Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud






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3.3. Así las cosas y con fundamento en la normatividad y jurisprudencia reseñada le corresponde al juez constitucional armonizar la intervención del Estado, los particulares y la familia y en ese trámite deberá determinar la forma como los diferentes actores participarán en el proceso de rehabilitación de los menores enfermos. En consecuencia se deberán siempre buscar los medios para que la familia intervenga en el tratamiento de la enfermedad de un allegado.
3.4 El caso concreto.
Se trata en el caso sub judice, de setenta y seis (76) menores que padecen de labio leporino y paladar hendido que requieren de atención inmediata y prioritaria, toda vez que venían siendo atendidos por la EPS del Seguro Social como beneficiarios de sus madres, pero desde el momento en que la NUEVA EPS asumió la obligación de prestar el servicio de salud a los antiguos afiliados a la EPS del ISS, entre ellos los menores de la tutela de la referencia, les suprimieron abruptamente servicios médicos y tratamientos con especialistas que conformaban un grupo interdisciplinario, perjudicando con ello su atención en salud y la continuidad y calidad en los tratamientos que venían recibiendo.
En ese orden de ideas es importante precisar que por el solo hecho de tratarse de menores y niños que padecen una enfermedad como es labio leporino y paladar hendido, requieren de una protección reforzada de su derecho a la salud, de atención inmediata y prioritaria para así procurar su desarrollo integral.
Particularmente, como se indicó previamente, conforme con las normas pertinentes, le corresponde a LA NUEVA EPS la prestación de los servicios de salud a estos menores con labio leporino y paladar hendido. Es de advertir que cuando se trata de niños con discapacidad, la idoneidad de las instituciones médicas debe estar debidamente acreditada de manera que ofrezca al menor un tratamiento adecuado y con la mayor calidad para el manejo de su enfermedad. Esto significa que si en un determinado caso el médico tratante considera que el menor discapacitado requiere de un tratamiento especifico, y no existe una entidad vinculada  a la correspondiente EPS que lo proporcione de manera adecuada, la entidad está en la obligación de autorizar el correspondiente tratamiento a su cargo, incluso en instituciones que no se encuentren dentro de su red de prestadores.  
4. El derecho a la salud y la necesidad de un tratamiento integral. Continuidad en la prestación de los servicios de salud. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. El artículo 2º de la Ley 100 de 1993 definió el principio de integralidad como:
la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley”.
Así mismo, el sistema de seguridad social ha previsto una guía de atención integral, definida por el artículo 4° numeral 4 del Decreto 1938 de 1994 como:
el conjunto de actividades y procedimientos más indicados en el abordaje de la promoción y fomento de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad; en la que se definen los pasos mínimos a seguir y el orden secuencial de éstos, el nivel de complejidad y el personal de salud calificado que debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones de elegibilidad del paciente de acuerdo a variables de género, edad, condiciones de salud, expectativas laborales y de vida, como también de los resultados en términos de calidad y cantidad de vida ganada; y con la mejor utilización de los recursos y tecnologías a un costo financiable por el sistema de seguridad social y por los afiliados al mismo”.
El numeral 3° del artículo 153 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la protección integral, dispone:
El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.

4.2 De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación35 ha señalado que este principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, son integrales, lo que quiere decir que debe contener todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo lo que el médico considere necesario para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones dignas.
4.3 En cuanto hace a los menores que se encuentren en situación de discapacidad la jurisprudencia constitucional36 ha dispuesto, que requieren de una protección constitucional y una de las consecuencias de esta protección reforzada es el derecho de estos menores a recibir un tratamiento integral de rehabilitación.
La justificación de esta regla la señaló igualmente la sentencia T-518 de 2006, en la cual se precisó:
La salud de los niños se erige como un derecho fundamental, y que tratándose de menores con discapacidad el Estado se encuentra obligado a ofrecer un tratamiento integral encaminado a lograr la integración social del niño. En este sentido, debe ofrecerse al menor todos los medios que se encuentren al alcance con el fin de obtener su rehabilitación, teniendo en cuenta, además, que este proceso puede tener ingredientes médicos y educativos” 
La sentencia T-299 de 2003 precisó que el labio leporino y el paladar hendido son enfermedades congénitas que además de tratarse de una enfermedad física, interfiere especialmente en la alimentación como la lactancia, en la respiración porque los problemas respiratorios son delicados y se tornan frecuentes y en la fonación del niño porque la función del lenguaje también se ve seriamente afectada. Señaló también que este tipo de limitaciones entorpecen el desarrollo físico y psíquico de las personas que la padecen y si no son tratadas en forma oportuna, los procesos de desarrollo y socialización no se pueden cumplir adecuadamente, afectando con ello su calidad de vida.
De otra parte, en lo que hace referencia a la continuidad en la prestación de los servicios de salud ha dicho también la Corte en reiterada jurisprudencia37 que uno de los contenidos del derecho a la salud es la posibilidad de exigir un tratamiento médico continuo para las enfermedades que se padezcan, sin que pueda aceptarse su interrupción abruptamente alegando razones legales o administrativas cuando ésta ponga en peligro la vida, la salud, la integridad personal y la dignidad del paciente, tratándose aún más de menores enfermos.
La jurisprudencia de la Corte ha estudiado ampliamente el tema relacionado con el recobro al Fosyga y en especial la sentencia T-760 de 2008, señaló que “la regla general en la jurisprudencia constitucional es que cuando se ordena a una EPS la prestación de un servicio médico no incluido en el POS, se ordena a su vez el reconocimiento del derecho al recobro por el monto que legal y reglamentariamente no le corresponda asumir respecto del mismo. Los recursos del FOSYGA sólo pueden ser utilizados para pagar servicios médicos prestados por las EPS en aquellos casos en los cuales no existe ningún otro obligado asumir el costo.”
En las sentencias T-467 de 2004 y T-127 de 2007 dijo la Corte:
[…] es violatorio del derecho fundamental a la salud de un menor que una ESS, EPS o ARS le suspenda el suministro de un tratamiento médico que requiera, antes de que éste haya sido efectivamente asumido por otro prestador. Los servicios de salud que se deba continuar prestando pueden estar o no incluidos en los Planes Obligatorios (POS y POSS). Para la Corte, si tales servicios (i) se encuentran fuera del Plan, (ii) venían siendo prestados por la entidad accionada (ARS, EPS o empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor), y (iii) son necesarios para tratar o diagnosticar una patología grave que padece, entonces, será la entidad accionada (EPS, ARS,  o empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado) la encargada de continuar con su suministro, con cargo a recursos del Fosyga, hasta tanto otra entidad prestadora de servicios de salud asuma de manera efectiva la prestación de los servicios requeridos. Una vez suministrado el servicio médico excluido del Plan, la entidad respectiva tendrá derecho a repetir contra este fondo. De otro lado, considera la Corte que si los servicios requeridos (i) se encuentran dentro del Plan (POS o POSS), (ii) venían siendo prestados por la entidad accionada (EPS, ARS o por la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor) y (iii) fueron ordenados por su médico tratante, entonces, será la entidad accionada (EPS, ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor), la encargada de continuar con su suministro, con cargo a sus propios recursos”.
Ahora bien en lo que atañe a la dilación de los tratamientos médicos por razones administrativas o burocráticas esta Corporación ha manifestado38 que es obligación tanto de las entidades del Estado como de los particulares que participen en la prestación del servicio público de salud, garantizar en forma eficiente su continuidad. Adicionalmente, el adelantamiento de trámites administrativos para recibir atención médica, no es una responsabilidad de los pacientes, las entidades encargadas de prestar la atención en salud, deben coordinar eficazmente la gestión de dichos trámites pero con la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud.
De lo anteriormente expuesto se colige, que es deber de las EPS continuar con los tratamientos médicos que venían recibiendo los pacientes, suministrando además de lo básico para el tratamiento de una enfermedad todo lo necesario para la atención integral de un paciente y lograr así su mejoría y rehabilitación, más aun tratándose de menores por cuanto sus derechos son fundamentales y prevalentes. Por tal razón, merecen un tratamiento preferente y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos, ofreciéndoles todos los medios posibles para garantizar su desarrollo armónico e integral.
4.4. El caso concreto.
Cada uno de los niños y niñas de la tutela de la referencia que padecen de labio leporino, paladar hendido y malformaciones craneofaciales, venían siendo atendidos por la EPS del Seguro Social y recibiendo tratamiento coordinado por un grupo interdisciplinario de especialistas en diferentes áreas como cirugía plástica, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, fonoaudiología, otorrinoralingología, cirugía maxilofacial, psiquiatría infantil y psicología.

 

En efecto y de conformidad al material probatorio allegado en especial los conceptos médicos emitidos por los especialistas, se observa que es absolutamente indispensable, conformar ese grupo interdisciplinario con especialistas en las áreas arriba mencionadas y que cuenten con experiencia acreditada en el manejo de estas malformaciones para que se encarguen de continuar atendiendo como lo venía haciendo la EPS del ISS, o en mejores condiciones, a estos menores que sufren de labio leporino, paladar hendido y deformidades craneofaciales. La atención de estos menores no asse debe limitar solo a lo físico sino también a lo psicológico con el fin de lograr su normalización dentro de su entorno familiar y social y así dar una solución al grave problema que los afecta debido a la clase de malformaciones que padecen.
Por tal razón y acorde a lo decidido por los jueces de instancia, es deber de la NUEVA EPS autorizar el tratamiento de odontopediatría especializada que había sido suspendido y continuar con el tratamiento médico integral que venían recibiendo estos niños tal como lo venía haciendo la EPS del Seguro Social, prestándoles toda la atención médica que requieren para evitar poner en riesgo su salud su vida.
Ahora bien, a partir de las pruebas que fueron solicitadas en sede de revisión y que fueron efectivamente allegadas por parte de la NUEVA EPS, esta Sala encuentra que si bien inicialmente la entidad accionada estaba adelantando todas las gestiones administrativas para contratar con una IPS que se encargara de la atención de estos menores, ahora se puede constatar que efectivamente la entidad accionada está brindando la atención médica a los menores objeto de esta tutela a través de FISUNION que es la unión temporal entre la IPS FISULAB y el Hospital San José e igualmente ha conformado el grupo interdisciplinario en las áreas de cirugía plástica, otorrinoralingología, fonoaudiología, psicología y odontología pediátrica por lo que también ya se ha realizado una valoración inicial de los menores en dichas áreas.
No obstante lo anterior se puede observar que dentro del listado que envía la NUEVA EPS en relación con la valoración inicial realizada, no aparecen incluidos los siguientes menores: EDISON DAVID MANRIQUE, ANGELICA DAYANA REYES CARDONA, MICHAEL ALEXANDER LICINO ALVAREZ, YESENIA ORTIZ GOMEZ, PAULA ANDREA VANEGAS ANEAR, CRISTIAN CAMILO PARRA PATIÑO, JUAN DAVID GONZALEZ MONTOYA, GERALDINE VANESSA CASTILLO, CRISTIAN CAMILO OLAYA COPETE, MARTIN STIVEN PINZON RUIZ, JULIO CESAR HENAO ARENAS. Por tal razón se ordenará a la NUEVA EPS para que en caso de que aún no haya realizado la valoración inicial a estos once menores, lo haga dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia e inicie también la atención integral por parte del grupo interdisciplinario de especialistas.
Igualmente la NUEVA EPS podrá repetir contra el FOSYGA por el monto que legal y reglamentariamente no le corresponda asumir.
5. Orientación y apoyo a las madres y al grupo familiar de menores con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.
5.1. Es preciso recordar que el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 46 dispone:
Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud
[…]”

12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención”. (Subrayas fuera de texto).
Igualmente la Ley 361 de 1997 en su artículo 35, incluyó dentro de la “atención social” que debe prestarse a estas personas “las labores de información y orientación familiar” que sean necesarias, y precisó que “los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral”.
Por otra parte, la Ley 1098 de 2006 reúne en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia las acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
5.2. En el ámbito internacional, son múltiples los instrumentos en los que se ha plasmado la voluntad expresa de la comunidad de naciones de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Para el caso se pueden citar:
La Convención sobre los Derechos del Niño39 dispuso en su Artículo 2-1 el respeto de los derechos enunciados en la Convención y su aplicación a los niños sin distinción alguna.
En el artículo 23, establece diversos derechos para los niños impedidos40.
Las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad41, establecen la obligación del Estado de brindar programas de rehabilitación para quienes lo requieran, incluyendo en sus programas “el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias”
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