Luis eduardo franceschi gutiérrez






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Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

En el proceso por cobro de diferencia de acreencias laborales, instaurado por el ciudadano RICARDO JAVIER CABRERA LÓPEZ, representado judicialmente por los abogados Marcos Vilera, Rita Morales, Pedro Alonso Montoya Medina, Nelson Sinencio Mata Aguilera, Ramón Antonio Bonyorni Mijares, José Gregorio Veliz Lugo, Julio Beltrán Milano, Ángel Eduardo Delgadillo Simonovis, Zamir Johad Marquina Araujo, Brismay González, Alberto Hernández, César Freites y José Henríquez, contra la sociedad mercantil WEATHERFORD LATIN AMERICA, S.A., representada en juicio por los abogados Rafael Ramírez, Giovanna Baglieri, María Rebeca Zuleta, Johana García, Andreina Orfanelli, Isola Silano, Remczy Márquez, Alejandra Rodríguez, Diana Berrio, Eliannys Prieto, José Luis Rosas, Jenell Coronel, Kellice Medina, Yesenia Oliveros, Sonia Fernández, Rosa Maribel Aguilera, Olimpia Dinora Barrios, Julio Cesar Méndez, Francisco Della Morte, Jonathan Figueira, Diana Patricia Berrio, José Miguel Alcalá, José Orsini La Paz, Ana Cecilia Silva Estaba, Rafael Domínguez Padrón, Carlos Eduardo Martínez Orta, Mercedes Ruiz, Sulima Beylone, Miguel Molano, José Orsini Jiménez, Alexander Urdaneta, Juan Carlos Pró-Rísquez, Esther Cecilia Blondet Serfaty, Yanet Cristina Aguilar Da Silva, Eirys del Valle Mata Marcano, Reinaldo Guilarte Lamuño y Norah Chafardet Grimaldi; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante decisión de fecha 18 de febrero de 2013, declaró sin lugar tanto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, como el interpuesto por la parte demandada; en consecuencia, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, el 22 de noviembre de 2012, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la decisión de alzada, ambas partes anunciaron recurso de casación, los cuales fueron admitidos el 28 de febrero de 2013.

 

Constan en autos escritos de formalización presentados oportunamente por las partes. Hubo impugnación recíproca.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, el 22 de abril de 2013 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el actual fallo.

 

Mediante auto de fecha 12 de mayo del año 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se fijó la audiencia pública y contradictoria para el día martes tres (3) de junio de 2014, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

 

Celebrada ésta en la fecha indicada, y emitida la decisión en forma oral e inmediata, conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducirla en los siguientes términos:

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

 

-I-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción en la que incurre la recurrida por falta de aplicación del artículo 82 eiusdem y del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

 

Pretendió el recurrente probar el tiempo extraordinario laborado con la solicitud de exhibición del horario de trabajo y el libro de horas extras, invocando el subsiguiente incumplimiento por parte de la demandada de la referida exhibición, no obstante, ambos tribunales consideraron que no existía evidencia en actas de las aludidas horas extras laboradas, y en consecuencia, correspondía a la demandante la carga probatoria de tales circunstancias.

 

Con tal argumento procura delatar la infracción que –según acusa– cometieron tanto el a quo como el ad quem al omitir la aplicación de la consecuencia prevista en la ley adjetiva laboral e incluso la supletoria, del incumplimiento por parte de la demandada de exhibir los instrumentos requeridos.

 

Así las cosas, se alega el vicio por falta de aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del artículo 436 Código de Procedimiento Civil, cometido por la juzgadora de alzada al no otorgar la consecuencia jurídica establecida en las referidas normas, obviando el hecho de la no exhibición por parte de la demandada del horario de trabajo y del libro de horas extras, pese haber cumplido con los extremos legales en su promoción, al indicarse los datos que éstos contenían.

 

Señala que el vicio en el que incurre la juzgadora de alzada resulta determinante en el dispositivo del fallo, al negarse al demandante el pago de las horas en exceso trabajadas.

 

Para constatar lo denunciado, esta Sala considera oportuno, hacer mención de los argumentos sostenidos por la juzgadora de alzada, respecto a la procedencia o no de las pretendidas horas extras, sobre lo cual estableció:

 

(…) no así quedó evidenciado el trabajo en tiempo extraordinario que pretende el actor, efectivamente el trabajador reclamante aspira la condenatoria de este concepto por la falta de exhibición por parte de la empresa, del libro de horas extras; pero, el Tribunal de Instancia consideró que tal circunstancia debía probarse y así lo considera esta alzada, en primer lugar por tratarse de una pretensión en exceso de las legales y ha dicho la Sala de Casación Social del máximo Tribunal que tales pretensiones en exceso de las legales deben ser demostradas en autos por la parte que aspira su pago; en segundo lugar, porque de la revisión de los recibos de pago que corren insertos en los autos, se advierte que hay un reglón correspondiente al pago de horas extraordinarias y de ellos se evidencia que el actor no generaba estas horas de manera regular y permanente; (…) y por último, porque en el contrato de trabajo que suscribieron las partes que corre inserto a los folios 68 al 73, específicamente en la cláusula décima primera referente a la jornada de trabajo, se establece que es la correspondiente a un empleado de confianza según lo establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, por tanto, no queda duda que a esa norma es que debe atenderse para establecer la jornada del actor, por estas razones, la alzada al verificar las pretensiones libelares y las operaciones aritméticas hechas por el Tribunal de Instancia en su sentencia, llega a la conclusión que las mismas se encuentran conformes a derecho (…) y así se establece.

 

Pues bien, del extracto de la recurrida se desprende axiomáticamente que el fundamento utilizado para negar las pretendidas horas extraordinarias laboradas se circunscribe a determinar, como en efecto se hizo, la naturaleza de trabajador de confianza ostentado por el demandante, con lo cual, de conformidad con el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable al caso ratione temporis, la jornada comprendía un máximo de 11 horas de trabajo permitidas, y, al no demostrarse en autos, labores por encima de éstas –carga probatoria que atañía al trabajador por tratarse de excedentes legales–, se fallaron acertadamente improcedentes.

 

Aunado a ello, la juzgadora de alzada del cúmulo probatorio corroboró, que las horas extraordinarias laboradas efectivamente por el trabajador fueron debidamente enteradas a su patrimonio, y por otro lado, determinó que éstas no se generaban de forma regular y permanente.

 

Tales circunstancias, a juicio de esta Sala, desvirtúan los argumentos bajos los cuales pretendió desarrollar la denuncia quien impugna. En consecuencia, no se materializa el vicio aludido de falta da aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y consecuentemente del artículo 436 Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

-II-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del numeral 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por cuanto la recurrida adolece de incongruencia negativa, pues omite el debido pronunciamiento respecto a uno de los alegatos fundamentales pretendido por la demandante.

 

Específicamente, se refiere al reclamo por concepto de las jornadas ordinarias laboradas en días inhábiles por el trabajador, que asciende a la cantidad de   Bs. 15.476,25; no obstante, la juzgadora de alzada omite pronunciamiento en este asunto, absteniéndose de decidir conforme a todas las pretensiones objeto del actual procedimiento. Afirma, que tal incongruencia negativa, es determinante en el dispositivo de la sentencia.

 

Para decidir, se observa:

 

Advierte el impugnante al formalizar su denuncia, por una parte, la infracción por falta de aplicación de una norma procedimental civil, y por otra, el vicio de incongruencia negativa al no pronunciarse respecto a todas las pretensiones, en concreto, las jornadas ordinarias laboradas en días inhábiles por el trabajador.

 

Ahora bien, la sentencia de alzada, respecto a los días de descanso y compensatorios, con fundamento en el recurso de apelación ejercido, precisó lo que a continuación se transcribe:

 

(…) lo cierto es que, en el presente caso de la revisión de las actas procesales se observa que, logró evidenciarse el trabajo realizado por el actor en días de descanso y el Tribunal de Instancia arribó a una condenatoria por días compensatorios al realizar un cómputo de los días que efectivamente laboró el actor (…).

 

En este orden, la condenatoria que realizó el a quo fue corroborada y validada por el ad quem, y ésta se plasmó en los siguientes términos:

 

Con relación a los días de descanso y compensatorios reclamados, estos últimos son generados como consecuencia de laborar los primeros a tenor de lo establecido en los artículos 217 y 218 respectivamente; pero también son conceptos que escapan de la cotidianidad en la prestación de servicio, por lo que deben igualmente ser objeto de prueba, en ese sentido, de la revisión de la documental denominada horario de trabajo que quedó reconocido por ambas partes, la jornada del ciudadano Ricardo Cabrera era de lunes a viernes, siendo sus días de descanso sábados y domingos, pero también observa este tribunal que el “bono de campo” fue pactado en la cláusula séptima como compensación salarial y ser cancelado por día laborado en el campo petrolero, por lo que si el pago de esa bonificación excede los días hábiles de cada mes, es lógico concluir que el actor laboró en sus días de descanso (sábados y domingos), por lo que bajo esta premisa este tribunal calculará tales descansos considerando los días hábiles del mes anterior desde el momento en que se comenzaron a cancelar los aludidos bonos campales, que incluirá los días compensatorios que correspondan que se reflejarán en el mes siguiente, y así se declara.

 

Se desprende en consecuencia, que la jurisdicente determinó que los días de descanso, se corresponden con los sábados y domingos –de conformidad con el horario de trabajo acordado, consignado a los autos y reconocido por ambas partes– y cuáles días compensatorios (feriados) fueron laborados efectivamente; en consecuencia, condenó de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica del Trabajo, el pago de los días de descanso y compensatorios ciertamente laborados por el trabajador.

 

En este sentido, de las consideraciones realizadas y de la revisión del libelo de demanda, las actas del expediente y la sentencia, se percata esta Sala que no se evidencia omisión de algún punto contenido en el petitorio de la demandante, por lo tanto, no incurre la sentencia recurrida en el vicio que se le imputa. Así se establece.

 

-III-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción por falta de aplicación del literal “c” parte in fine del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al omitir la recurrida la capitalización de los intereses causados por concepto de la prestación de antigüedad.

 

Apunta quien impugna, que la decisión de primera instancia, confirmada en todas y cada una de sus partes por el juzgado superior, realiza un cálculo algorítmico que corresponde a los intereses sobre la prestación de antigüedad, resumidos en un cuadro del cual se evidencia la falta de aritmética referida a la capitalización de éstos, lo que sin duda provoca una suma inferior a la debida al demandante, pues –afirma– tratándose de sumas no reconocidas por la demandada durante la vigencia de la relación éstas deben ser capitalizadas.

 

Considera que el vicio resulta determinante en el dispositivo del fallo, toda vez que se condena un monto inferior al devengado efectivamente por el demandante.

 

Ahora bien, en el caso de autos, se estableció en primer lugar el cálculo logarítmico pertinente a los efectos de determinar el quantum correspondiente a la prestación de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable al caso ratione temporis, cuyo monto acumulado correspondió a la cantidad de –Bs. 31.733,89–, de seguidas realizó el cálculo aritmético de los intereses que ésta causó mes a mes durante la relación laboral, el cual arrojó la suma de –Bs. 5.261,30–; y, finalmente ordena la cancelación de los intereses moratorios e indexación de dichas cantidades a ser calculadas mediante una experticia complementaria del fallo, según lo dispone el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; intereses calculados según las tasas fijadas en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la ejecución definitiva del fallo; indexación ajustada a los índices nacionales de precios al consumidor por el tiempo transcurrido en conformidad con la Resolución número 08-04-01 del Banco Central de Venezuela y Providencia Administrativa número 8 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo a través del Instituto Nacional de Estadísticas publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, excluyéndose de dichos lapsos los períodos en los cuales la causa estuvo suspendida por acuerdo de las partes, caso fortuito, fuerza mayor y receso judicial. Asimismo, se estableció en caso que la demandada no cumpliere voluntariamente se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En conclusión, observa esta Sala que la recurrida actuó apegada a derecho respecto a las consideraciones de los razonamientos, cálculos y algoritmos aplicados para la condenatoria de la prestación de antigüedad, sus intereses y los intereses moratorios e indexación, determinados de conformidad con la ley sustantiva del trabajo y jurisprudencia vigente establecida por la Sala de Casación Social.

 

Por lo tanto, se desestima la presente denuncia por falta de aplicación del literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece.

 

-IV-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 177 eiusdem, toda vez que, la sentencia de primera instancia, confirmada en todas y cada una de sus partes por la recurrida, se apartó de la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Social respecto de la indexación de la prestación de antigüedad.

 

Señala quien recurre que, el a quo estableció el cálculo para la indexación a partir de “la notificación de la demandada (12-07-2010) hasta el efectivo pago de los montos condenados”, ajustándolo con los índices nacionales de precios al consumidor por el tiempo transcurrido, conforme lo dispone la Resolución 08-04-01 del Banco Central de Venezuela.

 

En este sentido, a su juicio, se evidencia que el Juzgado ordenó el pago de la indexación de todos los montos condenados desde la notificación de la demandada, sin hacer distinción alguna, desaplicando con ello, la doctrina de la Sala de Casación Social sentada en sentencia N° 1.841 del 11 de noviembre de 2008.

 

Arguye, que debió el jurisdicente condenar el pago indexatorio discriminadamente, de la siguiente manera: “con relación a la prestación de antigüedad desde la fecha de terminación de la relación laboral y del resto de los conceptos desde la fecha de la notificación de la demandada, en ambos casos hasta el efectivo pago”. Por lo tanto, la recurrida adolece de un vicio que resulta determinante en el dispositivo, al calcularse una suma inferior a la que correspondía.

 

Se observa, en primer lugar, a efectos del análisis de la delación bajo estudio, que es pertinente recordar decisión proferida por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal en sentencia N° 1.380 de fecha 29 de octubre de 2009, en la cual se determinó que el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es contrario a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna al pretender obligar o vincular a los jueces de instancia al seguimiento de la doctrina de casación, toda vez que, las únicas decisiones que tienen tal carácter vinculante corresponden precisamente a las dictadas por esa Sala, en interpretación de normas y principios contenidos en la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica y del principio de confianza legítima.

 

Es así como, en uso de la potestad que le confiere el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional desaplicó por control difuso el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

No obstante lo antes expresado, frente a los señalamientos de quien recurre, con ocasión a la procedencia del pago de la indexación judicial desde la notificación de la demandada de todos los conceptos condenados –sin distinción de la prestación de antigüedad del resto–, observa esta Sala, que la juzgadora de alzada precisa en su sentencia, la condenatoria de la corrección monetaria conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, concretamente en la sentencia número 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008, caso José Surita contra Maldifassi & CIA, C.A. en los siguientes términos:

 

Finalmente, con relación a la corrección monetaria este Tribunal Superior observa que la sentencia de Instancia condenó dicho concepto conforme a la sentencia número 1.841, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, caso José Surita contra Maldifassi & CIA, C.A., pues ordenó la corrección monetaria de las cantidades condenadas a pagar y señaló que en caso de incumplimiento por parte de la demandada, se aplicara lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Ahora bien, con este señalamiento hecho por el ad quem, a criterio de esta Sala, el juzgador en fase de ejecución que corresponda podrá perfectamente aclarar cualquier duda que pudiera tener el experto contable, sin que ello implique necesariamente, una modificación de la sentencia de alzada.

 

En consecuencia, debe desestimarse la presente delación. Así se decide.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

 
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