Derecho a la continuidad en el servicio de salud






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Sentencia T-555/06
DERECHO A LA SALUD-Incorpora el derecho al diagnóstico
DERECHO A LA SALUD-Derecho prestacional protegible vía constitucional
DERECHO A LA VIDA-No se restringe a simple existencia biológica
DERECHO A LA SALUD-Concepto
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Demora injustificada en diagnóstico
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Necesidad de realizar exámenes prescritos por médico tratante
DERECHO AL DIAGNOSTICO-Concepto
DERECHO AL DIAGNOSTICO-Práctica de exámenes médicos no puede condicionarse a razones de índole administrativa o económica
Es determinante que las pruebas diagnósticas para la salud y vida del afectado, no pueden condicionarse en su realización a razones de índole administrativa o económica, pues toda confirmación que se haga a tiempo, de cualquier patología, puede contribuir a la mejoría total en la salud de la persona que las padece, o cuando menos aminorar su sufrimiento y dolor, llevando su condición de vida a unas instancias más dignas.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Obligaciones/ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Calificación de patologías
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Objetivos esenciales/SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Tipos de prestaciones
En el sistema general de riesgos profesionales los trabajadores tienen derecho a varios tipos de prestaciones: las de carácter económico como i) el pago de subsidio por incapacidad temporal, ii) indemnización por incapacidad permanente parcial, iii) pensión de invalidez, iv) pensión de sobrevivientes, y v) auxilio funerario; las de carácter asistencial como i) asistencia médica, ii) quirúrgica, iii) terapéutica, iv) farmacéutica, v) hospitalización, vi) odontología, vii) medicamentos, viii) prótesis, ix) órtesis, y x) reparación y reposición en casos de deterioro o desadaptación profesional (no sólo mediante medidas tendientes a la rehabilitación sino también con medidas de carácter preventivo).
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Función
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Prestaciones asistenciales
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Calificación de origen de patología tiene vital importancia
Resulta de vital importancia la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional del trabajador, pues es a partir de tal reconocimiento que el trabajador podrá hacer exigibles de manos de su respectiva A.R.P. las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar. Para que tal reconocimiento de prestaciones de orden asistencial o económico se generen, es necesario agotar de manera previa un procedimiento legalmente reglado a efectos de garantizar no solo la protección de los derechos de la persona afectada, sino también a fin de determinar a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea la Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P. o la Empresa Promotora de Salud (E.P.S.), según el origen de la patología que afecta al trabajador, le corresponde asumir las prestaciones del caso. De conformidad con el articulo 12 del Decreto 1295 de 1994 es claro que no solo existen instancias claramente definidas y funciones igualmente determinadas para efectos de calificar las diferentes patologías, sino que dichas actuaciones deben surtirse en su integridad para así definir el origen de la patología y poder reconocer las prestaciones asistenciales y económicas previstas por el SGSSS. En este contexto, la clasificación o calificación de una enfermedad o accidente de trabajo es fundamental dentro del proceso que se debe agotar para establecer qué entidad debe asumir la asistencia y pago de las prestaciones a que hubiere lugar.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Determinar origen de contingencia es fundamental para establecer entidad responsable
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Debe responder por prestaciones derivadas de accidente laboral presentado bajo cobertura
La Ley 776 de 2002 establece que las ARP deben responder íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas) derivadas de un accidente laboral presentado bajo su cobertura, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre afiliado o no a esa administradora al exigirse la prestación
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL-Diferencias
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Procedimiento para la calificación de origen de contingencia
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Le corresponde en primera instancia determinar origen de accidente o de enfermedad causantes de pérdida de capacidad laboral o muerte
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Le corresponde en segunda instancia determinar origen de accidente o de enfermedad causantes de pérdida de capacidad laboral o muerte
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Calificación origen de contingencia no es óbice para suministrar servicios médicos a trabajador afiliado/ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Controversias sobre origen de contingencia serán resueltas por junta integrada por sus representantes
Debe recordarse que tanto en la Ley 776 de 2002, como los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001, establecen los lineamientos que se deben seguir a fin de garantizar la pronta y eficiente determinación, calificación o clasificación de la enfermedad o accidente en que se ha visto involucrado un trabajador, situación que no es óbice que para que la atención médica requerida por dicha persona se pueda prestar por parte de la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador, para que, luego de calificada la contingencia que afecta su salud, y quede establecida el origen de la patología o accidente, se determine la responsabilidad en cabeza de la A.R.P. o de la E.P.S. correspondiente. Con todo, si existen discrepancias en la calificación hecha, las entidades interesadas deberán establecer una junta compuesta por miembros de ambas instituciones que diriman sus diferencias y califiquen adecuadamente la enfermedad o el accidente como de origen común o profesional. Pero, si aún así, las diferencias persisten, podrán acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Termino para surtir Procedimiento para calificación de origen de contingencia es de 30 días
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Al detener la calificación de origen de enfermedad de forma arbitraria vulnera derecho al debido proceso
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Tratamiento para aliviar dolor
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Estricto cumplimiento procedimiento establecido para calificación de patologías que afectan a sus afiliados
DERECHO A LA SALUD-ARP se niega a practicar examen de diagnostico alegando que patología corresponde a enfermedad común
DERECHO A LA SALUD-Práctica resonancia magnética

Referencia: expediente T-1315591
Acción de tutela promovida por Danis de Jesús García Jaramillo contra la A.R.P. del ISS Seccional Antioquia.
Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil seis (2006).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Ahora bien, el Decreto 1295 de 1994, es muy claro al establecer las diferencias conceptuales entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional:
“Artículo 9°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que sobrevenga en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
“Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
“Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.”
“Artículo 11. Enfermedad Profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.
(...)
Par. 2°. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente decreto”
En este contexto, la clasificación o calificación de una enfermedad o accidente de trabajo es fundamental dentro del proceso que se debe agotar para establecer qué entidad debe asumir la asistencia y pago de las prestaciones a que hubiere lugar. En relación con el caso de los accidentes de trabajo, esta Corte ha señalado lo siguiente:
En lo que se refiere específicamente al accidente de trabajo las hipótesis previstas en los artículos 9 y 10 del Decreto Ley 1295 de 1994 buscan proteger al trabajador de los siniestros ocurridos ‘con causa o con ocasión’ de las actividades laborales de las que el empleador obtiene provecho, actividades que pueden ser desarrolladas, bien en el lugar de trabajo o fuera de él o de las horas de trabajo pero siempre con la intervención del empleador, que puede darse a través de ordenes (poder de subordinación) o mediante autorización de ciertas actividades (accidentes de trabajo por actividades deportivas por cuenta o en representación del empleador), o por asumir el transporte de sus trabajadores y el consecuente riesgo que se deriva de él”1.
La calificación del origen de la contingencia debe realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 1295 de 19942 y el artículo 6 del Decreto 2463 de 20013, teniendo en cuenta que el término para resolver sobre la calificación es de treinta (30) días calendario, término en el cual se deberá cumplir con el procedimiento contemplado en estos artículos y comunicar la decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al trabajador y a los demás interesados.
Debe recordarse que tanto en la Ley 776 de 2002, como los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001, establecen los lineamientos que se deben seguir a fin de garantizar la pronta y eficiente determinación, calificación o clasificación de la enfermedad o accidente en que se ha visto involucrado un trabajador, situación que no es óbice que para que la atención médica requerida por dicha persona se pueda prestar por parte de la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador, para que, luego de calificada la contingencia que afecta su salud, y quede establecida el origen de la patología o accidente, se determine la responsabilidad en cabeza de la A.R.P. o de la E.P.S. correspondiente. Con todo, si existen discrepancia en la calificación hecha, las entidades interesadas deberán establecer una junta compuesta por miembros de ambas instituciones que diriman sus diferencias y califiquen adecuadamente la enfermedad o el accidente como de origen común o profesional. Pero, si aún así, las diferencias persisten, podrán acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Con el anterior procedimiento, se aprecia como de vital importancia no solo el respeto al debido proceso en el agotamiento del trámite de calificación de una contingencia sufrida por un trabajador, sino que los términos y las funciones establecidos a cada una de las entidades, pues se exige una pronta y eficiente resolución del problema que aqueja al trabajador, en aras de salvaguardar sus derechos e intereses.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia) y la Sala Civil, Agraria y de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Danis de Jesús García Jaramillo contra la A.R.P. del ISS Seccional Antioquia.

I. ANTECEDENTES.
El accionante, interpuso la presente acción de tutela con base en los siguientes hechos:
1. El señor Danis de Jesús García Jaramillo labora desde hace más de cuatro (4) años con la empresa Agrícola Río Verde, productora de banano, tiempo durante el cual ha cotizado a la A.R.P. del Seguro Social y desde el 23 de diciembre de 2002 a la E.P.S. de Saludcoop.
2. El día 19 de noviembre de 2004, mientras cumplía con la labor asignada, sufrió un fuerte dolor en su hombro derecho, lo que le impidió seguir trabajando. Inmediatamente la empresa lleno el Formato Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo y fue trasladado a la E.P.S. de Saludcoop para ser atendido.
3. Dicha E.P.S. lo atendió y le suministro un medicamento para que el dolor disminuyera y le otorgó una incapacidad de seis (6) días.
4. En vista de que el dolor no calmaba y luego de ser atendido en dos nuevas oportunidades por diferentes médicos que le suministraron nuevos calmantes y que le dieron una nueva incapacidad, el accionante retornó de todos modos a su trabajo de desmanar (labor que consiste en quitar las manos de plátanos o bananos de los racimos).
5. Luego fue trasladado a otra finca, en donde pasó a cumplir la labor de gurbiar, la cual cumplió por espacio de seis (6) meses, tiempo durante el cual debió aplicarse permanentemente inyecciones de Diclofenalco para calmar el dolor, sin mayores resultados.
6. Al acudir nuevamente a su E.P.S. para recibir atención médica, fue tratado por la doctora Liliana Domínguez, quien no solo le recetó unos nuevos medicamentos, sino que también le dio una incapacidad de cinco (5) días, y le ordenó la realización de siete (7) terapias, las que le fueron practicadas en la clínica de COOSALUD. No obstante, el dolor en el hombro persistió, lo que motivo al accionante a acudir nuevamente a consulta con la doctora Domínguez, quien le dio una nueva incapacidad de cuatro (4) días, y tres (3) terapias más. En esta oportunidad el dolor disminuyó ligeramente.
7. El accionante regresó a su trabajo, pero en los quince días siguientes el dolor reapareció con la misma intensidad de antes, a pesar de estar desarrollando una labor diferente. Nuevamente fue atendido por la doctora Domínguez, quien le da una nueva incapacidad de ocho (8) días y receta otros medicamentos, los cuales si bien le permitían dormir, tan pronto despertaba, el dolor reaparecía.
8. En vista de tal situación, el actor es remitido al doctor Avejaneiro, especialista en ortopedia, quien le ordenó una infiltración en el hombro y una incapacidad de seis (6) días. Presentada la orden a la E.P.S. de Saludcoop, ésta la remitió a la A.R.P. del Seguro Social, entidad que negó dicho procedimiento, argumentado que la afección que presentaba el accionante no correspondía a un accidente de trabajo. Si bien dicha decisión le fue informada a la E.P.S. de Saludcoop, ésta practicó la infiltración requerida.
9. Luego de que el mismo doctor Avejaneiro le realizara la infiltración, el dolor aumentó significativamente, lo que implicó que le fuera dada una nueva incapacidad por ocho (8) días. Igualmente, fue remitido al doctor Guevara, ortopedista, quien recomendó la realización de una resonancia magnética.
10. Presentada la orden para la resonancia magnética ante Saludcoop E.P.S., se le indicó al actor que la misma debía ser presentada ante la A.R.P. del Seguro Social. Remitida dicha orden a la mencionada A.R.P. y adjuntada su historia clínica, luego de varios días, esta entidad respondió a la E.P.S. de Saludcoop manifestando que no autorizaba la práctica de dicho examen de diagnóstico, por cuanto se había concluido que el tutelante presentaba un antecedente de artralgia en el hombro, argumento que el mismo accionante encuentra bastante extraño, pues afirma que desde que empezó a trabajar, ésta era la primera vez que acudía en consulta como consecuencia del accidente en su hombro.
Así, frente a los anteriores hechos, el señor García Jaramillo considera violados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, razón por la cual solicita que para su protección, se ordene de manera inmediata a la A.R.P. del Seguro Social la práctica de la resonancia magnética que le fuera ordenada, así como también le suministre el tratamiento integral que requiera para recuperarse de la afección que lo aqueja.
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