RoldáN, zoila teresa y otros s/ centro médico neuropsiquiátrico s. A. Y otros s/ daños y perjuicios”






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VI. Trataré ahora en forma conjunta los agravios relacionados con la procedencia de la partida para atender a tratamiento psicológico y el monto otorgado en concepto de daño psíquico.

La codemandada Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. y su aseguradora han cuestionado la existencia misma del daño, así como la cuantía acordada para atender a gastos de tratamiento psicológico.

La Sala tiene dicho que “El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral” (conf. 03/03/2006, LL, 2006-D, 65; id. 04/12/2008, La Ley Online). En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (conf. “Mann, Dora c/ Nuevos Rumbos S.A., 12/5/97, elDial - AE3CC; id. 19/10/2004,“Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro”, LL, 18/03/2005, 8).

"El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe diferenciar el bien jurídico que puede verse afectado, de sus consecuencias. Así, la integridad psíquica forma parte de un derecho de la personalidad y es de carácter extrapatrimonial, pero si el desmedro sufrido produce efectos patrimoniales, como la incapacidad para la realización de actividades productivas o el costo del tratamiento necesario para la recuperación genera daños patrimoniales indirectos. Por el contrario, si no los origina, se trata de un daño extrapatrimonial que debe ser evaluado para la fijación del daño moral". (Conf. esta Sala G, 22-3-95, LL 1995-E-461).

Es improcedente conceder una indemnización por daño psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005, “Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A.”, ED 212, 468). Es que el daño psíquico no es un tercer género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, “Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A.”, La Ley Online, id. 27/08/2007,“Real, Roberto c. Microomnibus Saavedra SATACI y otro”, La Ley Online; id. 22/08/2007,“Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y otros”, La Ley Online).

Además, les asiste razón en cuanto se está concediendo una doble indemnización por el mismo daño.

Por todo ello, se admitirá el agravio de la codemandada y de su aseguradora, en cuanto a que la sentencia calculó en forma separada la reparación del denominado daño psíquico, la que deberá ser dejada sin efecto, sin perjuicio de considerarlo al evaluar el daño moral.

En cuanto a la indemnización para atender al costo de tratamiento psicoterapéutico, es realmente llamativo que el perito Yáñez haya arribado en los cuatro casos peritados a la conclusión de no haber encontrado alteraciones en las funciones psíquicas de los examinados, a pesar de lo cual halló: “cierto grado de desorganización por el hecho del violento trauma que le ocasionó la inesperada muerte de su padre” (Sandra Vanesa); id. id. sólo cambiando padre por esposo para Zoila Roldán, “un grado de abatimiento y sensación de culpabilidad por el hecho del violento trauma que le ocasionó la inesperada muerte de su padre” (Marcelo José); id. id. pero presentando “un grado de trastorno de la personalidad por el hecho del violento trauma que le ocasionó la inesperada muerte de su padre” (Luis Alberto).

¡Oh gran casualidad! el perito Yáñez halló que los cuatro peritados coincidían en el grado de incapacidad psíquica en un 20 % de la total y en todos los supuestos aconsejó un tratamiento por tres años a razón de una sesión semanal.

Es absolutamente necesario tener en cuenta que todos los actores han visto sus vidas afectadas por un acontecimiento trágico anterior al deceso del padre, cual es la muerte prematura de la hermana mayor cuando tenía algo más de veinte años, luego de padecer desde la adolescencia las consecuencias de una grave enfermedad, que la llevaron inclusive a la ceguera y al sometimiento de reiteradas terapias de diálisis.

Además, tampoco debieron salir indemnes de las situaciones conflictivas que debieron vivir con motivo de los episodios generados por conductas paternas, tales como las agresiones, la ruptura de objetos, las ideas persecutorias, las alucinaciones, las acusaciones de querer envenenarlo para sacarle la jubilación y la casa, las amenazas de matar a la Sra. Roldán, las manifestaciones de la celotipia hacia la esposa y, seguramente, las consecuencias de haber sido un alcohólico crónico desde la juventud.

Es obvio que estos hechos aunque emanados de la conducta de Luna, no guardan relación causal alguna con el que motiva estos autos, el que en todo caso constituyó la culminación de una vida azarosa y plena de situaciones conflictivas.

Por todo ello, considero prudente fijar para responder a gastos de tratamiento psicoterapéutico la suma de $ 3.240 para cada uno de los actores, excepto para Luis Alberto Luna, a quien habrá de corresponderle la de $ 2.100 (art. 165 del Código Procesal).

VII. En cuanto al reclamo en concepto de daño moral, cabe recordar que la reparación de este daño está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración.

Si bien no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", pág. l87).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., "Los daños civiles y su reparación", pág. 228).

La determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquella (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, “Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro”, DJ 2003-1, 247).

Siempre he sostenido que está fuera de toda discusión el dolor que significa la pérdida de la persona con la que se ha convivido durante décadas, máxime si ello ha sucedido en circunstancias trágicas.

No creo que ese concepto tenga aquí cabida plena ni que deba extenderse por analogía a los hijos del occiso.

Está sobradamente demostrado que la familia sólo visitaba a Luna en forma esporádica.

El daño moral debe tenerse por acreditado por la sola acción antijurídica, en tanto la acreditación de su existencia surge in re ipsa, o por la fuerza de los hechos. Sin embargo, se trata de una presunción “iuris tantum” que puede caer por prueba en contrario.

Pues bien, en este caso resulta difícil mantener la presunción de daño, ante la ausencia de indicios que permitan inferir la presencia de un lazo afectivo entre los actores y la víctima, de cuya ruptura se sigan daños para los primeros.

Recuerdo en este sentido que la Dra. Petalas consignó en el momento de internación que este acto fue decidido a consecuencia de la imposibilidad de una adecuada convivencia familiar; que en el resumen evolutivo a marzo de 1993 se dijo que no tenía una familia continente, era visitado muy pocas veces; que en el informe de la Clínica Privada Banfield S.A. se hizo saber al juzgado que las visitas de los familiares eran esporádicas, al principio concurrían las hermanas y en el último período una sobrina, ya que la esposa y los hijos lo visitaban en forma esporádica, lo que motivaba la queja del paciente, incidiendo ello en la cronificación y acentuación de los síntomas -el resaltado me pertenece- ; que en abril de 1993 la hija dijo que se sentía abandonado por la familia pues lo iban a ver con poca frecuencia; y que en octubre del mismo año, dicha hija reconoció que no tenían contacto con la madrastra (la esposa de Luis), quien no solía visitarlo muy asiduamente.

Por otra parte, es evidente la violación del principio de congruencia en que ha incurrido la juez de grado tanto en este rubro como en los restantes, a cuyo respecto recordaré que tiene dicho la Sala que los arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Código Procesal “prohíben a los jueces otorgar algo más de lo pedido (ultra petita), puesto que la limitación, además reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afectan las garantías constitucionales reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que acuerdan derechos que exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, t. I, p. 259 y su cita; C.N.Civ., esta sala, L. 411.330, del 4/5/05; L. 473.417 del 30/4/07, entre otros)” (voto del Dr. Carranza Casares, 07/11/2007, “Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/daños y perjuicios”, La Ley Online).

Por ello, propongo reducir este rubro a la suma de $ 4.000 para la viuda, $ 3000 para Sandra Vanesa Luna y $ 2.000 para cada uno de los hijos varones (art. 165 del Código Procesal).

VIII. Se agravia Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. por la imposición de costas por la excepción de no seguro opuesta por El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A.y que fuera estimada.

Aduce el incumplimiento de la carga del art. 56 de la L.S. y el haber guardado silencio en las audiencias de mediación acerca de la defensa luego articulada.

El perito contador ha comprobado la existencia de una póliza cubriendo el riesgo de responsabilidad civil con vigencia a la fecha del hecho.

En el Suplemento Adicional 01 se mencionan los riesgos incluidos: por daños y/o lesiones que pudieran ocasionar a terceras personas y a cosas de terceros como consecuencia del ejercicio de su actividad incluyendo los riesgos adicionales que se detallan.

En la información complementaria, punto 2) se excluye expresamente la responsabilidad civil por práctica profesional.

En la hoja 3 de la póliza se describen los distintos casos de exclusión de cobertura en los términos de la Resolución 21.523, punto 25 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (“Como Anexo I de la póliza, con letra clara y en forma destacada, se deberán consignar todas las exclusiones a la cobertura que se estipulen haciendo referencia al mismo en el frente de la póliza”), entre ellos la responsabilidad del asegurado en cuanto sea causada o provenga de obligaciones contractuales.

Precisamente esa exclusión debió determinar la concertación de la póliza con Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. por responsabilidad civil comprensiva y mala praxis institucional y tan ello es así que fue esta aseguradora la que asumió en autos la citación en garantía en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

La inclusión de cláusulas de exclusión implica que en la contratación, el asegurador manifestó su decisión de no cubrir o no garantizar las consecuencias derivadas del acaecimiento del evento. Al haberse excluido expresamente un riesgo, a su respecto no existe seguro, lo cual importa un supuesto de no seguro que nace con el contrato mismo. Acaecido este evento, no previsto en el contrato, el asegurador no está obligado a garantizarlo y, por lo tanto, el asegurado no dispone del derecho a exigir el resarcimiento.

La codemandada no podía ignorar esa situación, es decir, el letrado debía saber que la petición introducida a fs. 335 cuando solicitó la citación en garantía de las dos aseguradoras era indebida.

Ello hizo que El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. fuera traída al proceso de modo totalmente infundado y, lo que es más grave aún, que después de haber planteado la defensa, en lugar de allanarse la portadora de la iniciativa, haya formulado oposición y la haya obligado a mantenerse en litis hasta llegar a este estadio.

De ahí que debe desestimarse el agravio, manteniendo la imposición de costas dispuesta por la juez de grado.

IX. Se agravian ambas codemandadas porque la sentenciante les ha impuesto las costas también con respecto a la demanda rechazada con relación a Demetria Casilda Petalas y Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas.

La queja será parcialmente atendida, ya que debe considerarse que los actores pudieron tener motivos suficientes como para accionar contra la citada profesional, por haber sido ella quien recibió al paciente y porque era quien estaba de guardia en el momento en que se consumó el suicidio.

En cuanto a Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas, es adecuado imponerlas en el orden causado, por ser dudosa la necesidad de traerla al proceso, dada las características de dicho ente (arts. 68 y 71 del Código Procesal).

X. Se agravian ambas demandadas por la aplicación del plenario “Samudio” ordenada en la sentencia, sea porque no estaba vigente a la fecha de los hechos que motivan estos autos, sea porque entienden que origina un enriquecimiento indebido.

Recuerdo que las Cámaras Civiles de la Capital dictaron el plenario "Saffores, Luis o Juan Luis s/Sucesión" de fecha 5/11/43, que consagró la siguiente doctrina: "De acuerdo con nuestro régimen legal, la jurisprudencia plenaria es aplicable a todas las actividades jurídicas que ocurran durante su vigencia, una alteración jurisprudencial sobreviniente no tiene efecto retroactivo en cuanto a los hechos y actos jurídicos acaecidos antes de la mutación, aunque se trate de hechos o actos que no hayan originado contienda judicial, ni por consiguiente sentencias que hagan cosa juzgada".

La polémica sobre el tema de la aplicación retroactiva de los fallos plenarios se ha reavivado con motivo de dictado por este tribunal del fallo “Samudio”.

De acuerdo con una corriente interpretativa, ya sustentada en el voto de la minoría y que con posterioridad ha tenido oportunidad de aplicar el Dr. Mayo en los fallos de la Sala H a los que luego me referiré, en nuestro régimen legal, “la jurisprudencia plenaria es aplicable a todas las actividades jurídicas que ocurran durante su vigencia; una alteración jurisprudencial sobreviniente no tiene efecto retroactivo en cuanto a los hechos y actos jurídicos acaecidos antes de la mutación, aunque se trate de hechos o actos que no hayan originado la contienda judicial, ni por consiguiente sentencias que hagan cosa juzgada”. Si una ley, como regla de principio no puede ser retroactiva (art. 3º del Código Civil), es obvio que menos aún la jurisprudencia plenaria que determina una doctrina legal aplicable. La nueva tasa regirá desde el dictado del fallo plenario, corriendo hasta allí la fijada en los plenarios que pierden su vigencia, porque no se trata de determinar las condiciones en las cuales el acreedor puede demandar los daños y perjuicios, sino de la cuantía de la tasa que está en relación directa con el interés del dinero en la época que corre en cada tiempo en el que el acreedor se ve privado de su capital y no el del momento en que la obligación nació.

Esta postura ha sido aceptada por algunos autores. Así, por ejemplo, se ha dicho que los intereses devengados con anterioridad a la fecha del plenario, estén ya en juicio, o no lo estén aún, están regidos por el plenario anterior, pues durante esa época la tasa pasiva era de aplicación obligatoria en el fuero. El hecho de que se haya cambiado el criterio por parte de la Cámara no implica que las consecuencias ocurridas durante la vigencia del plenario anterior no hayan tenido efectos: se trata de consecuencias ya agotadas, regidas por aquella norma general jurisprudencial (Conf. Márquez, José Fernando, El Plenario "Samudio". Propuestas y reflexiones para su aplicación, Sup. La nueva tasa de interés judicial 2009 (mayo), 47).

El fallo plenario no es una nueva ley sino la ley interpretada. Cuando ha habido un fallo plenario anterior, que se deja sin efecto, el nuevo plenario no puede aplicarse en forma retroactiva, dado que, de lo contrario, se afectan valores de jerarquía constitucional, como son la previsibilidad y la seguridad jurídica, y el derecho de defensa en juicio. Si el plenario es de aplicación obligatoria para todos los tribunales del fuero, es totalmente lógico que los justiciables ajusten sus conductas civiles, y sus posturas en juicio a la doctrina que emana de los mismos (Conf. Ibarlucía, Emilio A., Los fallos plenarios. Su constitucionalidad y aplicación retroactiva, LL, 2009-D, 1217).

En sentido contrario se entiende que la interpretación de una ley establecida en una sentencia plenaria será de aplicación obligatoria para todos los tribunales del fuero a partir de su dictado, pero no alcanza a los pronunciamientos ya dictados. Si no se ha recaído sentencia, no hay cosa juzgada ni derecho adquirido en favor de ninguna de las partes. No se desconoce el derecho de propiedad, pues nadie tiene un derecho adquirido a que un tribunal mantenga la misma interpretación de la ley.

La jurisprudencia, aún plenaria, no crea ni puede crear derechos, ya que los jueces interpretan la ley, por lo que deben aplicar la doctrina plenaria vigente al momento de dictar sentencia, y no la que regía cuando se celebró un determinado acto jurídico; máxime si se recuerda que el fallo plenario se dicta en un caso concreto (Conf. CNCivil, Sala H, 07/10/2009, DJ 28/04/2010, 1123; id. id. 24/04/2009, La Ley Online, AR/JUR/11784/2009, voto de los Dres. Kiper y Abreut de Begher; De la Rúa, Fernando, “Proceso y Justicia”, Bs. As., TEA, 1980, p. 115; Dassen, Julio, “Alcance de los fallos plenarios”, JA1946-III-333).

Por lo tanto, la doctrina obligatoria es de aplicación inmediata aun a las cuestiones pendientes, pues fijar una interpretación obligatoria no importa aplicar disposiciones con carácter retroactivo (Conf. Fassi-Yáñez, “Código Procesal...”, tomo 2, página 583 y fallos citados en nota 28).

Un fallo plenario resulta aplicable por haber sido dictado con posterioridad a la promoción de la demanda, ya que es indudable que al establecer la doctrina legal, o la interpretación de la ley, su obligatoriedad tiene efectos respecto de las causas pendientes de resolución (Conf. CNCivil, Sala K, 11/03/2010 Lexis Nº 70060826), diferenciándose así del derecho sustancial respecto al ámbito temporal en el que resulta aplicable (Conf. CNCivil, Sala K, 30/10/09, Lexis Nº 1/70058015-4

En síntesis, la doctrina legal obligatoria para los jueces de primera instancia y las Salas del fuero en que se dicta el fallo en pleno (art. 303 del Código Procesal), es de aplicación inmediata y alcanza aun a las cuestiones pendientes de decisión.

Por lo tanto, sólo cabe desestimar el agravio vinculado con la aplicación retroactiva del plenario “Samudio”.

En cuanto a la queja relacionada con el enriquecimiento indebido que se produciría de confirmarse la aplicación de la tasa activa consagrada en el aludido plenario, cabe destacar que en esta alzada la totalidad de los montos indemnizatorios han sido fijados a valores históricos, de modo que ese peligro se diluye.

En consecuencia, deberán liquidarse los réditos a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde la fecha del hecho para todos los rubros, excepto los gastos de tratamiento psicoterapéutico, en que correrán desde la sentencia de grado, por tratarse de erogaciones aún no realizadas; y hasta el efectivo pago (art. 303 del Código Procesal), con relación a Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. y Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.

Se agravia la codemandada Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados porque en la sentencia apelada no se ha tenido en cuenta que se halla alcanzada por la ley 25.725, que ha dispuesto la consolidación de deudas del Instituto, de causa o título anterior al 30 de junio de 2002.

Conforme al art. 91 de esa ley, se consolidan en el Estado Nacional, en los términos y con los alcances de la Ley 23.982, del Capítulo V de la Ley 25.344 y normas reglamentarias y complementarias, las obligaciones de causa o título anterior al 30 de junio de 2002, que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados mantenga con personas físicas y jurídicas del Sector Público o Privado, que consistan en el pago de una suma de dinero, o que se resuelvan con el pago de una suma de dinero, cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a las leyes vigentes acerca de los hechos o derechos aplicables.

Tratándose de una obligación del INSSJP se debe acudir a la disposición del art. 91 de la ley 25.725, que por su amplitud prevé en forma expresa la situación, y no al art. 58 de la ley 25.725, que prorroga al 31 de diciembre de 2001 la fecha de consolidación de las obligaciones no previsionales a las que se refiere el art. 13 de la ley 25.344. Ello es así, pues ni en esa ley, ni en la ley 23.982 -en cuyos términos se dispuso la consolidación por la 25.344- estaba incluido el INSSJP entre los sujetos alcanzados por ese régimen. En conclusión, no se puede prescindir de la norma específica para las obligaciones del INSSJP de causa o título anterior al 30-6-2002 (doctr. Fallos 329:4044), sustituyéndola por otra de carácter general, dirigida al Estado Nacional, y en la que no está contemplada expresamente la situación del mencionado instituto (Conf. Cám. Nac. Civ. Com. Fed., Sala III, 6/08/2008, [elDial.com - AF3B24]; id. id. 10/06/2008, [elDial.com - AF3690]).

Por todo ello y por los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal General en el apartado VI de su dictamen de fs. 2098/2099, corresponde acceder al agravio, disponiendo que la condena pronunciada contra Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sea liquidada en los términos de la normativa antes citada.

En cuanto a los intereses, se calcularán sólo hasta la fecha de corte, esto es, 30 de junio de 2002 a la tasa activa determinada en el considerando anterior, y no hasta el efectivo pago, pues como bien se ha dicho, una solución contraria importaría una inadmisible superposición entre los accesorios pretendidos por la parte actora y los devengados por los mismo títulos, generando una doble indemnización (Conf. CNCivil, Sala J, 20/11/2007, La Ley Online, AR/JUR/13035/2007).

XII. Las costas de alzada se imponen a las demandadas y citada en garantía vencidas, por haber resultado sustancialmente derrotadas en el tema axial de la responsabilidad y porque en las acciones por indemnización de daños, atento su carácter resarcitorio, deben recaer sobre el obligado al pago aunque la demanda no prospere íntegramente. Asimismo, se aplican a la coaccionada Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. con respecto al rechazo de sus agravios vinculados con las costas de la instancia de grado derivadas de la admisión de la defensa de no seguro articulada por El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “G” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.


Buenos Aires, de Noviembre de 2010.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, oído que fue el Sr. Fiscal General, se resuelve: I. Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto: concedió una partida autónoma por daño psicológico; condenó a Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados omitiendo la aplicación a su respecto del art. 91 de la ley 25.725 e impuso las costas a ambas demandadas también por el rechazo de la demanda contra Demetria Casilda Petalas y Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas; II. Disponer, en consecuencia, que la condena pronunciada contra Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deberá ser liquidada en los términos de aquella normativa, las costas por el rechazo de la demanda contra Demetria Casilda Petalas estén a exclusivo cargo de Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. y las correspondientes a la actuación de Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas, sean soportadas en el orden causado; III. Modificar la sentencia reduciendo las indemnizaciones por valor vida a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000); por gastos de tratamiento psicoterapéutico a las de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 3.240) cada uno para los actores Zoila Teresa Roldán, Marcelo José Luna y Sandra Vanesa Luna; y a la de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100) para Luis Alberto Luna, rubro respecto del cual los intereses correrán a partir de la sentencia de grado; y por daño moral a la de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) para la viuda, PESOS TRES MIL ($ 3000) para Sandra Vanesa Luna y PESOS DOS MIL ($ 2.000) para cada uno de los hijos varones. IV. Costas de alzada a las demandadas y citada en garantía vencidas y a Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A. por la incidencia respecto de El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. V. Exclusivamente por los fundamentos que surgen de los precedentes considerandos, confirmar la sentencia en todo lo demás que decidió y fuera motivo de no atendibles agravios. VI. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Notifíquese y al Señor Fiscal de Cámara en su Público Despacho. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, regístrese y devuélvase.-


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