Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud






descargar 135.89 Kb.
títuloDerecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud
página2/5
fecha de publicación02.10.2015
tamaño135.89 Kb.
tipoDocumentos
m.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5

3.2. Impugnación.
El fallo en mención fue impugnado parcialmente por el accionante en virtud de que el fallo del A-quo dejó de lado algunos puntos importantes que eran necesarios analizar en la sentencia para que efectivamente se protegiera de manera integral los derechos fundamentales invocados a favor de los menores.
Argumentó que se dejó de lado la pretensión del tratamiento integral que implica necesariamente la conformación de un grupo interdisciplinario de profesionales especializados en la materia que actúen coordinadamente en el tratamiento de cada uno de los menores.
Que tampoco se tuvo en cuenta la pretensión de ofrecer a las madres y familiares programas de promoción de salud en los temas relacionados con labio leporino y paladar hendido.
Manifestó finalmente que se omitió la pretensión de libre escogencia de las IPS para el servicio integral de los menores.
Por todo lo anterior, solicitó en su escrito que se confirme la decisión de proteger los derechos del los menores y que adicionalmente se estudie de fondo las precitadas consideraciones y se concedan o amparen todos los derechos invocados y se acceda a las demás pretensiones que no fueron objeto de pronunciamiento por parte del A-quo.
3.3. Fallo de Segunda Instancia.
El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 8 de julio de 2009, resolvió adicionar el fallo de primera instancia ordenando a la NUEVA EPS que dentro de un término de 48 horas constituya un grupo interdisciplinario que se compondrá de personal médico en igual o mejores condiciones al que venían tratando a los menores como quiera que hace parte del tratamiento integral de los precitados menores y niños.
El Ad-quem consideró que la EPS fuera de suministrar lo básico para el tratamiento de una enfermedad, debe brindar al paciente todo lo necesario a efectos de que el tratamiento sea integral y lograr en primer lugar la mejoría del paciente y en segundo lugar dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales.
Consideró también que en cuanto hace a la libre escogencia de la IPS, esta se limita a la posibilidad que tiene toda persona de escogerla, atendiendo a las necesidades y expectativas que pretende satisfacer. Que la Resolución 5621 de 1994 en su artículo 1° establece la responsabilidad que tienen las EPS de prestar los servicios de salud en las IPS con las que establece convenios y solo en casos específicos se podrá acudir a otra IPS como son: i) que se necesite una atención de urgencias; ii) que haya una autorización expresa de la EPS y iii) cuando se encuentre demostrada la incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la EPS para suministrar un servicio a través de su EPS. Que de acuerdo a lo anterior, se puede lograr el cambio de IPS solo en la medida que no garantice la prestación integral del servicio de salud, pero que se debe demostrar que la IPS que está adelantando el tratamiento no lo está haciendo de manera integral.
Manifestó que en el presente caso, no le asiste razón al Defensor del Pueblo en el sentido de facultar libremente a las personas la escogencia de la IPS por cuanto no se encuentra demostrado en el expediente que estas no están atendiendo a los menores dentro de los estándares señalados para una adecuada atención y que no existe prescripción médica que permita determinar que IPS o institución médica se encuentra en condiciones para prestar el servicio.
3.4. Actuaciones Surtidas en Sede de Revisión y Pruebas Solicitadas.
1. El Defensor del Pueblo Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, haciendo uso de la potestad que le otorga el ordenamiento jurídico, solicitó mediante oficio del 23 de octubre de 200912 insistencia del caso, por considerar i) que se puede aclarar la existencia del derecho a la salud en conexidad con la vida, seguridad social y derechos de los niños, con el fin de que se les garantice un tratamiento integral a los menores con labio leporino y paladar hendido; ii) que no existió pronunciamiento alguno relacionado con la pretensión sobre orientación y apoyo a las madres y el grupo familiar de los menores que padecen labio leporino y paladar hendido y iii) la posibilidad de conceder efectos inter comunis en el caso sub lite.
2. En escrito recibido en la Secretaría de esta Corporación el 3 de febrero de 201013, el Defensor del Pueblo informa a esta Corporación lo siguiente:
-Que hasta la fecha no se ha logrado el cumplimiento efectivo por parte de la NUEVA EPS, de los fallos que ampararon los derechos de los menores que hacen parte de la acción de tutela de la referencia.
-Que en virtud del incumplimiento de los fallos por parte de la NUEVA EPS, interpusieron derecho de petición ante la entidad el 30 de julio de 200914, con el fin de que informaran respecto al cumplimiento de los citados fallos.
-La entidad accionada respondió la petición15, indicando que se estaban adelantando todos los trámites administrativos para realizar la contratación requerida, sin que se tenga noticia de los antecedentes de dicha contratación, con el agravante de que los menores no han sido atendidos según información brindada por un gran numero de madres de los niños.
- Como consecuencia de lo anterior, la Defensoría del Pueblo presentó el 31 de agosto de 200916 incidente de desacato por el incumplimiento de los fallos de tutela.
-El Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 20 de noviembre de 200917, resolvió “declarar impróspero” el incidente de desacato, teniendo en cuenta que la NUEVA EPS está dando cumplimiento a lo ordenado en los fallos de tutela.
3- En la respuesta que envió la NUEVA EPS tanto al Defensor del Pueblo, como al juzgado de primera instancia18, manifestó la entidad accionada que desde el momento de la notificación del fallo de tutela comenzó los trámites administrativos para efectuar la contratación del grupo interdisciplinario para el manejo integral de los menores de la tutela de la referencia. Sin embargo manifiesta que la contratación ha resultado un poco demorada porque se requiere llenar una serie de requisitos que exige la Circular Única de la Superintendencia de Salud. Que después de verificar la afiliación de cada uno de los menores protegidos con el fallo, se encontró que 6 de ellos estaban afiliados a otras EPS por lo que en esos casos no estarían obligados a cubrirles los servicios de salud, ya que lo deberán hacer sus respectivas EPS según lo dispone el Decreto 055 de 2007, que son ellas quienes deben cumplir los fallos de tutela.
Adujo la entidad que según las actas del Comité de tutelas se demuestra que el manejo de esta tutela es objeto de seguimiento y que hasta el momento ha dado cumplimiento al fallo de la referencia realizando todos los trámites necesarios, situación que no ha sido fácil por los requisitos que se deben cumplir y por las restricciones del sistema, ajenos a la EPS.
Advirtió finalmente que se solicitó una valoración inicial de los menores beneficiarios de esta tutela para iniciarles un manejo clínico de su patología a cada uno de ellos, toda vez que su evolución ha sido individual e independiente.
4- Por Auto del 18 de febrero de 2010, el Magistrado Sustanciador ordenó a la NUEVA EPS informar detalladamente a esta Corporación y con documentos que soporten la respuesta (i) cual ha sido la valoración médica realizada a cada uno de los pacientes de la tutela de la referencia que padecen de labio leporino, paladar hendido y malformaciones craneofaciales; (ii) si se conformó el grupo interdisciplinario de médicos especialistas para la atención integral de los menores, especificar qué especialidades tiene cada uno de ellos y si los niños ya están siendo atendidos; iii) cuales son los servicios que se están prestando por parte de la IPS Fisulab y el Hospital San José y a qué menores les ha prestado servicios.
Así mismo ordenó que enviara a esta Corporación fotocopia de las actas del Comité de Tutelas en las cuales se demuestra que el manejo de esta acción es objeto de seguimiento y ha sido tratada en el Comité de la Regional.

El 2 de Marzo del presente año, la Sala recibió por parte de la NUEVA EPS respuesta a las órdenes dadas por esta Corporación. En dicha respuesta adjuntaron la relación de todos los pacientes con labio leporino, paladar hendido y malformaciones craneofaciales que han sido amparados por fallos de tutela19 y que actualmente vienen siendo valorados por FISUNION unión temporal entre la IPS FISULAB y el Hospital San José en las especialidades de cirugía plástica, otorrinoralingología, fonoaudiología, psicología y odontología pediátrica. Igualmente adjuntan el listado de servicios y tarifas contratadas con FISUNION20.

De igual manera aducen en su escrito que el área médica les informó que ya se conformó el grupo interdisciplinario de médicos especialistas para la atención integral de los menores en las especialidades precitadas21.

Adjuntaron también en su escrito fotocopias de las actas del Comité de Tutelas en la que se demuestra que la acción de la referencia ha sido objeto de seguimiento y ha sido tratada en el Comité de la Regional22.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 5 de noviembre de 2009 de la Sala de Selección de Tutela Número Once de la Corte Constitucional.
2. Cuestión de constitucionalidad.
2.1. La Sala de Revisión determinará, si se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la seguridad social y la atención integral de los menores con labio leporino, paladar hendido y malformaciones craneofaciales, con la conducta de la NUEVA EPS de suspender abruptamente los procedimientos médicos especializados y los tratamientos interdisciplinarios que venían recibiendo estos pacientes desde cuando estaban afiliados a la EPS del Instituto del Seguro Social, dado que el Estado está en el deber de apoyar de manera especial a los niños con cualquier tipo de discapacidad ya sea física, mental o psicológica y de hacer prevalecer sus derechos, lo cual conlleva la obligación de instruir y acompañar a los padres en el cumplimiento de su deber de responder por sus hijos. 
2.2. Con el fin de abordar el problema jurídico la Sala de Revisión se referirá a: i) el derecho a la salud de los niños como fundamental, autónomo y prevalente; ii) el derecho a la salud y la necesidad de un tratamiento integral y la continuidad en el servicio de salud; iii) orientación y apoyo a las madres y al grupo familiar de menores con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad; para luego determinar si es aplicable o no al caso concreto.
3. El derecho a la salud de los niños como fundamental, autónomo y prevalente. Reiteración de jurisprudencia.
3.1 El artículo 44 de la Carta consagra los derechos fundamentales de los niños, entre ellos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y el derecho a recibir cuidado y amor. Dispone que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. También señala que gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
En el mencionado artículo se dispone también que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Igualmente señala queLos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
La Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 19 establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
El Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 8º, señala también lo que se entiende por “interés superior del niño, niña y adolescente” y en el 9º la “prevalencia de los derechos del niño, niña y adolescente”. A su vez el artículo 27 desarrolla “el derecho a la salud”, haciendo un análisis especial sobre la salud integral; en el 36 se habla sobre “los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad” y finalmente en el 46 se precisan las “obligaciones especiales del sistema de Seguridad Social en Salud” para los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.
3.2 Así las cosas, y como ha sido reiterada en jurisprudencia de esta Corporación23, se puede apreciar que los derechos a la salud y a la seguridad social de los niños son de naturaleza fundamental y autónoma y tienen un carácter prevalente por expresa disposición del artículo 44 superior, lo que quiere decir que tratándose de menores no es necesario demostrar su conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente requieren de protección inmediata y prioritaria por parte del juez constitucional cuando se encuentren amenazados o vulnerados. Ha dicho la Corte:
El derecho a la salud ha sido catalogado como derecho fundamental autónomo frente a menores de edad. La Constitución Política establece cláusulas de especial protección constitucional. Frente a ellos, la protección del derecho a la salud es reforzada debido al grado de vulnerabilidad e indefensión que, en ocasiones, deben afrontar24.”
“La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos de los niños a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, entre otros, son fundamentales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política. En efecto, la condición de fundamentales de esos derechos es independiente y autónoma, y, en consecuencia, no es necesario establecerles conexidad con otros derechos de esa categoría para su reconocimiento, como sucede cuando se trata de otro tipo de personas. Por lo mismo, se entienden prevalentes sobre los derechos de los demás y, cuando se encuentren amenazados o vulnerados, su protección debe ser inmediata por parte del juez constitucional25.”
La Corporación lo ha dicho de la siguiente manera:
Tan clara es la voluntad del Constituyente de proteger de manera especial al niño, que sus derechos a su salud y a la seguridad social fueron reconocidos como fundamentales, tratamiento que no recibieron estos mismos derechos frente a las demás personas, pues con respecto a éstas su protección por la vía de la tutela sólo es posible en la medida en que su desconocimiento pueda afectar por conexidad un derecho fundamental o un principio o valor constitucional”26.
La jurisprudencia también ha señalado que los servicios de salud que requieran los niños, son justiciables, incluso en asuntos en los que se trate de servicios que se encuentren por fuera de los planes obligatorios de salud (POS y POS-S).27
En cuanto a que le corresponde a la familia, el Estado y la sociedad concurrir a la protección de los menores, la jurisprudencia ha dicho:
El mandato de protección a los menores no es tan solo una garantía objetiva sino la expresión de un derecho subjetivo fundamental a recibir protección. Este derecho a la protección es correlativo al deber del Estado de adoptar normas jurídicas que protejan al menor, habida cuenta de su vulnerabilidad, de sus condiciones reales de vida a medida que evoluciona la sociedad y su entor­no inmediato, y de su exposición a soportar las consecuencias de las decisio­nes que adopten los mayores sin considerar el interés superior del menor.”28
Existen también innumerables instrumentos internacionales dentro de los cuales puede mencionarse: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 12 de 1991,29 cuyo artículo 11 prescribe que la niñez tiene “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud 30(negrillas fuera de texto) y la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas31 que define cuatro elementos esenciales del derecho a la salud -disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad32.
La sentencia T-003 de 2005, consideró:
La Corte ha fijado la siguiente regla que habrá de reiterarse en el presente asunto: “la asistencia que se predica de la familia respecto de sus miembros enfermos, debe ser establecida de cara a la naturaleza de la enfermedad que se enfrenta y teniendo en cuenta los recursos económicos y logísticos de que se disponga. De este modo, ya sea que se trate de un paciente hospitalizado o de alguien que puede permanecer en su hogar, han de buscarse los medios adecuados para que, junto con la terapia médica convencional, los familiares puedan contribuir al proceso de alivio. Será entonces necesaria la coordinación de esfuerzos para que los particulares cuenten con la asesoría e información necesarias que permitan contribuir eficazmente a la mejora o estabilidad del enfermo.”33
La sentencia SU-225 de 199834 realizó un análisis sobre la protección especial de los derechos de los niños en especial en lo que hace a la salud, estableciendo que el artículo 44 Superior dispuso:
que los derechos allí consagrados son derechos fundamentales, vale decir, verdaderos poderes en cabeza de los menores, que pueden ser gestionados en su defensa por cualquier persona, contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares. Se trata entonces de derechos que tienen un contenido esencial de aplicación inmediata que limita la discrecionalidad de los órganos políticos y que cuenta con un mecanismo judicial reforzado para su protección: la acción de tutela. La razón que justifica la aplicación preferente del principio democrático a la hora de adscribir derechos prestacionales, resulta impertinente en tratándose de derechos fundamentales de los menores”.
Las sentencia T-179 de 2000, dispuso:
La atención a un niño discapacitado, por consiguiente, incluye la atención casera de los padres, hacia la permanente colaboración en el tratamiento de la enfermedad de sus hijos. Pero no siempre a eso se puede reducir la atención. Si el niño es beneficiario del sistema de seguridad social, la ciencia médica debe acudir para dar una mejor condición de vida, así la enfermedad no pueda derrotarse. Y todos ellos: familia, Estado y sociedad deben otorgar lo que más puedan a favor del niño discapacitado.

 

Por consiguiente, a los niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia. De todas maneras son seres humanos que tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida. Y una manera para neutralizar la impotencia frente a las circunstancias es facilitar cuestiones elementales como por ejemplo crear en ese ser humano comportamientos efectivos de dignidad y autodefensa (aprender a vestirse, a cuidarse, a caminar, a reconocer a los padres y su entorno).”
1   2   3   4   5

similar:

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconDerecho a la salud y principio de continuidad en la prestacion del servicio

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconEl derecho a la salud de los niños y las niñas en el contexto de...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconDerecho a la salud derecho fundamental / derecho a la salud – Servicio...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconProtocolo de salud visual en el marco de salud integral para los...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconProtocolo de salud visual en el marco de salud integral para los...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconDecreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas,...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconDerecho a la continuidad en el servicio de salud

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconTecnologías de la salud, los servicios y la recreacióN: estética y salud corporal

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconGuia de manejo de heridas y curaciones prestacion de servicios de...

Derecho a la salud de los niños y la necesidad de un tratamiento integral/principio de continuidad en la prestacion de los servicios de salud iconCelebrar el presente contrato para la Prestación de Servicios de...






© 2015
contactos
m.exam-10.com