Universidad Autónoma de Barcelona Doctorado en Comunicación Audiovisual






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Una mirada al informe desde el pluralismo y la diversidad

El informe de los sabios hace referencia en 36 ocasiones a la palabra “pluralismo”. Expresa desde un comienzo una advertencia sobre “el mal sano dominio de las frases hechas”. Hay un cúmulo de conceptos que se vinculan por cierta osmosis al tipo ideal de reformas que debe conllevar cualquier intento de perfeccionar la TV pública. El informe hace alusión a un grupo de palabras que están incluidas a priori en la discusión del tema, es decir, de no estar presentes sería como no hablar de la TV pública, como "calidad", "bien social", "veracidad", "pluralismo", “libertad de expresión", "progreso", "independencia", “interés y servicio público”, pero que a la vez suenan repetidas, manoseadas y con exceso de uso. Es el momento – invita el informe- “a revitalizar el concepto, para abrirse y desarrollarse como instrucciones de uso, en el mecanismo democrático”. “Han de convertirse en ideas-fuerza que, en el análisis de sus condiciones de posibilidad, expresen las formas concretas en que esos indudables valores se encarnan en la vida”. (2005:14). Desafortunadamente se queda tan solo en la estimulación, no define ni operacionaliza ninguno de los conceptos de pluralismo, pluralidad, diversidad y concentración.
Llorens, al igual que Miguel de Bustos, se aproximan a una definición de pluralismo y diversidad en el contexto del audiovisual. Así, es posible hacer algunas distinciones “el concepto de pluralidad lleva asociado el número, la cantidad; mientras que el término diversidad podría identificarse con el de variedad. En cuanto al pluralismo, este lleva asociado un significado más político, de aceptación, de convivencia y de tolerancia hacia ideologías distintas” (Llorens, 2001:124). “Hablar de la pluralidad de medios implica la existencia en un mercado de dos o más medios de comunicación (…)” “Los medios para respetar el pluralismo han de ser diversos, en el sentido de variedad, desemejante, diferencia o dar cabida a diversidad de ideas, opiniones e intereses en el mismo medio” (2001:124). Con todo, y luego de revisar a McQuail (1992) y Doyle (1997), Llorens se aproxima y asume la definición de Kowalsky (1998) del pluralismo a partir de la oferta de diversidad de medios (pues la diversidad consumida no es objeto de su estudio), definida por cuatro elementos: a) existencia de una pluralidad de medios independientes y autónomos (pluralismo externo); b) la diversidad de distintos tipos de medios y contenidos disponibles para el público (diversidad de elección); c) segmentos de la sociedad capaces de dirigirse al público a través de medios que son de su propiedad o afines a ellos; d) y diversidad de contenidos en los medios en relación a la función del medio, los temas tratados, los grupos de audiencia servidos. (2001:126)
Por su parte, Miguel de Bustos distingue pluralismo y pluralidad como una condición necesaria para nuestras democracias. “Unos medios pluralistas satisfacen la demanda de una democracia mediante la provisión a los ciudadanos de un amplio abanico de informaciones y de opiniones, la representación de las minorías, ofreciéndoles la oportunidad de mantener una existencia autónoma en una sociedad más amplia; reducir la aparición de conflictos sociales a través del aumento de la comprensión entre grupos con intereses contrapuestos; contribuir a la variedad cultural. Promover el cambio cultural y social, particularmente cuando facilita el acceso a los grupos más débiles y marginados”. (2004:1)
Miguel de Bustos sintetiza y dice que “Pluralidad es sinónimo de diversidad; El pluralismo presupone la pluralidad; El pluralismo es un principio que justifica la pluralidad, de manera que puede afirmarse que el pluralismo es una metapluralidad”. “Relacionado con lo anterior, puede afirmarse que la pluralidad es descriptiva y el pluralismo normativo”. (2004:3)
De esta forma, establece una cierta oposición entre los objetivos de la diversidad -y por tanto del pluralismo- y los económicos. Por otro lado, desde el momento en que considera que la diversidad debe ser estudiada desde diferentes perspectivas, a saber, la de formatos y temas (información, cultura, entretenimiento), de contenidos (diversos puntos de vista), de grupos (minorías, distintos sexos) y geográficos (contenidos locales, regionales, nacionales, internacionales) vuelve a remarcar un cierto isomorfismo entre diversidad y pluralismo. Esto significa que los medios deben reflejar las distintas categorías en las que puedan ser divididas nuestras sociedades.
Por otra parte, McQuail y Van Cuilenburg (1983) identifican seis dimensiones del valor de la diversidad. Estas dimensiones están con relación con: las diferentes áreas sociales de una sociedad (el área política, socioeconómica y sociocultural); la dimensión de pluralidad social escogida (en términos de las diferencias que puedan ser descritas entre los distintos grupos de una sociedad); las funciones de los medios de comunicación (información, formación de opiniones, etc); los diferentes niveles del sistema de los medios de comunicación(micro, meso, macro); a los diferentes contendidos de los medios y a las dimensiones de una sociedad plural; y, por último a partir de una pluralidad de criterios. Esto quiere decir que se puede medir el valor de la diversidad, a partir de lo que determinemos y ver si los medios de comunicación desarrollan este criterio, de una forma plural.
En el informe el concepto de pluralismo viene asociado a las ideas de: “defender la identidad cultural”, “garantizar, aumentar, respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico”, “como garantes de los principios y valores democráticos y constitucionales”. Es decir, el grueso de sus referencias tiene vinculación directa con el tipo ideal de democracia y de los valores que ésta representa, para ello, cita por ejemplo, los Protocolos de 1997 anexos al Tratado de Ámsterdam, donde se considera que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, “está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”. (2004:51)
El informe, someramente, vincula pluralismo con calidad, al referirse que es “un concepto en principio poco claro, pero que en la radiotelevisión pública adquiere caracteres insoslayables de diversidad, de oferta para todos los públicos, de pluralismo ideológico, político y social, de innovación y creatividad, de sello de excelencia técnica, estética y ética”. (2004:78)
También, al observar con precisión el informe, el concepto pluralismo aparece vinculado a la forma de difusión de ciertos contenidos, más que a los contenidos en sí mismos, y con un énfasis especial sobre el ámbito de los espacios informativos, sin referencia a la comunicación y cultura como tal. Es en el espacio noticioso, donde en apariencia se limita la línea editorial, donde se exige las acciones legales como la “objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”, “separación entre informaciones y opiniones” y, por supuesto, el “respeto al pluralismo religioso, social, cultural y lingüístico”, “garantía al pluralismo informativo” y al “pluralismo de fuentes informativas”.
Hay una interpretación sesgada y reiterativa, por parte del documento, en pretender reducir el pluralismo a la tarea de informar, mediante el producto noticias. Se sabe, latamente, que es fundamental “informar con pluralismo y veracidad”. Aspirar a que los ciudadanos posean una base firme para sus juicios de valor y su participación democrática no se juega sólo a las 21 horas, sino que en todos los contenidos, en toda la programación, en toda la parrilla y a toda hora. “Históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios, de múltiples voces, y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. Sin una provisión de medios abierta y pluralista, se perjudica el derecho a recibir e impartir información. Es por ello que este derecho no debe quedar confinado a la garantía de una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurarse la multiplicidad de contenidos en los medios”. (Becerra y Mastrini, 2005:19)
Por otra parte, el concepto aparece relacionado con la idea de estructura de gestión, control de las obligaciones e independencia del poder político. Se exige una plena autonomía gerencial y editorial respecto del poder ejecutivo, de forma que la radiotelevisión pública se convierta efectivamente en “garante del pluralismo político y social”. Todo ello sin perjuicio de la necesaria relación con la Administración Pública a efectos presupuestarios y del control, en ese sentido inherente a todo organismo estatal (Intervención delegada de Hacienda y Tribunal de Cuentas).
En todo el documento hay una sola mención a la relación entre regulación del contenido y pluralismo. La referencia es a propósito de los reguladores independientes en la Unión Europa, Comunicación de 1999 sobre los principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, en el apartado referido a los organismos reguladores, donde en el punto 10 subraya que “la regulación de los contenidos dirigida hacia objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural o la protección de los consumidores, debería basarse en principios fundamentales tales como (...) la independencia de las autoridades reguladoras...” (2004:145)
Asimismo, hay una sola consideración sobre pluralismo, mercado y concentración (2004:150) y está referido a las funciones del Consejo Audiovisual, donde entre otras cosas, deberá “hacer respetar de forma efectiva la libre competencia entre los distintos radiodifusores, velando por la transparencia y publicidad en la titularidad de los medios de comunicación audiovisual y por la efectiva aplicación de las medidas anti-concentración garantes del pluralismo”. “Debe considerarse además que no sólo la diversidad en la propiedad garantiza el pluralismo. También deben desarrollarse mecanismos que permitan una mayor variedad de contenidos y el reflejo de las distintas identidades, tradiciones y prácticas. La diversidad en el contenido de los medios representa un espejo central del pluralismo político y cultural de una sociedad”. (Becerra y Mastrini, 2005:15)
Por su parte, el concepto de diversidad, aparece en 32 ocasiones, recibe el mismo tratamiento que el pluralismo. Fundamentalmente está vinculado a la misión de servicio público “proyección de la diversidad social, cultural y lingüística españolas”, “diversidad en la comunicación y la cultura”, “diversidad en la herencia nacional y europea”, “valor democrático como la diversidad”. También, aparece fuertemente ligado al ámbito de los contenidos como producto de los espacios informativos y con cierta extensión a los demás géneros y formatos, “diversidad informativa”, “diversidad de acceso a las fuentes”, “diversidad de oferta”, “diversidad de público”, “diversidad programática”, “diversidad creativa”. Eso sí, ninguna mención a la relación diversidad, concentración de medios y regulación.
Generalmente, el concepto “diversidad” ha estado ligado tanto a la intervención del Estado como por la concentración de la propiedad dentro del sistema de medios; o por las tendencias internas de las instituciones mediáticas. (Gutiérrez Gea, 2000). La diversidad dentro de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, se intenta desarrollar, a través de políticas comunicativas contradictorias: la primera es mediante la ampliación de los canales existentes; y la segunda es a través de la intervención pública y la regulación del mercado. En este caso, el informe opta por asignar a RTVE una responsabilidad hacia adentro, de ser referente del tema “pluralismo” y “diversidad” y solo de manera fina menciona ciertas obligaciones ante estos conceptos que debiera tener el Consejo del Audiovisual sobre la industria española.
El informe más bien asume la postura histórica, aquella que indica que son las TV públicas las que tienen como mandato el desarrollo del pluralismo programático, tanto regional, lingüístico, político, cultural y en materia de gustos, unido el acceso de la sociedad a una información pluralista. Como asimismo, asumir el valor de la diversidad como una forma de servir al público, reconocer los derechos de los ciudadanos en la sociedad y actuar como la mejor fuente posible de información para apoyar el diálogo público” (Gutiérrez Gea, 2000: 6).

Pues bien, el pluralismo y la diversidad no se describen en sendos documentos o se revisan de vez en cuando a petición de un grupo de interés. No basta con que un medio de comunicación público se declare pluralista, sino que debe posicionarse sobre ese eje de manera ofensiva y materializarlo en un método de trabajo concreto y medible. La TV pública debe dejar esa ambivalencia que le resta credibilidad ante los ciudadanos. Debe mantener la coherencia entre el discurso público y su práctica; y la práctica en TV es su programación y oferta de contenidos, ahí se juega y se hace la TV, lo demás es retórico, discursivo, desgastante y frustrante. Debe considerarse además que no sólo la diversidad en la propiedad garantiza el pluralismo. También deben desarrollarse mecanismos que permitan una mayor variedad de contenidos y el reflejo de las distintas identidades, tradiciones y prácticas. “La diversidad en el contenido de los medios representa un espejo central del pluralismo político y cultural de una sociedad. Pero también hay que asegurar que las diferentes culturas presentes en un país o región encuentren un canal de comunicación. El pluralismo cultural deberá reflejar la diversidad, que es consustancial a toda sociedad moderna. En este caso no sólo hay que considerar qué contenidos están disponibles, sino también cuáles son utilizados y apropiados por la ciudadanía, así como también cuáles son más consumidos en términos de cuáles presentan mayor eficacia comercial”. (Becerra y Mastrini, 2005:20)
El pluralismo se construye, se hace, es un concepto activo, que va de frente. Esto, como dice Verstraete (2004) conlleva a la “reformulación de las premisas de nuestras instituciones sociales y políticas”. Es decir, la relación entre pluralismo y TV pública no puede darse sin que a la democracia se le exija más, que sea más radical, pues si estamos ante una democracia del empate, de los consensos, de un sistema de representación política sólo con la primacía de dos partidos políticos, de la mitad más uno; entonces de qué pluralismo o de qué diversidad un organismo de radiotelevisión pública puede dar cuenta o hacerse cargo. Quienes piensan en otra TV pública deben plantear mejorar el modelo democrático de la sociedad. “No es suficiente definirse como pluralista; se debe ver qué actos son efectivamente pluralistas” (Verstraete, 2004: 76). El pluralismo va más allá de la tolerancia pasiva que refuerza una posición de statu quo. El pluralismo “es una práctica de interacción, la búsqueda de una multitud de perspectivas mediante la introducción de la concertación, la confrontación y la negociación” (2204:86). Si la TV pública no busca cooperación con los ciudadanos, el pluralismo será retórico, vacío, contradictorio, elitista e incluso corporativista.  Eso sí, tampoco a la TV pública se le puede exigir lo que otras instituciones del Estado deben realizar como mandato institucional.
Asimismo, como dice Benjamin Compaine (2000) no es posible hablar de pluralismo cuando “el resultado es que vemos los mismos programas, las mismas ideas, las mismas informaciones; claro, hoy a través de centenas y centenas de vectores y servicios diferentes, comercializados de tantas formas como permita la tecnología, siempre, por supuesto, en beneficio de los intereses empresariales” (2000:54). No se puede insistir, entonces, en más pluralidad y más diversidad cuando los temas claves han sido marginados de la agenda política estratégica de comunicación y se entra al ruedo del mercado y se compite a través de la homogenización de los contenidos que conlleva la lucha diaria por la audiencia y que se manifiesta por nivelar la programación a los niveles más bajos y consensuados con el objetivo de acaparar el máximo de públicos, dejando los programas de calidad para círculos más minoritarios y, normalmente, a través de un acceso condicionado, es decir no disponibles a todos los ciudadanos.
Retomando, el informe desaprovecha un asunto central. La oportunidad de colocar en la agenda pública la relación Pluralismo/Diversidad, pues se trata de un área que compete a toda la industria audiovisual española y estratégicamente es la puerta de entrada para que la TV privada sea gestora indirecta del Servicio Público y por tanto sea evaluada en función de los contenidos que pone en pantalla por parte de un órgano regulador independiente, atribuciones que entrarían en la competencia del Consejo Audiovisual. Ante lo último, no es estratégico, tampoco, exigir y dotar de un sin fin de responsabilidades, tareas y funciones a una futura instancia reguladora, pues puede ser asfixiada antes de respirar. Lo correcto sería un tránsito paulatino, que primero se instale, que construya su cuerpo.
No queda muy claro en el informe que la “diversidad”, en cuanto tal, sea interpretada como un valor central que movilice el sistema televisivo en su totalidad. Más bien, le asigna a RTVE la obligación de desarrollarla hacia adentro, entregando de manera individual a los actores de la industria audiovisual las garantías de libertad de actuación en el sistema. Pero nada dice sobre la diversidad asociada con la libertad de mercado y a las demandas del ciudadano; apenas legitima la intervención de los poderes públicos y la regulación del mercado, quizás para no ahuyentar al capital privado. La verdad es que, tal como se recoge del informe, ni la diversidad ni el pluralismo aparecen protegida por una futura legislación. No se aborda de manera concreta y factible la forma de reflejar las diferencias de la sociedad, Esta bien, se puede declarar “más diversidad”, la pregunta es ¿cómo?, pues el problema sigue siendo el mismo, se tiene cada vez más declaraciones de buena voluntad y se sigue sin respuesta. Lo mismo sucede con la afirmación “acceso a los diferentes puntos de vista”, ¿cómo?; y además que el informe se cuida de no tocar a la TV privada, entonces cómo el Estado puede asegurarle a la ciudadanía un amplio tipo de elección de opciones en los medios de comunicación.
La omisión es seria, porque el informe trata de poner una nueva apuesta de TV pública en la sociedad, quizás sea su última oportunidad, pero hasta dónde se tendrá que negociar para que el pluralismo y la diversidad se logre manifestar como la posibilidad de todo ciudadano por acceder de manera equitativa al máximo de opiniones, ideas y informaciones y no quede reducido a un selecto grupo de conspicuos ciudadanos. El problema es que no estamos en una sociedad de entre iguales, hay diferencias, pero en vez de transformarlas en diversidad se construyen estereotipos que fomentan la exclusión. "Son pocos los privilegiados que pueden ejercer el derecho a la libertad de expresión y a expresar sus ideas y valores, una exclusividad que también les permite ocultar o criticar las ideas y valores que puedan ser contrarios a sus intereses o a su naturaleza; son, por lo tanto, quienes controlan la información” (Tomás Olalla, Ferrán, 2004: 2) Al parecer seguimos presenciando como en este tipo de sociedad postindustrial se consolida una tendencia que determina que algunos pocos actores sociales obtengan situaciones de privilegio o favoritismo político, frente a la mayoría (Dyson, 1988).
Insistir en el mercado como regulador es una equivocación. La liberalización del mercado no ha traído como consecuencia el surgimiento del pluralismo externo. La concentración tiene efectos negativos. Los positivos pueden existir pero por de pronto ninguna investigación empírica ha sido lo suficientemente contundente para así demostrarlo. A no ser obviamente, que el lugar desde el cual lo miremos no sea desde el servicio público y la rentabilidad social.

En los años 80 escuchamos sobre la necesidad y conveniencia de la privatización como una garantía de pluralidad (contra los monopolios) Hoy, los argumentos vuelven a repetirse, pero ahora a favor de la conveniencia de legitimar unos servicios públicos de comunicación (contra los oligopolios) que garanticen esta pluralidad, en el marco de unos espacios públicos para la cohesión social y para la participación democrática.
Hace tiempo que hay palabras que sencillamente provocan incomodidad mencionarlas, que son políticamente incorrectas. El informe, a propósito que centra su competencia en los medios de propiedad del Estado, debió adentrarse con absoluta legitimidad en cuestionar el proceso de “desregulación" del sector audiovisual y haber agudizado su mirada sobre la organización de los sistemas de medios y el posicionamiento de los diversos actores, para colaborar en construir mejores condiciones para la intervención del Estado en el área. También era una oportunidad haber despejado dudas sobre el concepto de desregulación y haber marcado el rumbo y la dirección del Estado. Era el momento de enfatizar que el Estado no está en ninguna retirada, por el contrario se encuentran en la primera línea de batalla, generando un volumen de dispositivos legales, en muchos casos mayor que los previos, destinados a establecer reglas de juego acordes con los intereses de los ciudadanos, apelando a una intervención democratizadora, aquella práctica que amplía las posibilidades de participación de los sujetos, no sólo en la producción de programas, sino también en la toma de decisiones sobre las políticas de los medios. (Mastrini, 1996)
Lo mismo tuvo que haber realizado, mediante una reflexión explícita sobre la concentración de medios de comunicación en pos de salvaguardar el pluralismo en el mercado. Más osado incluso, hubiese sido que una de las competencias del Consejo del Audiovisual sea consensuar, junto a otros actores autónomos e independientes, un instrumento de medición sobre la concentración, que monitoreé y sancionase el estado de la cuestión en el mercado español, pero más allá del cuerpo legal/judicial. Ya Llorens (2001) señala lo complejo que es construir instrumentos de medición, los cuales de una manera unívoca – sin sembrar dudas- logren determinar con total fidelidad los grados de participación en el mercado. No es ingenuo pensar en la posibilidad de transparentar más el sector, y ahí el informe volvió a perder una oportunidad estratégica. Debió abrazar la causa de la necesidad de democratizar y transparentar el audiovisual, tanto los propios medios como sus propietarios y actores. No hubiese sido descabellado haber planteado la construcción de un sistema público de medición de la concentración de la industria, que diera cuenta además de las fusiones y adquisiciones. Construir indicadores que dejen a todo el mundo conforme es ilusorio ¿a quién le gusta ser evaluado y menos por un extraño?. Pero hay bastantes aportes en la materia como el índice Herfindahl – Hirschman, IHH, (suma de las cuotas de mercado de todas las empresas de un mercado); índice GINI; índice CR4, o los aportes de Miguel de Bustos (1993); Sánchez Tabernero (1993); Pauwels (1998); Fox y Waisbord (2002); Sinclair (2000); Alberto Pérez Gómez (2002), entre otros. Interesante sería ver los aportes de Benjamin Compaine sobre la concentración de medios en el mercado norteamericano.
La concentración y la TV pública tampoco es un asunto resuelto en el informe. El texto no muestra una preocupación por la participación en el mercado político-cultural, menos inquietud expresa respecto a la concentración económica Quizás el informe asuma, y por tanto no cree necesario expresarlo, que la integración vertical como la concentración en los mercados intermedios en las diferentes etapas de la cadena audiovisual no sea un problema para el pluralismo medial. Por tanto, considere que no hay nada intrínsecamente malo en la integración vertical. El hecho de que un medio broadcasting posea su propia red de corresponsales, que produzca gran parte de sus programas y que opere su propia cadena de transmisión le ayuda a mantener su independencia; probablemente contribuye al pluralismo en los medios. ¿Pero qué pasa si los vínculos verticales están asociados a posiciones dominantes en los mercados intermedios?, ¿Será mayor la independencia y desarrollo de los medios?, ¿será el mercado el que nuevamente cree el escenario de competencia perfecta?. Es extraño, porque conociendo la trayectoria de los sabios del informe, más de uno ha mostrado preocupación en temas como la concentración en la propiedad de los medios, el control de distribución y de la producción de contenidos.
En otras palabras, el informe da cuenta de una TV pública como expresión de la estructura industrial televisiva vigente y da los resultados que tiene que dar, y no otros. Estamos ante una actividad estructurada primordialmente para la explotación comercial del medio, la cual asume que la competencia en el mercado maximiza el bienestar social mediante la lucha por la sintonía entre canales de naturaleza privada y estatal. En otras palabras, como lo señala Godoy “si hoy existen problemas de diversidad y calidad programática, éstos llevan medio siglo sin estar bien resueltos” (2000:12). A diferencia de lo que afirman los más optimistas creyentes en el progreso tecnológico ilimitado o en la desregulación absoluta, ni la tecnología ni la desregulación -al menos de la manera en que se han manifestado hasta ahora- han solucionado de manera satisfactoria la calidad, diversidad o pluralidad programática en un sistema de TV (2000:14).
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