Universidad Autónoma de Barcelona Doctorado en Comunicación Audiovisual






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Servicio Público en un nuevo Paradigma

Siguiendo con la línea argumentativa anterior, Emili Prado (2000) sostiene que existe una clara evidencia de la transformación de los paradigmas de las políticas en comunicación. En un primer momento, en la Sociedad Industrial, los media, en especial la Televisión, fueron los articuladores de la columna vertebral del Estado Moderno, pocos medios para muchas personas, buscaron reforzar el Estado Nación, cubrir las zonas fronterizas; de este modo facilitaban la cohesión social, el consenso como factor de unión, la reproducción cultural y reforzaban la soberanía. La soberanía se construía como concepto moderno, en un contexto donde la clave estaba dado por la circulación de mercancías y los mecanismos de flujo. En este primer estadio, una vez que se identificaban dichos flujos, las políticas de comunicación se diseñaban en función de regular dichos flujos, como por ejemplo evitar las desigualdades (UNESCO, Informe MacBride, 1980). Este primer paradigma se dirige hacia las “metas políticas del bienestar, con especial acento en la libertad, diversidad, calidad y responsabilidad social y pública. Esos objetivos se materializaban socialmente a través de cuerpos legales que fundamentaban las políticas de comunicación”. (McQuail, 2003)
En un segundo estadio, retomando a Prado, el modelo de Sociedad de la Información, “sociedad en que los individuos y las instituciones dependen cada vez en mayor medida de la información y comunicación para poder funcionar con eficacia en casi cualquier campo de la actividad” (Blumler,1992:25), implica el diseño de una nueva política de comunicación, basada en productos culturales y de comunicación, con un alto valor simbólico y que crean el gran “almacén universal virtual”. Aquí la comunicación es por “stock”, donde los productos culturales poseen acceso directo, deslocalizados y el usuario es quien circula. En este escenario, como dice McQuail, es donde se gesta el paso de una política de comunicación a otra política de telecomunicaciones, donde lo importante son las infraestructuras, la arquitectura, las condiciones y regulación del mercado, ordenados a través de instrumentos rectificadores y reglamentarios. Así vivimos una transición, desde la preocupación por normar en pro de preservar la pluralidad y la diversidad hacia otra que expande, asegura, condiciona y corrige las fallas del mercado. Pasamos de una política centrada en el emisor a otra focalizada en la producción. La convergencia de las infraestructuras y de los servicios de la comunicación, es entonces, la causa principal del cambio del paradigma; pero en realidad las causas más influyentes del cambio sean, probablemente, las ambiciones de las corporaciones y de los gobiernos por beneficiarse de las oportunidades económicas ofrecidas por las nuevas tecnologías de comunicación. Tal como indica Becerra (2005) “el informe MacBride en su diagnóstico se refiere a los problemas de monopolios, colonialismos, desequilibrios en los flujos, unidireccionalidad de la comunicación, la concentración vertical y horizontal, la trasnacionalización, la alineación informativa; mientras, que por su parte, y muy por el contrario, el diagnóstico que realiza el informe oficial de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra es sobre un escenario que brinda oportunidades de intercambio, modernización, de una sociedad sin conflictos que permite el disfrute de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones” (Conferencia InCom, UAB, 2005)
Así, entendemos que la misión de la TV pública es producto, o forma parte, de la política de comunicación que establecen los Gobiernos, la que generalmente es dirigida por una noción del interés público, “si sirve a los fines de todo el público en lugar de servir a los de cierto sector del público” (Banfield, 1965), del que se espera que los Estados democráticos persigan a nombre de sus ciudadanos. “Una de las claves de la configuración de democracias modernas es la garantía al acceso y a la participación ciudadana en la puesta en circulación social de los mensajes, lo que define que la sociedad puede acceder a una variada gama de productos culturales y opiniones diversas. (Becerra y Mastrini, 2005:14) En general, una cuestión de interés público es aquella que afecta a la sociedad en su totalidad. “En la actual fase de una globalización capitalista total, el concepto de servicio público en el sistema audiovisual actual resulta una tarea ardua y compleja. Ello debido a que nos encontramos ante un concepto de carácter evolutivo, pues las políticas de comunicación han variado y están constantemente variando. A nadie debe extrañar que el concepto dependa de las políticas de comunicación existentes en cada momento histórico” (Martín Diez, 2003). Asimismo, el concepto de interés público se está redefiniendo tras abarcar valores económicos y de consumo, en “desmedro de los principios de igualdad y equidad, a pesar del discurso retórico que ha acompañado el acceso universal a las nuevas tecnologías, lo de fondo sólo tiene que ver con maximizar la oportunidad más que perseguir idearios de equidad”. (McQuail, 2003:65)
El peso de una culpa. El informe acarrea el ideal europeo de servicio público, el que se cruza en permanente tensión con el modelo competitivo-comercial norteamericano, más los problemas propios del desarrollo económico, político, social e institucional; más los efectos negativos de las manipulaciones gubernamentales y la publicidad y por “un servicio público mal cumplido” (Godoy, 2000:35). Aspirar a un modelo europeo conlleva asumir las contradicciones, por un lado, la de aceptar al mercado, sus mecanismos, sus condiciones y competencia; y paralelamente defender el acceso universal, la diversidad, la pluralidad, la identidad cultural y el papel del Estado. Pero más allá de la evidente contradicción, o lo que algunos llamarían la consecución de una tercera vía, este modelo no ha abandonado el concepto de “servicio público”. Así, la Comisión Europea, en varias de sus comunicaciones sobre “los servicios de interés general en Europa”, aplica el concepto de servicio público, tanto a un conjunto de obligaciones orientadas a satisfacer fines de interés general como al tipo de organismos dedicados a proporcionar y gestionar tal servicio (Hernández, 2000).
En el ámbito audiovisual, la “misión” de servicio público comporta una serie de obligaciones específicas para favorecer o permitir la realización de los fines de interés general. Se aplica al plano de la oferta (programación) y al de la gestión; es decir, se concreta en una serie de contenidos y en las condiciones en las que se desarrolla dicha función: responsabilidades, dimensiones, recursos, oportunidades, objetivos estratégicos, estructura organizativa y de decisión.
Desde el punto de vista de su fundamentación, el servicio público de radiodifusión pública se ha vinculado tradicionalmente a cuestiones técnicas relacionadas con la escasez de espectro, pero también a una serie de requerimientos de carácter ético-político, por ejemplo, la cohesión e integración social; el rechazo a la discriminación social, cultural, sexual, religiosa, racial; la innovación y la calidad; el respeto a las minorías; la defensa de la diversidad cultural y de la identidad europea; la creación de foros de discusión plurales; Los conceptos de interés general, interés económico general, servicio público y servicio universal, más allá de sus diferencias de significado, son considerados por la doctrina comunitaria como un elemento clave (y diferenciador) del modelo de sociedad europeo, en el que se combina la economía abierta con la solidaridad y la cohesión social.
Algunos autores suelen hacer, de entrada, una distinción sobre la misión del servicio público para no dejar dudas. Pasquali (1991), por ejemplo, afirma que el servicio público tiene una doble independencia: del poder económico y del poder político, ese es el único negocio conveniente para la democracia. La radiodifusión de servicio público implica ciertos principios que fundan el concepto, entre ellos el que sea el público quien financie motivado por intereses colectivos y sea el propio público quien recibe el producto; los ingresos publicitarios no pueden influir en el contenido y en las políticas. Tiene imperativos de alta calidad, los que no son incompatibles con el rating, pero no son asimilables a instrumentos de mercado; sin embargo, la calidad debe ser “arma” absoluta ante las TV privadas. Debe ser participativa, sólo el sector público puede garantizar y asegurar la presencia organizada, activa, concreta del usuario. Pasquali además precisa que debe ser de alcance nacional; debe respetar a los usuarios; no puede ser centralista; debe expresar la idea de nación (Estado para el caso español); debe disponer de una infraestructura modelo; debe asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso y puedan disfrutar de los avances tecnológicos; debe contar con un alto porcentaje de producción propia.
El servicio público para adecuarse a la Era Digital debe adaptarse a unas sociedades modernas de múltiples intereses y gustos y, en particular, a la interactividad, a la supuesta riqueza multimedia y a la personalización de contenidos y servicios que caracteriza a la Sociedad de la Información: nuevos canales y servicios para nuevas demandas de los ciudadanos. Con esta adaptación necesaria y urgente en el corto y medio plazo, el servicio público de radiodifusión adquiere característica de trascendencia social muy superiores a los del pasado, en tanto resorte fundamental de la Sociedad de la Información para todos, en consonancia con la aspiración del modelo social europeo.
A medida que el desarrollo técnico, fundamentalmente la digitalización, hace cada vez menos importante el problema de la escasez de espectro, los aspectos ideológicos adquieren más fuerza como legitimación última de la concepción de la televisión en tanto servicio público. Por ello, sea cual sea el volumen y variedad de la oferta televisiva, su modelo de negocio, su ámbito de cobertura o su sistema de emisión y recepción (analógica / digital; estatal / de proximidad; por cable / por satélite / terrestre), no puede invalidarse la vigencia del concepto de servicio público sin cuestionar al mismo tiempo los valores en los que se funda el modelo de sociedad europeo.
El informe dedica 57 de las 229 páginas a la propuesta de servicio público, la cual podemos resumir en 12 postulados: Derechos y valores democráticos; principios morales y constitucionales; libertad de expresión; protección a la intimidad; protección al desarrollo de la infancia; igualdad; promoción e integración de las minorías y la no discriminación; pluralismo; participación; derechos de acceso; cohesión territorial; promoción de la educación y la cultura.
La digitalización de la TV pública

La Televisión Digital Terrestre, TDT, medio de difusión que ofrece una gran eficacia de transmisión, no sólo puede mejorar de calidad audiovisual respecto a la televisión analógica, sino que proporciona un enorme número de ventajas diferenciadas y funciones adicionales respecto a la difusión convencional de televisión. Como sabemos la TDT es “una nueva técnica de difusión de las señales de televisión que por medio de la digitalización permite optimizar el uso del espectro radioeléctrico en el medio de difusión canal aire sobre la superficie terrestre” (CMT/CAC, 2002:8). Entre sus características se distinguen: Mayor número de programas y nuevas emisoras en la misma ocupación de espectro que la actual televisión analógica (varios canales de TV digital en el mismo ancho de banda de un canal de TV analógico). Además, puede coexistir con la televisión analógica; mejora la recepción en condiciones adversas (movilidad, interferencias, ruido, etc.); Posibilidad de uso de infraestructuras de TV analógica ya existentes: antenas, emisores, instalaciones, etc. De hecho, se puede aprovechar la infraestructura TV convencional para proporcionar múltiples canales de televisión a través de la misma antena de recepción; Escalabilidad de la resolución de las emisiones incluida la Televisión de Alta Definición y formato panorámico de TV (19:9); Permite dialogar entre dispositivos, o a la transmisión de datos y nuevos servicios interactivos; Sonido Digital Multicanal; Posibilidades de acceso condicional (abono, pago por visión y acceso personal); Interactividad con el usuario por medios sencillos: Guías electrónicas de programación y posibilidad de uso intuitivo de los servicios interactivos; Nuevas oportunidades para la oferta de contenidos y servicios interactivos adicionales. (PISTA TDT, 2003:5)
Como indica Prado (2003a), “la mayor virtud no hay que buscarle en el amplio despliegue de canales, sino que en la digitalización en sí misma”. Lo que podía haber sido algo imposible, hoy es viable y lo es la prestación del servicio universal para todos los ciudadanos. “La TDT tiene como función básica asumir la prestación del servicio público de televisión, que hasta ahora se cubre con tecnología analógica Su principal obligación es prestar un servicio universal de calidad, disponible para todos, en igualdad de condiciones y suministrado con gestión directa por algún organismo del Estado y/o por gestión indirecta de particulares” (Prado, 2003a)
El informe de los sabios indica que “las tomas de posición de RTVE ante el futuro de redes y servicios digitales han sido erráticas, coyunturales y desvinculadas de una estrategia estable de renovación del servicio público, que, sin esa necesaria adaptación tecnológica y comunicativa, está condenado a una lenta extinción” (2005:77). Entonces, ante tal contundente sentencia ¿qué pueden esperar los ciudadanos del papel que jugará la TV pública en los tiempos venideros?
Para el informe, la TDT, “gran promesa de servicio universal audiovisual e interactivo, se ha visto así paralizada por una política gubernamental errónea, incapaz de vislumbrar que la televisión en abierto -y el servicio público, en especial- deben tener obligadamente un papel motor, frente a los conocidos círculos viciosos del mercado”. (2005:82) “Erróneas políticas públicas y ausencia de estrategias de RTVE se aunaban así para cegar la vía del futuro al servicio público y, de paso, cerrar uno de los caminos más importantes de acceso de sociedades de desarrollo intermedio a la Sociedad de la Información”. (2005:83)
Los expertos señalan un balance bastante negativo de cómo RTVE ha enfrentado el nuevo escenario tecnológico. Más aún, aprovechan este contexto de convergencia para indicar el retraso y la falta de noción estratégica, entre otras cosas, para abordar, por ejemplo, la participación de la TV pública en Internet. “Escasa oferta y carencia de planificación para el futuro distan enormemente de algunas televisiones públicas europeas, que han conseguido convertirse, mediante Internet, en el nuevo “medio de medios”, en un lugar obligado de conexión e incluso de llegada para los ciudadanos internautas”. “Tampoco se están construyendo las bases para una ampliación del servicio público en la Era Digital, ajustado a un entorno de mucha mayor diversificación de la oferta de contenidos y servicios, y del avance en la interactividad creciente con el receptor”. (2005:30)
En el contexto de la Unión Europea, desde el Consejo de Europa, la Comisión o el Parlamento, numerosas resoluciones han aconsejado el fomento activo de la TDT en abierto y de forma gratuita, y que sea la TV pública la que lidere la transición digital de las ondas. La política de comunicación europea ha establecido dos objetivos prioritarios: Regulación del nuevo ámbito común de circulación de producción audiovisual, que de denomina “televisión sin fronteras” y la protección de la industria audiovisual. Estos dos objetivos tuvieron una ampliación en nuevas prioridades: Regulación y planificación de las telecomunicaciones y Estrategias para adaptarse a la sociedad de la información. Sobre esto último, y en el marco de promotor de la TDT y del apagón analógico, ha establecido, a través de comisiones y declaraciones, los siguientes imperativos vinculados al nuevo escenario que enfrenta el servicio público de la televisión pública: “Poner al alcance de los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información, y de las nuevas tecnologías”; “Emprender el desarrollo y la diversificación de actividades en la era digital”; “Garantizar que el servicio público, como factor esencial para la cohesión de las sociedades democráticas, es mantenido en el nuevo ambiente digital asegurando el acceso universal a los individuos a los programas del servicio público radiotelevisivo, y de dar entre otros un papel central en la transición a la televisión digital terrestre”; “Frente a los cambios ligados a la llegada de las tecnologías digitales, el servicio público de radiodifusión debe preservar su especial efecto social, incluyendo un general y básico servicio que ofrece noticias y programas educativos, culturales y de entretenimiento dirigidos a las diferentes categorías del público” (Informe para la Reforma de los medios, 2005:52)
Contar con una clara misión de la TV pública que responda a un diseño estratégico global es lo correcto ante los desafíos que plantea la digitalización, la amplitud de canales, la multiplicación de la oferta, la globalización de la producción y de distribución de programas audiovisuales, la convergencia entre comunicación y telecomunicación y en general por la transformación de los escenarios y de los actores de la comunicación en nuestra sociedad actual.
Ahora bien, la digitalización como parte de una política de comunicación, implicará no sólo cambios para TV pública, sino que también para la industria audiovisual española. Aquí, quizás, se encuentra la mayor tensión sobre el informe. La implantación del sistema TDT no sólo exige la aprobación de medidas legislativas - y la consiguiente entrada al ruedo de los intereses económicos y políticos- sino también la intervención de una serie de agentes del mercado audiovisual, “algunos de los cuales deberán renovar sus modelos de actuación” (Mestre, 2005:676) como por ejemplo la industria productora de contenidos; las empresas concesionarias de televisión (privadas y públicas); empresas de programación; fabricantes de equipos y desarrolladores de aplicaciones; el gestor de múltiples o empaquetador de radiofrecuencia; el gestor de interactividad; el transportista o carrier y el difusor de la señal de televisión. Asimismo, la industria publicitaria también se prepara para un nuevo negocio de alta relevancia económica. Este sector podrá registrar en una base de datos los hábitos de consumo de cada usuario. “En tiempos de hipersegmentación de los públicos y de crisis para la publicidad televisiva, cuando ésta responde con soluciones de saturación para garantizar cierto número de impactos, la posibilidad de identificar individualmente al público objetivo es un gran regalo. Hacer más atractiva la publicidad interactiva es un objetivo que el t-commerce, comercio por televisión, espera alcanzar con buenos resultados, pues de los ingresos que ella reporte dependerá la supervivencia de la programación que tenga el consumo productivo como fórmula de explotación”. (Mestre, 2005:681)
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