Luis eduardo franceschi gutiérrez






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http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/161995-0291-13314-2014-10-703.HTML










Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

En el juicio que por cobro de acreencias laborales, indemnización por accidente de trabajo y daño moral sigue el ciudadano JORGE PASTOR LANDAETA MORA, representado judicialmente por la abogada Negdy Unda Mosquera, contra las sociedades mercantiles INVERSIONES GPT, C.A. y SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A., (SIDETUR), representadas judicialmente, la primera, por los abogados Roger Rodríguez y Diana Pereira, y la segunda, por los profesionales del derecho María Alejandra Blanco Peña, Juan Carlos Blanco Peña, Oskar Medina Jiménez, Hender Montiel Martínez, Simón Alberto Bravo Vásquez, Ranier González Montilla y Solsiré Dayana Mendoza; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante sentencia de fecha 23 de abril de 2010, declaró sin lugar los recursos de apelación ejercidos por las codemandadas y sin lugar el interpuesto por el actor, confirmando la decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, la cual, en fecha 8 de febrero de 2010, declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la decisión de alzada, tanto la parte demandante como las codemandadas anunciaron recurso de casación en fechas 28 y 29 de abril de 2010, siendo admitidas dichas actividades recursivas por el ad quem el día 3 de mayo de ese mismo año.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, el 20 de mayo de 2010 se le dio cuenta en Sala, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe la actual decisión.

 

El 4 de junio de 2010 fue presentado por ante la Secretaría de la Sala de Casación Social escrito contentivo de la formalización del recurso de casación anunciado por la representación judicial de la codemandada SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A., (SIDETUR), al cual dio contestación la parte accionante, en fecha 10 de junio de 2010.

 

Tanto el recurso propuesto por el demandante, como el relativo a la codemandada INVERSIONES GPT, C.A., fueron declarados perecidos por esta Sala en sentencias Nros. 71 y 72, ambas publicadas el día 3 de febrero de 2011.

 

Como consecuencia de la expropiación por causa de utilidad pública de la que fue objeto la codemandada SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A., (SIDETUR), publicada en Gaceta Oficial N° 39.544 de fecha 3 de noviembre de 2010; el 18 de mayo de 2011 se notificó a la Procuraduría General de la República de la presente causa, mediante el oficio N° 1.459 de esta Sala de Casación Social, dejándose constancia de ello en el expediente.

 

En fecha 14 de enero de 2013, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados Suplentes Dr. Octavio Sisco Ricciardi y las Dras. Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, quienes fueron convocados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de sus atribuciones, a los fines de cubrir la falta absoluta que se produjo en virtud de la culminación del período constitucional de doce (12) años de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1.701 de fecha 6 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal.

 

Por auto de la Sala fechado 18 de noviembre de 2013, se fijó la realización de la audiencia pública y contradictoria para el día jueves cinco (05) de diciembre de 2013, a la una de la tarde (1:00 p.m.); en cumplimiento de la norma contenida en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En fecha 3 de diciembre, se acordó el diferimiento de la audiencia correspondiente para el día 11 de febrero de 2014, a la una y treinta minutos de la tarde (01:30 p.m.).

 

Celebrada la audiencia y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la norma adjetiva laboral, bajo las siguientes consideraciones:

 

PRESUPUESTOS RECURSIVOS

 

-I-

 

Delata la formalizante, con apoyo en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la falsa aplicación por parte de la recurrida del artículo 131 eiusdem, que se tradujo en la falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 55 ibidem.

 

A decir de la recurrente:

 

(…) el Juez de Alzada aplicó falsamente el artículo 131 LOPTRA (sic), al declarar que conforme a esta norma no le es posible legalmente entrar a valorar si SIDETUR es solidariamente responsable o no, ya que al no ser –según la recurrida– la demanda contraria a derecho, resulta forzosa la condenatoria de SIDETUR, al dar por hecho la existencia de un accidente de trabajo in itinere, todo ello en virtud de la presunción de admisión de los hechos que pesa contra mi mandante. En efecto, señala la recurrida que conforme al contenido del artículo 131 LOPTRA (sic), ante la incomparecencia a la audiencia preliminar primigenia opera la figura de la admisión de los hechos de carácter absoluto en contra del demandando, pudiendo enervarse la acción sólo al no estar ésta amparada por la ley o ser contraria a derecho.

 

No obstante ello, aún y cuando esta norma le impone el deber al Juez de valorar la conducencia de la pretensión, debiendo éste analizar y establecer si ésta es o no contraria a derecho, la recurrida se abstuvo de apreciar si SIDETUR es solidariamente responsable o no, por cuanto consideró que no podía realizar tal valoración ante la presunción de admisión de los hechos que opera en contra de mi representada, contrariando de esta forma la obligación prevista en el artículo 131 LOPTRA (sic).

 

(Omissis)

 

Si viene (sic) es cierto que la pretensión general del demandante en su libelo no es contraria a derecho, sí lo es frente a SIDETUR en todas sus peticiones (…).

 

En el caso que nos ocupa, tenemos que la recurrida no valoró si la petición del actor era contraria a derecho, en virtud de que consideró suficiente unos ‘hechos admitidos’ que bajo ninguna interpretación pueden entenderse como aceptación de la ‘solidaridad alegada’, pues aún y cuando opera la admisión de los hechos, de la redacción del libelo de demanda, esto es, del propio dicho del actor, se evidencia que éste prestó servicios sólo para Inversiones GPT, y que entre ésta y SIDETUR no existe solidaridad alguna.

 

En efecto, tal y como lo afirma el actor en el segundo párrafo de su libelo de demanda, Inversiones GPT es una subcontratista de mi mandante, supuesto éste que a priori no genera solidaridad ni obligación alguna, lo cual implica que la pretensión del actor no sea válida, pues en nuestro ordenamiento jurídico el beneficiario de la obra es solidariamente responsable si y sólo si la actividad desarrollada por el contratista es inherente o conexa, hecho éste que nunca fue alegado por el actor, y en consecuencia, nunca fue admitido por SIDETUR.

 

Siendo así, de haber tomado en cuenta el Juez de la recurrida los argumentos antes expuestos, hubiera declarado con lugar la defensa de contrariedad a derecho de la pretensión expuesta por SIDETUR, con la consecuencia lógica de declarar sin lugar la demanda, siendo que tal situación es determinante en el dispositivo de la sentencia, por lo que en consecuencia el Juez de la recurrida aplicó falsamente el artículo 131 LOPTRA (sic), razón por la cual debe declararse con lugar la presente denuncia y así lo solicitamos.

 

Así las cosas, el juzgador de alzada (vid. ff. 187 y subsiguientes del expediente), confirmando el criterio adoptado por la primera instancia, dejó plasmado en su sentencia el siguiente postulado:

 

En relación a los alegatos de la representación de la codemandada Sidetur, como primer punto es importante destacar que dada la incomparecencia de la misma a la instalación de la audiencia preliminar, es forzoso aplicar la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (…).

 

(…) la Ley establece de manera taxativa que si la incomparecencia del demandado es a la primigenia audiencia preliminar, se produce una admisión de los hechos de carácter absoluto (presunción juris et de jure) (sic) que no admite prueba en contrario, sin que el contumaz cuente con la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la pretensión bajo la afirmación de que es contraria a derecho, en cuyo caso el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe decidir inmediatamente en forma oral en cuanto la petición no sea contraria a derecho, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

 

En el caso de marras la co-demandada Siderúrgica del Turbio S.A. (Sidetur), es condenada solidariamente en la sentencia de instancia, dada la presunción de admisión de los hechos que pesa en su contra conforme al referido artículo, ya que no es posible legalmente entrar a valorar si es solidariamente responsable o no, toda vez que ante su incumplimiento de la carga de comparecer a la instalación de la audiencia preliminar; al no ser la presente demanda contraria a derecho, es forzosa su condenatoria dando por hecho la existencia de un Accidente de Trabajo In Itinere (sic) Así se decide (…).

 

Ahora bien, se aprecia que en efecto, el juzgador de la recurrida no examinó –como debía hacerlo– si el cúmulo de pretensiones del escrito libelar, globalmente considerado, era contrario a derecho; ya que no percibió que en materia de reparación por infortunios de trabajo es criterio de esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, plasmado en sentencia N° 1.022 de fecha 1° de julio de 2008, Caso: Fermín Alfonso Sayago contra SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.R.L. y PDVSA PETRÓLEO, S.A., que no procede la responsabilidad solidaria, por tratarse de una indemnización que responde a una naturaleza estrictamente personal. En tal sentido, establece la jurisprudencia citada lo siguiente:

 

[Es] criterio de esta Sala que, las indemnizaciones por concepto de accidentes o enfermedades profesionales, se tratan de resarcimientos intuito (sic) personae y que por tanto no opera la responsabilidad solidaria de la codemandada (…).

 

En consecuencia, al haber evidenciado esta Sala elementos capaces de activar el mecanismo protector o la denominada “finalidad trifásica” del recurso de casación, la cual, conteste con la doctrina más calificada, tiene como objeto la composición de las funciones: “nomofiláctica, uniformadora y dikelógica”; declara con lugar la denuncia formulada por la parte recurrente y, conteste con lo preceptuado en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desciende al fondo de la controversia para decidirla en los términos que de seguidas se exponen. Así se establece.

 

MÉRITO DE LA CAUSA

 

Mediante escrito libelar presentado el 10 de junio de 2009 –subsanado el día 19 de ese mismo mes y año–, el actor manifestó que el 30 de noviembre de 2005 comenzó a prestar servicios laborales en forma personal, directa, subordinada e ininterrumpida como “soldador, samblasting, pintor” para la sociedad mercantil INVERSIONES GPT, C.A., subcontratista de la empresa SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A., (SIDETUR), percibiendo un salario semanal de doscientos cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 250,00), durante seis meses y dieciseis días, hasta el día 16 de junio de 2006; fecha en la que sufrió un “lamentable accidente de tránsito con ocasión al trabajo” cuando se trasladaba en una unidad de transporte público a su lugar de trabajo.

 

Explica el demandante que el vehículo colisionó contra un árbol, por lo que “salió expelido” del mismo, y que tuvo que ser trasladado al Hospital del Seguro Social “Dr. Pastor Oropeza”, “presentando Fractura (sic) del 1/3 Medio (sic) del Cubito (sic) y Radio (sic) Izquierdo (sic), lesión que amerito (sic) ser operado a la mayor brevedad posible (…)”, condición certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) como “accidente de trabajo” que le generó al actor “discapacidad temporal desde (sic) 17/08/2006 hasta el 16/10/2006” (f. 40 del expediente).

 

Arguye que el mismo día del accidente le notificó su ocurrencia “vía telefónica” al ciudadano Teodoro Gaona, representante de la patronal INVERSIONES GPT, C.A., y que para el momento de la materialización del infortunio, ésta última no había cumplido su obligación legal de inscribirlo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales –siendo el actor su dependiente, y pese a descontarle mensualmente de su sueldo cantidades de dinero destinadas a cubrir el concepto de seguro social obligatorio–, que dicho ente de la administración pública rechazó la planilla facilitada por la empleadora al trabajador como soporte de registro del asegurado –por cuanto en la misma aparece la rúbrica de otro ciudadano distinto al hoy demandante, en el espacio destinado al trabajador– y que en el portal web de la institución en referencia no aparecía como inscrito para al tiempo del siniestro. Aportó a los autos soportes, a los fines de fundamentar todos estos señalamientos.

 

Agregó que transcurridos ocho días luego de permanecer hospitalizado, y ante la premura de su operación, se trasladó a la sede de la empresa prenombrada, donde se entrevistó con el ciudadano Teodoro Gaona, quien le manifestó que “él podía prestarle una cantidad, pero que la tenía que recibir como adelanto de sus prestaciones sociales, porque en sus condiciones no podía seguir prestando sus servicios a las empresas, lo que indica que [el actor], fue despedido injustificadamente y hasta la presente fecha no solo se han negado a pagarle lo correspondiente a sus prestaciones sociales, sino lo correspondiente a los demás conceptos (…) dejándolo en completo abandono y causándole un grave perjuicio patrimonial y moral, ya que, no ha podido seguir trabajando debido al impedimento que le causo (sic) tal lesión”.

 

El demandante alega ser un joven atleta ganador de competiciones de lucha libre, y que a raíz del accidente vio mermada su condición para practicar dicha disciplina, por lo que actualmente se desempeña como buhonero, al haber sido despedido injustificadamente. Expone que además de la arbitrariedad de perder el trabajo, no contó con el apoyo de las codemandadas para procurarse la asistencia médica indispensable para su recuperación.

 

Subraya que las sociedades mercantiles demandadas fueron negligentes al no dar cumplimiento al conjunto de normas jurídicas reguladoras del hecho jurídico ‘accidente laboral in itinere’, ni a otras normas relativas a la relación laboral, y que por tanto, son responsables solidarias –por virtud de la inherencia y conexidad que las vincula– de los conceptos demandados, los cuales se relacionan a continuación, a partir de la paráfrasis que de los argumentos libelares se hace.

 

1.   Solicita el actor, sean aplicadas las consecuencias jurídicas del accidente de trabajo in itinere, ocurrido el día 16 de junio de 2006 en los términos explanados supra, que le produjo la incapacidad certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y en consecuencia, se condene a las codemandadas en base a los artículos 561 de la Ley Orgánica del Trabajo y 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

2.   Pide que se sancione a las codemandadas en virtud de haber incumplido la normativa aplicable para la notificación que debe efectuar el patrono del accidente de trabajo a la Inspectoría, al INPSASEL y al Sindicato respectivo, a tono con las normas previstas en los artículos 565 de la Ley Orgánica del Trabajo y 56, 73 y 120 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

3.   Demanda que se condene la responsabilidad subjetiva de las empresas demandadas, en tanto no cumplieron su deber de inscripción del trabajador tempestivamente, sino de forma posterior al acaecimiento del infortunio laboral, circunstancia que dificultó su atención médica. Ello, en virtud de los artículos 1, 2, 63 y 64 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, 65 y 66 de la Ley Orgánica del Trabajo y 127 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

4.   Reclama las indemnizaciones previstas en los artículos 560, 566 (literal 6°) de la Ley Orgánica del Trabajo y 78 (numeral 1°), 79 y 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por incapacidad parcial y temporal sufrida como producto del accidente laboral.

 

5.   Solicita se someta a ambas codemandadas al régimen de sanciones contenido en los artículos 635 de la Ley Orgánica del Trabajo, 116, 120 y 128 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por existir entre ellas lazos de solidaridad pasiva de origen legal.

 

6.   De conformidad con el artículo 577 de la Ley Orgánica del Trabajo, reclama el concepto de asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.

 

7.   Solicita indemnización por despido injustificado, producto del accidente de trabajo, según los artículos 584 de la Ley Orgánica del Trabajo y 79 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

8.   Peticiona indemnización por daño material y moral, en congruencia con las normas de los artículos 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y 1.196 del Código Civil Venezolano.

 

9.   Por concepto de prestaciones sociales, reclama:

-Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, 180 días, a razón del salario base Bs. 33,33 = Bs. 5.999,4.

-Conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 30 días, multiplicados por 3 años = 90 días más 15 días por los cinco meses trabajados, resultan en un total de 105 días, que multiplicados por el salario diario de Bs. 33,33 = 3.499,65.

 

10. Por preaviso, reclama:

-Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, 30 días de salario por el tiempo de servicio, para un total de 90 días, que multiplicado por el salario base Bs.33,33 = Bs. 2.999,7.

-Invocando el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, indica que le corresponden 15 días de salario, que multiplicados por 33,33 = 499,95.

 

11. Vacaciones:

-Ex artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, exige 55.5 días a razón de Bs. 33,33 de salario base, para un total de Bs. 1.849,8.

-Bono vacacional: Artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo: 28.16 días x 33,33 = 938,57.

 

12. Utilidades:

Artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo: 63.75 días por 33,33 = Bs. 624,93.

 

13. Indemnización prevista en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por Bs. 24.000,00 desde el 16-6-2006 hasta el 12-6-2008.

 

14. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica:

De conformidad con el artículo 577 de la Ley Orgánica del Trabajo, reclama cinco salarios mínimos (Bs. 879,00 según Decreto N° 6.660 del 30 de marzo de 2009) = Bs. 4.795,00.    

 

15. Daño patrimonial o lucro cesante: Bs. 50.750,00 (Suma equivalente a los salarios mensuales dejados de percibir desde el 16-6-06 al 16-05-09, y el beneficio de beca ayudantía de Bs. 450,00 que le otorgaría la Asociación de Lucha Amateur del Estado Vargas, de cuya selección formaba parte el actor).

16. Daño moral: Artículos 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y 1.196 del Código Civil: Bs. 250.000,00.

 

Finalmente, estima su pretensión en Bs. 343.957,2 más lo correspondiente por intereses sobre la prestación de antigüedad e indexación.

 

Ahora bien, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 1° de febrero de 2010, una vez cumplido el trámite procesal de la notificación de los sujetos demandados, dejó constancia que siendo la oportunidad de instalación de la audiencia preliminar, compareció al acto la parte accionante, mas no así las codemandadas, ni por sí, ni por medio de representantes judiciales. En consecuencia, acto seguido declaró la “admisión de los hechos alegados por la (sic) demandante, que no sean contrarios a derecho y al orden público”.

 

Por ende, en la actual litis operó la consecuencia jurídica de la norma contenida en el artículo 131 de la ley adjetiva laboral –la admisión absoluta de los hechos–, en virtud de la incomparecencia de las codemandadas a la audiencia primigenia.

 

En relación al particular, esta Sala de Casación Social, en sentencia N° 629 del 8 de mayo de 2008, ratificada entre otras, en la decisión N° 1.148 del 14 de julio de 2009, ha explanado al detal el efecto que adquiere la admisión de los hechos cuando se produce con carácter absoluto. En dicha oportunidad se manifestó lo siguiente:

 

(…) la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece sanciones a la parte demandada ya sea la por incomparecencia de ésta a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, así como por la contumacia al no dar contestación a la demandada; según sea el caso, lo sanciona con la admisión de los hechos, o con la confesión en relación a los hechos demandados en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante.

 

De tal manera, si la incomparecencia del demandado es a la primigenia audiencia preliminar, se produce una admisión de los hechos de carácter absoluto (presunción juris et de jure) que no admite prueba en contrario, sin que el contumaz cuente con la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la pretensión bajo la afirmación de que es contraria a derecho, en cuyo caso el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe decidir inmediatamente en forma oral en cuanto la petición no sea contraria a derecho, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

 

Así, pasa la Sala a determinar la pertinencia de cada uno de los conceptos demandados discriminados supra, y para ello, analiza previamente el material probatorio aportado a los autos por la parte actora:

 

-Documental marcada “B”, cursante a los folios 20 y subsiguientes de autos, constante de copias certificadas del expediente administrativo emanado del Instituto Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, Cuerpo Técnico de Vigilancia, Departamento de Investigación de Accidentes N° 51 del Estado Lara (ff. 20 y ss.), en donde se refiere la ocurrencia de accidente de tránsito, el día 16 de junio de 2006 a las 6:50 de la mañana, por impacto de vehículo de uso público marca Chevrolet, matriculado “AB-4237”, de color blanco y azul, contra un árbol ubicado en la Avenida Cementerio de la Zona Industrial III de Barquisimeto, Estado Lara; del cual resultaron heridos diez ciudadanos que viajaban como pasajeros en dicha unidad de transporte, figurando entre ellos el actor, identificado con el número seis (6), como obrero de 21 años de edad, que sufrió impacto contra el área frontal y egreso del vehículo. Se le otorga pleno valor probatorio, en tanto se trata de un documento público administrativo, por virtud de las previsiones del artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

-Documental marcada “C”, al folio 28 del expediente, consistente en instrumento original de “Epicrisis”, emanado del Hospital Pastor Oropeza del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el cual se identifica al actor, y se asienta la fecha de ingreso del mismo –16 de junio de 2006–, así como la fecha de egreso –24 de junio de ese mismo año– y los detalles de su padecimiento, el cual merece la fuerza probatoria de un documento público administrativo, a tono con la norma invocada ut supra.

 

-Documental marcada “D” cursante al folio 29 del expediente, constante de copia simple que según el actor emana del portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual se lee que el número de cédula de identidad del actor no se encuentra registrado como asegurado. La presente documental carece de firma, sello e identificación de procedencia; en consecuencia, no se le otorga valor probatorio.

 

-Documental marcada “E”, al folio 30 de los autos procesales, contiene planilla de registro de asegurado, con membrete del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, fechada 5 de diciembre de 2005, describe que el actor suficientemente identificado comenzó a prestar servicios para la empresa Inversiones GPT, C.A. a partir del día 30 de noviembre de 2005, desempeñando el cargo de ayudante y percibiendo un salario semanal de Bs. 85.668. Se aprecia que la misma se encuentra sellada por la codemandada prenombrada, firmada y sellada por el funcionario de la entidad administrativa y que la fecha de recepción es el 5 de diciembre de 2005, pero en el espacio correspondiente al trabajador, aparece suscrita por “C. Cordero”, circunstancia que fue delatada por el actor, quien sostiene que no es su rúbrica. Sin embargo, se trata de un documento cuyos datos fueron agregados por la empresa empleadora, a fin de registrar como su dependiente al actor ante al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que fue sellado como recibido por este último ente, y que en todo caso, en aplicación del principio de la sana crítica se interpreta que evidencia que el demandante fue inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 5 de diciembre de 2005, y que su fecha de ingreso a la accionada fue el 30 de noviembre de ese mismo año. Se le confiere valor probatorio en virtud del artículo 78 de la ley adjetiva laboral, al no haber sido impugnada en el presente juicio.

 

-Al folio 31 cursa documental marcada “E1”, la cual contiene formulario “13-52”, nomenclatura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, fechada 4 de agosto de 2006, en la que se identifica como patrono a la empresa Inversiones GPT, C.A. y como trabajador retirado al actor. En dicho instrumento se asienta como fecha de ingreso del dependiente el 10 de abril de 2006 (Rectius: 30 de noviembre de 2005), y fue firmada y sellada por la codemandada referida, pero no aparece firmada como recibida por el IVSS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se le otorga valor probatorio, por ser un documento emanado de la parte demandada no impugnado en el proceso, aunque nada aporta a la resolución de la actual controversia.

 

-Marcados “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “I1”, “I2”, “I3”, “I9”, “I10”, “I11”, “I12”, “I14”, “I15”, “I16” e “I17”, reposan a los folios 32 al 36 y 119 al 129 del expediente, comprobantes o sobres de pago de nómina en original. Por cuanto dichas documentales no fueron impugnadas, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Sin embargo, las documentales “I19”, “I20”, “I21”, “I22” e “I24”, cursantes a los folios 130 al 134 del expediente, por consistir en recibos de pago cuyas fechas no son legibles, son desestimadas como medios probatorios valederos en este juicio, porque no permiten inferir información precisa de su contenido.

 

-La documental identificada “K”, cursante al folio 37, está constituida por un informe médico emanado de la Federación Venezolana de Lucha Amateur, firmado por el traumatólogo adscrito a la misma, doctor Néstor Rodríguez, en donde se visualiza además estampa del sello de la Fundación para el Deporte del Estado Lara (FUNDELA), haciéndose constar que el actor presentó fractura del 1/3 medio del cúbito y radio izquierdo a consecuencia de accidente vial y que cumplió tratamiento con buena evolución, pero que acusa dolor, por lo que se le indicaron nuevos estudios. Se le niega el valor probatorio, de acuerdo con el artículo 79 de la ley procesal laboral, por tratarse de un documento emanado de un tercero ajeno al proceso, no ratificado en juicio.

 

-Marcadas “K1”, “K2”, “M”, “M1”, “P”, “P1”, “P2”, “P3”, “P12”, “P22”, “P32”, “J1”, “J2”, “J3”, “J4”, “J5”, “J6”, “J7”, “J8”, “J9”, “N2” y “L2”, a los folios 38, 39, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148, respectivamente, cursan instrumentos privados emanados de terceros, contentivos de recibos de pago, récipes, informes e indicaciones médicos, facturas de honorarios médicos, gastos quirúrgicos y estudios médicos, constancias y reposos, los cuales, al no ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, carecen de eficacia probatoria, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

-Marcados “N”, “N1” y “N2”, cursantes a los folios 43, 44 y 45 del expediente, documentos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, los cuales son documentos públicos administrativos y por ende se les otorga pleno valor probatorio. Sin embargo, nada aportan a las resultas del proceso.

 

-Marcada “L”, al folio 40 del expediente se encuentra certificación de accidente de trabajo emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de fecha 3 de abril de 2009, en la cual fue calificado como accidente laboral el infortunio sufrido por el actor el día 16 de junio de 2006, cuando éste se dirigía a su lugar de trabajo,; documento público administrativo que merece pleno valor probatorio, en atención al artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

-Marcada “N3”, se encuentra en el folio 46 de autos constancia en original suscrita y sellada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Lara, Trujillo y Yaracuy, en la cual se indica que el paciente Jorge Landaeta, titular de la cédula de identidad 18.137.141 presenta fractura en el 1/3 medio de cúbito y radio izquierdo. Se le otorga eficacia probatoria, en virtud de ser un documento administrativo, a tono con la norma prevista en el artículo 77 de la ley adjetiva laboral.

 

-Por último, las documentales identificadas “N4”, y “O”, que rielan en el expediente a los folios 47 al 49, constantes de copias simples de actas del expediente administrativo emanado del INPSASEL relativo a la averiguación del accidente en cuestión. Al provenir dichas instrumentales del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), esta Sala reitera que las mismas se tratan de documentos públicos administrativos, expedidos por el organismo con especialidad en el área de medicina ocupacional y seguridad laboral, cuya fuerza probatoria es asimilable a la conferida por el artículo 1.360 del Código Civil a los documentos públicos, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil.

 

Así pues, consumado el análisis del material probatorio de autos, a los fines de determinar la procedencia de los conceptos peticionados por el actor y admitidos por la parte demandada en el presente juicio, en virtud de su incomparecencia al acto de apertura de la audiencia preliminar, se establecen las consideraciones siguientes:

 

En primer término, se aprecia que el accidente sufrido por el actor el día 16 de junio de 2006, cuando éste se dirigía a su lugar de trabajo, fue calificado como laboral mediante certificación emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 3 de abril de 2009, documento administrativo merecedor de plena eficacia probatoria, que riela al folio 40 del expediente de la causa. Así también, se verifica la existencia en autos de soportes que convalidan el accidente profesional, como copias certificadas de las resultas del expediente emanado del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre del Estado Lara (ff. 20 y ss.), y documento administrativo denominado “Epicrisis”, emanado del Hospital Pastor Oropeza del IVSS (f. 28), los cuales gozan igualmente de plena valoración probatoria.

 

Ahora bien, la definición legal del supuesto se encuentra expresada en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone lo siguiente:

 
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