República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil corte suprema de justicia sala de casación civil






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III. - DEMANDA DE CASACIÓN
Los actores propusieron dos ataques frente al fallo del Tribunal, cimentados en el primer motivo de casación, vía indirecta, cuyo estudio se evacuará de manera conjunta, dado que se soportan en similares razones y se sirven de consideraciones comunes.
CARGO PRIMERO
1.- Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la demandante ataca la sentencia del Tribunal por violar indirectamente los artículos 63, 1494, 1495 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1505, 1546, 1568, 1571, 1602, 1603, 1604, 1610, 1614, 1615, 1616, 1619, 1621, 1738, 1757, 2063, 2069, 2142, 2144, 2155, 2186, 2341, 2343, 2344, 2347, 2356 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, por falta de aplicación, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió en la apreciación de unas pruebas y omisión de otras.
2.- En procura de acreditar el ataque, la impugnante expone, lo que a continuación se compendia:
El ad quem se limitó a estudiar únicamente el dictamen pericial rendido ante la justicia penal, pretiriendo los demás medios de persuasión recaudados demostrativos de los elementos de la responsabilidad endilgada, como el electrocardiograma que a pesar de haberse practicado, no fue leído oportunamente.
Critica que con vista en la experticia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, haya concluido que no hubo negligencia, ni imprudencia, con el argumento de que el diagnóstico y el tratamiento dispensados correspondieron a la situación presentada por el paciente y que por tanto, los galenos vinculados a las demandadas obraron de acuerdo con la lex artis, pues según la censora, a pesar de la importancia de tal medio de convicción, no debe tomarse como una única prueba, ni de forzosa acogida, pues su poder de convicción no emerge de sí mismo, sino en tanto sus fundamentos y conclusiones reúnan a cabalidad los presupuestos contemplados por el precepto 241 del Estatuto Procesal Civil. Agrega que es deber del juez analizar dicho medio persuasivo y no acogerlo mecánicamente, por lo que incurre en yerro al creer que es fundado cuando no lo es, o viceversa, esto es, se equivoca al calificar la precisión, fundamentación o concordancia del mismo.
En concepto de la casacionista, el sentenciador se equivocó al soportar su decisión en dicha prueba que no reúne los presupuestos de la citada norma, puesto que sus conclusiones carecen de soporte y debida motivación, lo que impedía su acogida en la forma como lo hizo, dado que se ocupó de estudiar sus propios conceptos de orden teórico, apreciando parcialmente la historia clínica, empero “…las explicaciones no son lo suficientemente claras ni concordantes con la realidad, ni con los principios de la ciencia o de la técnica que profesan, como quiera que sin desconocer que en un principio la apariencia permitía mostrar gastritis, también era cierto que los síntomas podían indicar la presencia de un infarto cardiaco tanto por lo que indicaban los antecedentes –‘enfermedad actual’-, como sus signos vitales-‘constantes vitales’- en aspectos tales como el dolor opresivo que se extendía ‘a todo el pecho y a ambos brazos’, el ser ‘fumador crónico’, etc., como por cuanto la frecuencia cardiaca y respiratoria al igual que la presión sistólica y la presión diastólica no eran las más normales”.
Señala que tal experticia se aleja de lo que le indicaban los demás medios probatorios obrantes en este proceso, algunos de los cuales fueron ignorados por el ad quem, como el electrocardiograma que se leyó tardíamente y daba cuenta de la presencia de un “infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular”, el cual de haberse valorado habría influido en la determinación adoptada, porque evidencia “la negligencia y el comportamiento abiertamente descuidado de los galenos y de las instituciones demandadas”, pues a pesar de que al momento de su práctica mostraba un infarto en curso, es decir, una situación alarmante, circunstancia que no le fue comunicada al paciente, no se analizó ese mismo día, por lo que no era suficiente la orden de realizarse, sino su lectura inmediata, que de haberse materializado hubiera permitido que en la misma fecha de su realización se obrara “de conformidad con el protocolo propio de un infarto del miocardio”.
Insiste el censor en que esa pretermisión probatoria denota el yerro manifiesto y trascendente en que incurrió el Tribunal, puesto que contra toda evidencia estimó que no estaba demostrada la omisión o desatención por parte de los médicos que obraron a nombre de las entidades accionadas y que habían procedido acorde con la lex artis; señalando que igualmente omitió tener en cuenta la demanda y el testimonio de Luz Haydeé Rodríguez Gómez indicativas de que solo después de ocurrida la muerte de Julio Enrique Cantillo, fueron llamados sus familiares, para pedirles el pronto traslado de aquel al centro médico más cercano, con el argumento de que el electrocardiograma había salido mal. También destaca que hasta el 2 de julio y a petición de los parientes del fallecido, fue descifrado el citado examen por el cardiólogo Jaime Bueno Alba en el que se indica que presentaba “necrosis antero – lateral evolutiva”.
Explica que la dilación en la lectura del electrocardiograma llevó al paciente y a su acompañante, personas desconocedoras de la medicina y sin capacidad para medir los alcances de la enfermedad a pensar que podían retirarse del centro asistencial, más aún cuando uno de los médicos le había diagnosticado gastritis para lo que le formuló omeprazol, sin que la historia clínica registre que la salida le hubiese sido restringida.
Agrega que este elemento de juicio en el que consta que ingresó a las 09:35 horas del 26 de junio de 2003 para atención por urgencias, igualmente fue preterido por el juzgador, pues la “enfermedad actual y constantes vitales”, sus antecedentes y signos allí consignados mostraban serios factores de riesgo o de evento coronario.
Manifiesta que en tales condiciones, en lugar de suministrársele tratamiento acorde con el cuadro clínico que presentaba, se le determinó gastritis, siendo remitido a consulta de gatroenterología, de manera ambulatoria, y aunque la especialista Ebrahim Aponte Jessemyn al valorarlo a las 14:17, repitió ese diagnóstico, “alcanzó a avizorar un problema serio en la salud del mismo al punto de escribir como enfermedad actual urgente … EKG”, lo que demuestra que entre las primeras actuaciones y las posteriores, transcurrieron más de cinco horas, y de todas formas, nadie estuvo atento al resultado de tal prueba.
De lo anterior extrae que en el “diagnóstico, tratamiento y cuidado posterior” del paciente no se obró acorde con el rigor que ameritaba, pues los antecedentes y signos vitales “permitían sospechar desde su ingreso un problema coronario, el que no fue atendido con la prontitud que correspondía”, pues fue enviado de un lugar a otro “bajo el tipo de atención ‘ambulatorio’, y sin que por parte de los galenos se le hiciera el debido seguimiento al crítico estado de salud que presentaba”, por lo que “entre esos ires y venires, ocurrió lo que fatalmente sobrevino”, dado que el infarto se hallaba en curso.
Reitera que al soportar la decisión en el dictamen pericial, omitiendo los restantes elementos probatorios como el electrocardiograma, su tardía lectura y comunicación a la parte actora, condujo al Tribunal a incurrir en flagrante y decisivo error fáctico, pues éstos elementos de juicio ponen de presente la negligencia y comportamiento abiertamente descuidado de los médicos y de las instituciones demandadas.
Agrega que la pretermisión de las aludidas probanzas llevó al ad quem a estimar que las convocadas debían salir indemnes de la acción, bajo el supuesto de que las obligaciones en el ámbito de la medicina son de medio y no de resultado, pues si bien esto último no es dable exigirse, sí el compromiso médico de ofrecerle al paciente los cuidados y destrezas en pro de mejorar, aliviar o recuperar su salud, para lo que debe utilizar todos los conocimientos y medios proporcionados por la ciencia y que cuando no se procede así, se incurre en responsabilidad.
Sostiene que en este caso se estableció, “por las diversas conductas y actividades que las demandadas cometieron actos que las comprometen seriamente en la atención y cuidado de julio Enrique Cantillo, en cuanto no pusieron, como era de su cargo, al alcance del mismo la valoración completa y adecuada, ni en forma diligente los conocimientos, ni el tratamiento aconsejado e idóneo, ni la atención debida y oportuna, ni el procedimiento empleado, ni la información respectiva, entre otros comportamientos indebidos que involucran la responsabilidad profesional de quienes dieron lugar a ellas”.
Agrega que las múltiples equivocaciones “tienen relación directa de causa efecto con el daño que representó la muerte del esposo y padre de los actores; y probado el vínculo jurídico respectivo, sin reparo de las demandadas, entonces tales ligerezas y desatenciones, el daño y la relación de causalidad comprometen en forma solidaria a las mismas”.
Adicionalmente expone que con los testimonios de Colombia Nichols Árias, Ligia Villamizar Berbesi, Gustavo Coronado Pinto, Pablo Edgar Galeano Calderón, Paulina Espinosa Machado, Himelda Garzón Sandoval, Ana Elena García, Alfredo Onzaga Cavanzo, María Fernanda Jiménez, Héctor Hernando Gutiérrez Matamoros y Luz Haydeé Rodríguez Gómez, se acredita el daño y su monto, pues se estableció que en razón de los amplios conocimientos jurídicos que ostentaba el fallecido, asesoraba a varios profesionales del derecho por lo que obtenía unos ingresos mensuales aproximados de $7.000.000 y contribuía en un 75% con los gastos familiares, e igualmente que el deceso de aquel, les generó a los actores sufrimiento y congoja, lo que constituye el perjuicio moral deprecado por ellos, acreditándose así mismo, la relación causal entre aquel y la conducta de la parte accionada.
Finaliza señalando que los yerros puestos de presente ostentan las características de notorios, pues contrarían abiertamente la lógica, “de suerte que también en este asunto vinieron finalmente a ser determinantes o trascendentes, debido a que, por causa de tales errores, se tomó una decisión equivocada (…) [y] de no haberse cometido, sin hesitación alguna se hubiera modificado el sentido de la providencia materia de este recurso”.
Con base en lo anterior solicita casar la sentencia y en sede de instancia acoger las pretensiones invocadas en el libelo demandatorio.
CARGO SEGUNDO
1.- Con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la demandante atacó el fallo del ad quem de quebrantar indirectamente los artículos 63, 1494, 1495 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1505, 1546, 1568, 1571, 1602, 1603, 1604, 1610, 1614, 1615, 1616, 1619, 1621, 1738, 1757, 2063, 2069, 2142, 2144, 2155, 2186, 2341, 2343, 2344, 2347, 2356 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, por falta de aplicación, como consecuencia de los errores de hecho en los que incurrió al apreciar las pruebas.
2.- En procura de acreditar este ataque, la impugnante señala que el mismo lo “fórmula para el supuesto en que la H. Corte, dentro de su discrecionalidad, llegue a entender que por la sola circunstancia de que el tribunal, al referirse al dictamen pericial también alcanzó a mencionar que ésta experticia también venía acompañada en la historia clínica, entonces fueron éstas las dos probanzas tenidas en cuenta en su fallo”, por lo que combate la sentencia por errores de hecho en la ponderación de tales medios de convicción y la preterición de los demás.

En la sustentación, reproduce el contenido del inicial ataque, al que la Corte se remite, por economía procesal.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.- En este asunto, se recuerda, los accionantes solicitan declarar a las entidades convocadas, solidaria y civilmente responsables de los daños a ellos ocasionados “con motivo de la muerte por diagnóstico equivocado, negligencia médica y defectuosa prestación del servicio médico sufrida por su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda”, dado que habiendo ingresado por urgencias en razón del “fuerte dolor en la parte baja del tórax” que se “extendía a los brazos, se encontraba pálido, con ganas de vomitar (…), sudoroso, sin poderse hallar así mismo”, dicha atención se cambió a ambulatoria, se le diagnosticó gastritis por simple apreciación, pues no se le hizo ningún estudio que permitiera tal conclusión, prohibiéndosele el cigarrillo y el tinto, y a pesar de habérsele practicado un electrocardiograma que se ordenó de manera urgente, el mismo se leyó tardíamente, lo que impidió que fuera tratado del infarto en evolución que reflejó dicho examen.
2.- El fundamento toral del Tribunal para confirmar la sentencia del a quo que negó las pretensiones, fue la ausencia de error médico, así mismo de culpa de las convocadas, como también de nexo causal, para lo cual se soportó en el dictamen pericial trasladado de la Fiscalía 52 Seccional, del cual extrajo que el tratamiento dado a la sintomatología del paciente había sido correcto, dado que según tal experticia, la enfermedad que para el 26 de junio de 2003 presentaba Julio Enrique Cantillo Rueda “no permitían sospechar un evento coronario, por su edad y por no encontrarse dentro del primer grupo de riesgo”, ni ostentar antecedentes médicos de importancia en su historia clínica, por lo que el antiácido, la endoscopia y las recomendaciones dadas tenían una fuente lógica, debido a que “por las condiciones del paciente, se podía sospechar la presencia de una enfermedad ácido péptica”, como se diagnosticó inicialmente, todo lo cual era demostrativo de “que se obró por parte de los galenos vinculados a la entidad demandada, bajo la observancia y el estricto acatamiento a la lex artis”.
3.- En sede de este recurso, la censora rebate esos planteamientos, debido a que el sentenciador soportó su decisión únicamente en la experticia, omitiendo las demás pruebas recaudadas, como el electrocardiograma, la historia clínica y el testimonio de Luz Haydeé Rodríguez Gómez, prescindencia que lo llevó a concluir erróneamente que los galenos actuaron de acuerdo con la “lex artis”.
En cuanto al referido examen destaca la casacionista que habiéndose realizado el 26 de junio de 2003 a las 2:46 p.m, no se leyó ese mismo día, y al reportar “infarto anterior extenso en evolución y/o aneurisma ventricular”, mostraba una situación alarmante, pues reflejaba que desde el mismo instante de su práctica, el paciente se estaba “infartando”, sin que esa situación le fuera informada a él o a su acompañante; por el contrario, se les indicó que los resultados se los entregarían el 2 de julio, data en que igualmente, “se leyó ‘a solicitud de sus familiares’ el citado electrocardiograma por parte del médico cardiólogo Jaime Bueno Alba”, arrojando como resultado “necrosis antero – lateral evolutiva”.-
Que así mismo se ignoró la historia clínica demostrativa de varios factores de riesgo o de evento coronario, reiterando que a pesar de ingresar por urgencias a las 9:35 a.m., se le cambió su atención a ambulatoria, por lo que a las 14:17, es decir, varias horas después, la gastroenteróloga que lo atendió, al avizorar un problema serio, dispuso la realización urgente de un EKG, cuya lectura se pospuso, cuando “de haberse procedido con la debida atención, el procedimiento a seguir era actuar con prontitud ese mismo día, de conformidad con el protocolo propio de un infarto del miocardio”, elemento de convicción este que aunado a la declaración de Luz Haydeé Rodríguez Gómez quien informó que el día de las exequias recibió una llamada de Famisanar para pedir el traslado del paciente al centro médico más cercano debido a que el electrocardiograma había salido mal, evidencia el error judicial trascendente, puesto que al pretermitir dichas pruebas, el Tribunal no vio la conducta negligente de la parte demandada.
4.- Delanteramente debe señalarse que si bien la impúgnate extraordinaria alude a que la decisión del
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