El reflejo del valle de Caracas alcanzaba tenuemente las cotas más altas de las terrazas de Baruta. Los faros que aparecían y desaparecían a lo lejos por la






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1989
Lo que sucedió en Venezuela en estos años fue lo más parecido a una pesadilla.

El megalómano, el fundador de la Venezuela saudita, el hombre mesiánico que se creía el líder latinoamericano por excelencia en su primer gobierno, predicaba ahora un plan de austeridad repudiado por aquel pueblo que lo votó soñando en un regreso a aquel “país de las maravillas” ya fenecido.

Aquel episodio terrible ha quedado en la memoria colectiva con el nombre de “El Caracazo”.
27 de febrero de 1989.

Carlos Andrés Pérez, autor en los ‘70 de una política populista cimentada sobre la bonanza petrolera, había asumido dos semanas antes la presidencia del país por segunda ocasión e, inmediatamente y sin empacho, se aprestó a estafar a un electorado ingenuo que le había otorgado el voto, anhelando el retorno de las vacas gordas de su primer gobierno.

Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo periodo presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular.

La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un supuesto amplio margen de acción para su gestión gubernamental.

En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico”, concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaría, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social.

Entre las principales medidas anunciadas, figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo, con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Todas las medidas mencionadas anteriormente, excepto la última, eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989, y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial deI 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional.

Ese día, los choferes de las rutas interurbanas (sobre todo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil.

Ante tales circunstancias, los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas.

Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos basta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

El estallido tuvo un carácter presumiblemente espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva.

Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios.

Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida, aún cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.

El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue, según cifras oficiales, de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales, el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo cual sería repudiado y serviría de justificación para aquellos militares que se alzarían el 4 de febrero de 1992.
El proceso brutal de acumulación de la renta petrolera en unas cuantas manos, que redujo al 80% de la población a un estado de pobreza crítica y que abultó los depósitos privados de venezolanos en bancos extranjeros hasta cuatro veces el valor de la deuda externa, creo que no era el detonante suficiente para el estallido social de febrero de 1989.

El estallido espontáneo se produjo cuando, además de la vida digna, el nuevo discurso político le quitó a la gente algo más valioso aún: la esperanza de recuperarla algún día.
En Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, el acceso a los altos rangos dentro de la institución castrense no estaba reservado como en otros países, a los hijos de la alta burguesía y en consecuencia la unidad interna de la institución castrense dependía de variables distintas a la identificación de clase.

Tradicionalmente, los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, se acostumbraron a mantener la lealtad de la oficialidad militar, mediante la distribución generosa pero selectiva de prebendas y privilegios de toda especie, sin obviar todos los mecanismos de la corrupción administrativa como el cobro de comisiones en la compra de armamentos o el tráfico de influencias para toda clase de negociados, etc.

Sin embargo, para mantener una cierta eficacia operacional, el acceso a este mundo quedaba limitado al disfrute de la alta oficialidad - generales y almirantes - con mínima participación de los mandos medios, en cuyo ámbito se solía conservar una alta disciplina y calidad profesional, con poca o ninguna participación en los privilegios mencionados.

Desde algunos años anteriores al estallido de 1989, algunos núcleos de esta oficialidad media venían canalizando su malestar, aglutinándose en logias militares más o menos clandestinas que, sin embargo, no constituían mayor peligro para la estabilidad del estado y en muchos casos, eran toleradas a ciencia y conciencia por los altos mandos que de ese modo pretendían, y durante un tiempo lograron mantener el descontento en niveles manejables. Se hizo ley la costumbre obtener los ascensos mediante el tráfico de influencias. Canalizada a través de la Comisión de Defensa del Congreso, era finalmente el Presidente de la República quien daba el visto bueno a la lista de beneficiados, en base a criterios de lealtad personal o identificación partidista, y no a los posibles méritos profesionales.

Este mecanismo corrupto alcanzó la mayor indignidad, cuando la secretaria privada y amante pública del presidente Jaime Lusinchi se convirtió en la gran electora de generales y almirantes y llevó el malestar entre la oficialidad media a niveles inmanejables.

En febrero de 1989, a la clase política venezolana, ya se le había agotado el discurso ante un pueblo miserable y sin esperanzas, que tomó las calles de manera desesperada y espontánea, pero... sin un proyecto político.
Tres años después de la segunda elección de Carlos Andrés Pérez, el gobierno estaba a todas luces desprestigiado.

“El 4 de febrero de 1992 el Teniente coronel Hugo Chávez dirigió un alzamiento golpista contra el gobierno de CAP al que acusaba de ejercer la corrupción y promover el deterioro económico.

El golpe fracasó. Hugo Chávez no pudo o no quiso salir del Museo Militar. Hubo varias versiones sobre las causas de esta derrota. Una de ellas se resume en este diálogo que salió posteriormente en la prensa:

- General Oviedo Salazar: “Coronel Yánez, comuníqueme con el Teniente coronel Hugo Chávez”.

- Cnel Yánez: “Mi general, el Teniente coronel Chávez dice que no tiene nada que hablar con usted”.

- General Oviedo Salazar: “Coronel Yánez, dígale al Teniente coronel Chávez que tiene cinco minutos para rendirse, si no, los aviones que en este momento están volando sobre Caracas atacarán el Museo.”

En ese momento el general trancó el teléfono. No habían pasado dos minutos cuando volvió a repicar el teléfono del general. El ayudante tomó y le dijo:

- “Mi general, es el Teniente coronel Chávez. Quiere hablar con usted.”

- Tcnel Chávez: “Mi general, quiero hablar con usted, porque eso no fue lo que hablé con mi general Ochoa”.

- General Oviedo Salazar: “Tcnel Chávez, me importa un “comino” lo que usted haya hablado con Ochoa; o usted se rinde o el Museo será atacado.”

Hubo una pausa de menos de un minuto.

- Tcnel Hugo Chávez: “Está bien mi general, me entrego”.

Todos vieron en esa madrugada por televisión, el enflaquecido rostro de Chávez anunciando que “por ahora...” habían fracasado. Ese “por ahora” se hizo famoso en las conversaciones de todos los venezolanos. Todos terminaban la conversación diciendo “por ahora”...
A partir de ahí todo fueron desgracias para el Presidente CAP.

El 27 de noviembre del mismo año, se dio otro intento de golpe con una cantidad considerable de muertos y ajusticiamientos; en marzo de 1993 el Fiscal general de la República Dr. Escobar Salom, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia sobre malversación y peculado de la partida secreta. La Corte Suprema declaró que sí había indicios para juzgar al Presidente y por lo tanto, fue suspendido de sus funciones y se encargó de la presidencia el presidente del Senado, Octavio Lepage, el mismo que hacía unos años había definido a Amazonas como “tierra de nadie”...

En junio de ese año, fue nombrado presidente interino el senador adeco Ramón J. Velásquez, que pronto se haría famoso, además de su gran obra historiográfica, por una firma “inocente” que dejó libre a un importante capo de la droga.
En las elecciones de 1993 Rafael Caldera, “autoexcluido” de Copei y comandando una serie de partidos minúsculos denominado el “Chiripero”, (con el perdón de las chiripas), fue elegido presidente por segunda vez y tomó posesión en febrero de 1994.

A Baj, Caldera nunca le cayó bien. Le dio la impresión de estar siempre obsesionado por el poder y ansioso de entrar a la historia por la puerta grande. No aceptó ni permitió nunca que sus delfines y seguidores del partido fundado por él, COPEI, le dejaran de lado interrumpiendo sus aspiraciones a ocupar como CAP, la presidencia por segunda vez.

Manejando con maestría la demagogia, supo durante la campaña electoral, “echar flores” a Chávez y a los “pobres” reclusos de Yare, a los golpistas del 4 de febrero.

Esta fue una, tal vez la principal, de las claves para su victoria en las elecciones, debido a la enorme popularidad de la que gozaba Chávez en las bases populares. Efectivamente, apenas tomó posesión, Caldera sobreseyó la causa de los reclusos por el golpe de 1992.

Así le pagó la deuda que tenía con él. Sin la utilización demagógica de la figura de Chávez, Caldera no hubiera sido elegido Presidente nuevamente.

Terminada la condena de dos años, no concluyó el calvario de CAP.

Expulsado de su partido Acción Democrática, fundó un nuevo partido pero en abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguarda ordenó nuevamente su detención acusándole, junto a su compañera Cecilia Matos, de enriquecimiento ilícito y envío de dineros públicos a cuentas bancarias conjuntas en el extranjero. Le decretaron otro arresto domiciliario, del que se libró al ser elegido senador por el Táchira en los comicios de noviembre de ese año.

No le sirvió de mucho, pues Hugo Chávez, elegido Presidente en febrero de 1999 tuvo como una de las primeras disposiciones la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dotara al país de una nueva ley fundamental.

CAP no logró obtener el acta de diputado a esta Asamblea y, poco a poco, su figura fue desapareciendo de la escena política, así como los partidos tradicionales que se fueron diluyendo ante el Polo patriótico que lideraba Hugo Chávez.

Baj nunca fue adeco pero siempre apreció la valentía de CAP al dar la cara en todos sus juicios y en afrontar el ludibrio público estoicamente, sin huir al exterior como lo hubieran hecho muchos de sus antiguos amigos, y que luego le dieron la espalda.

“…Estos años fueron muy importantes para el Amazonas.

El 5 de junio de 1991 Carlos Andrés Pérez decretó la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco - Casiquiare” que abarcaba todo el sudeste del Territorio.

En Julio de 1992 el T.F. Amazonas se convirtió en Estado.

Alejandro Signi, el Director del Museo etnológico de Puerto Ayacucho te envió un Número de la revista “Iglesia en Amazonas” que comentamos juntos. ¿Te acuerdas? En ese artículo, Alejandro repasaba la historia de todo el proceso de aprobación de la nueva Constitución del nuevo estado. Por un lado, me dio pena el no estar allá luchando por nuestros derechos, pero por otro, me causó gran alegría al ver que la organización indígena estaba produciendo sus frutos.

El anteproyecto que presentaba la Asamblea Legislativa apenas se refería explícitamente a los indígenas en un solo artículo, a pesar de que conformamos el 43 % de la población. La grosería mayor se presentaba en el Artículo 9 en el que, aunque nos reconocían los derechos básicos, sin embargo, en lo referente a las tierras nos hacían la limosna de “detentar” las tierras y el hábitat en donde vivíamos...

“Detentar” en castellano significa “retener sin derecho lo que manifiestamente no le pertenece”. Es decir que nosotros no éramos dueños de nuestras tierras, sino que “detentábamos” la propiedad por la “generosidad” magnánima de 7 Diputados.

La movilización y organización de las comunidades indígenas logró que se plasmaran, a regañadientes de algunos, los Artículos que fijaban sus reivindicaciones:

- En el Artículo 2 se determinaba que el Estado Amazonas era una entidad política multiétnica y pluricultural.

- En el Artículo 11 el Estado Amazonas reconocía a los Pueblos Indígenas su derecho a la propia vida cultural y su propia fe religiosa y ancestral.

- El Artículo 12 proclamaba que las tierras ocupadas por los pueblos y comunidades indígenas son de interés social e inalienable y que deberán delimitarse y adjudicarse en propiedad colectiva.

Esta lucha fue esencial para nosotros los indígenas. Yo estaba convencido. O luchábamos por todo esto o moríamos como pueblos. No había caminos intermedios. Yo al menos, no los veía.
El proceso continuaba.

El 29 de julio de 1994 fue aprobada la nueva Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas que dividía el Estado en 7 municipios autónomos.

En Agosto de 1994, las organizaciones indígenas solicitaron al Gobernador Sayago que no le pusiera el Ejecútese a la Ley. El Gobernador Sayago, sin escucharles, puso el Ejecútese.

Las organizaciones indígenas dieron la cara nuevamente y el 2 de febrero de 1995 introdujeron el recurso de nulidad de esa Ley ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por inconstitucional e ilegal.

Vino a Caracas una gran representación de todas las etnias del Amazonas. Allí participé con ellos. La propuesta indígena era la creación de Municipios especiales indígenas, en las áreas habitadas mayoritariamente por los diferentes grupos étnicos; es decir municipios con características propias, adaptados a la especificidad cultural y poblacional del estado Amazonas.

La Corte Suprema de Justicia tenía la respuesta. Había que esperar. Pero en eso de esperar los indígenas somos especialistas...
Mientras tanto, el 27 de Mayo de 1995, Mons. Velasco, Obispo de Puerto Ayacucho durante 5 años, fue nombrado sorprendentemente Arzobispo de Caracas, y en marzo de 1996 fue nombrado como nuevo Obispo de Amazonas Mons. José Angel Divassón. Fue ordenado el 4 de mayo de ese mismo año en la catedral de Puerto Ayacucho. Es un amplio conocedor de la problemática de Venezuela y a él le tocó vivir los momentos más tensos de la discusión sobre la Ley de División Político Territorial. La Iglesia de Amazonas, especialmente desde los tiempos de Mons. Ceccarelli, siempre apoyó abiertamente las reivindicaciones indígenas.

A Mons. Divassón le tocará estar en el ojo del huracán político que dicha discusión suscitó. Las acusaciones no se hicieron esperar. Se acusaba a la Iglesia de manipular al indígena y en especial, a ORPIA (Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas) en todas sus reivindicaciones.
Después de casi dos años de haber introducido el recurso, el 5 de diciembre de 1.996, la Corte Suprema de Justicia declaró la Nulidad de la División Político territorial por violación a la Constitución de la República.

Me acuerdo de aquel día. Apareciste resplandeciente con una sonrisa de oreja a oreja.

- ¡¡¡Finalmente pegamos una!!! - gritaste.

- ¿Qué pasó?

- La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los indígenas de Amazonas. Deberá rehacerse esa Ley de División Político Territorial.

Yo conocía los intereses que estaban debajo de esa Ley. El queso a repartir entre los partidos tradicionales era muy sustancioso. Y también conocía a mi gente. Sabía que a más de un líder indígena no le importaba tanto la División Político Territorial, sino agarrar parte de ese queso.

Sólo te dje:

- No hay que contar los pollitos antes de nacer, profesor.

Me tildaste de derrotista, de haberme desinflado, de tirar la toalla de mis antiguos ideales y luchas indígenas.

Después de unos días, cuando nos enteramos, estabas realmente molesto.

- Pero ¿qué se creen? – dijiste - ¡¡Eso es un desacato a la Corte Suprema de Justicia!!
Efectivamente, el 17 de diciembre de 1997 en sesión extraordinaria de la Comisión Delegada, los diputados Humberto Raydán, José Antonio Díaz Pérez, Oswaldo Rodríguez y Julio César Fernández, todos adecos, decidieron publicar la Ley, aún cuando el Gobernador Bernabé Gutiérrez, con astucia, se abstuvo de ponerle el Ejecútese a esa Ley.

No sé si eso fue una táctica estudiada del maquiavélico Bernabé o si los diputados comenzaban a rebelarse al liderazgo del capo.

Uno de los incondicionales de Bernabé, Nixon Maniglia, se dirigió en “carta abierta” a Monseñor Divassón. En su condición de Secretario general de AD, le pedía al Obispo Divassón que no se metiera en lo que no le competía a la Iglesia, acusándolo de manipulador, definió a ORPIA como un “mamotreto” y se lanzó con otras gracias propias de su estilo... Reclamaba también que los parlamentarios eran “duchos y bien preparados” para la elaboración de esas leyes...

Los demás tal vez, pero él nunca se destacó precisamente, por su gran nivel intelectual...

Divassón le contestó en un tono y altura que, ciertamente, Nixon no estaba en capacidad de entender... Lo cómico del caso fue que Monseñor Divassón le respondió haciendo pública la Carta que el mismo Diputado Nixon Maniglia, como Diputado de AD le había dirigido, solicitándole al Obispo sus propuestas y recomendaciones para la Nueva Ley.

Cuando Divassón le envió las recomendaciones solicitadas, a Maniglia no le gustaron y groseramente dijo que no le correspondía, que se metiera en la sacristía, que eso era cuestión de los Diputados que estaban “duchos y preparados”...

La “cartica” de marras, le acarreó un regaño del Supremo Cacique adeco de entonces, Alfaro Ucero, quien le puso como “penitencia”... dialogar con Mons. Divassón.
20 de Noviembre de 1998.

Ayer me encontré con Chepina. Estudia Medicina en la UCV. Me entregó un Programa del XII Festival de la Canción Mensaje de Puerto Ayacucho. Fue un éxito.

La presencia de Carlos Almenar Otero en el Jurado le dio gran prestigio. “El máximo evento cultural del Estado Amazonas”... Me reí con la frasecita tan humilde, pero la verdad es que, como hay tantos “eventos culturales” en nuestro Estado...

No quiero desmerecer el gran trabajo que llevan realizando desde hace muchos años el profesor Ronaldo Olegario, los hermanos Meza, “Cheo” Espejo, Macuart, Caballero y otros muchos...

También me comunicó la noticia de la muerte de Mons. Ceccarelli. Un Obispo que quiso mucho a Amazonas.
Te voy a decir lo que yo pienso ahora sobre aquellas luchas indígenas que empezaron con tanto entusiasmo, y que se fueron diluyendo después de las elecciones, apenas se hicieron los reacomodos políticos.

- ¿Qué pasó con la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas?

Está bien que el anuncio de una Constituyente y una nueva Venezuela que estaba surgiendo apagó todos aquellos fuegos que los líderes indígenas habían prendido.

Se hicieron todas las asambleas, las consultas por las Comunidades, se sacaron Propuestas. ¿En qué paró todo aquello? ¿Tal vez se quiso abarcar demasiado? Yo tengo una visión particular, no sé si equivocada o no: La Gobernación la ganó el PPT con la muleta de PUAMA, el representante político de los movimientos indígenas.

Las elecciones municipales dieron unos resultados muy favorables a la oposición. En cuatro municipios: Manapiare, Maroa, Autana y Río Negro ganó el bloque del “cambio”, llámese MVR, PPT o PUAMA. Los adecos se quedaron con Atures, Atabapo y Alto Orinoco.

¿Para qué hablar ahora de cambios en lo Político Territorial, cuando la oposición ya detentaba el poder en 4 municipios? A ninguno de los líderes o partidos ganadores les interesó ya hablar de una nueva Ley. ¿Dónde estaban aquellos principios que se proclamaban a voz en grito? ¿Dónde estaban ahora aquellos asesores y entidades que exigían con fuerza cumplir lo mandado por la Corte Suprema de Justicia?

Creo que a la larga, se equivocaron. Pensaron sólo en la inmediatez, a corto y mediano plazo. Unos fueron elegidos gobernadores, otros alcaldes, otros diputados... Creo que esos líderes y organizaciones indígenas pensaron sólo en sí mismos y no en sus pueblos. ¿Para eso se luchó? ¿Para eso se hicieron Congresos, Asambleas, Reuniones, marchas y contra-marchas?

Dejemos que el tiempo vaya cumpliendo la acción sutil de roedor de la existencia. El dirá si estos líderes, con su silencio interesado, favorecieron o perjudicaron a nuestras comunidades indígenas... Esta fue una de las razones que a mí me desanimaron y me separaron de la militancia y de esas luchas en las que un día creí.”

Chávez presentó unas ofertas que impactaron al grueso de la población cansada ya de los abultados errores de la Cuarta República.

Chávez ganó las elecciones basado en una plataforma desde donde se formulaba un diagnóstico de la sociedad compartido por muchos venezolanos: la lucha contra la corrupción y un cambio en la forma de hacer política y conducir el Estado fueron las banderas fundamentales de su campaña.

La promesa de disminuir la pobreza, aunque no era nueva, representó la esperanza para miles de compatriotas. Se buscaba un Estado de justicia, eficiente, capaz, honesto y tolerante.

Una vez más el pueblo puso su confianza en el líder emergente. Concluía una época y nacía otra. La llamada “Quinta República”.

La nueva Constitución fue ratificada por un Referéndum popular el 15 de diciembre de 1999.
Por esos mismos días ocurrieron las inundaciones más graves que había sufrido el país. El Estado Vargas fue arrasado por un deslave de lodo y piedra, que produjo miles de muertos y graves pérdidas económicas.

La Constitución cambió el nombre del país, que comenzó a llamarse República Bolivariana de Venezuela y fue reforzada aún más su tradición presidencialista otorgándole poderes que le permitían un mayor control estatal sobre la actividad económica. El principal objetivo de la Constitución, lo repetía Chávez hasta la saciedad, era “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”.

Baj recordaba que a más de un antropólogo y profesores amigos del Dr. Omar, se les caía la baba al ver reflejado en ese texto aquello que venían reivindicando desde hacía años en sus clases de antropología: “multiétnica y pluricultural...”

El 30 de julio de 2000, como lo requería la nueva Constitución, se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en donde se reafirmó el liderazgo de Hugo Chávez y sus seguidores alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional, por la cerril ceguera de la oposición que rehusó a participar en dichos comicios.

Dispuesto a afrontar una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país, solicitó poderes legislativos especiales. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Habilitación que le facultaba para legislar por decreto durante un año en materias económica, social y de administración pública.

En noviembre de 2001 el gobierno aprobó 49 decretos ley que produjeron un terremoto político con fuertes protestas a nivel empresarial. La Ley de Hidrocarburos y la Ley de Tierras fueron las que más escozor produjeron.

Ante esto, Fedecámaras, en una unión “contra natura” con la CTV, Confederación de Trabajadores, convocó a un paro nacional de 12 horas el día 10 de diciembre de 2001 que posteriormente se alargaría por 64 días.
Jueves 11 de abril, 12:04 AM

Declaran huelga general indefinida en Venezuela.

Subiéndole el tono a un tenso conflicto que ha hecho reducir la producción de crudo venezolano, las mayores organizaciones empresariales y sindicales del país, decidieron este miércoles declarar una huelga general indefinida.

Varios miles de personas se aglomeraron en los alrededores de uno de los edificios administrativos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ubicado en el este de Caracas, para protestar contra el gobierno y pedir la salida del primer mandatario.
Manifestaciones similares se registraron en varias ciudades del país donde grupos opositores salieron a las calles con banderas nacionales y batiendo cacerolas.

De forma simultánea, a las 9 de la noche, se dio un estruendoso cacerolazo en varias zonas de la capital venezolana y otras ciudades del país, en rechazo al gobierno.

J. V. Rangel, uno de los principales colaboradores del presidente Hugo Chávez, le restó importancia a la extensión del paro, y precisó que la declaratoria de la huelga general tenía una “connotación insurreccional”, que representaba un “salto al vacío”. Recordó que históricamente se ha recurrido al paro indefinido como “última instancia para derrocar a un gobierno”.

Antes, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, señaló que se resolvió extender la protesta, debido a que el gobierno del presidente Hugo Chávez, no ha atendido sus demandas sobre los despidos realizados en la estatal PDVSA.

El paro nacional fue convocado por la CTV y secundado por la patronal Fedecámaras en solidaridad con los trabajadores petroleros que pedían la dimisión de la nueva junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela, (PDVSA), y reclamaban mejoras salariales y el pago de deudas contractuales. Pdvsa es la principal industria de Venezuela y de América Latina. Produce 2,5 millones de barriles diarios y exporta unos 2,1 millones de barriles.

El presidente de la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), Pedro Carmona, declaró que “la falta de solución a los problemas fundamentales” obligó a extender las protestas. “No hay señales contundentes para resolver esta crisis”, dijo Carmona al explicar las razones que llevaron a la CTV y Fedecámaras a extender el paro.

Aparte del segundo día de paralización sindical y empresarial, el gobierno se vio sacudido por enfrentamientos callejeros entre simpatizantes del gobierno y opositores en Caracas, mientras que otros dos altos oficiales del ejército se sublevaron.

Carmona instó a los empresarios y a la población a mantenerse firmes, porque el país está en una “fase decisiva para el desenlace a una solución de esta crisis”.

El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín acusó a los dirigentes de Fedecámaras, la CTV y al partido opositor Acción Democrática, de promover un plan para desestabilizar del gobierno.

Carmona denunció que el gobierno estaría considerando la declaración de un estado de excepción para contener las protestas de la oposición en respaldo a los trabajadores de PDVSA. Ortega declaró que la imposición del estado de excepción, podría implicar la suspensión de algunas garantías constitucionales. De ser así, las organizaciones empresariales y sindicales irían a una huelga general indefinida.
Chávez puso en alerta al Ejército ante la amenaza de huelga indefinida en Venezuela. El segundo día de paro general, la posición del presidente Chávez se complicó aún más. El general de brigada Néstor González acusó al presidente de proteger, activa o pasivamente, la existencia de campamentos de la guerrilla colombiana en territorio de Venezuela. Añadió que Chávez trataba de complacer con ello al presidente de Cuba, Fidel Castro, y de establecer un régimen comunista.

El general González, el sexto oficial uniformado que irrumpió sorpresivamente ante los medios de comunicación para rebelarse y pedir la salida pacífica del presidente, exhortó a las fuerzas armadas a no reprimir a la población en sus protestas tal y como habría ordenado Chávez.

El general de división de la Guardia Nacional, Rafael Bustillos, también llamó ayer al alto mando militar a “no utilizar la fuerza” en contra de las personas que estaban en las calles para apoyar la huelga. Bustillos advirtió que sería una “locura presidencial” ordenar el uso de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional para disipar las protestas.
El Gobierno aseguró que el suministro y exportación de petróleo a sus clientes estaba garantizado y no se vería afectado por la huelga. El ministro de Energía y Minas, Alvaro Silva, afirmó que el paro no incidiría en la productividad.

El 12 de diciembre, Chávez despidió a cuatro altos ejecutivos de la junta directiva de la compañía petrolera estatal PDVSA, que eran dirigentes del paro patronal. El gobierno luego, despidió a otros 90 gerentes por participar en la huelga.

El Tribunal Supremo del país ordenó el 19 de diciembre el fin de la huelga, respaldando así el intento del gobierno de militarizar en gran medida la producción y distribución de petróleo mientras durara el paro. Tropas de la Guardia Nacional estaban trabajando junto a los obreros para reiniciar la producción en las refinerías.

De acuerdo con varias entrevistas telefónicas, seguían trabajando un 80 por ciento de los 30 mil obreros de PDVSA. La mayoría de los 10 mil administradores, técnicos calificados y gerentes habían paralizado sus funciones. Estos datos discrepaban de los informados por los grandes medios de comunicación, según los cuales la gran mayoría de los trabajadores petroleros se encontraban en huelga.

Además de tomar las medidas mencionadas, el gobierno ha comenzado a importar gasolina de Brasil y Trinidad, y a importar de otros países harina y otros alimentos.

En la temporada de Navidad - dice un representante del gobierno - “hay escasez de bebidas gaseosas, cerveza y harina para arepas. Los desabastecimientos se deben a que “el Grupo Mendoza, que es dueño de las Empresas Polar, la segunda familia burguesa del país, apoya el paro. Han paralizado las plantas de la Pepsi-Cola, las cervecerías Polar y las plantas de aceite, que también son suyas”.
Hay que destacar la importancia de los medios de comunicación en todos estos

sucesos:

Diez de la mañana de jueves 11.

Venezuela en huelga general. Con amplia divulgación de los medios de comunicación, aquel es el día de la gran caminata.

PDVSA, empresa de petróleo de Venezuela, cuarto mayor productor de petróleo del mundo, está parada. Medio millón de caraqueños en las calles, en protesta contra el Presidente.

Jóvenes con gorras de béisbol, zapatos Nike, cargaban pancartas: “Muerte a Chávez”, “Cara de mono, se va”, “Bin Laden + Fidel Castro = Chávez”.

Las televisoras Venevisión, RCTV, Globovisión, transmitían la marcha en vivo, sin cortes publicitarios.

Venevisión es de Gustavo Cisneros, dueño también de la Coca-Cola, Telcel (con Bell South), Univisión (en USA), DirecTV. RCTV es dirigida por Marcel Granier y la familia Phelps. Globovisión, gerenciada por Alberto Federico Ravell, es una de las acusadas de sacar la señal del aire en el instante en que Hugo Chávez hablaba al país en cadena de radio y TV, en la dramática tarde del día 11.
Las marchas de la oposición se sucedían cada vez más y día a día se alteraban los ánimos entre los dos grupos. Por televisión se veían rostros cargados de odio, en un mar de banderas y franelas “nacionales”. Lo único que tenían en común eran los símbolos que manipulaban cada grupo a su manera. Se anunció una “mega marcha” para el día 11 de Abril. Los líderes caldearon el ambiente anunciando que “ahora sí llegarían a Miraflores”.

El gobierno dispuso las medidas necesarias para impedir el acceso a los alrededores del Palacio de gobierno. Se tuvo a punto el “Plan Avila” con el que, de ser necesario, los tanques artillados saldrían a la calle. El ambiente se enrarecía en la medida en que se acercaba ese día.
Baj no salió de casa ese día.

Apoltronado delante de la televisión, siguió el recorrido de la marcha. Cambiaba de canal a cada rato. Los cuatro canales privados, a los que Chávez bautizó como los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, transmitían la marcha con lujo de detalles.

Las cámaras presentaban planos cortos y largos de una abigarrada marea multicolor que avanzaba, cuando de repente, todo se rompió en mil pedazos. Gritos, disparos, gente que se escondía, que se tiraba al suelo, policías que disparaban, civiles que en el Puente Llaguno respondían a los disparos de la Avenida. Primeros heridos, gente que caía por el impacto de balas de desconocido origen. El caos envolvió el oeste de la ciudad...

Muy pronto se corrió el rumor sobre el alzamiento de un grupo de Generales de las diversas Fuerzas.
El General Rincón anunció ante todo el país que el Presidente había renunciado. Algunos medios dieron la noticia que estaba preso en el Fuerte Tiuna.

En el ínterin, los líderes de la oposición no perdieron el tiempo y se apersonaron en Miraflores dispuestos a formar un gobierno provisional dirigido por el Presidente de Fedecámaras Dr. Carmona Estanga. Allí estaban los representantes del poder financiero, los medios de comunicación, el cardenal de Caracas y un gran número de variopintos personajes que querían pasar a la historia saliendo en la foto.

Los hechos que se sucedieron, mostraron claramente que todo estaba fríamente calculado. Un Decreto leído delante de una representación en donde estaba la flor y nata de las instituciones y de la sociedad caraqueña proclamó a todos los vientos, además de un espíritu revanchista infantil, una muy escasa vocación democrática. Fue un acto bochornoso. Algunos canales de televisión presentaron escenas vergonzosas de las humillaciones que recibieron algunos representantes del gobierno que no tuvieron tiempo de huir o esconderse.
Entre los presentes en el acto de proclamación de Carmona en Miraflores, Baj distinguió perfectamente a Jean Claude. Lucía su cabellera plateada, mostrando su dentadura de porcelana con una sonrisa que le llenaba de gozo e iluminaba su pálida cara.

El día 12 fue todo movimiento; las noticias se contradecían. Renunció... No renunció... Las televisoras no pudieron ocultar un hecho incontestable: una gran masa de pueblo se agolpaba en las inmediaciones del palacio de Miraflores. Gente de Catia, gente de Caricuao, gente de 23 de Enero, los sectores más empobrecidos de Caracas gritaban el nombre del Presidente Chávez. El alzamiento de los generales no logró el consenso en todas la Fuerzas Armadas y desde Maracay y Caracas varios generales se declararon estar con la legalidad y apoyaban al presidente Chávez.

Muy pronto las cámaras enfocaron el helicóptero que portaba de regreso al presidente, después de un periplo por la base naval de Turiamo y la reclusión en la Orchila.

El baño de multitudes en Miraflores, fue para Chávez el medicamento que cauterizó, sólo exteriormente, una herida que jamás se borraría. A partir del golpe y de los hechos que le sucedieron, Chávez ya no será el mismo. Aunque ofreció su mano a la oposición declarando su intención de rectificar algunas de sus actuaciones, desde entonces aumentará la vigilancia, creará planes estratégicos, se rodeará de guarda espaldas y depurará a fondo las Fuerzas Armadas
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