍA DE LA CIDH CONSTATA GRAVES CONDICIONES DE DETENCIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”), donde el citado organismo manifestó su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. En lo que aquí interesa, destacó que “…las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención. Además, debido a su formación, el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos, la que corresponde a servidores públicos capacitados para la custodia y tratamiento de personas privadas de la libertad, en este caso, al Servicio Penitenciario Provincial”. En consecuencia, la Relatoría exhortó al Estado “…a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención” (Disponible en http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/64-10sp.htm) . –

En ese contexto, la resolución impugnada en autos importaría una reglamentación regresiva respecto del programa de cierre progresivo de los calabozos de las comisarías dispuestos por las resoluciones ministeriales preexistentes, y que deriva de la omisión de las autoridades provinciales en dotar de una infraestructura adecuada a las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, de conformidad con el incremento progresivo de detenidos que experimenta la Provincia en los últimos años, y que se agravó con la declaración de la emergencia en materia de seguridad (Decreto 220/14). –

Al respecto, corresponde señalar que la Provincia de Buenos Aires se encuentra sujeta al cumplimiento de un marco normativo que establece los principios y modalidades básicas que deben satisfacer los establecimientos de detención y las medidas que allí se cumplen. En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prescribe en su artículo 5 inciso 2 que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; en igual sentido el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH). Tales preceptos son los que deben estructurar al sistema de ejecución penal, en el sentido de que no implique para los condenados con penas privativas de la libertad, más restricciones que las necesarias para el cumplimiento del fin propuesto, esto es, la resocialización para el caso de los condenados, y la eficacia de una eventual sentencia de condena para los procesados. –

Como protección básica, debe reconocerse que “toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatible con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal” (Corte IDH. Caso Neira Alegría, sent. del 19-I-1995, párr. 60), “...lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas” (Corte IDH. Caso Fermín Ramírez, sent. del 20-VI-2005, párr. 118). Con otros términos, señaló que “Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna” (Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía, sent. del 25-XI-2004, párr. 102). –

Desde la misma la perspectiva se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 318:2002, “Badín”, consid. 31; y 330:111, “Lavado”, consid., 7), ponderando el valor de los instrumentos internacionales, en función de los alcances que corresponde atribuir al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, señalado que la frase “...en las condiciones de su vigencia” establecida en el citado precepto, significa “tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”, agregando que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe servir de guía para la interpretación de los preceptos de la Convención en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana; y que, “en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno federal, le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional” (Fallos 318:514, “Giroldi”, sent. del 7-IV-1995, consid. 12, entre otras). La Corte ha hecho extensiva dicha regla hermenéutica a las opiniones vertidas en los informes emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Fallos 319:1840, “Bramajo”, sent. del 12-IX-1996, consid. 8); todo lo cual, resulta enteramente aplicable al resto de los tratados incorporados a la Constitución Nacional: “Precisamente el fin universal de aquellos tratados sólo puede resguardarse por su interpretación conforme al derecho internacional. Lo contrario sería someter el tratado a un fraccionamiento hermenéutico por las jurisprudencias nacionales incompatible con su fin propio” (conf. Fallos 328:2056, “Simón”, sent. del 14-VI-2005, especialmente consid. 13 y 14 del voto del juez Boggiano). –

De conformidad con el art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. –

En aplicación de dicha norma, la Corte Interamericana ha expresado una serie de reglas que constituyen estándares básicos que las autoridades estatales deben respetar respecto de las personas privadas de libertad, de modo que no excedan los efectos colaterales que trae en sí misma la restricción de la libertad ambulatoria. “Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos” (Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Serie C, N° 68, sent. del 16-VIII-2000, párr. 78. Caso Tibi vs. Ecuador, Serie C, N° 114, sent. del 7-IX-2004, párr. 150). –

Para ello, ha tomado como guía interpretativa a las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” (adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31-VII-1957 y 2076 (LXVII) del 13-V-1977), a fin de interpretar el contenido del derecho de los presos a un trato digno y humano; en tanto prescriben las normas básicas respecto al alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados de la libertad (conf. Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Serie C, N° 133, sent. del 15-IX- 2005, párr. 99). –

En particular, ha dicho que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal, y que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal (Reglas 10 a 20. Conf. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Serie C, N° 69, sent. del 18-VIII-2000, párrs. 85 al 89; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Serie C, N° 33, sent. del 17-IX-1997, párr. 58; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Serie C. N° 137, sent. del 25-XI-2005, párr. 221). –

Asimismo, ha afirmado que mantener detenida a una persona en una celda reducida, veintitrés horas al día, aislada de los demás presos, en oscuridad, sin tener en qué ocuparse y sin que se le permita trabajar ni estudiar, constituye una violación a su derecho a ser tratado humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano (Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Serie C, N° 133, sent. del 15-IX- 2005, párr. 96, con cita del Comité de Derechos Humanos, Caso Anthony McLeod c. Jamaica, Comunicación No. 734/1997, párr. 6.4). Ha entendido, a su vez, que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera (Reglas 22 a 26. Caso Tibi vs. Ecuador, ya citado, párr. 156), cuya inexistencia, en si misma, constituye violación de lo dispuesto por el art. 5 de la Convención (Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, ya citado, párr. 226). –

Por otra parte, cabe destacar que de conformidad con el artículo 27.2 de la CADH, los derechos que dimanan de su art. 5 forman parte del núcleo inderogable de derechos, pues la norma se encuentra consagrada como una de las que no pueden ser suspendidas en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Parte. En tal sentido, la Corte IDH ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas (Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Serie C, N° 123, sent. del 11-III-2005, párr. 59; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Serie C, N° 119, sent. del 25-XI-2004, párr. 100; Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Serie C, N° 115, sent. del 18-XI-2004, párr. 125; y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Serie C. N° 137, sent. del 25-XI-2005, párr. 221). –

4.4.2. En la Causa N° 1204/4866, caratulada "Habeas Corpus interpuesto a favor de las personas alojadas en Comisarías de La Plata", que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, que en copia se encuentra agregada –sin acumular- en autos, se produjo un informe pericial que da cuenta de las deplorables condiciones de habitabilidad y sanidad existentes en los calabozos de las dependencias policiales del Departamento Judicial La Plata. De las fotografías anexadas al mismo, se advierte que no cuentan con una instalación eléctrica adecuada, que supone un riesgo para quienes allí se encuentran, sumado a las escasas medidas para prevenir incendios, que las condiciones de higiene son degradantes, y que en la mayoría de los casos carecen de espacios aptos para el esparcimiento y para recibir visitas. –

A su vez, el Jefe de la Departamental La Plata, Crio. Marcelo Camerini, informó el día 3-VI-2014, que en las dependencias a su cargo asciende a tres (3) la cantidad de aprehendidos y a setenta y siete (77) la cantidad de detenidos, de los cuales dieciséis (16) de ellos cuentan incluso con prisión preventiva, aun cuando la propia Resolución 642/14 solo prevé el alojamiento de aprehendidos y detenidos (art. 2). Agregó luego, el día 5-V-2014, que el cupo máximo de tales dependencias es de sesenta (60) personas. –

Por consiguiente, tanto de los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales establecidos para la privación de la libertad. –

La violación de derechos humanos que esta situación implica ha sido denunciada judicialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Verbitsky”, en el que ha señalado que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas se ha convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de las personas privadas de la libertad; que la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires pone en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial, además de que genera condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo de esos funcionarios y empleados; que una prisión es un establecimiento en el que hay un fino equilibrio entre presos y personal, y la superpoblación provoca descontrol y violencia llevando ese equilibrio siempre precario al límite de la fragilidad; que el personal policial, por su entrenamiento, no está preparado para cumplir esta función que no es la específica de su tarea social; que la distracción de personal policial de sus funciones específicas resiente considerablemente el servicio de seguridad pública, con el consiguiente riesgo para la prevención secundaria de delitos de gravedad; y que de verificarse algunos de los extremos mencionados, sería posible que se configurasen eventuales casos de agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal (Fallos 328:1146, “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus", sent. del 3-V-2005, considerandos 37/39 y 41). –

Esta degradación institucional resulta de tal gravedad que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del seguimiento de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha señalado que: “16. Aunque el Comité reconoce la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus, en el que fijó los estándares de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, el Comité lamenta la falta de medidas para la aplicación efectiva de dichos estándares […] continúan preocupando al Comité las condiciones imperantes en muchos centros penitenciarios del país, incluido el alto índice de hacinamiento, la violencia intracarcelaria y la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación y atención médica. Al Comité le preocupa igualmente que, debido a la falta de espacio en esos centros, algunos procesados permanecen en dependencias policiales durante largos períodos, así como el hecho de que algunos de estos centros permanecen en funcionamiento a pesar de la existencia de sentencias judiciales que ordenan su cierre” (Comité de Derechos Humanos. 98º período de sesiones. Nueva York, del 8 al 26 de marzo de 2010. Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Argentina. Obs. N° 16/17). En consecuencia, recomendó a la Argentina la adopción de medidas para que se cumplan en el país las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y se ponga fin a la práctica de mantener personas procesadas en centros policiales. –

En atención a lo expuesto, entiendo que la verosimilitud en el derecho se encuentra suficientemente acreditada (art. 22 inc. 1 “a” del C.C.A.), puesto que la Resolución impugnada en autos presenta liminarmente vicios tanto en la causa que habilitara su dictado, como en el objeto de la decisión. En primer lugar, por encontrarse fundada en una norma que prima facie resultaría inconstitucional, y por otro lado, porque el contenido de la decisión resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado. –

5. Peligro en la demora. –

5.1. Que para el dictado de esta clase de medidas resulta suficiente un temor fundado en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional. El requisito sub-exámine se vincula con el daño, pero atento al carácter preventivo de las medidas cautelares, el CCA no requiere su producción, sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia. –

5.2. En el supuesto de autos, es dable considerar que los derechos afectados (vinculados a las condiciones de detención) no admiten demoras en las decisiones que propendan a su tutela dado que -en definitiva- los perjuicios podrían tornarse de difícil o imposible reparación ulterior (v. Vallefin, C. "Protección Cautelar Frente al Estado", Lexis Nexis, 2002, pág. 70). –

5.3. Sin perjuicio de ello, corresponde destacar que los recaudos exigidos para la admisión de medidas cautelares no son independientes, sino que, su interrelación ha llevado a la concluir que cuando mayor sea la presencia de uno, menor será la exigencia respecto del otro (confr. Morello-Vallefín, "El Amparo - Régimen Procesal", Ed. LEP, 1998, Pág. 165 y ss.).-

6. Alcance de la medida cautelar:-

En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la pretensión cautelar de suspensión de los efectos del acto (Resolución 642/14), sin que ello implique impedimento alguno para disponer aquellas medidas de coerción personal que debe efectivizar la Policía y que se encuentran previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco ha de interpretarse que la presente medida cautelar supone la automática liberación de las personas que pudieran estar actualmente alojadas en los calabozos de las dependencias policiales de esta Provincia, cuyo destino debe ser resuelto por los magistrados competentes en cada caso. –

7. No afectación del interés público:

No se advierte prima facie que la medida cautelar dispuesta pueda producir una grave afectación al interés público. –

Como he señalado desde hace tiempo en diversas oportunidades, la mera inobservancia del orden legal, por parte de la administración, vulnera el interés público determinado por el pleno sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156, "MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.”, res. del 8-VII-2005; N° 2873, "CLUB NAUTICO HACOAJ”, res del 25-X-2006; N° 11004, "SAVAFAMA S.A.”, res. del 8-V-2006; N° 12443, "ABDALA”, res. del 7-V-2007, entre muchas otras), máxime cuando –como en autos- se encuentra comprometida la responsabilidad internacional de Estado.–

8. Contracautela:-

En función de lo expuesto, las particulares circunstancias de autos y la incidencia colectiva de la medida cautelar, entiendo que no corresponde exigir a los peticionarios prestar caución alguna (art. 24 del CCA y 200 del CPCC).-

Por los fundamentos expuestos y las normas citadas;

RESUELVO:

Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ), suspendiendo los efectos de la Resolución N° 642/14, dictada por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el alcance indicado en el considerando 6 de la presente; ello de manera inmediata a la notificación de la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 163 de la Const. Provincial y hasta tanto se dicte sentencia en autos. A esos fines, líbrense los oficios pertinentes.-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE a la Fiscalía de Estado. -


LUIS FEDERICO ARIAS

Juez

Juz.Cont.Adm.Nº1

Dto.Jud.La Plata

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