RoldáN, zoila teresa y otros s/ centro médico neuropsiquiátrico s. A. Y otros s/ daños y perjuicios”






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IV. También Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) intenta evadir su deber de responder.

Respecto de las obras sociales, la situación es análoga a la que se presenta con las clínicas, resultando igualmente útil recurrir a la figura de la estipulación a favor de tercero para perfilar la relación generada entre una clínica y una obra social.

Entre tales entes se establece una relación de cobertura en beneficio del paciente afiliado a la obra social, quien se transforma contractualmente en acreedor de la clínica por la debida asistencia medical (Conf. Bueres, Alberto, "Responsabilidad civil de los médicos", pág. 130, CNCivil, Sala E, 25-11-80, L.L. 1981-D-136).

La Obra Social es deudora de una obligación asistencial asumida frente al afiliado a través de un vínculo de naturaleza contractual, de modo que quien promete en virtud de un contrato el servicio de salud debe cumplirlo, ya esté previsto que lo haga por sí o por terceros (conf. Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad civil del médico", Buenos Aires 1985, p. 114).

Siempre dentro del ámbito contractual, se habla de un contrato forzoso, pues la relación entre las partes no se constituye voluntariamente sino que es impuesta por la ley (Conf. Trigo Represas, F.-Stiglitz, R., “El daño moral en el incumplimiento contractual. El contrato forzoso y la relación paciente-obra social”, LL, 1985-B-401).

El hecho de que la obra social haya formalizado la estipulación en favor de terceros en beneficio de sus afiliados, no implica que su responsabilidad quede eliminada o disminuida. Si la Obra Social es quien tiene a su cargo el deber asistencial, ha de responder por su incumplimiento, sin que interese que para la ejecución de tal deber haya tenido que contratar a su vez con terceros, ya que al afiliado en principio le resulta indiferente que su "deudor" cumpla por sí mismo o valiéndose de otras personas, bastándole con obtener la satisfacción de sus acreencias (conf. Cazeaux, P.- Trigo Represas, F., "Derechos de las Obligaciones", t. V, p. 646, 3a ed., 1996, Bustamante Alsina, J., "Responsabilidad Civil de las Obras Sociales por Mala Praxis en la Atención Médica de un Beneficiario", LL, 1998-A, 404).

La obra social debe responder por el incumplimiento de la prestación de salud a su cargo que delegó en determinados profesionales. Al comprometerse a prestar asistencia a sus afiliados a través de los médicos o los entes sanatoriales que proporciona, y no de otros, es responsable por el servicio que éstos presten, de modo que si obran con culpa o negligencia, deben satisfacer al paciente abonando los daños y perjuicios que tal actitud le haya ocasionado. Además, debe prestado el debido amparo a sus afiliados, mediante un adecuado control y vigilancia (conf. Lorenzetti, R.L., "La Empresa Médica", pág. 99 y jurisprudencia allí citada; Bustamante Alsina, J., "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 539).

Si la obra social para el cumplimiento de su obligación de prestar cobertura al afiliado, pone a su disposición diversos sanatorios, es incuestionable que debe responder frente al mismo, ante el incumplimiento por parte de esas entidades de las obligaciones que les incumben en la atención del enfermo.

Además, debe ejercer un severo contralor y vigilancia, pues sólo de ese modo cumplirá diligentemente con su obligación de prestar el debido amparo a los afiliados.

No siendo así, la libertad de opción es sólo relativa, pues al limitar la elección dentro de "listas cerradas", se reduce o restringe sensiblemente la esfera de libertad de los interesados, pues éstos se encuentran obligados a elegir entre los prestadores previamente seleccionados y contratados por la obra social, quien en definitiva debe hacerse cargo de la actuación de aquellos profesionales y entes asistenciales que pone al servicio de sus afiliados, en virtud del deber de garantía que se encuentra implícito al momento de la contratación (Conf. CNCiv., Sala A, 14/09/2004, LL, 2005-B, 659).

Garantizar significa afianzar un resultado concreto y no una actividad meramente diligente, por lo que el responsable sólo podrá excusarse acreditando la concurrencia de una causa extraña: culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder o el casus (conf. Bueres, A., ob.cit., p. 386/387 texto y nota 39, p. 389). Y no puede transferir la responsabilidad patrimonial inherente a la atención de sus beneficiados, pues ello importaría una contradicción con el fin propuesto por el legislador al concebir el Sistema del Seguro Nacional de Salud (Conf. CNCom., Sala B, 23/03/2006, RCyS 2006-VIII, 105).

La función de las obras sociales no se agota con la elección de los establecimientos aprobados por la autoridad de aplicación, ya que asume también una obligación accesoria frente a sus afiliados respecto de la eficacia del servicio de salud y deben responder por el servicio que se brinda al beneficiario (Conf. CNFed. Civil y Com., Sala I, 26-11-96, LL 1998-A-482).

El Instituto codemandado, como agente del Seguro de Salud, se encuentra alcanzado por la ley 23.661, cuyo art. 31 dispone que la Secretaría de Salud de la Nación establecerá las definiciones y normas de acreditación y categorización para profesionales y establecimientos asistenciales sobre cuya base la ANSSAL fijará los requisitos a cumplir por parte de las personas o entidades que se inscriban en el Registro Nacional de Prestadores.

Agrega el art. 32 que la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores implicará para los prestadores la obligación de respetar las normas y valores retributivos que rijan las contrataciones con los agentes del seguro, mantener la prestación del Servicio en las modalidades convenidas durante el lapso de inscripción y por un tiempo adicional de sesenta (60) días corridos y ajustarse a las normas que en ejercicio de sus facultades, derechos y atribuciones establezca la ANSSAL.

Bajo ese marco normativo la codemandada suscribió con la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas un contrato de locación de servicios de atención médica psiquiátrica integral, por el cual se comprometió a brindar cobertura a todos los beneficiarios del Instituto a través de los establecimientos integrantes de la red de prestadores.

Conforme a la cláusula décimo cuarta asumió la total responsabilidad de sus obligaciones sobre el personal profesional y/o auxiliar que tenga bajo su dependencia y/o los de la red de prestadores, garantizando su idoneidad profesional y su correcta actuación. Frente al Instituto, cada establecimiento junto con el prestador serán considerados co-obligados solidarios a los efectos derivados del convenio, asumiendo la total responsabilidad por las prácticas médicas a que se comprometen.

Se entiende que existe contrato de management o gerenciamiento cuando "... se cede o transfiere el "manejo" o "gerenciamiento" de una sociedad (la gerenciada), a otra compañía (la sociedad gerente, denominada manager), en condiciones que suelen estipularse en función del caso concreto" (Conf. Martorell, Ernesto E., "Breves reflexiones sobre contratos de empresa: el contrato de 'management'", LL, 1995-B, 1253-1264).

A su vez, se ha definido al contrato de gerenciamiento médico como aquel en cuya virtud un sujeto colectivo, denominado "gerenciado", a cuyo cargo se encuentra el proveimiento de asistencia médica a un número determinado de personas físicas (beneficiarios), delega en otro, denominado "gerenciador", la gestión y administración de los recursos financieros destinados a la atención sanitaria de tales beneficiarios, obligándose a abonarle periódicamente una suma determinada o determinable, que servirá para solventar los honorarios del segundo y el costo de los servicios médicos involucrados. Este negocio tiene por fin “tercerizar” la atención médica de los afiliados de la entidad gerenciada, delegando en una persona física o jurídica altamente calificada, la gestión burocrática y financiera de la cobertura prestacional. Con ello se persigue racionalizar la aplicación de los recursos con que cuenta la entidad gerenciada, de modo que el grueso de su recaudación sea destinado a la prestación efectiva de servicios a sus beneficiarios (Conf. Romero, Miguel Alvaro, “Gerenciamiento médico y responsabilidad de la obra social: La consolidación de una línea jurisprudencial”, LL, 2003-A-410).

La Resolución 235/1999 de la Superintendencia de Servicios de Salud establece en el art. 1º: “Se entiende por gerenciador aquella persona física o jurídica a quien se le encomienda la administración total o parcial de la Obra Social en su nombre y representación.

Agrega el art. 2 que el gerenciador no puede ser prestador, ni concesionario, ni promotor de la oferta de servicios de la Obra Social con la que celebra el Contrato de Gerenciamiento.

Ahora bien, no está aquí en discusión la relación jurídica existente entre la obra social y la gerenciadora, que doctrinal y jurisprudencialmente se encuadra en la figura del mandato.

Se ha dicho en tal sentido que si la obra social recurrió al gerenciamiento para la prestación de los servicios médicos esenciales que caracterizan su existencia, no puede permanecer ajena a la deuda contraída en beneficio de sus afiliados por el mero hecho de haber apelado para facilitar su gestión a una empresa intermediaria, porque ese recurso al gerenciamiento de facturaciones y pagos configura un contrato de mandato, y los actos del mandatario dentro de los límites otorgados y las obligaciones adquiridas por él son reputados actos propios y personales del mandante (Conf. CNFed. Civ. Com., Sala II, 21/05/2002, LL, 2003-A, 411). Es que la obra social no puede exonerarse del pago de la deuda que fue contraída en beneficio de los afiliados, puesto que es ella quien está efectivamente obligada a prestar atención médica a sus afiliados, tal como lo establece la ley 23.660 (Arts.3, 4, 5 y 6) (Conf. CNCom., Sala B, 13/03/2003, elDial - AA1744, id. id. 14/08/02, elDial- AA12CE). Debe responder por los servicios negligentes otorgados por el prestador contratado por ella, pues se compromete a que la atención médica se lleve a cabo de tal manera que el beneficiario no sufra daño alguno como consecuencia de una prestación deficiente por parte de las clínicas o facultativos en quienes derivó el cumplimiento de su obligación principal, conforme a la obligación accesoria y tácita de seguridad que le compete (Conf. CNFed. Civ. Com., Sala III, 02/02/2006, RCyS 2006, 934).

La obra social es solidariamente responsable con la prestadora del servicio de asistencia médica cuando el afiliado resulta damnificado a consecuencia de la atención negligente ofrecida por esta última, pues aquélla debe efectuar un análisis concienzudo respecto a la eficacia de las entidades y personas que contratará para prestar servicios médicos, controlando permanentemente el desempeño de los mismos (Conf. CNCivil, Sala B, 16/09/2003, La Ley Online, AR/JUR/5680/2003).

Más aún se impone esa conclusión en el caso cuando en el contrato celebrado con la empresa expresamente se pactó la solidaridad con cada establecimiento junto con el prestador.

Así como el centro médico asume un deber tácito y accesorio de seguridad respecto de la eficiencia de la prestación galénica frente al asociado o afiliado, aunque el servicio profesional sea suministrado por medio de terceros, como médicos, clínicas, laboratorios, personal paramédico, etcétera, y por ello, una vez infringido ese deber jurídico, su responsabilidad deviene irrefragable (Conf. Bueres, ob. cit., Tomo II, pág. 486), dado que una de las funciones de la gerenciadora consiste precisamente en la elección de esos terceros, su situación jurídica no puede ser diferente.

Por todo ello y estando debidamente acreditada la responsabilidad de la clínica, la obra social debe responder, por haber violado la obligación de seguridad asumida.

En consecuencia, se desestima la queja expuesta al respecto.

V. Corresponde que me aboque al examen de los agravios vinculados con las partidas indemnizatorias acordadas en la sentencia.

Por razones metodológicas, analizaré conjuntamente los agravios vertidos por la totalidad de las partes involucradas, más allá de las direcciones opuestas, comenzando con los referentes a la cuantía reconocida para atender al valor vida.

Reclamó la Sra. Roldán por este concepto la suma de $ 50.000, pero la sentenciante decidió sin el más mínimo sustento ni fundamento darle $ 55.000 y ahora en los agravios, a pesar de esa abierta violación al principio de congruencia, pretende todavía más.

De acuerdo con el art. 1084 del Código Civil asiste a la viuda e hijos del muerto, en caso de homicidio, el derecho de reclamar del responsable todo lo que fuere necesario para su subsistencia.

Agrega el art. 1085 en su segunda parte que esa indemnización sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviniente y por los herederos necesarios del muerto, siempre que no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.

Estas dos normas constituyen una excepción al principio de que todo aquel que invoca un daño, debe probarlo, ya que la ley presume un daño cierto respecto de esos damnificados indirectos, consistente en la privación que experimentan de lo que les es necesario para la subsistencia.

Crean un régimen de excepción a favor de las personas a quienes acuerda la indemnización, atento el muy estrecho vínculo que los une a la víctima del hecho ilícito, respecto a quienes la ley presume la existencia de un perjuicio cierto, cuya cuantía deja librada a la prudencia de los jueces (conf. Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t.4, pág. 246 y sgtes.).

Por otra parte, la vida humana no tiene valor económico por sí misma, sino en consideración a lo que produce o puede producir. Por ende, en el supuesto de muerte de la víctima, el objeto de la reparación está dado por los efectos económicos que su desaparición provoca a los damnificados indirectos, quienes se ven afectados patrimonialmente por la disminución o privación de bienes que percibían en vida del occiso (arts. 1066, 1079, 1084, 1085 y concs., Cód. Civil).

A los fines de proceder a la cuantificación del "valor vida" debe adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio-económico en el que se desenvolvía, aunque también deben ponderarse aquellas condiciones personales de los beneficiarios que constituyen igualmente variables futuras, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento (Conf. CNCivil, sala A, 17/02/2005, DJ 11/05/2005, 100).

Es decir que no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima —capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida—, como con los damnificados, tales el grado de parentesco, asistencia recibida, cultura, edad, educación, condición económica y social, entre otras (Conf. CSJN, 24/08/2006, “Ferrari de Grand, Teresa H. M. y otros c. Provincia de Entre Ríos y otros”, DJ 07/02/2007, 236, id. 27/9/1994, JA 1995 - II - 193; id. 9/11/2000, JA 2001 - IV - síntesis).

En otros términos, deben valorarse en relación con la víctima circunstancias tales como su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, su sexo, su vida probable, sus condiciones personales y con relación al damnificado por el fallecimiento deben considerarse la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, su sexo, su vida probable.

Además, debe tenerse en consideración no el promedio de vida vegetativo, sino el de vida útil desde el punto de vista productivo y el "quantum" de las ganancias que la víctima destinaba a quienes accionan (Conf. CNCivil, Sala D, 28/09/2000, LL, 2001-D, 214).

El occiso tenía 76 años de edad a la fecha de su deceso. Según lo informado a fs. 617/619, era beneficiario de una jubilación por la que percibía un haber neto de $ 524,83 mensuales, lo que implica que desde su fallecimiento Zoila Teresa Roldán incorpora a su patrimonio la totalidad de la pensión.

No se ha acreditado en modo alguno que tuviera otra fuente de ingresos, más allá de las manifestaciones no creíbles de los testigos en el beneficio de litigar sin gastos.

Es obvio que un anciano con sus facultades mentales seriamente dañadas desde hacía al menos una década y con un estado de salud física absolutamente deficitario (infarto de miocardio, hernia epigástrica, úlcera gastroduodenal, afasia), no estaba en condiciones de realizar trabajos de albañilería, carpintería y, mucho menos, de electricidad o como gasista.

Se ha dicho que deben armonizarse los principios, valores e intereses jurídicos en juego, interpretando que la presunción "de lo que sea necesario para la subsistencia" de la esposa, es decir la "primera persona legitimada para accionar por los daños resultantes del fallecimiento de otra" (Conf. Trigo Represas, Félix, en Cazeaux, Néstor P.-Trigo Represas, "Derechos de las obligaciones", t. V, p. 795), debe ser meritado en el supuesto del occiso jubilado, atendiendo a la pauta medular que es la "decisiva influencia de las posibilidades materiales y la efectividad de los aportes que suministraba o estaba en condiciones de suministrar el muerto a la víctima que acciona" (Conf. Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", t. 2, p. 320), computando también la "edad de la pareja" (Conf. Mosset Iturraspe, Jorge, "El valor de la vida humana", p. 102) porque, por vía de principio, "es evidente que si el anciano nada aportaba económicamente, su desaparición ningún perjuicio patrimonial ocasiona, ni tampoco puede suponerse que se pierde una esperanza de asistencia futura, sin perjuicio de la reparación del daño moral..." (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, en "Responsabilidad Civil y otros estudios, t. II, p. 49 y ED, 124-647, "El valor económico de la vida humana y reparación del daño patrimonial causado por homicidio"; en esa tendencia: Zannoni, Eduardo, "El daño en la responsabilidad civil", ps. 154/155) (del voto del Dr. Galdós en Cám. Civ. Com. Azul, 15/04/1999, RCyS 1999, 729).

Por esas razones, teniendo en cuenta los magros ingresos que percibía Luna, la porción de los mismos que habrían sido consumido por su persona, su lapso probable de vida en función de la salud física y mental notoriamente deteriorada, así como la edad de la actora, la existencia de varios hijos mayores y las restantes condiciones personales, propongo reducir este rubro a la suma de $ 3.000 (art. 165 del Cód. Procesal).

Ante la conclusión que antecede, poco me cabe decir con relación a la pretensión de los hijos de ser resarcidos por igual concepto.

La presunción que consagra el art. 1084 del Código Civil no puede alcanzar a los hijos mayores y capaces, ni a los padres, correspondiéndoles la prueba del daño, en los términos del art. 1079 del cuerpo legal citado (Conf. Llambías, Jorge, "Obligaciones", Tomo IV-B, Nº 2350, pág. 56; Brebbia, Roberto, "Problemática jurídica de los automotores, Tomo 2, pág. 177; Abelleyra, "El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se originan en el homicidio", en LL, 134-959; Belluscio-Zannoni, ob. cit., pág. 179).

El sólo hecho del deceso del progenitor no habrá de variar la fuente de recursos con que los hijos mayores y capaces soportaban sus necesidades elementales (Conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T° IV-A, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, págs. 47 y ss.; de Abelleyra, Rodolfo, "El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se originan en el homicidio", LL, 114-959; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de Daños", T° 2b, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1996, págs. 187/188, 199/209 y 213/217).

Si se percibe un haber jubilatorio que apenas sobrepasa los quinientos pesos, constituye una verdadera osadía sostener, como se insiste en los agravios, que los hijos recibían ayuda económica del padre, máxime cuando hace años se ha llegado a la adultez y formado un grupo familiar propio.

Si no tienen trabajo y sólo hacen changas, en nada se ha modificado su “status” económico por el suicidio del padre. Tampoco tendrían trabajo y también harían changas de estar vivo el progenitor.

Según lo manifestado al perito Yáñez, Marcelo José Luna tenía 28 años de edad a la fecha del deceso, es de estado civil soltero, pero convive con Silvia, de quien tiene una hija pequeña. Trabaja como carpintero y habita en un lugar diferente al de la madre.

Sandra Vanesa Luna tenía 22 años, es soltera, convive con la madre, su pareja, quien trabaja como mensajero y tres hijos. Estaba terminando estudios secundarios en una escuela nocturna.

Luis Alberto Luna tenía 36 años, admitió haber llevado una vida licenciosa, habiendo sido consumidor habitual de drogas psicoactivas, que abandonó después de conocer nada más y nada menos que al conocido pastor Giménez, dedicándose desde entonces a predicar el evangelio. Está casado y se domicilia en esta Ciudad de Buenos Aires.

Como puede verse, el primero tiene un trabajo, la segunda está unida a una persona que también labora y en cuanto al tercero, desconozco si la aludida prédica es remunerada, pero en todo caso, recorrer ese camino ha sido fruto de su decisión.

Por lo tanto, es impensable que ganando Luna poco más de $ 500 por mes, además de lo insumido por la esposa y por sí mismo, le haya quedado un “restito” para ayudar a los hijos.

No es lógico presumir genéricamente que la muerte del padre o de la madre ocasione al hijo mayor capaz un perjuicio consistente en la privación de lo necesario para subsistir en los términos del art. 1084 del Cód. Civil, en tanto ello no es lo que acostumbra suceder según el curso normal de las cosas, al reputarse que con la mayoría de edad el hijo tendrá aptitud para proveer a su propio mantenimiento (Conf. CNCivil, Sala K, 02/09/2006, LL, 2006-F, 791).

En consecuencia, corresponde desestimar las quejas vertidas en este tema.
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