Universidad Autónoma de Barcelona Doctorado en Comunicación Audiovisual






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Los contenidos: la TV pública debe dejar de sonrojarse

¿En TV hay algo más importante que los contenidos? No. Sin contenidos no hay TV, no hay discusión parlamentaria, no hay investigaciones académicas, no hay informes de sabios, no se venden receptores y como señala Emili Prado “la convergencia tecnológica requiere un ritmo más pausado que el impuesto por las expectativas económicas [...], no es viable la convergencia sino se hace sobre la base de una oferta de contenidos y servicios sólida [...] la variable de más peso son los contenidos” (Prado, 2000: 177).
Antes de proseguir con el informe, y para corroborar lo anterior, sería interesante mirar los alcances que realiza Godoy ante los resultados del proyecto de la NHK (corporación pública japonesa de TV), el que consistió en investigar la calidad de la oferta televisiva de manera comparada. El estudio abordó las parrillas televisivas de EE.UU., Canadá, Japón, Suecia y Gran Bretaña. El equipo acordó que la diversidad programática era el principal criterio para evaluar la calidad del sistema televisivo. Esto se refiere a la variedad de la oferta de programas en un sistema determinado. Por consiguiente, “un mejor sistema de TV brindaría mayor diversidad de tipos de programas” (2000:78), es evidente que el concepto de diversidad se relaciona al de pluralismo ideológico: “a mayor diversidad de tipos de programas no sólo se alcanza mayor calidad, sino que se asegura uno de los requisitos básicos de una democracia: la pluralidad de puntos de vista”. (2000:84)
La evidencia recopilada por la NHK revive el viejo axioma de que los sistemas televisivos financiados íntegramente por publicidad tienden a la homogeneidad programática debido a la necesidad de conseguir la mayor audiencia posible, una antigua crítica formulada a los sistemas comercializados-competitivos. El estudio reveló que justamente la industria televisiva de los EEUU, el paradigma de aquel modelo, era la que ofrecía la menor diversidad programática de la muestra. En contraste, el sistema con la mayor diversidad era el comparativamente rígido y regulado del Reino Unido. (2000:88)
Entonces, resulta real la crítica clásica a los sistemas de TV desregulados y financiados por publicidad que tienden a la homogeneidad programática con énfasis en aquellos programas que implican un mínimo esfuerzo de comprensión por parte del telespectador. Es difícil revertir esta tendencia -sigue la crítica - debido a la imposibilidad de cobrar directamente al telespectador por el servicio: los canales “venden” audiencias a los avisadores, quienes pagan por persona contactada (costo por contacto). Lo razonable, sería, definir un “mínimo común denominador” que, si bien satisfacerá a medias a gran parte del público, permitirá el máximo alcance posible para el mensaje publicitario. Luego, la tendencia del sistema es a transmitir programas de masividad fácil: “lo que Raymond Williams llamó programas “Tipo B” (programas de ficción y de entretenimiento). En cambio, los demás programas “Tipo A”, (informativos, educativos, culturales) ocuparán un lugar secundario en las mallas programáticas. La naturaleza intrínsecamente monopólico del mercado televisivo impide que haya más alternativas” (2000:93).
Llevándolo a la península, los optimistas dirían que lo anterior no debiera ser motivo de preocupación, pues los cambios tecnológicos parecen llevarnos a un sistema infinitamente pluralista en la TV, basado en la competencia de una vasta cantidad de oferentes, tal como ocurre en teoría con la radio hoy. En un futuro cercano, el usuario tendría acceso a una infinidad de señales capaces de satisfacer los gustos más especializados. En cierta forma, este diagnóstico parece corroborado por los hallazgos de la NHK sobre el sistema televisivo estadounidense. Sin embargo, la otra cara de las innovaciones tecnológicas es que ellas han elevado los costos de producción de manera exponencial, con lo cual se restringe el acceso a la propiedad y operación del medio a los conglomerados más solventes, en general de propiedad privada. La tendencia alcista se mantiene en lugar de disminuir, por ende lo que se gana en pluralismo de tecnologías de distribución, se pierde por el lado de la factibilidad económica.
A menos que los avances tecnológicos disminuyan de manera radical los costos de producción, es muy improbable que la TV alcance el pluralismo de propiedad que se observa en la radio, independiente que haya una gran cantidad de canales. Podríamos concluir que todos los sistemas televisivos son oligopólicos, debido a las barreras de entradas, a los elevados costos de operación y a la escasez de espectro electromagnético. Quizás la TV nunca deje de ser un oligopolio. Pero aparte de que los usuarios restringen su consumo a unos pocos canales por mucha oferta que haya (entre otras cosas, porque el consumo de TV parece tener un tope levemente superior a las tres horas diarias por persona, (Nie, Noman, 2004)), está el problema de cómo rellenar esos cientos de canales hipotéticos si los costos de producción de los programas tienden a aumentar y no a disminuir. Pareciera entonces que el escenario multicanal del futuro estará plagado de películas y series archirrepetidas, controladas por unos pocos conglomerados multinacionales basados en los centros de producción más grandes y ricos del planeta.
Con este escenario, en aras del pluralismo, es saludable que la TV pública compita entre canales de diversa naturaleza y propiedad. El “puritanismo” tampoco es eficiente, tal como se da la parrilla televisiva actual, la oferta de contenidos del servicio público (entendido como una oferta programática diversificada, plural y de calidad accesible a todos) no debe despreciar lo recreativo y lúdico, no debe sonrojarse si utiliza las potencialidades del lenguaje televisivo, la combinación de formatos y estructuras de diversos géneros televisivos que convergen para dar vida a un producto audiovisual de mayor factura y calidad. La televisión, en general, cada día es un objeto de satisfacción, no es de aprendizaje, ni de educación; puede y debe educar –digamos- puede y debe orientar, puede y debe entregar información, pero sin olvidar lo primero.
La TV pública debe sortear con sinceridad su opción programática. “Los difusores públicos, obligados abruptamente, a adecuarse a la nueva situación, tenían dos opciones: reforzar las tres divisas que les habían guiado hasta entonces, con mayor o menor fortuna, optando en consecuencia por una política programática alternativa; o afrontar la nueva situación en términos de competencia” (Prado, 1992). La TV pública debe competir. Debe asumir un modelo mixto, competitivo y complementario, “capaz de compaginar la calidad de la programación con la cantidad de audiencia” (Prado, 2000)
Tal como argumentan Prado y Moragas (2000) “es necesaria una televisión pública generalista, no sólo porque intenta ofrecer programas destinados a un público heterogéneo, sino también porque cultiva todos los géneros y satisface también los intereses de las minorías”. En la misma línea, prosiguen los autores “el rasgo característico de la televisión pública tiene que ser la calidad”. Por calidad entendemos un tratamiento informativo orientado por criterios profesionales que den apoyo al pluralismo político, social y cultural, estableciendo los mecanismos y la garantía de independencia. Pero por calidad entendemos igualmente la preservación de parcelas informativas fuera de la influencia de la espectacularización, suministrando información contextual, significativa e indispensable para formarse un criterio sobre las temáticas que afectan a la evolución de la sociedad. También es calidad la elaboración de programas de análisis sobre temas complejos que se clarifican para hacerlos más asequibles al conjunto de la población no especialista, o la experimentación de fórmulas modernas e innovadoras de tratamiento informativo que consigan el máximo interés y el máximo número de oyentes sin desvirtuar los contenidos. Consideramos igualmente calidad, la oferta de determinadas emisiones de interés sectorial como los programas sobre actividad parlamentaria, las campañas electorales, el debate, la educación, la cultura, el arte, el folklore o los programas sobre minorías. Y calidad también es crear las condiciones necesarias para favorecer la creatividad. Programar propuestas innovadoras en períodos de máxima audiencia, dar la oportunidad de que emerjan nuevos formatos y mantenerlos en antena el tiempo suficiente para permitir la adaptación de la audiencia a la novedad. (Prado y Moragas, “Repensar la televisión pública en el contexto digital”, disponible en www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-informacion-y-comunicacion-audiovisual/tvpublica.pdf)
Tal cual se describe el escenario, es preferible contar con un cuerpo normativo que permita regular los contenidos, tarea que por lo que señala el informe será competencia del Consejo Audiovisual. Hoy, producto de esta globalización avasalladora será políticamente poco probable que se construyan cuerpos legales/judiciales que limiten la concentración. Hay que asumir que el modelo de servicio público europeo ya no existe en su forma clásica, seguir rememorando es poco conducente. No hay que obviarla por completo, es una discusión que está presente, pero –con los instrumentos que disponen el Estado y los ciudadanos- es más viable buscar soluciones a través de los contenidos y la programación en pos de asegurar el pluralismo, la diversidad y la misión de servicio público. El nivel donde tenemos que buscar la manifestación real del pluralismo es en la audiencia, en el público, en la sociedad, en el receptor. Este es la verdadera referencia para medir la salud del pluralismo. Desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, lo que determina el pluralismo son los contenidos, la variedad de informaciones, ideas, opiniones y modelos de vida que reflejan los medios de comunicación en una determinada sociedad, y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a estos contenidos en igualdad de condiciones.
Como acotamos anteriormente, endosar de entrada tanta responsabilidad al Consejo del Audiovisual puede transformarse en una trampa. Pues, en algún momento se deben delimitar con precisión las responsabilidades, quién asume qué, para que no se dé el caso que este Consejo pague los costos políticos. Será necesario, por tanto, evaluar con precisión los costos asociados de cualquier norma/regulación/medida y sopesarlos con sus beneficios esperados, debe aplicarse un profundo análisis de costo/beneficio/rentabilidad social que identifique la mayor cantidad posible de variables en juego, tanto con indicadores cuantitativos y cualitativos, discutidos de manera abierta y transparente para evitar que se privilegie de manera arbitraria cualquier variable sobre las demás.
En otras palabras, el Consejo debe generar las condiciones estratégicas para que los diversos actores tengan los incentivos para cumplir permanentemente con los macro-objetivos de bien común y gestionar el servicio público. Por ejemplo, pueden explorarse fórmulas para incentivar la canalización de fondos filantrópicos privados para producir y programar espacios de interés público. Otra alternativa es que se incorporen criterios de calidad o de innovación programática para asignar y renovar las frecuencias de la TV abierta (como la que solicita Canal +, o en el futuro la TDT), otra posibilidad es la que propone el propio informe, mediante los contrato-programas que señale los objetivo y dote los medios precisos para alcanzarlos. Con todo, hay una evidencia contundente, los criterios estrictamente técnicos y el cuerpo normativo vigente ha sido insuficiente para regular la gestión indirecta del servicio público por parte de las cadenas privadas y no se han logrado los beneficios sociales esperados.

Algunas consideraciones finales

Actualmente, estamos ante una TV pública que se instala en un territorio cultural post-franquista, de cuerpo sensible, que se configura y reconfigura, vestido y travestido, que se adapta y desadapta, que se integra y desintegra en los campos de competencias del mundo de la vida cotidiana de los ciudadanos españoles, quienes a su vez están construyendo, desconstruyendo y reconstruyendo tipos específicos de imaginarios culturales, pero empujados hacia lo legítimamente instituido, es decir, en pro de la instauración del modelo de la democracia liberal de los consensos.
RTVE posee un modelo organizacional auto-referido, orientada por reglas y normas pretendidamente universales y no de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos, perdiendo la capacidad de acompañar las profundas modificaciones que están aconteciendo desde el inicio de la sociedad infocomuncacional.
El Estado, a través de los medios de su propiedad, debe asumir el papel de articulador y promotor de las expectativas y deseos de la comunidad, garantizando sus diferentes expresiones. Esto no equivale a un estatismo ingenuo sino más bien a reenfocar el fenómeno desde el punto de vista del interés del usuario, concebido como miembro integral y activo de una sociedad. Es un cambio de enfoque, que sitúa al ser humano-usuario por encima de la tecnología, del mesianismo ideológico y del lucro por el lucro, preservando que el núcleo de responsabilidad siga siendo del Estado.
No es un acto retórico pensar en un Estado diferente, que asuma nuevos roles de regulación y monitoreo, sobre la base de reglas de juego establecidas públicamente y que, por otro lado, asegure el paso a la expresividad social, a las libertades públicas, a la diversidad y al pluralismo cultural y político. La TV pública debe entender que los ciudadanos son protagonistas directos del ejercicio democrático. Lo público es, en su esencia, una expresión íntima de la eficiencia, funcionamiento y calidad de la democracia.
El informe tiene razón y de ahí su mérito en perseguir el sentido de la misión del servicio público. En la era digital, en un escenario de las comunicaciones marcado por un intenso sesgo ideológico en materia de propiedad y perspectivas editoriales, con los consiguientes riesgos de concentración y desequilibrio, el servicio público de interés colectivo cumple un rol equilibrante y moderador para asegurar las mínimas funciones sociales que requieren los ciudadanos: defensa del pluralismo; el desarrollo democrático, la cohesión social; la participación ciudadana; calidad de programación; equilibrio territorial; motor de la industria audiovisual; innovación e investigación; socialización del conocimiento y del bienestar social y económico. La ilusión de que los medios, por la simple vía de la autorregulación, estarían obligados a practicar estas funciones para conseguir la credibilidad de sus audiencias o lectores, implica simplemente entregar el cuidado de este valor fundante de la democracia al mercado.
La TV pública, con toda su imperfección, es imprescindible y necesaria, pues es el instrumento privilegiado que tienen los ciudadanos para asegurar un piso democrático mínimo donde el interés público por los valores de la democracia, la libertad, la tolerancia y el pluralismo se expresen en la totalidad de su programación y que los privados asuman su responsabilidad social de ser gestores indirectos de un servicio público, sin que unas y otras pierdan con ello su vocación masiva. De todos modos, la expresión de la diversidad social, política y cultural, incluyendo la posibilidad de cuestionar los valores dominantes; expresar a las minorías étnicas, sexuales, religiosas y políticas; dar cuenta de la diversidad de género; equilibrar las voces de empresarios, trabajadores, jóvenes y representantes de la tercera edad, de la capital y las regiones es, sin duda, una tarea de una TV pública.
Por ello, sea cual sea el volumen y variedad de la oferta, su modelo de negocio, su ámbito de cobertura o su sistema de emisión y recepción, no puede invalidarse la vigencia del concepto de servicio público, sobretodo como garante que asegure la información socialmente necesaria; la diversidad de los requisitos públicos; asegure la calidad y la preservación de los valores de la vida democrática. Con esta adaptación, el servicio público de interés colectivo adquiere una mayor trascendencia social muy superior a la del pasado, en tanto resorte fundamental de una Sociedad de la Información para todos (Prado, 2000:380). Lo que se debe entonces promover es un debate sobre un “macroenfoque normativo-estratégico que sitúe al destinatario-persona-ciudadano como principal beneficiario dentro de una nueva matriz cultural, por encima del azar, del mercado y de la tecnología”. (Godoy, 2000:96)
Esta es la oportunidad para recrear el servicio público, en cuanto expresión y satisfacción de una necesidad social, actuar como factor de equilibrio económico y social, y como motor de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, de garantía de libertad y de respeto a la diversidad cultural de los pueblos y sus lenguas. Pero, sobretodo, porque dejarle todo a la “mano invisible” del mercado no es garantía de asegurar las condiciones mínimas para sustentar la democracia moderna y del acceso igualitario de oportunidades derivados de la innovación tecnológica.

 
Hoy la discusión está lejos de cerrarse, por el contrario, el enfrentamiento continúa entre quienes le asignan distintas funciones a la TV pública, pero, de todas formas, los ciudadanos pueden tener esperanzas, porque el papel de la TV pública está lejos de desaparecer, puede ser imperfecta, pero es necesaria; y en el nuevo escenario digital se verá fortalecida y legitimada con nuevos argumentos.
Seguramente, seguiremos escuchando críticas sobre lo que hace o deja de hacer la TV pública. Que adolece de inteligencia, originalidad y creatividad; que es torpe, burda y poco inteligente; que es un producto comunicacional de mala calidad, que no cumple con la función de dignificar su audiencia, en la perspectiva de la formación de ciudadanos y de fomento del desarrollo cultural nacional y que no se hace cargo de los temas realmente importantes. Por de pronto, es posible afirmar que si hay algo de lo cual adolecen dichos juicios es precisamente de originalidad y creatividad.
Lo relevante, tal como se definió el “Estado del Bienestar”, como una red de servicios que defendían y protegían al individuo frente a la insolidaridad y a las desigualdades que puede generar una economía sólo basada en la lógica del mercado, el informe consolida la idea de que el derecho a una información veraz e imparcial, el derecho a la cultura y a la educación, a un ocio creativo, es, también una necesidad social. Asimismo el documento reivindica la defensa de la televisión como servicio público que precisa del respaldo ciudadano, del apoyo de los poderes públicos, y de un reconocimiento continuado tanto por parte de las instituciones como de las organizaciones sociales.
Esta apuesta por el “modelo europeo”, que persigue una TV pública más fuerte, reconocida por públicos mayoritarios, competitiva y comercial pero no mercantilizada, y que cumple también con una función insustituible de dinamizadora cultural y sostenedora de las industrias audiovisuales, es por sí sola un tremendo avance por consolidar un modelo de televisión, mejor que el actual.
Asimismo, es evidente que la función de servicio público exige un esfuerzo especial de recursos públicos, entre otras razones, porque si no fuera así, la inmensa mayoría de los ciudadanos quedarían a merced de los contenidos diseñados en función de objetivos puramente mercantiles. Aquí el informe es claro y se ajusta al diseño de un modelo de financiación que, en el marco de las recomendaciones y directivas de la Unión Europea, posibilite su estabilidad económica y que suponga, para las cuentas públicas, un coste razonable y asumible. Se trataría de alcanzar la eficiencia social y, a la vez, hacerlo con eficiencia económica.
El informe de los sabios concluye que “la RTVE debe jugar un papel de liderazgo estratégico en la Era Digital, asociándose con otras cadenas, públicas y privadas, para actuar como motor del desarrollo de la digitalización de las ondas hertzianas en España y, finalmente, como acelerador de la extensión de la Sociedad de la Información. La Era Digital debe ser así la ocasión para realizar una recreación del servicio público radiotelevisivo en España y para reforzar su papel aglutinante entre las diversas culturas y lenguas del Estado español, incrementando su cohesión regional y su articulación democrática”. (2005:120).
El modelo fundamental de este esfuerzo “debe ser la televisión digital gratuita y en abierto, tanto de los canales generalistas como de su derivación en canales temáticos, y de los servicios interactivos de acceso universal. Unas acciones siempre congruente con su misión de servicio público y orientadas a los grupos y categorías sociales que componen el conjunto de la sociedad, especialmente a los sectores más inermes ante la lógica mercantil de las nuevas redes. En todos los casos, la Era Digital encierra la potencialidad de añadir un mayor valor social al servicio público, reforzando las misiones de información, cultura, educación y formación, mucho más adaptadas a las demandas individuales o de grupos sociales, más abiertas a la participación interactiva y a la expresión directa de los usuarios”. (2005:122)
Los desafíos que impone este nuevo contexto para la TV pública es si mantiene sus antiguas funciones o bien trata de inventarse unas nuevas. Así, si su deseo es seguir siendo un eje articulador del Estado, reproducción cultural y de identidad, tiene la posibilidad de serlo; de lo contrario perderá su capacidad y será difícil encontrar su papel en el amplio almacén virtual. Afortunadamente, este escenario digital no es aislado en Europa, existe una política detrás, que implica tiempos y etapas, lo que significa contar con una presión de hacer bien la transición digital.
Las televisiones públicas en nuestros tiempos tiene la oportunidad de reinventarse, tiene la posibilidad de cumplir funciones estratégicas como es en el desarrollo de las comunicaciones; garantizar el acceso universal para todos; producir información socialmente necesaria; mediar ante la multiplicidad de la oferta de información; equilibrar los nuevos oligopolios de comunicación y telecomunicación; ser motor de un sistema público de información; y liderar los procesos de convergencia entre distintos sectores” (Prado, 2000:380)
Un enfoque moderno y progresista del quehacer de la televisión pública implica insertarla como el sector más dinámico de la industria de contenidos audiovisuales, eje del actual mercado y espacio tecnológico de las comunicaciones. Es preciso favorecer la vinculación entre la producción audiovisual independiente y las televisiones abiertas, para abrir las parrillas de programación a nuevas voces; promover la transferencia e intercambio de capacidades y técnicas de producción televisiva; estimular la convergencia entre empresas de informática, telecomunicaciones y productoras de contenidos para mejorar la competitividad internacional de la industria audiovisual.
La oferta pública digital, puede ser por lo tanto la principal garantía para el mantenimiento de la cohesión social y del acceso universal a los contenidos de interés general, no ya de los “clientes” sino de los “ciudadanos”; además, la digitalización, socialmente pensada, puede ofrecer nuevas posibilidades de financiación a la televisión pública, tanto en la producción de contenidos o como plataforma técnica de televisión dentro de la cadena de valor de los servicios audiovisuales.

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Wolton, Dominique (1992) “Elogio del gran público: una teoría crítica de la televisión”, Gedisa, Barcelona.

Documentos
Partido Popular (1999) “Propuesta para un modelo de radiotelevisión pública de titularidad estatal en España”, Subcomisión parlamentaria para el futuro de la RTVE. Dic/Madrid.
PSOE (2001) “Intervención de José Blanco, secretario de organización del PSOE, TV pública en España: Modelo y financiación”
PISTA (2003) “Administración y Educación TDT. Propuesta y Recomendaciones de los Grupos de Trabajo PISTA TDT. Borrador 21
Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, Elaborado (2005) por el Consejo creado al efecto, según Real Decreto 744/2004, de 23 de abril 2005. Madrid.



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Cátedra UNESCO


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