Ojeda Amelia c/ Consorcio de Propietarios Edificio 43 s/ daños y perjuicios”






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Ojeda Amelia c/ Consorcio de Propietarios Edificio 43 s/ daños y perjuicios”

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de junio de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "E", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "Ojeda, Aurelia c. Consorcio de Propietarios Edificio 43 Billinghurst 2193/97 s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia corriente a fs. 1341, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores RACIMO. DUPUIS. CALATAYUD. 

El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo: 

El 21 de agosto de 2004 se produjo un incidente en el ascensor del edificio sito en la calle Billinghurst 2193 del cual fue víctima Aurelia Ojeda quien adujo en la demanda de daños y perjuicios promovida en sede civil haber sufrido graves daños como consecuencia de la caída del habitáculo en el cual descendía desde el piso sexto. La pretensión fue deducida contra el consorcio de propietarios de ese edificio y contra Impini Movilidad Vertical S.R.L. quien a su vez reclamó la citación como tercero obligado del ingeniero Alfredo Vicente Nastasi en su carácter de encargado de mecánica del funcionamiento de los ascensores. Las compañías AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. y Federación Patronal Seguros comparecieron en su carácter de aseguradoras respectivamente del consorcio y de la firma Impini.La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción resarcitoria condenando a los demandados, al tercero y a las compañías aseguradoras a pagar a la demandante la suma de $ 27.600 que se desglosa en los rubros correspondientes a lesiones psíquicas ($ 15.000), daño moral ($ 10.000), gastos terapéuticos y de farmacia ($ 2.000) y gastos de traslado ($ 600). 

Todos los condenados han cuestionado mediante los respectivos recursos de apelación el principal de la condena habiendo presentado las expresiones de agravios a fs. 1437/1442 (consorcio y su aseguradora) y a fs. 1451/1453 (empresa Impini y Nastasi) que fueron respondidas por la demandante con las piezas de fs. 1465/1469 y 1470/1473. 

La sentencia de primera instancia -en la cual se han reseñado con precisión las circunstancias del pleito y examinado en detalle las defensas esbozadas por los demandados- tuvo por demostrada la existencia del incidente y descartó que pudiera considerarse liberado alguno de los apelantes que invocaron que el accidente se había producido en una forma distinta a la explicada en la demanda y que no había culpa de su parte. 

Se trata claramente de un supuesto en el cual el consorcio debe responder como propietario o guardián de la cosa sin que sea admisible que los daños producidos por el desperfecto por su mal funcionamiento puedan serle dispensados con el solo argumento de que se llevó a cabo una incorrecta ejecución de la locación de obra encomendada a un tercero, a la sazón, la empresa encargada del servicio de mantenimiento y el ingeniero Nastasi. 

No critica actualmente el consorcio este aspecto del pronunciamiento ya que sus quejas giran alrededor de las características que rodearon al incidente ya descripto. Señaló que no puede admitirse, como se refirió en la demanda, que se había producido una caída libre con un desplome a toda velocidad del habitáculo.La apelante afirma, en cambio, que lo único que sucedió a la actora es que quedó encerrada en el ascensor hasta que el portero lo niveló manualmente y aquella pudo salir por sus propios medios del habitáculo. 

El incidente consistió, en definitiva, en la frenada brusca del ascensor que a veces puede provocar algunos daños a las personas ubicadas en el habitáculo ya que se producen desaceleraciones comprendidas en 3 a 4 veces la normal del frenado (ver aclaración del perito ingeniero Oscar Alberto Molinari a fs. 714 vta.) sin que sea verosímil considerar que el ascensor tuvo una caída libre desde el sexto piso o que después de su detención haya habido una nueva maniobra que produjera mayor zozobra a la demandante. La descripción del accidente efectuada por el ingeniero Molinari revela que resulta verosímil que la actora haya quedado encerrada en la cabina ya que si el accionamiento que permite la apertura de la puerta de planta baja quedó desactivado al superar el coche el nivel de parda y además que se hayan producido desaceleraciones que pueden haber provocado el desequilibrio de los pasajeros y algún tipo de lesiones (ver fs. 653 vta.). El accidente existió e incluso hubo otra persona dentro del habitáculo del ascensor toda vez que el personal policial interviniente dio cuenta de la presencia de otra persona que viajaba con Ojeda (ver declaración del policía Casco en el acta testifical obrante a fs. 633). 

Menos sustento puede concederse a los agravios de la empresa Impini en cuanto pretende eximirse de toda responsabilidad con sustento en que se habría producido una ruptura del nexo causal por un proceso aleatorio. 

En realidad, se ha argumentado en la queja con referencia a la declaración circunstancial del testigo Velo que el hecho se produjo por un acaso del destino cuando la tarea precisamente de la demandada es evitar que se produzcan ese tipo de accidentes. Sabido es que al ascensor se le aplica la regla del art.1113 segundo párrafo segunda parte  respecto a la responsabilidad del dueño y del guardián por los daños causados por la cosa riesgosa (conf. esta Sala, 2-5-79, ED 86-329 y también CNCiv. Sala A, 13-12-07, LL 2008-A, 127; id., Sala C, 25-9-85, LL 1985-E, 131; id., Sala F, 16-5-985, LL 1985-E, 237; id., Sala J, 14-8-06, RCyS 2007, 695; id., Sala G, 6-9-04, LL 11-1-05). Salvo casos excepcionales en que la conducta de la víctima escape al mero ascenso y descenso (cuasi automático) del elevador y se erija en una condición con entidad causal relevante para la producción del menoscabo, la responsabilidad deberá ser exclusiva de su dueño o guardián (Prevot, Juan Manuel, Daños ocasionados por la caída de un ascensor, LL 2007-C, 1 y Filippini, Aníbal, Ascensores y culpa de la víctima, RCyS 2009-XI, 17). 

Sostiene la Sala que cuando rige la presunción iuris tantum que emana del art. 1113 del Cód. Civil, ella debe ser destruida por prueba categórica aportada por aquel sobre quien recae, y que acredite acabadamente alguna de las causales de exoneración que contempla la citada disposición legal, toda vez que incluso un estado de duda es insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado, t. V, pág. 393, ap. f y jurisprudencia cit. en notas 33 a 35; esta Sala, votos del Dr. Calatayud en cc. 76.738 del 4-12-90; 107.816 del 29-4-92; 112.351 del 15-7-92; 119.083 del 13-11-92; 120.417 del 2-12-92; 114.089 del 30-12-92, etc.; votos del Dr. Dupuis en cc. 70.239 del 2-8-90 y 69.995 del 6-7-90, etc.; voto del Dr. Mirás en c.177.189 del 22-9-95). Vale decir que, por aplicación de esta doctrina, quedaba a cargo del demandado la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien civilmente no debía responder (conf. Sala "F" en L.L. 1977-A-556, 34.007-S; esta Sala, c. 66.946 del 18-5-90, entre otras) y no basta, como se pretende en las expresiones de agravios de los vencidos, invocar una suerte de diligencia extrema -que no ha sido tal como resulta del dictamen pericial respectivo de fs. 651- que supondría la prueba de la ausencia de culpa que sí es, en cambio, aplicable en el supuesto del art. 1113, segundo párrafo, primera parte del Código Civil. 

Y dentro del contexto de los daños ocurridos por el uso de ascensores he señalado recientemente -ver esta Sala, mi voto en causa 542.563 del 21-4-10- que no es posible concebir, como principio, que toda persona que sube a un ascensor conozca sus riesgos con lo cual asuma -desde ese criterio- parte de la responsabilidad en el supuesto de la caída del móvil y la consecuente exención parcial o total de responsabilidad del propietario o guardián de ella. Desde esta perspectiva se impondría a toda víctima la demostración de la culpa del propietario o guardián en clara contradicción con lo dispuesto por el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil. Además, el hecho de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el perjuicio al que alude el art. 1113 del Código Civil debe aparecer como la única causa del daño con las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor ("Fallos": 319:2511 
 y respecto al uso de ascensores ver CNCiv.Sala G del 16-5-01, LL 2001-F, 67), de manera que resulta inaceptable considerar que su ingreso al ascensor haya importado someterse a un eventual riesgo mansamente, sin posibilidad de formular reclamo alguno de las futuras consecuencias dañosas (Pizarro, Ramón Daniel en Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, tomo 3A, pág. 569). 

Entiendo que además de quedar probada la responsabilidad del propietario o guardián, que había sido originariamente cuestionada por el Consorcio, la prueba producida en la causa pone de manifiesto inequívocamente que la empresa de mantenimiento no cumplió con su obligación contractual. El perito ingeniero mecánico Molinari afirmó que "el hecho ocurrido se podría haber evitado si se hubiera efectuado a la máquina el reemplazo por desgaste y mucho tiempo de uso de los interruptores extremos del selector de piso", tal como se aprecia en la fotografía n° 2 del informe (ver fs. 655). 

En tales condiciones cabe admitir el criterio sustentado en la sentencia toda vez que el contrato de mantenimiento de ascensores consiste en la ejecución de una obra para la realización de los trabajos necesarios para el perfecto y seguro mantenimiento de aquéllos el hecho de que en el contrato se prevean ejecucione s periódicas no desvirtúa la naturaleza de la obligación contraída por el locador, dado que la cosa altamente riesgosa sobre la cual recae la obra requiere tal actividad. La obligación principal del locador es garantizar la seguridad de las personas que se trasladen por los ascensores, la que es netamente de resultado, por lo que aquel sólo puede eximirse totalmente de responsabilidad si prueba la existencia de caso fortuito o fuerza mayor (CNCiv Sala D, "Escobar Rojas, Yola R. c. Mig. S.A. y otros" del 7-3-06, RCyS 2006.1362, id. Id., "Fernández Ordaz, Beatriz c. Cons. de Prop. Tucumán 1436/38/40" del 29-08-08, RCy S 2008, 1157 y en similar sentido CNCiv y Com. Fed. Sala III, en autos "Moreno, Ilda C. c.Hospital General de Infecciones F. J. Muñiz y otros" del 2-10-02 pub. En La Ley online AR/JUR/5828/2002; CCont y Trib. CABA en autos "Chioat, Lorenza Teresas Paola c. Ciudad de Buenos Aires y otros del 5-5-08, LL 2008-E, 502). Los planteos de los demandados y de la aseguradora suponen un apartamiento de la regla jurídica aplicable para este tipo de casos a los que debe adicionarse que se ha comprobado la negligencia de la empresa encargada del mantenimiento en el control del buen funcionamiento del ascensor. Por tal motivo entiendo que todos ellos han sido bien condenados en la sentencia cuya confirmatoria en lo principal que decide propongo en esta instancia. 

Reclama la actora que se revoque la sentencia en cuanto desestimó la demanda mediante la cual solicitaba que se concediera una suma de dinero en concepto de reparación por el daño físico padecido. Sostiene que el perito médico constató una incapacidad del 45,28 % en el año 2006 y que el dictamen de los Médicos Forenses que descartó la existencia de incapacidad alguna en el año 2010 se ha debido a que se produjo su curación. Afirma que existió un daño transitorio y que en todo caso debería admitirse su pretensión como daño biológico que consiste en la disminución de la integridad psicofísica de la persona considerada en sí misma aunque no es incapacitante para tareas o desenvolvimiento de la vida diaria. 

No estimo necesario -tampoco la actora lo hace- entrar a discurrir entre las profundas divergencias entre el dictamen de la perito médico obrante a fs. 768 con las consideraciones del referido Cuerpo que ha señalado que no se constatan actualmente signos objetivos de patología secuelar post-traumática incapacitante vinculable al accidente invocado. Se agregó allí que las constancias médicas agregadas dan cuenta de lesiones que pueden haber demandado una incapacidad transitoria por un lapso de 30 a 60 días (ver fs.1249/1251). 

Solamente se plantea en la expresión de agravios una reparación por esa incapacidad transitoria -revestida bajo el manto del "daño biológico- respecto de la cual no se ha demostrado, a mi entender, con suficiente grado de relevancia que hayan impedido el desarrollo de tareas remuneradas durante es lapso. La misma actora reveló al momento del dictamen pericial psiquiátrico de fs. 533/537 que "nunca realizó tareas laborales a instancias de su tío materno, que la ha solventado económicamente desde siempre", de manera que no puede considerarse que haya existido algún detrimento de orden patrimonial durante ese lapso. 

Los vencidos solicitan que se deje sin efecto la indemnización establecida en concepto de incapacidad psíquica ya que no ha sido encontrada por el Cuerpo Médico Forense relación causal alguna entre el accidente y los daños invocados en la demanda. La actora estima que se ha calculado un escaso monto para reparar el rubro correspondiente al daño psíquico para lo cual se basa en que sometida a peritación en el año 2010 por el Cuerpo Médico dictaminó que la original incapacidad del 25 % encontrada en el año 2006 había disminuido al 10 % habiéndose consolidado dicha incapacidad. 

Corresponde señalar en este punto que si bien en los dictámenes del Cuerpo Médico Forense obrantes a fs. 1228/1232 y 1233 /1236 parecía no estar claramente definida la incapacidad psíquica referida por la actora, lo cierto es que con la presentación posterior de fs. 1289/1290 emanada de un perito psiquiatra la situación ha quedado definida en los términos indicados en la sentencia.En efecto, el experto señaló allí que la actora padece un trastorno depresivo de larga data, reactivo en su etiología y nítidamente reactivo al infortunio previamente padecido, generando una incapacidad psíquica determinada en el 10 %. 

Surge de la sentencia que se han considerado dichas circunstancias y que se ha establecido un resarcimiento de $ 15.000 por este concepto que entiendo apropiado ante la constatación del deterioro en esta órbita comprobado por el Cuerpo Médico Forense y toda vez que el resto de las afecciones indicadas en el memorial de la actora se originan más en la personalidad preexistente que en relación causal con el accidente. 

Respecto del rubro correspondiente al daño moral se ha hecho particular hincapié en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Migoya, Carlos Alberto c/Buenos Aires, Provincia y otros s/daños y perjuicios" 
 del 20 de diciembre de 2011 (LL 2012-B, 139). Dijo textualmente la apelante que "la Corte ha tenido ocasión de cuantificar cuanto se debe reconocer como daño moral en un caso en el que la víctima ni siquiera resultó incapacitada. Así dijo recientemente... que el daño moral de una persona que es víctima de un accidente debe ser reconocido en la suma de $ 50.000. Acercó así quizás el piso que debe reconocerse por daño moral al salario que recibe un juez con algunos años de antigüedad" (ver fs. 1446 vta./1447). 

El planteo tiene dos defectos de orden teórico y uno de orden práctico. El primero de ellos se refiere a la teoría que se pretende elaborar en orden a la creación de una suerte de piso mínimo establecido por el máximo tribunal sin haberse percatado la demandante que se trata de un juicio de instancia originaria de acuerdo con la prueba allí producida y de conocimiento pleno sobre bases de derecho común.El segundo error teórico se desarrolla al haberse pretendido dar una consecuencia a ese tipo de decisión que carece de la relevancia atribuida ya que no se trata de un supuesto de descalificación por arbitrariedad en la decisión de un tribunal de una instancia inferior (ver, por ejemplo, en este ultimo sentido los precedentes citados en Fallos: 314:78; 315:119 y 2135, 316:2598; 319:1085 
 y 320:2230, entre otros) sino de un análisis en un supuesto específico con las particularidades que ello conlleva por las características mismas de la intervención de la Corte Suprema en ese tipo de instancia. Finalmente, el error práctico se vincula con la profunda disimilitud entre ambos casos. En el caso de Migoya está comprobado que recibió varios balazos de goma por parte del personal policial interviniente con lo cual "la índole de la agresión padecida" llevó a la Corte a establecer un monto de ese alcance mientras que Ojeda habría sufrido una frenada en el ascensor por el cual descendía en un rango que va de los 11 a los 33 centímetros. Debe tenerse en cuenta, además, que está comprobado que luego del accidente la actora se retiró por sus propios medios y que en la clínica Bazterrica solo habría permanecido pocas horas habiendo decidido salir de ese nosocomio por su propia voluntad, lo cual ha impedido determinar con precisión cuál era la real entidad de los daños que dijo padecer en ese momento. Tampoco está acreditado que haya tenido "nueve internaciones" como ha señalado en alguna oportunidad (ver fs. 1234). La actora se refiere, según entiendo, a varias concurrencias a la clínica mencionada con referencias a lesiones que la aquejaban que no pudieron ser efectivamente constatadas por el personal médico. 

Para la determinación del daño moral me detendré en un punto que la actora ha invocado ante los sucesivos expertos que la atendieron y que habría producido un recorte de sus anteriores actividades vitales.Me refiero en concreto a una supuesta fisura de pelvis o de cadera provocada por la caída del habitáculo del ascensor (ver absolución de posiciones de fs. 363, resp. a posic. 14ª y exposición de su situación ante el experto del CMF a fs. 1234). La dificultad que se advierte en este punto -y que fue bien puntualizada por la compañía aseguradora al impugnar la original pericia psiquiátrica a fs. 564- es que ni siquiera en la demanda (ver fs. 8) se alegó dicha dolencia a pesar de que allí se habían referido múltiples lesiones en la integridad psicofísica que no han sido comprobadas por el Cuerpo Médico Forense. Súmase a ello que se ha indicado que los médicos que la atienden le han dicho que no existen problemas para la realización de actividades deportivas, a pesar de lo cual la actora insiste en una negativa a cumplir con ese tipo de mandatos similar a la que se advierte de la falta de cumplimiento a las instrucciones de los médicos que la habían atendido en la Clínica Bazterrica (ver informes de fs. 302/304 y 382/401). 

Similar falta de repercusión en el ámbito de sus actividades se advierte cuando se atiende a la lectura de la declaración testifical de Darío Gabriel Casco que fue el personal policial que la atendió en momentos posteriores a la frenada brusca del ascensor (ver acta de fs. 633). Señaló dicho deponente que Ojeda estaba con una crisis nerviosa, que sólo quería ir a la comisaría a hacer la denuncia, que estaba dolorida de la rodilla y que salió caminando sola no admitiendo que se citara una ambulancia a pesar de que Casco la vio rengueando.En suma, el conjunto de lesiones de importante entidad reseñado en la demanda no ha podido ser acreditado y las repercusiones sobre la órbita de actividades de la actora han sido de menor relevancia a la allí indicada si se tiene en cuenta que se ha movilizado por cuenta propia sin ánimo de acudir a tratamientos médicos que eventualmente pudieran haber determinado la extensión de sus denunciados padecimientos. 

C onstituye daño moral toda lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento; en fin, la perturbación, de una manera u otra, de la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. esta Sala, cc. 124.140 del 16-11-94 y 161.002 del 8-2-95; Sala D en E.D. 61-779 y 69-377; Sala F en E.D. 42-311 y 53-350; Sala G en E.D. 100-300). 

Para fijar su cuantía, numerosos precedentes de la Sala han señalado que corresponde considerar, entre otras circunstancias, la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima, así como la extensión de los daños materiales, si existieren, factores todos que quedan librados a la prudente apreciación judicial (conf. voto del Dr. Dupuis en c. 49.115 del 10-8-89; voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5-2-90; mis votos en las cc. 59.284 del 21-2-90, 61.903 del 12-3-90, 56.566 del 28-2-90, 67.464 del 22-6-90, entre muchos otros). 

Entiendo, en definitiva, que se ha evidenciado la detención brusca del ascensor y la presencia de algunas lesiones menores de orden temporario que no dejaron incapacidad alguna pero que hicieron, al parecer, conveniente su concurrencia a la clínica citada.Por todo ello y habida cuenta de los trastornos padecidos durante el lapso de incapacidad de necesario restablecimiento determinado por el Cuerpo Médico Forense, propicio elevar en este aspecto la indemnización por el agravio moral a la suma de $ 15.000. 

Ojeda peticiona que se admita un resarcimiento por tratamientos futuros ya que se ha demostrado que existe un porcentaje de incapacidad del orden del 10 % de la T.O. en el aspecto psicológico por lo cual debería admitirse un rubro por tratamiento psiquiátrico a fin de evitar que el cuadro que detenta se agrave. 

Entiendo que en este punto cabe admitir el reclamo del demandante puesto que el médico psiquiatra del Cuerpo Médico Forense señaló que con el fin de mejorar su calidad de vida y evitar el agravamiento de su estado actual, sugirió implementar un tratamiento psiquiátrico-psicológico con una frecuencia y duración a evaluar por el futuro profesional tratante, aunque se estima de larga data, con costo promedio por sesión que varía entre $ 80 y $ 100. 

A partir de estas consideraciones sugiero establecer el monto de $ 3.000 por tratamiento psicológico según la facultad conferida por el art. 165 
 del Código Procesal. 

El consorcio demandado y la aseguradora peticionan que se disminuyan los resarcimientos correspondientes a los gastos terapéuticos y de farmacia y de traslado. 

En lo atinente a los gastos médicos, de farma­cia, asistencia médica y traslados,­ la juris­pruden­cia ha prescin­dido de la exi­gencia de la prueba concre­ta y docu­men­tada de este tipo de gastos que son nece­sarios para el trata­mien­to y recuperación de la víctima, dejando librado a la apre­ciación judicial la fija­ción de su monto, siempre que la acreditación del perjui­cio esté debida­mente comprobada y tengan adecuada relación con la importan­cia del tratamien­to (conf. esta Sala, L. nº 7356 del 29-8-84 y sus citas; L.nº 5l.594 del 20-9-86; L.nº 4l.43l del 3-3-89; ­ídem, L. nº 64.8l4 del 26-4-90; Sala "C", E.D­ 98-508 y sus citas; entre muchos otros). 

No obsta a la admisión de la partida la perte­nen­cia de la víctima a una obra social, adhesión a su sistema de salud pre-pago o su atención en hospi­tal público, pues existe siempre una serie de gastos que se en­cuen­tra a cargo de los afiliados o parientes y que aque­llos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o par­cial orfandad de prueba documental, en el monto a fijar­se deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas nº107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92 y 127.547 del 19-4-93, nº119.174 del 15-12-92 y 146.808 del 18-5-94, con votos del Dr. Calatayud; causas nº154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95 y c. 409.614 del 9/11/04 ; Sala "M", c.61.766 del 27-3-91; Sala "C", c.129.891 del 2-11-93; etc). 

Se encuentra acreditado que la actora debió trasladarse a la Clínica Bazterrica en varias oportunidades y que existió un lapso de incapacidad transitoria que debió de haber requerido gastos no previstos en la obra social. Las sumas indicadas en la sentencia no son exorbitantes y reflejan una prudente ponderación de tales gastos de manera que estimo conveniente su mantenimiento ante la falta de argumentos concluyentes para la modificación del criterio allí sustentado por la jueza de primera instancia. 

La sentencia hizo extensiva la condena a las aseguradoras en la medida del seguro con lo cual habrá de tenerse en cuenta las condiciones del contrato respectivo suscripto entre el Consorcio y Allianz Argentina de Seguros S.A. con el alcance que surge de la pericia contable agregada a fs. 617/618 sin que ello haya merecido respuesta alguna por parte de la actora.Entiendo en este punto que no cabe modificación alguna en esta alzada sin perjuicio de que la citada en garantía haga valer en la instancia de grado y por la vía que estime menester sus quejas por el embargo trabado sin considerar, según ella sostiene, la decisión establecida en la parte dispositiva del pronunciamiento. 

Solicitan el consorcio demandado y su aseguradora que se modifique el cómputo que ha sido establecido por la jueza de grado de acuerdo con la tasa activa establecida en el plenario "Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" 
, toda vez que ello supone un enriquecimiento del acreedor al haber sido establecidos los montos respectivos al momento de la sentencia. 

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios" 
 del 2/8/93 y "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios"  del 23/3/04, que lo ratificó, estableciendo como doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver el referido plenario "Samudio"). 

La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar.Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 nº 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap. V), esta Sala voto del Dr. Calatayud en c.522.330 del 21/4/09). 

Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido de los actores, lo que me lleva a propiciar que con ese alcance se modifique la sentencia apelada, debiéndose liquidar dicha tasa hasta la sentencia y de allí en más la activa establecida en el anterior pronunciamiento. 

Por todo ello propicio confirmar en lo principal que decide la sentencia recurrida, modificarla en lo relativo al daño moral que se eleva a la suma de $ 15.000 y respecto al tratamiento psicológico que se concede por la suma de $ 3.000 y rectificarla en cuanto a la forma del cómputo de los intereses en la forma indicada en los considerandos. 

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Calatayud por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. 

FERNANDO M. RACIMO. 

JUAN CARLOS G. DUPUIS. 

MARIO P. CALATAYUD. 

Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

Buenos Aires, junio de 2012.- 

Y VISTOS: 

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia, se la modifica respecto del resarcimiento por daño moral que se eleva a $ 15.000 y por tratamiento psicológico que se concede por la suma de $ 3.000 y en relación a los intereses que deberán ser calculados en la forma indicada en los considerandos. Costas de alzada a los demandados vencidos (art. 68 
 del Código Procesal). Difiérese la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para una vez que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Notifíquese y devuélvase.

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