Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de septiembre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma






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Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de septiembre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "E", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados "R., D. O. C/ BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS ASOCIACION CIVIL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" respecto de la sentencia corriente a fs. 584/594 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud: A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:
I.- El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por D. O. R. por los daños y perjuicios sufridos a raíz de las injurias inferidas por la Biblioteca Argentina para Ciegos Asociación Civil (BAC) en una carta remitida por su presidenta el 4 de diciembre de 2009 a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes condenando a la demandada a pagar la suma de $ 100.000 dentro del plazo de diez días.
Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de apelación a fs. 601 que fundó con la expresión de agravios de fs. 636/645 respondida a fs. 672/692 por el actor quien, a su vez, apeló a fs. 596 presentando su memorial de fs. 647/669 contestado por la vencida a fs. 694/698.
Toda vez que la BAC cuestiona la responsabilidad que le ha sido endilgada corresponde por obvias razones de orden metodológico considerar en primer lugar sus agravios respecto de la sentencia recurrida.
La demandada sostiene que corresponde revocar la condena en su contra toda vez que se demostró que son veraces los hechos relatados en la carta enviada por su presidenta C. I. F.a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA) con lo cual se cumplió debidamente en informar a la entidad madre de las medidas adoptadas respecto de R.
El actor era directivo de la BAC y se desempeñó como presidente interino durante un período del año 2009. Su conducta fue objeto de tratamiento por parte de la Comisión Directiva que le impuso algunas sanciones de orden provisional, una de las cuales fue comunicada a la FAICA en términos que han agraviado al actor. Poco tiempo después de esta comunicación, la Comisión Directiva señaló que "dadas las faltas, irregularidades y demás violaciones citadas y detectadas tras el cese de su función como director Interino, el Sr. R. fue citado a rendir cuenta por su gestión en dos oportunidades mediante Carta Documento, sin haber comparecido en ninguna de ellas". La Comisión Directiva puso a consideración de sus integrantes la expulsión del actor como socio de la BAC la cual fue aprobada por unanimidad por los fundamentos citados en la reunión del 20 de septiembre de 2010 (ver copia de acta obrante a fs. 96/99).
La demanda fue sustentada en el daño moral que le habría causado la imputación de los hechos que se le atribuyeron por su labor en el seno de la BAC y que sirvieron para motivar su expulsión (ver punto II.B.1 titulado "Daños por el apercibimiento, posterior suspensión en mi calidad de socio y final expulsión de la BAC"). R. afirmó que, en adición a su separación forzada de la institución, debió soportar el daño moral inferido por la presidenta de la BAC quien cometió los delitos de calumnias e injurias mediante la remisión de una carta a la FAICA firmada el 4 de diciembre de 2009.Relató que se le acusó lisa y llanamente de haber cometido delitos penales en su ámbito, alegando sin ningún sustento que efectuó un uso indebido de fondos y bienes de la institución y la adulteración de documentos públicos además de comportarse inescrupulosamente a la vez que se advertía a la FAICA que podría sufrir perjuicios por su desempeño como tesorero en esta institución (ver pto. "II. B.2. Daños por calumnias e injurias").
El juez desechó la demanda en lo referente a los daños alegados por las medidas sancionatorias de la entidad que no fueron cuestionadas por R. y admitió la pretensión por el agravio moral originado por el texto de una carta cuyo contenido fue objeto de retractación por parte de la entidad remitente, y es sobre este aspecto que me detendré a examinar los agravios de la demandada. La crítica se centra sobre la interpretación dada a la carta enviada por F. que tuvo por objetivo comunicar a la FAICA que la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos había suspendido a R. como socio por el término de un año. Afirma que el contexto societario que motivó la remisión de esa misiva justificaba que se comunicara a la FAICA la decisión adoptada respecto de R. y las circunstancias fácticas relativas a su conducta, las cuales reseña nuevamente en la expresión de agravios para dar cuenta de las irregularidades cometidas en el desempeño de su función como directivo de la entidad.
El fragmento sobre el que se basó la demanda dice en concreto:
"Motiva tal decisión el hecho de que el Dr. R. no ha presentado a la Comisión Directiva los debidos informes acerca del desarrollo de su gestión como director interino de la BAC.En tal sentido, y luego de que cesara en este cargo, se han descubierto graves irregularidades durante su ejercicio, vinculadas con el uso indebido de los fondos y bienes de la institución y la adulteración de documentos públicos, todo lo cual nos lleva a estudiar la posibilidad de iniciar las correspondientes acciones legales. Es menester que Ud. tome conocimiento de estos hechos, pues resulta lógico pensar que quien se ha comportado de la forma inescrupulosa antes descripta pueda también causarle graves perjuicios a la federación, más teniendo en cuenta que el Dr. R. ocupa un cargo de gran responsabilidad, como es la gestión de la tesorería. Esperando que esta comunicación sea considerada y remitida a quien Ud. estime conveniente, lo saluda muy atte. C. F. Presidente Biblioteca Argentina para Ciegos".
El actor sostuvo que la BAC -a través de su presidenta- cometió el delito de calumnias al haberle imputado la comisión de un delito concreto y circunstanciado (art. 109 del Código Penal) y el de injurias (art. 110 del mismo cuerpo) al deshonrarlo y desacreditarlo en la sección final ante las autoridades de la FAICA donde se desempeñaba como tesorero.
Surge de la demanda que la BAC remitió a la FAICA una nueva carta con fecha 21 de enero de 2010 suscripta por C. A. G. en los siguientes términos:
Estimado Dr. C. C.: De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar la rectificación formulada por la Biblioteca Argentina para Ciegos, con respecto a algunos conceptos vertidos sobre la persona de D. O. R. en la carta que le fuera entregada a Ud. el pasado 5 de diciembre. En dicha comunicación donde se informaba de la suspensión de D. O. R. como socio de esta entidad, se plasmaron conceptos ajenos al espíritu y la intención que anima a quienes conducimos los destinos de la BAC. A este respecto la CD considera que al día de la fecha no se han encontrado elementos que permitan afirmar que R.se haya comportado de forma inescrupulosa. Asimismo, la CD ratifica que está llevando adelante minuciosas investigaciones acerca del período en el que R. ejerció la dirección interina de la BAC. En nombre de la CD, solicito las disculpas por los errores cometidos y lo saludo muy atte."
El juez ha considerado que se trata en el caso de una retractación que presupone el reconocimiento de haber sido el autor en la propalación de una ofensa admitiéndose implícitamente el carácter injurioso de la publicación y la culpabilidad en la autoría del acto ilícito. La demandada solicita que se revoque la sentencia alegando que se ha omitido el contexto dentro del cual se remitió la nota el cual justificaría el contenido de la comunicación realizada a la FAICA.
Estimo que en este punto corresponde realizar un análisis, en el estricto sentido del término, respecto a los planteos deducidos por la vencida:
a.- El alcance de la comunicación.
La carta remitida el 4 de diciembre de 2009 se refiere a dos temas que resulta necesario distinguir para una adecuada interpretación de los alcances de esa retractación que se tuvo como fundamento principal de la condena en la instancia de grado. La rectificación con respecto a "algunos conceptos vertidos sobre la persona" del actor en la anterior carta excluye, según entiendo, una parte de la comunicación anterior dirigida a hacer saber a la entidad madre de la suspensión de ese socio por el término de un año y la motivación objetiva utilizada por la entidad para llegar a esa conclusión. Se trata de un procedimiento que tuvo por fin informar a la FAICA de una decisión relevante dentro de la órbita de la BAC que no merece reproche alguno. El segundo tema al cual se aludió en la misiva consiste en la enumeración de cargos atribuidos a R.tales como graves irregularidades, uso indebido de fondos y bienes y adulteración de documentos públicos a la vez que se calificó su conducta como desarrollada "en forma inescrupulosa". La BAC se rectificó inequívocamente con esa comunicación tanto en lo referente a la carencia de elementos en torno a los actos imputados como a la calificación usada para describir la conducta de R. El relato de la comunicación no rectificada se refería a la sanción provisional adoptada y a las motivaciones genéricas que habían llevado a la entidad a llegar a esa decisión, lo cual no puede merecer reproche toda vez que con ello solamente se procuraba transmitir información no susceptible de causar agravio alguno.
b.- El estado de la situación al momento de la remisión de la carta documento.
La demandada afirmó que los hechos a partir de los cuales se llegó a esa calificación en la carta del 4-12-09 se demostraron como ciertos, reseñó la conducta desplegada por R. en la institución y la supuesta mendacidad de sus dichos en la que surgiría de la prueba confesional producid a en este proceso (ver acta de fs. 354/355).
El planteo resulta absolutamente improcedente puesto que la apelante pretende con las quejas ahora introducidas que se tengan por rectificados los alcances de la retractación efectuada con la misiva del 21 de enero de 2010. La BAC admitió en esta comunicación que se había equivocado al llegar a esas conclusiones puesto que al "día de la fecha" -esto es, al momento de la remisión de la carta de disculpas- no existían elementos para considerar como configuradas las "graves irregularidades" a las cuales se había hecho referencia en la carta del 4 de diciembre.
Se trata de una retractación epistolar que constituye un nada desdeñable elemento de juicio acerca del carácter ilícito de las manifestaciones efectuadas en la misiva de diciembre de 2009 (ver esta Sala, "K., R.E. c. T., A.X" del 2-11-04, LL 2005-A, 685). La BAC reseña en su expresión de agravios el contexto intrasocietario que supuestamente justificaría su actitud. Sin embargo, en materia civil, la misma retractación implica la admisión por el encausado de la existencia y realidad de la injuria o calumnia (Jorge J. Llambías, Obligaciones, t° IV-A, n° 2388 y doctrina y jurisprudencia citadas en la nota n° 265), de modo que el acusado por injurias o calumnias, reconoce tanto el hecho como la culpa, realizando una especie de arrepentimiento de su acto (CNCiv., Sala I, "G., M. c. H., D.E." del 8-5-12, RCyCS 2012-VIII, 195). El hecho mismo de la injuria -con los presupuestos de antijuridicidad y culpabilidad exigidos en el campo de la responsabilidad civil- se encuentra acreditado mediante la admisión del agravio que ha implicado el pedido de disculpas posterior de manera que no es posible, como ahora se intenta, borrar las consecuencias que ello ha provocado en el afectado (ver CNCiv., sala L, "M., C.E. c. S., L. B.",10-12-08, RCyS 2009-III, 96 y sus citas).
Al tratarse de una retractación resulta improcedente contextualizar, como se pretende en la queja, el envío de una carta de disculpas emanada de las autoridades de la BAC en la cual claramente se reconocían los defectos de la comunicación. Lo que importa es la consideración del acto ilícito a la fecha en la que se cometió y no los posibles elementos encontrados posteriormente que llevaron a que R. no fuera más parte de la BAC mediante decisión que se alcanzó en la reunión del 20 de septiembre de 2010.En todo caso, el contexto podrá ser analizado a la hora del cálculo de la reparación del daño causado para determinar si existían aspectos de la controversia que podrían haber justificado, claro está que solo en parte, la conducta de la demandada por el contenido de la nota de diciembre de 2009.
La segunda carta importó, como se dijo en la sentencia, una retractación respecto al contenido y a la forma en que se había comunicado la decisión a la FAICA. La BAC afirmó así en esta misiva que no estimaba que existieran elementos para que se consideraran comprobados los hechos indicados o que la conducta desarrollada por R. admitiera que se la calificara de inescrupulosa en los términos antes utilizados por F.
No es posible darle otro alcance más que el de una revocación de los términos ya emitidos puesto que la referencia que ahora se hace al contexto -para justificar los agravios inferidos a R.- no sirve para justificar lo que la misma remitente había admitido como inaceptable a punto tal que solicitó las disculpas del caso a la FAICA .
c.- La calificación del delito.
El juez a quo determinó que la conducta de la BAC se encuadraba en el delito civil de injurias para lo cual hizo referencia a los arts. 73, inc. 1° y 110 del Código Penal y arts. 1109 y 1072 del Código Civil. La demandada afirma en la expresión de agravios que mediante resolución recaída en la causa penal n° 7444/72 del 17-2-10 se desestimó la querella criminal por calumnias e injurias promovida por R. contra la Presidenta y Vicepresidente de la BAC C. I. F. y C. A. P. (ver fs. 642 vta.).
R. promovió el 2 de febrero de 2010 una querella criminal por calumnias -no por injurias- contra las mencionadas personas (ver fs. 141 del escrito de demanda) ante el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 11, Secretaría n° 72.El juez de primera instancia desestimó el 17 de febrero de ese año la querella al entender que la nota del 4 de diciembre de 2009 carece de precisiones de circunstancias de tiempo, modo y lugar que pudieran dar origen a acción pública por lo cual consideró que no podía quedar configurado el tipo penal previsto por el art. 109 del Código Penal. Esta documentación fue acompañada por el demandante a pesar de que curiosamente nada dijo sobre el punto al relatar a fs. 141 vta. del escrito de inicio la promoción de esa querella que ya por entonces se había desestimado en pronunciamiento firme del juez penal.
El concepto de calumnia se construye a partir de las conductas tipificadas en los arts. 109 y 110 del Cód. Penal y 1089 del Cód. Civil debiendo tenerse en cuenta que el tipo penal de ese delitos es el mismo que se utiliza al analizar la responsabilidad civil (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias, Buenos Aires, Astrea, 2002, t. 5, p. 245 y doctrina citada en nota 22). De este modo resulta improcedente la atribución de ese delito civil específico cuando los elementos constitutivos para su configuración han sido desestimados en el proceso penal con fundamentos que considero plenamente aplicables al sub lite.
En resumen, la carta de la BAC del 21 de enero de 2010 a la FAICA contenía una retractación respecto de los hechos inexactos e infamantes que surgían de la comunicación remitida a esa misma entidad el 4 de diciembre de 2009, lo cual importó reconocer el carácter antijurídico y culpable de la conducta desarrollada que fue adecuadamente ponderada como injuriosa en la sentencia recurrida. Por estas razones propongo desestimar la defensa de la demandada respecto de la responsabilidad que le ha sido endilgada en la sentencia.
II.El actor manifiesta ante esta Alzada que viene a expresar sus agravios respecto del fallo de primera instancia referentes a la indemnización que se le concediera que estima debió haber sido mayor en el monto de condena (ver fs. 647, puntos I y II). Aunque en algunos segmentos de su escrito el actor aduce que "tiene derecho a obtener una indemnización por daño moral, debido a las sanciones que le aplicó la demandada" (fs. 565), no queda duda alguna en cuanto a su falta de impugnación concreta a los motivos empleados por el juez a quo respecto al rechazo de una demanda resarcitoria en la cual no se ha tenido en cuenta la firmeza de los actos sancionatorios adoptados por la institución demandada.
Los tribunales de alzada no pueden exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos concedidos ante ellos (conf. art. 277 del Código Procesal y CSJN Fallos: 310:999 y 1371; 311:1601; 315:1653 y 2139; 316:1277), limitación esta que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 319:2933), de modo que aquéllos -según la regla tantum devolutum quantum apellatum- se encuentran impedidos de decidir respecto de una parte de la sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada (CSJN c. E. 135. XXV, Eliaschev, José Ricardo c. Argentina Televisora Color L. S. 82 Canal 7 S.A. del 29-8-96 y O. 8 XXXIV, Orue, Feliciano c. Decocin J. C. y otros del 19-8-99).
El magistrado desestimó el principal reclamo de su demanda con sustento en que no corresponde indemnización por la sanción disciplinaria que se le impusiera ya que R. debió arbitrar los recaudos necesarios recurriendo a la justicia para revertir, de ser injusta, la sanción que se le impusiera ya sea que fuere nula o excesiva, actitud que no fue ejercida oportunamente por el actor (ver fs.593, considerando VIII). El planteo que se introduce en el extenso memorial de agravios en cuanto al monto por el agravio moral representa, por un lado, el intento de reeditar los cuestionamientos a las decisiones de la BAC que estima infundados y falaces (ver, como ejemplo, lo dicho a fs. 648 vta., pto. 5) y, por otra parte, la introducción de un conjunto de actos y de omisiones del personal directivo de la demandada que deberían tenerse en cuenta al momento de cuantificar la indemnización.
Se violaría, de modo oblicuo pero cierto, el mencionado principio de la cosa juzgada si bajo la excusa de examinar la entidad del daño se ingresara en la consideración de las motivaciones adoptadas por la entidad que llevaron al dictado de diversas sanciones que culminaron con la expulsión de R. cuyo contenido ha estimado el juez de grado que no puede ser objeto de consideración en este proceso.
Tampoco resulta admisible el estudio de diversos temas sobre los cuales se explaya el actor en la expresión de agravios. R. precisó en su demanda -sin ánimo, según dijo, de involucrar a la justicia en cuestiones de derecho societario privado- que fue agraviado por la Comisión Directiva de la demandada en cuatro ocasiones; mediante un apercibimiento completamente infundado, luego con una suspensión de igual tenor en su calidad de socio por el plazo de un año seguida de una carta difamatoria enviada a la FAICA y finalmente con la expulsión en su calidad de socio sin justificación alguna. Relató la sucesión de hechos que explican "por qué las puniciones y acusaciones recién mencionadas son infundadas y falaces" resultando en daños morales contra su persona cuyo resarcimiento buscaba mediante la demanda deducida a fs. 137/147.
Los hechos reseñados en la demanda se refieren exclusivamente a los problemas surgidos desde el mes de mayo de 2009 a raíz del fallecimiento de un empleado (M.M.) y en particular de los procedimientos adoptados para el nombramiento de personal en su reemplazo que habrían provocado ciertas desinteligencias entre los integrantes del cuerpo directivo de la BAC (ver fs. 137 vta./139). Después de reseñar las sanciones adoptadas en su contra (ver fs. 139/140), R. regresa en su relato al tema del envío de la cart a a la FAICA (ver fs. 140 vta./142) para concluir con breves alusiones a las comunicaciones que dieron cuenta de su expulsión como socio decidida por la Comisión Directiva de la BA (ver fs. 143/144).
El demandante introduce en el escrito de expresión de agravios una multiplicidad de hechos y de antecedentes que no fueron reseñados en el escrito de inicio. Se mencionan temas que fueron objeto de debate dentro de la BAC tales como la firma de un contrato de limpieza, la realización de gastos no autorizados, la imputación por sobrefacturación en la compra de dos torres grabadoras de discos compactos y por el empleo de facturas apócrifas, la compra de una impresora industrial braille Heidelberg y la crítica a R. por la falta de rendición de cuentas. Ninguno de estos elementos fue mencionado en la pretensión -siquiera como pauta conveniente para la cuantificación de la indemnización- como tampoco lo fue el extenso curriculum vitae del actor cuya autenticidad no puede darse por aceptaba ante la imposibilidad por parte de la demandada de ejercer su derecho a impugnar los datos que recién han sido incorporados en esta instancia.
Al respecto, cabe advertir que en el escrito de inicio no se ha hecho referencia a estos aspectos de la cuestión, por lo que, aceptar la tesitura propuesta, representaría quebrantar el principio de congruencia, según el cual la sentencia sólo puede pronunciarse sobre aquellas materias planteadas en los escritos constitutivos del proceso (arts. 34 inc. 4º y 163 inc. 6º del Cód. Procesal; Palacio, Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. V págs. 429 y ss.). Y, por más que el art. 1086 del Cód.Civil obligue al responsable a indemnizar la totalidad de los daños ocasionados a la víctima, ello no significa que deban incluirse partidas no expresamente reclamadas, aun cuando el perjuicio esté debidamente probado en el expediente, puesto que se trata de derechos esencialmente renunciables (conf. CNCiv. esta Sala, causas 46.204 del 17-4-89, 61.197 del 5-2-90, 83.411 del 7-3-91, 99.530 del 7-11-91 y 160.094 del 15-12-94).
Repárese que, de acuerdo con la limitación impuesta por la norma recién mencionada y en virtud del principio de congruencia, el Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Queda así vedado a la Cámara tratar argumentos no introducidos en los escritos de demanda, contestación y reconvención, en su caso (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado", t. 1, com art. 277, n° 2 p. 851/2 y citas insertas en la nota nro. 4; C.N.Civil, esta Sala, c. 547.719 del 25/3/10, c. 616.416 del 1/03/13, c. 615.348 del 14/02/13, c. 621.281 del 22/05/13, entre muchos otros).
Con sustento en los citados principios de la cosa juzgada y de la congruencia, el examen de las quejas planteadas en la expresión de agravios queda limitado a la repercusión que en el ámbito de lo anímico causó la comunicación lesiva del honor de R. que se desempeñaba como directivo de la entidad que hasta su incorporación como presidente interino -fuente de todas las dificultades que terminaron en su expulsión- se había desempeñado dentro de la institución demandada con un alto grado de actividad como resulta de las actas acompañadas al proceso.En suma, se trata de cuantificar los daños y perjuicios que causó la comunicación injuriosa de la BAC a la FAICA cursada con nota del 4-12-09 sobre la cual medió una retractación por parte de la demandada con la nueva comunicación del 21 de enero de 2010.
III. El actor reclamó en su escrito de inicio -presentado el 14 de diciembre de 2010 (ver cargo de fs. 148)- una indemnización en concepto de reparación por el agravio moral sufrido que estimó en la suma de $ 55.000 y en lo que en más o en menos resultara de la prueba a producir en el curso del proceso. R. dio particular importancia al tema de los daños morales sufridos como consecuencia de las puniciones injustificadas que adoptó la entidad demandada y agregó como menoscabo adicional por el mismo concepto a las injurias y calumnias originadas por la carta suscripta por F. el 4 de diciembre de 2009 y enviada a la FAICA.
En lo que atañe al daño moral, reiteradamente se ha decidido que debe entenderse por aquél cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala A en 559.255 del 7-10-10; Sala B en 556.980 del 7-2-11; Sala C en c. 551.918 del 26-8-10; Sala D en c. 408.571 del 19-4-2005; esta sala en c. 578.651 del 20-10-11, 593.825 del 30-5-12 y 596.001 del 26-9-12 entre otras; Sala H en c.566.748 del 18-3-11).
A los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas nº 43.l69 del l8-4-89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25-4-9l; Sala "B", E.D.57-455; Sala "D", E.D.43-740; Sala "F", E.D. 46-564; etc).
El juez de primera instancia rechazó una parte relevante de la demanda tanto considerando que se ha hecho referencia a los daños morales causados (en plural en el escrito de inicio) como a la existencia de cuatro supuestos agravios cometidos por la BAC en las decisiones sancionatorias adoptadas respecto de R. La pretensión prosperó solo en parte -respecto de la carta remitida por F.- y con un alcance menor al indicado en el escrito de demanda toda vez que no cabe aquí la imputación del delito de calumnia que fue planteado en este juicio civil conociendo el actor que ese reclamo había sido desestimado por el juez penal con argumentos sobre los cuales no ha mediado cuestionamiento alguno en el curso del proceso.
Debe señalarse, además, que la BAC actuó prontamente el 21 de enero del mes siguiente retractándose en su totalidad en cuanto a los agravios inferidos por la carta remitida por F. el 9 de diciembre del año anterior, con lo cual se limitó el agravio moral que el actor entiende producido teniendo en cuenta el ámbito en que se desarrollaron estas imputaciones. No se trata, como dice el actor a fs. 563, de una liviana rectificación porque alcanzó a las imputaciones de orden subjetivo efectuadas en la primera comunicación. Y el hecho de que se continuara investigando la conducta de R.nada tiene de agraviante y reflejaba un hecho cierto que condujo, en definitiva, a su expulsión como socio de la BAC.
Señalo, asimismo, que la retractación que supuso la nota enviada en enero de 2010 puso un límite temporal a la incertidumbre y a la desazón que pudo tener el actor por una afirmación que la misma remitente consideraba improcedente, pero es claro también que la conmoción instantánea que sufrió al leer una comunicación errónea pudo haberle producido una lesión perdurable a sus sentimientos (ver Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad de los órganos de prensa por informaciones inexactas", LL 1989-B, 290).

De lo expuesto resulta que la pretensión progresó parcialmente respecto de una de las cuatro ofensas reseñadas a fs. 137, que la primera nota contenía injurias contra el honor de Rojas que fueron íntegramente rectificadas en la nota emitida por la BAC poco más de un mes después, que no se presentó un caso de delito de calumnias y que la afectación quedó limitada al ámbito de la demandada y de la FAICA sin que se haya acreditado que los dichos se hayan expandido a otros órdenes de la vida social. Por todo ello estimo procedente sugerir que se reduzca la indemnización para reparar el daño moral causado a la suma de $ 30.000.
IV. Solicita el actor que se modifique la sentencia en cuanto se omitió considerar el reclamo formulado en la demanda donde se reclamara que la demandada realizara una retractación pública sobre todo lo dicho en su comunicación dirigida a la FAICA con el objeto de que su buen nombre y honor fueran en alguna medida restablecidos (ver fs. 669, punto III).
En realidad, el juez a quo condenó a la demandada para que dentro del plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento remitiera copia de la sentencia a la FAICA bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 100 por cada día de demora.Se advierte de este modo que el magistrado no omitió tratar este punto de manera que la expresión de agravios en la cual se cita el art. 278 del Código Procesal resulta huérfana de contenido en tanto no se expresan las razones por las cuales la decisión del juez no satisface el reclamo efectuado en el escrito de inicio.
V. La demandada cuestiona que se haya impuesto la tasa activa desde el momento del hecho puesto que ello se aparta de lo decidido en el plenario Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" y solicita se aplique el 8 % anual por este concepto.
Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos "Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios" del 2-8-93 y "Alaniz Ramona Evelia y otro c/Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/daños y perjuicios" del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos antes mencionados "Samudio").
Ahora bien, la Sala considera que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el event o dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa:la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 nº 493; Casiello, "Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia]", en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, "La depreciación de la moneda y los intereses", en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V).
También, reiteradamente ha decidido que cuando se establecieron -como en el caso- los rubros indemnizatorios a valores de la fecha de la sentencia, es decir, actuales, debe aplicarse la tasa del 6% anual por el período comprendido entre la fecha del evento dañoso y el del referido pronunciamiento, haciéndolo con posterioridad la activa prevista en el plenario referido (ver causas 522.330 del 21-4-09 y 527.451 del 12-5-09; Vázquez Ferreyra, "La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil", en L.L. del 10-6-09, pág. 7).
Y, si bien aceptó en tales circunstancias esta tasa, como en la especie el único apelante pide que se establezca la del 8 % anual no cabe más que admitir el recurso con este alcance, puesto que de aplicarse el criterio de la Sala a que se hizo mención, se configuraría una reformatio in peius, que está fuera de las facultades del Tribunal, que conforme lo disponen los arts. 271, 277 y concs.del Código Procesal debe limitarse a examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a su decisión (ver voto del Dr. Dupuis en causa 525.696 del 30-4-09).
Por las razones expuestas propongo que se confirme la sentencia en lo principal que decide, se la modifique respecto a la indemnización que se reduce a la suma de $ 30.000 y respecto a la tasa de interés que deberá computarse en la forma indicada en los párrafos precedentes imponiéndose las costas de Alzada a la demandada vencida que ha cuestionado la responsabilidad que le ha sido atribuida (art. 68 del Código Procesal).
Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.
FERNANDO M. RACIMO.
MARIO P. CALATAYUD.
JUAN CARLOS G. DUPUIS.
Este Acuerdo obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014.-
Y VISTOS:
En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 584/594 se la modifica respecto a la indemnización que se reduce a la suma de $ 30.000 y en relación a la tasa de interés que deberá computarse en la forma indicada en los considerandos. Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal). Se difiere la adecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada. Notifíquese y devuélvase.

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