“harguindeguy, albano eduardo y otros s/inf. Art. 151 Y otros del c. Penal”






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Continuando con los alegatos, el Dr. Mulet, representante del querellante Juan Carlos Romero, mencionó el contexto histórico en que ocurrieron los hechos; sostiene que uno de los delitos imputados a Rodríguez y Crescenzo, es el de asociación ilícita, ambos se desempeñaban como numerarios de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, está reconocido por los imputados y por la documental agregada en autos. Surge de varios testimonios en el caso de Francisco Crescenzo, que era el encargado de la tortura psicológica y Julio César Rodríguez era la mano de obra pesada; agregó el querellante que la participación de Rodríguez fue fundamental, no sólo por ser el golpeador y la persona que participaba en las detenciones, sino además porque el mismo ya hacía años que vivía en Concepción del Uruguay y conocía a todos y cada uno de sus habitantes; refiere que el tipo penal para este delito es el previsto en el art. 210 del Código Penal, vigente al momento de los hechos que aquí se ventilaron, conforme Ley 20.642; sostuvo que tanto Julio César Rodríguez como Francisco Crescenzo, formaban parte de una asociación de índole delictiva tendiente a la producción de delitos indeterminados, con la supuesta excusa de poner fin al accionar subversivo, entre los delitos que cometieron se pueden contar, allanamiento ilegal de domicilio, robo de bienes muebles, torturas, privaciones ilegales de la libertad, todos estos delitos encuadrados en el marco de los delitos lesa humanidad por haber sido cometidos de manera sistemática contra la población civil por parte de personal militar y policial que usurparon el poder a partir de 1976. Relató los hechos sufridos por su representado Juan Carlos Romero; consideró que se encuentran plenamente probadas las torturas que sufriera su representado Romero y ello no sólo en función de sus declaraciones testimoniales brindadas a los largo de este proceso, sino también por las demás declaraciones de los testigos víctimas. Ha quedado debidamente probada la participación en carácter de autor penalmente responsable que le cupo en los hechos a Julio César Rodríguez de los delitos de allanamiento ilegal de vivienda y privación ilegítima de la libertad, torturas e integrante de asociación ilícita, todos ellos en concurso real (artículos 151, 141, 144 bis inc. 1ero. 142 bis inciso 1ero. 144 tercero inciso 1 y 3 y 210 del Código Penal). Esta querella sostuvo, que acusara al imputado Francisco Crescenzo, cuyos demás datos obran en autos, como integrante de asociación ilícita, no habiendo venido requerido por los delitos imputados, Julio César Rodríguez con respecto a la víctima que representa y en función de las demás acusaciones, solicitó se condene al mismo como autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en grado de participe, adhiriendo a la penas solicitadas por la querella que lo precedió en el uso de la palabra.

Seguidamente alegó el Dr. Boeykens, que sin perjuicio de las limitaciones que implica su representación en este juicio, como abogado de la querella de Juan Carlos Rodríguez y sólo contra el procesado Julio César Rodríguez, no obstante no tratándose de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de un plan sistemático de extermino llevado adelante por la represión ilegal en nuestro país y conforme lo ya reseñado cabalmente por el colega Marcelo Baridón y en el entendimiento además de que los mismos fueron llevados a cabo en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina entre los años 1976 al 1983. Manifestó que acusará, tal como lo hiciera Emile Zola en su encendido alegato en el célebre caso Dreyfus, yo acuso a Julio César Rodríguez de ser uno de los responsables del genocidio ocurrido en la Argentina durante la última dictadura militar; ser coautor material y responsable de la privación ilegal de la libertad que sufriera Juan Carlos Rodríguez, en la dependencia de la Policía Federal Argentina de Concepción del Uruguay, haciendo un relato de la ocurrencia del hecho; valoró las pruebas de cargo rendidas durante el transcurso de este proceso penal que demuestran con absoluta certeza, tanto la materialidad como la autoría responsable del encartado en los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, todos considerados delitos de lesa humanidad, previstos y reprimidos por los arts. 141, 144 bis. Inc. 1, con la agravante del art. 142 bis. inc. 1º; 144 bis últimos párrafo en función del art. 142 bis. Inc. 1º y 144 ter. Inc 1º y 3º del C.P. Está probado que Juan Carlos Rodríguez estuvo detenido en la delegación de la Policía Federal, se encuentra acreditado con los testimonios brindados por los que han compartido cautiverio con Rodríguez, como es el caso de César Román, Martínez Paiva, Valente, Maffei, Juan Carlos Romero y Peluffo; y por los que cumplía funciones en la Delegación de la Policía Federal como Miguel Ángel Contard, Baucero, Salvador Dellagiustina, Pietrafesa, Miret y Parlatto, que declararon haber visto a jóvenes detenidos en el casino de oficiales; afirmó que las pruebas son contundentes; la detención fue ilegal, no había causa judicial, ni orden emanada de juez competente. Las fuerzas de la policía actuaron fuera de la ley. No caben dudas que Julio César Rodríguez y cada uno de los procesados en esta causa, actuó en pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Todos, de manera voluntaria, formaron parte del plan sistemático de exterminio, que se implementó en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Esta querella entendió, que es indiscutible que todas las personas cautivas fueron víctimas de los tormentos previstos por la norma que se analiza; durante su encierro todos los prisioneros, fueron sometidos a distintos tipos tormentos psíquicos y físicos con la finalidad de obtener más información, como mimeógrafo o panfletos, para profundizar el plan de exterminio o para quebrantar su resistencia. Cita un fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 de la Capital Federal, causa nro. 14.216/03, denominada “Suarez Maison”. Se adhiere a lo expresado por los querellantes que lo precedieron, Dres. Piérola y Mulet en relación a la asociación ilícita. Señaló que introducirá la cuestión del genocidio, lo que fue expuesto claramente por el Dr. Baridón; no es necesaria su imputación en las indagatorias a los encartados, porque estos son indagados sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación  legal o jurídica que corresponde a los mismos, es tarea de este Tribunal calificar jurídicamente en relación a las pruebas producidas en el debate. Mencionó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón”, reconoce que los delitos de derecho internacional son normas básicas que los jueces argentinos deben aplicar. En ambas sentencias se establece que los delitos cometidos no fueron delitos comunes, fueron delitos graves, por la masividad del aniquilamiento y por el propósito de destruir a un grupo entero de la población civil y que en función a la gravedad de esos delitos se les otorgó una categoría o calificación del derecho internacional. Es por eso que sería viable para la correcta calificación legal de los delitos que aquí se juzgan, la utilización de normas del derecho internacional público consuetudinario, ius cogens o convencional; no existe impedimento legal de ninguna índole para calificar estos hechos como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: “… se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo, b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial, d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y e) traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro; no caben dudas que Dasso, Valentino, Mondragón, Kelly del Moral, Pérez, Rodríguez y Crescenzo son responsables de los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios, que formaron parte de un plan sistemático que se implementó en nuestro país y en nuestra provincia. Mencionó la Corte Internacional de Justicia en el Caso Nottebohn en 1995; refiere a otros fallos 2901/09, caratulado “Dupuy y otros sobre tormentos, homicidios y otros, conocida como “Causa de la Unidad Penitenciaria Nº 9”; refirió el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, en autos Nº 001-M, caratulados: “Menéndez Sánchez, Luciano Benjamín y otros s/Infr. art. 144 bis C.P.”, que calificó a los delitos por los cuales condenó a los imputados como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Refirió que a fin de determinar el monto de pena, en relación a los parámetros de los art. 40 y 41 del C.P. y sin perjuicio de adherir a los planteos del Dr. Piérola en base a los criterios que determina Patricia Ziffer, es importante agregar que en cuanto a la educación del imputado: era funcionario estatal; se ha acreditado que Julio César Rodríguez, durante la época que ocurrieron los hechos desempeñaba funciones en la oficina técnica de la Policía Federal de Concepción del Uruguay; también se ha acreditado que formaba parte de una asociación ilícita (art 210 CP), todo ello en perjuicio de su representado Juan Carlos Rodríguez (Changui); sostuvo que está suficientemente acreditada la materialidad de los delitos reprochados al encartado, con fuerza suficiente a fin de llegar a una sentencia de condena. Solicitó se condene a  Julio César Rodríguez en calidad de autor materialmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, mediando violencia y amenazas respecto de Juan Carlos Rodríguez (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º) y el delito de  tormentos agravado por ser la victima un perseguido político (144 ter. inc. 1º y 3º del C.P.), todo en concurso real entre si y por haber sido parte integrante de una asociación ilícita (art. 212 C.P), con la pena de 25 años de prisión, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas. Todo ello en el marco del genocidio cometido en nuestro país durante el periodo comprendido entre los años 1976/1983; agregó que el cumplimiento efectivo de la pena, sea en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, ya que teniendo en cuenta el carácter especial de estos delitos y la gravedad que estos mismos revisten, cualquier tipo de beneficio implicaría para la sociedad toda un daño muy grave.

Alegó la Dra. Caccioppoli, representante de los querellantes César Román, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez, Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar, que se referirá en primer lugar sobre Sixto Zalasar; sostuvo que ha quedó demostrado que a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, en la costa del Uruguay, especialmente Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, se vivió el terrorismo de estado, así se comenzó a gestar una construcción jurídico legal, destinado a establecer y asegurar la impunidad de los responsables de los delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio; refirió lo ocurrido con Sixto Zalasar; mencionó que Castaño era el chofer de la Policía el día en que se lo llevaron a Sixto y relató todo lo ocurrido en relación al nombrado; se pregunta la querellante porque Miguel Castaño oculta la verdad, se calla, a quién está protegiendo y lo mismo ocurrió con el otro chofer, Santos Olivera; sostuvo que se debe tener en cuenta quien tenía el poder absoluto en Concordia, de manejar las detenciones, las fuerzas de seguridad y el poder lo tenía el Jefe de Área, así lo reconocieron todos los testigos y en este caso el responsable era Naldo Dasso, era el responsable de la vida y la muerte de todas las personas en Concordia, según lo relató el testigo Busti; manifestó que todas las fuerzas trabajaban para el Jefe de Área, Campbell respondía a él, al igual que el Instituto Penitenciario; las testigos Challiol y Linian, refieren que de noche había detenidos en esa época, que llevaban y traían personal del Ejército; afirmó que en el relato de la Sra. Waigel de Solaga, surge que fue en varias oportunidades a requerir audiencia al Jefe del Ejército y una le fue concedida, al pedirle explicación a Dasso sobre la desaparición de su hijo, éste le contestó que su hijo era montonero, zurdo, que todos se hacen los buenos y que se lo habían llevado sus compañeros; la misma versión, Dasso se la dio a los familiares de Zalasar. La Dra. Caccioppoli mencionó lo declarado por el testigo Bonelli en relación al acto de expurgo y por los testigos Parodi y Echeverría que mencionaron que en el Área 225, el que daba las órdenes era Dasso. Terminó su alegato leyendo un poema de Pablo Neruda.

Continuando con los alegatos, el Dr. Pagliotto, representante de la querellante Sandra Daniela Zalasar, refirió que completará lo que comenzó diciendo la Dra. Caccioppoli en relación a Sixto Zalasar y evocó una frase que pertenece a Friedrich Nietzche en su libro “Más allá del bien y del mal”, porque le marcará el límite moral para lograr su objetivo al final del alegato; mencionó que el Teniente Coronel Dasso, por el caso de Sixto Zalasar, es la única persona a la que vamos a endilgarle la autoría por ese hecho; ser coautor responsable de la privación ilegal de la libertad calificada y cuando hable de la desaparición forzada de personas, va a subsumir el tipo del homicidio agravado, art. 80 y por lo incisos que me permite la ley 20.642 vigente al momento de los hechos, que son el 2, 3 y 4; sostuvo en relación a la privación de la libertad, es ilegítima, según lo manifestado por Dres. Piérola, Mulet y Boeykens; valoró una prueba que presentó el Teniente Coronel Dasso cuando declaró, la publicación del diario “El Heraldo” de Concordia del martes 1 de junio de 1976, en el cual Dasso está haciendo un comunicado: en el primer punto se refiere a que el día 26 de mayo de 1976 se realizaron procedimientos subversivos; en el dos hace mención que durante el desarrollo de los mismos, se llevaron a cabo dos allanamientos mencionando los domicilios, surge claramente que el domicilio de la familia Zalasar no aparece publicado y es obvio que sólo se blanqueaban los domicilios de las personas que a los días recuperaban su libertad o eran puesto a disposición del PEN. Sostuvo que fue un genocidio, no fue un ataque discriminado contra las personas, sino que fueron a buscar a determinadas personas, fueron selectivos y solicitó que las condenadas se hagan lugar en el marco de un genocidio; en relación al homicidio calificado, se debe enmarcar en la ley vigente y el inciso 2, define el modo nuclear de acometimiento del homicidio cuando se refiere a la alevosía, lo que en este caso hubo: superioridad numérica, imposibilidad de defenderse, todos estaban armados y la única resistencia que hubo en este caso fue cuando Zalasar fue a la casa de su vecina. Afirmó que en este caso estamos ante la imposibilidad de hacer una valoración teniendo en cuenta los art. 40 y 41 del C.P., porque cree que no es necesario, en este caso que se pide perpetua, porque está pidiendo la pena máxima, la prisión o reclusión perpetua con una inhabilitación absoluta perpetua; quedó demostrado que Sixto Zalasar fue privado de su libertad, art. 144 bis inc. 1, última parte y la remisión al art. 142 inc. 1 y 5; desaparición forzada que es subsumida por el art. 80 de ese momento (Ley 20642) inc. 2, 3 y 4; afirma que la asociación ilícita va de suyo, ya se ha hecho referencia; todo está probado con prueba testimonial, instrumental y documental. Peticionó, que en el caso de no haberse instado, el aperturamiento de una instrucción formal en los términos del código procesal nacional, se abra una causa si no se hizo o en el caso que ya la hubiere, se profundice en la investigación, del rol que le cupo al ciudadano Miguel Arcángel Castaño, chofer de la Departamental de la Policía y también se profundice, si no se ha iniciado una investigación, contra el Sr. Santos Olivera, más allá del falso testimonio. Asimismo solicitó se lo investigue a Jorge Echeverría. Lee una parte de una canción de Maná de “los desaparecidos”.

Alegó la
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