Análisis de la Ley 26. 522 de Sevicios de Comunicación Audiovisual comparado con la normativa vigente hasta su aprobación, en el marco de las políticas públicas y las prácticas de comunicación masiva en Argentina”






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títuloAnálisis de la Ley 26. 522 de Sevicios de Comunicación Audiovisual comparado con la normativa vigente hasta su aprobación, en el marco de las políticas públicas y las prácticas de comunicación masiva en Argentina”
fecha de publicación31.08.2015
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Políticas y Planificación de la Comunicación

Análisis de la Ley 26.522 de Sevicios de Comunicación Audiovisual comparado con la normativa vigente hasta su aprobación, en el marco de las políticas públicas y las prácticas de comunicación masiva en Argentina”
Cátedra: Mastrini

Profesor: Diego Rossi
Alumnos: Macarena Asborno

Santiago Korovsky

Carla Castro

Introducción
El presente informe se propone analizar la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante SCA) comparativamente con la normativa vigente hasta su aprobación, la ley 22285 y sus modificatorias. El marco de análisis lo establecen las políticas públicas y las prácticas de comunicación masiva en Argentina. El acento estará puesto en la definición del servicio y su correlación con los valores de libertad de expresión, derecho a la información y la orientación de la programación al servicio del bien común.

Para realizar este trabajo se utilizará como marco conceptual la matriz de análisis normativa propuesta por Margarita Graziano, así como los elementos aportados por Oslak y O’Donell serán empleados a la hora de avanzar sobre las posibilidades de aplicación de la nueva normativa en el corto y mediano plazo.
Análisis comparativo


  • Definición del servicio

Según plantea Margarita Graziano, la definición del servicio es uno de los elementos centrales de la Matriz de análisis para estudiar los sistemas de medios. El servicio puede ser definido como de Interés público donde el Estado se limita a establecer un marco regulatorio general, a otorgar las licencias solamente, o como servicio público, donde el Estado también, planifica el sistema y se ocupa principalmente de que sean satisfechas las demandas de las minorías. Esto no quiere decir que los medios necesariamente tengan que ser propiedad del Estado, pero sí que el Estado establezca condiciones que deban ser respetadas por los medios. Aún concesionando los medios, avanza en la definición de los objetivos de radiodifusión.
El objeto primordial de la actividad de los servicios regulados por la recién votada ley de SCA deberá ser la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades para acceder de todos los habitantes de la Nación a los beneficios de su prestación.1 En este sentido se diferencia de la Ley precedente en tanto ésta definía su objeto como los servicios de radiodifusión y servicios complementarios destinados al público en general por recepción directa.2

Si bien la reciente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mantiene la definición del servicio como de Interés Público, sosteniendo la misma línea que la 22.285, introduce importantes avances regulatorios concernientes a la defensa de la libertad de expresión, la democratización y universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto manifestaría una inclinación hacia la definición de servicio público, en tanto excede los marcos regulatorios básicos para adentrase en las prácticas mismas de la radiodifusión.

Ya en la introducción y en los primeros artículos queda establecida la consideración de la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes como una actividad social “de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”3

Históricamente, nunca ha existido en la jurisprudencia nacional acción o iniciativa alguna que tendiera a la definición del sistema de medios como servicio público. La expropiación de los canales de televisión privados para llevar a cabo la estatización de los mismos realizada por Perón en la década del `70, fue un intento trunco que sí puede leerse como excepción. Dicha iniciativa incluía el ya citado modelo de servicio público, un desplazamiento de los contenidos hacia una televisión de carácter complementario, una mayor participación de las organizaciones de trabajadores del sector, el poder legislativo y otro tipo de entidades, disminución de la carga publicitaria, mayor producción nacional y más contenidos culturales. Sin embargo el proyecto no pudo concretarse. A pesar de que la estatización fue un hecho, esto no condujo a que el sistema de medios se orientara hacia la definición de servicio público sino a que el lopezrreguismo construyera su propio espacio de poder en la política nacional a través de a la manipulación de los medios. A pesar del fracaso, vale la pena citarlo ya que constituyó uno de los pocos momentos en la historia de la radiodifusión en que existió la posibilidad de un cambio radical en la organización del sistema de medios en Argentina. Con la aprobación de la ley de SCA se inicia un nuevo periodo que nos permite considerar la posibilidad de una transformación en dicha definición.



  • Concentración y propiedad de los medios

La Ley SCA comprende elementos tendientes a la desconcentración al establecer que sólo se podrán tener hasta 10 licencias de servicios abiertos, lo cual fomenta la competencia al permitir el ingreso al mercado de nuevos oferentes. Esta medida, sumada al fomento de la producción local, develan la intención de un acercamiento a un federalismo real y a un mayor acceso de los ciudadanos a la información y otros contenidos.

Soporta esta línea el establecimiento de una Tarifa Social para los servicios de televisión por cable, quienes deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único medio que existe para mirar televisión. Se busca, de este modo, que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual, a través del el abaratamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Respecto de los licenciatarios, elemento también central en la limitación de la concentración y en la definición del sistema de medios, la ley 22.285 señalaba:La administración de las frecuencias y la orientación, promoción y control de los servicios de radiodifusión son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”4 y que los servicios podían ser prestados por personas físicas o jurídicas o por el Estado nacional (en el caso en que no fuera prestado por la actividad privada).

En clara distinción, la ley SCA señala que “la explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles5 Habilita, de este modo el ingreso de los organismos sin fines de lucro que habían sido relegados por la ley anterior. El cambio en la definición de los licenciatarios favorece la pluralidad y diversidad ya que da la posibilidad a todos los actores sociales a poder expresarse públicamente, no solo a quienes cuenten con el capital para montar y mantener una emisora o un canal. Durante muchos años esta restricción de mercado estuvo estimulada por los requisitos que eran solicitados a los futuros licenciatarios, siendo fundamental para esto la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales. Con la ley SCA se valoran otras características, vinculadas a criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad, con lo cual se integra a un número mayor de ciudadanos y supera la restricción de mercado que volvía abstracto el derecho a la libertad de expresión.

Hay que destacar que el precedente de esta incorporación proviene de Ley 26.053 del año 2005, el cual permitió a las cooperativas presentarse (por ende a entidades pertenecientes al 3er sector) como licenciatarias de un medio.

Otra medida para limitar la concentración es el mecanismo de Audiencias Publicas que prevé la 26.522, para determinar prorrogas de licencias. Allí los licenciatarios deben presentar las propuestas de contenidos. Esto favorece a la multiplicidad no sólo de licenciatarios, sino también de proyectos, constituyéndose como una instancia más de control para evitar la creación de monopolios. Al mismo tiempo, el control de esas licencias cada dos años, busca evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.


  • Libertad de expresión

En conexión con lo planteado en el parágrafo anterior, respecto al concepto de libertad de expresión la nueva regulación logra superar la abstracción a la cual estuvo reducida durante años. La 22.285 supeditaba la libertad de expresión a la Seguridad Nacional, pero con el retorno de la democracia vuelve a tener validez la Constitución Nacional y con ello, vuelven a garantizarse los derechos que esta ampara. Sin embargo, garantizar la libertad de prensa como lo establece el artículo 32 de nuestra Constitución Nacional no asegura a los ciudadanos el efectivo ejercicio de la posibilidad de comunicación, o sea, de una comunicación democrática. La misma si bien protegía también de la censura, no garantizaba la diversidad, ya que los que no cuentan con recursos económicos no son “libres” de expresarse. La restricción planteada no era legal sino económica, de mercado.

Como dijimos, si nos ceñimos al articulado de las leyes la 22.285 supeditaba la libertad de expresión a las necesidades de la Seguridad Nacional: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley”.6 La ley 26.522 no contiene esta cláusula, y uno de sus objetivos, es el cumplimiento irrestricto del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)7


  • Derecho a la información

Este derecho, emanado del artículo 13 de la CADH no estaba contemplado en la ley 2285, pero la nueva ley lo considera un valor central a proteger. El Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión. El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, con igualdad de oportunidades de todos los habitantes. Además se resalta “El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública” como valor a defender. La apertura a nuevos licenciatarios también se relaciona con el derecho a la información, dado que involucra no sólo la libertad para emitir información sino también a recibirla y difundirla. En este sentido se entiende que el derecho a la información es ampliatorio de la libertad de expresión y que por ello se encuentran íntimamente relacionados.


  • Orientación de la programación al servicio del bien común

Ley 22.285 expresaba: “Los servicios de radiodifusión deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la población, según lo exigen los objetivos asignados por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión, las que deberán propender a la elevación de la moral de la población, como así también al respeto de la libertad, la solidaridad social, la dignidad de las personas, los derechos humanos, el respeto por las instituciones de la República, el afianzamiento de la democracia y la preservación de la moral cristiana.”8 Aunque dicho artículo fue sustituido por Decreto 1005/99 Art. 1 Reg.: 8, simplemente agregó como valores a proteger en el contenido de la programación la integridad de la familia y la preservación de la tradición histórica del país. En el mismo sentido, el decreto resaltaba que “el contenido de las emisiones de radiodifusión, dentro del sentido ético y de la conformación cívica con que se difunden los mensajes, debe evitar todo cuanto degrade la condición humana, afecte la solidaridad social, menoscabe los sentimientos de argentinidad y patriotismo y resienta el valor estético”9

Muy distinto es lo que expresa la ley 26.522 en sus objetivos expuestos en el artículo 3 para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones. Como primer elemento encontramos la promoción y garantía del ejercicio del derecho a la información, lo cual no se encontraba, cómo ya mencionamos, entre los valores promovidos por la normativa anterior.

Avanza luego sobre la promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana. La tradición presidencialista argentina nos acostumbró a lo largo de los años a la macrocefalia. Buenos Aires se consolidó como el centro político, económico y cultural del país, desde donde se toman las decisiones que afectan a la totalidad de los habitantes de la Argentina. Por esta razón hoy en día no nos resulta ¨autoritario¨ o selectivo que los contenidos no sean de producción de local. El gran problema que esta situación centralista acarrea es la falta de contemplación de los intereses regionales a la hora de producir contenidos. El conjunto de los medios compite por la misma audiencia. Se asocia a modelos con financiamiento publicitario y se aleja de la diversidad de contenidos y la democratización de los medios ya que no están siendo representados todos los ciudadanos sino solo los receptores (en términos de Roncagliolo) de nivel socioeconómico ABC1, que pueden consumir lo que ofrecen los auspiciantes que financian el medio. Este proyecto federalista se apuntala también gracias al establecimiento de Medios Municipales y Provinciales, reservando para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta.

Otro objetivo central que prioriza la ley es “La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas”10 Por ejemplo, se crea una Tarifa Social que reduciría la inclusión por consumo para acercarse de a poco a una inclusión planificada desde el Estado en pos de una democratización de la comunicaciones, respetando el humano derecho a recibir y emitir información por los medios, entendiendo el rol central que cumplen en la sociedad.

La promoción de la industria nacional es otro de los objetivos, íntimamente ligado con el anterior. Por eso se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. Así, no solo se protege la producción nacional sino que también se trabaja en pos del bien común y se limita la importación de cultura extranjera, en defensa de nuestros particularismos. Estas medidas implican concebir a los medios como herramienta fundamental en el proceso de construcción de nuestra identidad.

Por último, la ley pretende asegurar que todos los ciudadanos sean representados en la programación que los medios ofrecen, abriendo instancias participativas que, con una conducción democrática y representativa aseguren pluralismo y diversidad en sus contenidos. Un ejemplo que refuerza la naturaleza pluralista de la ley es la adopción progresiva de medidas para permitir que las personas con discapacidad accedan a la programación11, por ejemplo el sistema “closed caption” (inserción de leyenda destinada a la comprensión del contexto y de los diálogos para personas sordas e hipoacúsicas.).

En términos generales la ley sigue definiendo a las comunicaciones audiovisuales como un sistema competitivo y no complementario al aceptar la publicidad como medio de financiamiento y relegar la diversidad de la oferta. El cable, que cobra entidad con la nueva ley ya que no estaba contemplado por la 22.285, tiene una lógica más complementaria que la TV abierta. Pero esto es posible porque el abono permite subsidiar canales minoritarios. No es una inclusión y superación del nivel de acceso por planificación sino por mercado, por consumo. El acceso queda garantizado solo a través del dinero, de la tarifa. En este sentido, es valorable la tendencia hacia un servicio complementario a través de las reglamentaciones a la producción de contenidos, a pesar de que ésta sea escueta e inacabada.
Perspectivas futuras de la SCA

La aplicación posible de la ley 26522 en el corto y mediano plazo puede evaluarse tomando como base lo planteado por Oslak y O’Donnell12. Estos autores proponen un recorrido para estudiar el proceso social que implica el surgimiento, tratamiento y la resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores adoptan diversas políticas.

Es necesario entonces, considerar los posicionamientos, diagnósticos y escenarios de los distintos actores involucrados en los últimos meses. Las formulaciones realizadas por cada uno de ellos serán relevantes y permitirán señalar las tendencias que guiarán su aplicación en el corto y mediano plazo.

La demanda de reemplazar la Ley 22285 de la dictadura y normalizar el sistema audiovisual argentino apuntando hacia una mayor democratización de las comunicaciones fue impulsada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Integrada por diversas agrupaciones y colectivos de la sociedad civil, redactaron los 21 puntos que constituyeron el eje de la presente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este origen social de la problemática, así como su tratamiento público en diversos foros a lo largo del país, permitiendo aportes y modificaciones al proyecto de ley, hablan de una fuerte incidencia de la sociedad civil en el futuro desarrollo de la ley.

Este rol destacado se observa también en la incidencia de las radios comunitarias, encabezadas por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), adherente a la Coalición. El presidente de FARCO, Nestor Busso, expuso durante las audiencias públicas que el decreto ley 22285 impuesto por la dictadura constituía “una violación grave a la libertad de expresión en nuestro país13, y solicitó la pronta aprobación de la ley 26.522. La presencia activa de ésta y muchas otras agrupaciones de la sociedad civil en diversas manifestaciones en apoyo a la nueva ley, incluso durante los debates en las Cámaras, no debe ser menospreciada como un factor de presión que permitió la sanción de la ley y que será fundamental a la hora de definir su reglamentación y aplicación. Sin embargo, no debe olvidarse que un sector de la población no apoyó la ley y que incluso realizó manifestaciones contrarias a la misma. 14 La postura de estos sectores planteaba, entre otros aspectos que la ley: “Limita la libertad de expresión, porque desincentiva el desarrollo de inversiones privadas en la industria de medios; protege la corrupción, porque no considera el derecho al libre acceso a la información; es un retroceso democrático, porque se remite a modelos regulatorios de la Dictadura; monopoliza los medios en el Gobierno, porque es el único actor que puede tener cadena nacional”15

Esta posición no fue la que se impuso finalmente, prueba de esto es que FARCO, a través de su presidente integrará el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los órganos de aplicación de la nueva ley.

También en relación a los valores de derecho a la información y libertad de expresión fue importante la postura de los pueblos originarios quienes lograron ser reconocidos como potenciales licenciatarios haciendo cumplir el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información al que la ley refiere.16

Las universidades e instituciones de Educación Superior del país apoyaron la ley en un documento conjunto titulado “Carta a los Legisladores Nacionales: Una deuda pendiente desde la dictadura.” En el texto sostienen que la libertad de expresión no se alcanzará totalmente hasta que una ley de la democracia otorgue a todos los argentinos “las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación masiva". La importancia de la sociedad civil en general se observa en los espacios de participación con que contará, como las Audiencias Públicas o la Defensoría del Público, espacios donde se presentarán debates futuros sobre la ley y su aplicación.

Otro actor central en la definición de la cuestión de la democratización de los servicios audiovisuales en base a una ley que reemplace la 22285 fue el Estado. Por sus propios medios, la sociedad civil no logró que se incluyera esta problemática en la agenda pública de los grandes medios, principalmente porque sus fines son contrarios a la democratización reclamada en tanto implican una reducción de sus ganancias. Que desde el Estado se planteara como propia e indispensable la sanción de esta ley forzó a los grandes medios a reconocer la problemática para poder sentar posición.17

Es necesario destacar en este punto que Estado y Gobierno en la Argentina se encuentran históricamente ligados por una tradición presidencialista y por la inexistencia de políticas estatales a largo plazo. Los cambios de gobierno han significado a lo largo de la historia cambios globales en la política estatal. Por ese motivo es necesario comprender las particularidades del Gobierno de Cristina Fernández, en uso del poder Estatal y no del Estado en sí.

El planteo de la ley fue enmarcado por el Gobierno como parte de su política de derechos humanos en contraposición a toda iniciativa originada durante la última dictadura militar (1976-1983). Se propuso el proyecto como el único producido en democracia y se generaron roces con los partidos políticos que presentaron proyectos anteriores, como la UCR. El debate fue colocado por el gobierno en la alternativa dictadura- democracia, en lugar de plantear la importancia social de la discusión sobre políticas de comunicación y propiedad de los medios.

En las declaraciones de la Presidenta al momento de enviar el proyecto de ley al Congreso se observa la trascendencia otorgada a su sanción al decir que “esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina”18 así como la importancia que se le asigna al valor de la Libertad de expresión y al derecho a la información: “la libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión”19. La política central del gobierno y el valor de la libertad de expresión, así como el reconocimiento a la labor de la sociedad civil aparecen claramente hacia el final del discurso de Cristina Fernández: “Este proyecto no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de los que es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión”20 En la misma línea, el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gabriel Mariotto solicitó apoyo para que “cuando los legisladores reciban la presión sepan que tienen un pueblo atrás que los está sosteniendo21. Este organismo actuó como principal impulsor de la nueva regulación.

Las posturas del Gobierno y sus representantes deben encuadrarse en el marco de los roces que ha tenido con el Grupo Clarín, el cual encabezó la oposición de los actores empresarios. La principal crítica planteada a la Ley por estos sectores fue el poder que otorgaría la misma al gobierno a través de la Autoridad de aplicación y su correlato en una reducción de la libertad de expresión. La “Ley Mordaza”, como fue denominada desde este sector, fue criticada además por la supuesta habilitación al ingreso de las telefónicas al sector audiovisual, artículo que finalmente fue excluido de la ley vigente.

Las cámaras o asociaciones empresariales22, sentaron su posición en un comunicado conjunto diciendo: Consideramos que los principios constitucionales e internacionales de reconocimiento y garantía a la libertad de expresión, y la prohibición de la censura previa, se ven amenazados a partir de disposiciones que otorgan a los gobernantes amplios criterios de discrecionalidad para la autorización y revisión de licencias, lo que compromete seriamente la libertad editorial. Asimismo, señalamos con preocupación que la iniciativa oficial parece orientada a afectar la viabilidad económica de los medios.23 También criticaron las limitaciones al cable argumentando que “restringirá la oferta de contenidos de los ciudadanos24 y las limitaciones de acceso de propietarios de diarios y revistas para ser licenciatarios apoyándose en la “multimedialización” mundial de las publicaciones. En apoyo suscribieron también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR).

La oposición adoptó en muchos casos la mirada del empresariado, incluso sosteniendo que con la renovación de las bancas del congreso en diciembre de este año, modificarían la ley, dado que consideraron irregular e inconstitucional su aprobación. Como se puede observar por los debates desarrollados en los últimos meses, el éxito de la ley dependerá de los movimientos y decisiones que tomen principalmente la sociedad civil, el Gobierno y el sector empresario, y su rol en la reglamentación de la misma. Pero más allá de su concreción en la práctica, la ley de SCA inaugura un nuevo periodo para el sistema de medios argentino. Si bien hay muchos aspectos que no aun no son contemplados por la nueva reglamentación, esta constituye un avance en lo que respecta a la democratización de las comunicaciones. Este derecho ha logrado instaurarse en el imaginario social como fundamental e inalienable, con lo cual, mas allá de las futuras vicisitudes que podrían presentarse en lo referido a la reglamentación de la ley, pareciera inviable un retroceso con respecto a la garantía de tal derecho.

Bibliografía General
Oszlak, Oscar, O’Donnell, Guillermo, “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación.”
Roncagliolo, Rafael, “Comunicación y democracia en el debate internacional “, en Revista Nueva Sociedad.
Graziano, Margarita, Guía Teórica 1ª Parte, apunte de cátedra
Cibeira, Fernando, “Esta ley va a poner a prueba a la democracia”, Diario Página 12,  28/8/2009.

Bibliografía Web

ADEPA, Declaración libertad de prensa en http://www.adepa.org.ar/secciones/ldp/

FARCO en http://www.farco.org.ar/contenido.shtml?fview=182&x=52351
ARGENTINA SIN MORDAZA en http://argentinasinmordaza.ning.com/
COMFER en http://www.comfer.gov.ar/web/
Convención Americana sobre Derechos Humanos en http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html
Bibliografía Legal

Ley 22.285/1980

Ley 26.522/2009

Ley 26053/2005

Decreto 1005/1999


1 Ley 26.522, Artículo 1: El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

2 Ley 22.285, Artículo 1

3 Ley 26.522, Artículo 2

4 Ley 22285, Artículo 3.

5 Ley 26.522 Artículo 2

6 Ley 2285 Artículo 7.

7 El artículo dice en su parte pertinente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

8 Ley 22285, artículo 5.

9 Decreto 1005/99

10 Ley 26522, artículo 3, inciso “i”

11 Ley 26522, Artículo 3, Inciso “n”

12 Oslak y O’Donell, “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”

14 Nos referimos a la marcha realizada el 6 de Octubre de 2009, organizada por las organizaciones "Argentina Sin Mordaza", "Argentina Ciudadana" y "Ojo Cívico", a la cual asistieron en apoyo el Rabino Bergman, Raúl Castells, Alfredo De Angeli, periodistas autoconvocados y las diputadas Silvana Giúdici (UCR) y Patricia Bullrich (CC).

16 Se refiere a lo referido en la Nota del artículo 1ª.

17 Pensamos aquí en lo planteado por Oslak y O’Donnell en cuanto al surgimiento histórico de la Cuestión. Si la posición inicial de los grandes medios fue la negación intentando bloquear su surgimiento, el rol del estado permitió que la demanda de la sociedad civil argentina se instale en la agenda pública.

18 “Esta ley va a poner a prueba a la democracia”  Fernando Cibeira 28/8/2009, Diario Página 12

19 Op. Cit.

20 Op. Cit.

21 Op. Cit.

22 Nos referimos a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Asociación de Televisión por Cable (ATVC), Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), Asociación Cordobesa de Televisión por Cable (ACORCA), Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), Asociación Periodistas de Buenos Aires y La Pampa (APEBAL).

23 Declaración libertad de prensa, http://www.adepa.org.ar/secciones/ldp/

24 Op. Cit.

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