Proceso de cognicion legitimación material en la causa. No constituye excepción de fondo / excepcion de fondo requisito






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títuloProceso de cognicion legitimación material en la causa. No constituye excepción de fondo / excepcion de fondo requisito
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PROCESO DE COGNICION - Legitimación material en la causa. No constituye excepción de fondo / EXCEPCION DE FONDO - Requisito
Independientemente de que sea o no cierta la ilegitimación alegada, tal hecho en los procesos de cognición no es constitutivo de excepción fondo, sino falta de un presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Para que un hecho sea constitutivo de excepción de fondo se requiere que además de ser un hecho nuevo, distinto a los planteados por el demandante, una vez probado tenga la potencialidad de enervar el derecho construido por el demandante. Nota de Relatoría: Ver sentencias de 11 de marzo de 2004, Exp. 14.223, actor Abel María Muñoz; de 26 de junio de 2003, Exp. 13.689, actor Alvaro de Jesús Pérez; de 3 de julio de 2003, Exp. 13.658, actor Luis Hernando Núñez; de 27 de noviembre de 2003, Exp. 14.347, actor Oswaldo Germán Martínez; de 1 de agosto de 2002, Exp. 13.248, actor Inversiones Palmar Ltda.; de 27 de noviembre de 2002, Exp. 13.65, actor Rosalina Madrid; de 27 de noviembre de 2002, Exp. 14.142, actor Ana Teresa Díaz.
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD - Urgencias. Deber legal / URGENCIAS - Deber legal. EPS
Para la Sala, ese principio de legalidad pone de presente el deber jurídico radicado en todas las entidades prestatarias de servicios de salud, públicas y privadas, de prestar la atención inicial de urgencias y, por lo mismo, de asumir las consecuencias de las acciones u omisiones que en la misma tengan lugar. Es de notar, sin embargo, que este deber legal (art. 2 ley 10 de 1990) de atención inicial de urgencias se predica tan sólo de esa atención primaria (de estabilización, diagnóstico y definición de destino) y no puede extenderse más allá de esos precisos contornos, vgr. la hospitalización del paciente. Y aunque los reglamentarios señalan exegéticamente que la cobertura de urgencias abarca hasta la remisión, tales expresiones tienen el alcance jurídico de significar hasta antes de que el paciente ingrese a cuenta de otro. Y tal comprensión permite entender que cuando un prestador de servicio médico lo hace por cuenta de otro, jurídicamente lo atiende éste; no pueden confundirse el sujeto prestador físico con el sujeto prestador jurídico. La dificultad aparente que presenta el caso estriba en que la hospitalización de Milton Ruiz se efectuó en las mismas instalaciones físicas del mismo Hospital que le atendió la urgencia, lo que podría llevar al equívoco de estimar, como lo insistió la parte demandada, que el proceso posterior de la urgencia de atención al paciente, intervención quirúrgica y post operatorio, hacían parte del deber de atención inicial de urgencias, lo que cual a todas luces desnaturaliza esta figura; máxime, como pasará a verse, que una vez hospitalizado el paciente Ruiz Lemus la responsabilidad por su atención comenzó a correr por cuenta del Instituto de Seguro de Sociales.
PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO - Responsabilidad del Estado / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO - Evolución jurisprudencial / SERVICIO MEDICO - Responsabilidad en la prestación
Esta Corporación, en cuanto al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación del servicio médico ha recurrido a la aplicación, en una primera etapa, al de falla probada, fundamentada en las obligaciones de medio. En la segunda etapa, la jurisprudencia varió para analizar la responsabilidad del Estado en dicha prestación, bajo el título jurídico de falla presunta. Pero también la jurisprudencia ha concluido que cuando esté probada la anomalía se aplicará el título jurídico de falla probada, dentro del cual hay que establecer además el daño antijurídico y el nexo de causalidad, adecuado y eficiente. Nota de Relatoría: Ver sentencia del día 24 de octubre de 1990, Expediente 5902, Actor: María Helena Ayala; sentencia del día 30 de junio de 1992, Expediente 6897, Actor: Gustavo Eduardo Ramírez Morales y otros; sentencia 11878 del 10 de febrero de 2000 y sentencia 13122, Actor: Jorge Avelino Torres Parra y otros.
HISTORIA CLINICA - Documento público / HISTORIA CLINICA - Valor probatorio
Es de resaltarse que la historia clínica asentada en entidades públicas es un documento público, que da fe, desde el punto de vista de su contenido expreso, de la fecha y de las anotaciones que en ella hizo quien la elaboró (art. 264 del C. P. C.), y desde el punto de vista negativo, también da fe de lo que no ocurrió, que para este caso revela que al paciente no se le practicó arteriografía. Es por este aspecto que se hace evidente que el daño de la arteria poplítea se detectó casualmente a través de procedimiento quirúrgico realizado pero para solucionar la “ruptura cruzado posterior” de la rodilla izquierda, y no para solucionar el daño de la arteria; esta bien claro que no se practicó la arteriografía prueba que habría evidenciado otro daño pero grave y habría dado lugar a un procedimiento quirúrgico inmediato y para realizar la anastomosis. Tal aserto se corrobora con la declaración del médico cirujano general, doctor Salustiano Duarte, quien precisó que fue llamado a atender la urgencia que se descubrió cuando se intervenía al paciente -intraoperatorio-; dijo textualmente “fue un hallazgo operatorio”.
FALLA DEL SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO - ISS. Diagnóstico. Especialidad
El anterior análisis de los hechos alegados con base en las pruebas representó, sin duda, la existencia de la anomalía administrativa en la prestación del servicio médico hospitalario del I. S. S. en la fase de diagnóstico en la hospitalización por urgencia, como lo aseguró la demanda, en los aspectos de diagnóstico defectuoso (hechos 6, 7 y 12 de la demanda) atados a la falta de especialidad (ortopedia - traumatología) por los médicos de ortopedia en la hospitalización (hechos 10 y 11). La omisión del I. S. S. se estructura como quebranto al deber del Estado, en este caso el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, para proteger con diligencia el derecho de atención médico hospitalario de un afiliado (art. 2º Constitucional).
DAÑO MORAL - Lesión personal grave / LESION GRAVE - Víctima directa. Daño moral / LESION GRAVE - Víctima indirecta. Daño moral
El material probatorio es conclusivo del daño moral alegado por todos los actores, porque se probaron los extremos de: lesión grave y padecimiento moral, según caso. La Sala ha explicado que no solo la muerte es expresión de daño moral para las víctimas, sino también las lesiones personales graves y las leves, respecto de las cuales la Sala, las ha distinguido con fines probatorios. Y en cuando a las lesiones graves, que es el punto que interesa, y respecto a la víctima directa ha indicado que con la demostración de la gravedad de la lesión se deduce la existencia del dolor moral; y en lo que atañe con las víctimas indirectas ha estimado que sufren dolor moral cuando además de demostrar la gravedad de la lesión del lesionado también prueban su condición o de pariente o de persona cercana, hechos que debidamente probados son indicadores de su padecimiento moral. Se recuerda que con las pruebas médicas, se determinó que es grave la amputación de una pierna. Nota de Relatoría: Pueden consultarse las sentencias dictadas los días: 28 de octubre de 1999 (Exp.12.384. Actor: Luis Eudoro Jojoa Jojoa); 23 de marzo de 2000 (Exp 12.814; demandante: Harold Gómez González y otros. Demandado: INPEC); 17 de agosto de 2000 (Exp 12802; Demandante: Lucila Méndez y otros. Demandado: INPEC); 14 de septiembre de 2000 (Exp 12.166; Actor: Eduardo López Piedrahita y otros. Demandado: ICBF); 8 de noviembre de 2001 (Exp. 13.007; Actor: Orlando Miguel Bermúdez Torres y otros; Demandado: Municipio de Maicao); 27 de noviembre de 2002 (Actor: Vidal Lemus Layton y Otros; Exp 13.874). Consejo de Estado. Sección Tercera, expediente 11.652. Actor: Francisco Naranjo Peláez y otros.
DAÑO MATERIAL - Pérdida de capacidad laboral / PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL - Daño material
Para la Sala no existe duda de la existencia del daño material a consecuencia de la amputación de la pierna que sufrió Milton Ruiz a consecuencia de la falla en que incurrió el I. S. S.; la sola pérdida corporal para efecto del oficio determinado al cual se dedicaba prueba la existencia del daño material, desde la amputación. Cosa distinta es la cuantificación, punto al cual referirá la Sala en el capítulo de perjuicios. En consecuencia una vez se demuestra la pérdida de la capacidad laboral potencial para un determinado desempeño, se configura el supuesto para indemnización por el menoscabo definitivo para el provecho futuro en tal actividad. De no ser así, se desconocería la situación cierta de la víctima en la pérdida de capacidad laboral para una específica labor. Cabe destacar que no existe razón jurídica valedera para negar la existencia del daño por lesiones porque la víctima posea capacidad laboral para otro oficio o para restos del que realizó antes del hecho dañino. Nota de Relatoría: Sobre el tema ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 1° de julio de 2004. Exp. 14.494. Actor: Luis Albeiro Usuga Higuita y de 29 de noviembre de 2004. Exp. 14.320. Actor: Esteban José Guerra. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.
NEXO CAUSAL - Causa física y causa jurídica / CAUSA EFICIENTE - Retardo en la atención médica
La lesión de la arteria poplítea en sí tiene su causa física en el accidente sufrido por Milton Ruiz desde antes de ingresar al Hospital (causa ajena a la atención médica imputada); pero la pérdida de la pierna izquierda tiene su causa jurídica en el retardo en la atención del daño vascular físico, que sobrevino a la omisión de haber practicado la arteriografía, daño físico que se reveló sólo cuando se practicó una intervención quirúrgica para otro objeto: reparar la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Por lo tanto en la causalidad eficiente, la falla probada del Estado fue la que causó los daños probados originados en la amputación de la pierna izquierda de Milton Ruiz; por lo mismo se concluye la antijuridicidad de los daños, porque los actores no lo tenían que soportarlos jurídicamente.


CONSEJO DE ESTADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

De otro lado, el mismo Ministerio expidió el decreto 412 de 6 marzo de 19921, “por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones”, que reiteró lo ordenado en la ley 10 de 1990 respecto de la obligatoriedad de la atención inicial de las urgencias (art. 2). A este propósito:
Define a la urgencia como “alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte” (inc. 2 art. 3) y a la atención inicial de urgencia
...a todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud” (inciso 3 art. 3)
Establece, en lo concerniente a las responsabilidades de las entidades de salud con respecto a la atención inicial de urgencias, que “la entidad que haya prestado la atención inicial de urgencia tiene responsabilidad sobre el paciente hasta el momento en que el mismo haya sido dado de alta, si no ha sido objeto de una remisión. Si el paciente ha sido remitido, su responsabilidad llega hasta el momento en que el mismo ingrese a la entidad receptora” ( parág. art. 4).
Y estatuye, entre otros, que en caso de incumplimiento de las normas allí previstas, se les aplicarán a las entidades prestatarias las sanciones establecidas en el artículo 49 de la ley 10 de 1990, con sujeción al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo (art. 13).
PARA LA SALA, ese principio de legalidad pone de presente el deber jurídico radicado en todas las entidades prestatarias de servicios de salud, públicas y privadas, de prestar la atención inicial de urgencias y, por lo mismo, de asumir las consecuencias de las acciones u omisiones que en la misma tengan lugar.
Es de notar, sin embargo, que este deber legal (art. 2 ley 10 de 1990) de atención inicial de urgencias se predica tan sólo de esa atención primaria (de estabilización, diagnóstico y definición de destino) y no puede extenderse más allá de esos precisos contornos, vgr. la hospitalización del paciente. Y aunque los reglamentarios señalan exegéticamente que la cobertura de urgencias abarca hasta la remisión, tales expresiones tienen el alcance jurídico de significar hasta antes de que el paciente ingrese a cuenta de otro. Y tal comprensión permite entender que cuando un prestador de servicio médico lo hace por cuenta de otro, jurídicamente lo atiende éste; no pueden confundirse el sujeto prestador físico con el sujeto prestador jurídico.

Radicación: 68001-23-15-000-1993-09582-01(15178)
Actor: MILTON RUIZ LEMUS Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES


I. Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes respecto de la sentencia proferida el día 26 de marzo de 1998, por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenaciones:
“PRIMERO. DECLÁRASE no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.
SEGUNDO. DECLÁRASE administrativamente responsable al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES por la actuación médica desplegada con motivo de la prestación del servicio de salud prestado al señor MILTON RUIZ LEMUS que terminó con la amputación de su extremidad inferior izquierda.
TERCERO. CONDÉNASE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar al señor MILTON RUIZ LEMUS el equivalente a OCHOCIENTOS (800) gramos de oro por concepto de perjuicios morales subjetivos; a sus padres EDUARDO ANTONIO RUIZ OCHOA y MARÍA DEL CARMEN LEMUS DE RUIZ el monto de CUATROCIENTOS (400) gramos de oro para cada uno de ellos por el mismo concepto; a sus hijos LAURA YANETH RUIZ PORRAS y MILTON RUIZ PORRAS el equivalente CUATROCIENTOS (400) gramos de oro para cada uno de ellos por el mismo motivo y a la señora YANETH PORRAS DÍAZ el monto de QUINIENTOS (500) gramos de oro por la misma causa.
TERCERO. CONDÉNASE al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a pagar al señor MILTON RUIZ LEMUS el monto equivalente a MIL (1000) gramos de oro por concepto de los daños fisiológicos.
CUARTO. CONDÉNASE al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a pagar al señor MILTON RUIZ LEMUS en abstracto el lucro cesante consolidado y futuro de acuerdo a las bases señaladas en la parte motiva de la sentencia.
QUINTO. DENIÉGANSE las restantes pretensiones de la demanda.
SEXTO. El INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C. C. A.” (fols. 732 y 733 c. ppal.)”.

II. ANTECEDENTES PROCESALES.
A. Actuación primera instancia


1. Demanda. Fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander, el día 11 de noviembre de 1993, por los señores Milton Ruiz Lemus y Yaneth Porras Díaz, quienes obran en nombre propio y en el de sus hijos menores Laura Yaneth y Milton Ruiz Porras; Eduardo Antonio Ruiz Ochoa y María del Carmen Lemus Herrera; y fue dirigida contra el Instituto de Seguros Sociales (fol. 12. c. 1).
a. PRETENSIONES:
PRIMERA: Sírvase declarar que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES es responsable administrativamente de los daños y perjuicios que se causaron al demandante Sr. MILTON RUIZ LEMUS con ocasión de la falla en el servicio de asistencia médica y quirúgica que se le prestó por dicha entidad como se relatará en el capítulo de los hechos.
SEGUNDA: Sírvase en consecuencia condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios morales subjetivos causados al demandante Sr. MILTON RUIZ LEMUS en cuantía del mil (1000) gramos de oro fino o puro o su equivalente en moneda legal colombiana según el valor del gramo oro fino o puro para el momento en que se efectúe el pago correspondiente.
TERCERA: Sírvase en consecuencia condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios morales objetivados causados al demandante Sr. MILTON RUIZ LEMUS en la cuantía que se demuestre en el proceso.
CUARTA: Sírvase condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios materiales causados al Sr. MILTON RUIZ LEMUS tanto por daño emergente como por lucro cesante de acuerdo con lo que resulte probado en el proceso.
QUINTA: Sírvase condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios fisiológicos causados al Sr. MILTON RUIZ LEMUS en cuantía de un mil (1000) gramos de oro fino o puro o su equivalente en moneda legal colombiana según el valor del gramo de oro fino o puro para el momento en que se efectúe el pago correspondiente.
SEXTA: Sírvase en consecuencia condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios morales subjetivos causados a los demandantes Sres. EDUARDO ANTONIO RUIZ OCHOA y MARÍA DEL CARMEN LEMUS HERRERA hoy de RUIZ padres legítimos del Sr. MILTON RUIZ LEMUS en cuantía de OCHOCIENTOS (800) gramos de oro fino o puro o su equivalente en moneda legal colombiana según el valor del gramo de oro fino o puro para el momento en que se efectúe el pago correspondiente.
SÉPTIMA: Sírvase en consecuencia condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios morales subjetivos causados al demandante Sra. YANETH PORRAS DIAZ en cuantía de OCHOCIENTOS (800) gramos de oro fino o puro o su equivalente en moneda legal colombiana según el valor del gramo oro fino o puro para el momento en que se efectúe el pago correspondiente.
OCTAVA: Sírvase en consecuencia condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los perjuicios morales subjetivos causados a los demandantes menores LAURA YANETH RUIZ PORRAS y MILTON RUIZ PORRAS representados por sus padres MILTON RUIZ LEMUS y YANETH PORRAS DIAZ en cuantía de OCHOCIENTOS (800) gramos de oro fino o puro o su equivalente en moneda legal colombiana según el valor del gramo de oro fino o puro para el momento en que se efectúe el pago correspondiente.
NOVENA: Sírvase ordenar la actualización de las condenas solicitadas de conformidad con el art. 178 del C. C. A. Ordenando además el pago de los intereses comerciales y moratorios en los términos del art. 177 ibidem de llegar a causarse.
Ante la prosperidad de las pretensiones formuladas sírvase condenar en costas a la parte demandada.”(fols. 12 y 13 c. 1).

b. HECHOS:
1. El día lunes 4 de enero de 1993 cuando el demandante se dirigía en su motocicleta de placas RDE72 hacia la ciudad de San Gil por la carretera que de Bucaramanga conduce a dicha ciudad, más concretamente a la altura del restaurante El Hoyo, fue accidentado por la imprudencia de un vehículo no identificado que lo llevó a una cuneta causándole algunas lesiones corporales.
2. Con ocasión del accidente aludido mi mandante se vio precisado a solicitar los servicios asistenciales en el Hospital San Juan de Dios de San Gil al que ingresó el mismo día del accidente o sea el 4 de enero de 1993.
3. El demandante acudió a dicha entidad por hallarse afiliado al Instituto de Seguros Sociales según carnet (sic) No. 903273951.
4. El Sr. Ruiz al momento del accidente se hallaba afiliado a la parte demandada como trabajador de la empresa HILANDERIAS DEL FONCE S. A. con número patronal 13052300034.
5. En el Hospital atrás mencionado el Sr. Ruiz Lemus fue inicialmente atendido por el Dr. Carlos A. Gomezese R., Médico General, quien conceptuó sobre la conveniencia de trasladar al demandante a la Clínica Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga, entidad perteneciente al Instituto de Seguros Sociales.
6. El mismo día 4 de enero de 1993 estando en los preparativos para la remisión o traslado del demandante como lo relaté en el hecho anterior compareció el Dr. BERNARDO RUGELES OTERO quien al examinarlo diagnosticó que las lesiones del Sr. Ruiz Lemus no justificaban su traslado a la ciudad de Bucaramanga pues en cuestión de días se le podía dar de alta dado que las lesiones que presentaba no eran de gravedad.
7. Debe precisarse que el Dr. BERNARDO RUGELES OTERO en la época en que ocurrieron los hechos narrados en esta demanda se desempeñaba como médico adscrito a la entidad demandada en San Gil.
8. El Dr. Rugeles conceptuó que su paciente Sr. Ruiz Lemus esto es mi poderdante, tan sólo adolecía de lesiones en los ligamentos y tendones de los dedos correspondientes a su pie izquierdo.
9. No obstante lo dicho por el médico Rugeles, el día miércoles 6 de enero de 1993 se le practicó al demandante cirugía en la pierna izquierda en la que intervinieron los Doctores BERNARDO RUGELES OTERO y SALUSTIANO DUARTE FAJARDO quien también se desempeñaba como médico adscrito al Instituto de Seguros Sociales en San Gil.
10. Por las averiguaciones que efectuó mi poderdante ni el Dr. BERNARDO RUGELES OTERO era especialista en ortopedia ni el Dr. SALUSTIANO DUARTE FAJARDO lo era en cirugía vascular periférica para el día en que se le practicó la cirugía anotada en el hecho anterior, ni en la época en que aquel fue tratado por los galenos mencionados.
11. El paciente hoy demandante, no contó con la asistencia médica idónea y necesaria por parte del Instituto de Seguros Sociales pues los profesionales que de aquel se ocuparon no se desempeñaban en las especialidades que anoté en el hecho anterior, situación que a la postre produjo el lamentable resultado de la amputación de su pierna izquierda el día 24 de febrero de 1993.
12. La asistencia y el tratamiento que prestó y ordenó el Dr. Bernardo Rugeles Otero no era el indicado para el tipo de lesión que tenía el demandante razón por la cual mi representado de padecer unas lesiones que no eran graves, en forma lamentable pasó a ver comprometida su pierna izquierda hasta llegar al extremo lamentable de su amputación, episodio en que se vio además involucrado el Dr. Salustiano Duarte Fajardo como se mencionó en el hecho 9 de esta demanda.
13. No obstante que el demandante le insistía al Dr. Rugeles Otero sobre el estado nauseabundo de su pierna, la respuesta de dicho médico era la de que se trataba de una parte de “piel dañada” desconociendo u ocultando de manera negligente lo que realmente le estaba ocurriendo al paciente.
14. Sólo hasta el 23 de enero de 1993 se ordenó el traslado del paciente a la Clínica Comuneros de la ciudad de Bucaramanga debido a la presión ejercida por aquel pues él veía que su situación antes que mejorar como se lo pretendía hacer creer el médico Rugeles Otero, iba empeorando.

15. Al llegar el paciente hoy demandante, a la Clínica Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga, fue sometido a valoración médica por los Dres. Luis Polo Montes (Ortopedista) y Jorge Armando Uribe Carvajal (Cirujano Plástico) quienes le manifestaron que su situación era delicada pues el camino a seguir en su caso era el de la amputación de su pierna izquierda, su miembro inferior principal.
16. Comprenderán los Señores Magistrados el desconcierto y la trágica sorpresa del paciente Ruiz Lemus a quien después de habérsele diagnosticado por el Dr. Bernardo Rugeles Otero un estado de salud aceptable con clara tendencia a la recuperación pronta y total de su pierna se encontró con un concepto médico de la mayor gravedad al ser recluido en la Clínica Comuneros de Bucaramanga como ya se anotó.
17. Pese a los esfuerzos del cuerpo médico de la entidad demandada en Bucaramanga se llegó a la conclusión de la necesidad de amputar la extremidad inferior izquierda del demandante como ya se anotó en el hecho 11.
18. Los médicos que atendieron al demandante en la Clínica Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga advirtieron el grave error en que se había incurrido en el tratamiento del paciente que había sido remitido desde el Hospital San Juan de Dios de San Gil como lo expuse en hechos anteriores y que infortunadamente llevó al triste y lamentable resultado ya conocido que ha dado origen a esta demanda.
19. El descuido y negligencia de los médicos Rugeles Otero y Duarte Fajardo le ha causado a mi poderdante grave dolor moral que día a día lo afecta en mayor grado.
20. El demandante con ocasión de la falla en que incurrió el Instituto demandado ha visto limitada su vida de relación toda vez que actividades elementales como caminar, correr, practicar deportes, hacer ejercicios con sus pequeños hijos, no las ha podido realizar normalmente como lo hacía antes de la amputación de su pierna izquierda.
21. Los padres del demandante, a saber, Sres. EDUARDO ANTONIO RUIZ OCHOA y MARÍA DEL CARMEN LEMUS HERRERA hoy de RUIZ han sufrido grave dolor moral por la amputación de su hijo quien convive con aquellos.” (fols. 13 a 15 c. 1).

c. ACTUACIÓN PROCESAL.
La demanda se admitió el 19 de noviembre de 1993; se ordenó notificar al demandado, al Agente del Ministerio Público (fol. 29 anverso y 31 c. 1).
El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las pretensiones de la demanda, a los hechos y negó los derechos alegados por la parte demandante; asimismo alegó su falta de legitimación en la causa, como quiera que su vinculación al proceso la hicieron los demandantes en consideración a que no es cierto que los médicos tratantes de la víctima directa (doctor es Bernardo Rugeles Otero y Salustiano Olarte Fajardo) estuviesen a su cargo, como lo corroboran las pruebas en las cuales se indica que ellos no eran funcionarios ni sus contratistas; y destacó que es a los médicos tratantes a los que les corresponde explicar el tratamiento adelantado (fols. 40 a 41 c. 1).
El Agente del Ministerio Público (Procuradora judicial 17) solicitó la declaratoria de la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, por la transformación del I. S. S. como empresa industrial y comercial del Estado lo que implica, de acuerdo con el artículo 31 del decreto ley 3.130 de 1968, que el conocimiento de las controversias corresponde a la jurisdicción ordinaria. Y el Tribunal negó la nulidad, por auto dictado el 3 de julio de 1994, con base en lo expresado por la jurisprudencia del Consejo de Estado referente al servicio público de salud, que no está atado con la naturaleza de la persona pública que lo presta (fols. 180 a 188 c. 1). Aunque esa providencia se apeló el recurso resultó desierto, el 3 de noviembre de 1994, por falta de pago de las copias (fols. 626 y 632 c. 1).
Luego el Tribunal decretó pruebas en auto proferido el día 11 de marzo de 1994 y también aplazó la decisión sobre la solicitud de prueba pericial, hasta tanto no se recaudara el restante material probatorio (fols. 50 a 52 c. 1). Posteriormente el A Quo decretó el dictamen pericial el día 5 de diciembre siguiente (fol. 463 y 464 c. 1); y después de designados peritos y no posesionados, en varias oportunidades, el Tribunal decidió esperar al momento de dictar fallo para definir el punto (fols. 453, 469, 611, 616, 617, 618, 622, 631, 635, 639, 644, 645, 650, 664, 666, 667 a 668, 670 a 672 y 685 a 689 c. 1).
Concluida la etapa probatoria y fracasada la audiencia de conciliación, se corrió traslado para alegar; no allegó escrito el Agente del Ministerio Público.
EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reiteró su petición de negativa de las pretensiones apoyado en que médicos tratantes de la víctima no son ni funcionarios ni contratistas suyos, con base en las declaraciones (fols.682 a 684 c. 1).
Y LA PARTE DEMANDANTE, por el contrario, considera que sus pretensiones deben prosperar debido a que el I. S. S. si es la persona que debe responder con base en los siguientes hechos indicadores: el ingreso del paciente en su condición de afiliado al I. S. S. al Hospital San Juan de Dios; la utilización de formatos del I. S. S, según consta en la historia clínica; el pago de honorarios a los médicos tratantes por el mencionado Instituto, motivo por el cual sí comprometieron a esta entidad con su comportamiento profesional, pues bajo la responsabilidad del I. S. S. aplicaron los procedimientos quirúrgicos; y la contestación de la demanda admitió unos hechos y confesó otros, como que los médicos tratantes se encontraban “adscritos” al I. S. S.. Puso especial énfasis en el testimonio del Doctor Luis Polo Montes, especialista en ortopedia y traumatología, quien advirtió anomalías en el tratamiento efectuado en la ciudad de San Gil. Luego abordó el desarrollo y práctica de las pruebas e insistió en la necesidad de practicar el dictamen, que no se realizó por falta de colaboración de los peritos médicos asignados; y por último y ante la falta de asistencia del demandado a la audiencia de conciliación pide que se tenga como indicio grave (fols. 685 a 689 c. 1).
d. SENTENCIA APELADA.
Accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y condenó al I. S. S. a pagar los perjuicios morales, a favor de todos los demandantes y en abstracto, el lucro cesante consolidado y futuro, a favor de la víctima directa, y denegó las restantes súplicas de la demanda. Estimó, al contrario de lo afirmado por el demandado, que el I. S. S. sí está legitimado en la causa; estudió las siguientes pruebas:


  • el contrato de compraventa de servicio de salud No. 721 de 21 de diciembre de 1993 suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y el Hospital San Juan de Dios de San Gil cuyo objeto cobija la cirugía de ortopedia y traumatología;

  • las declaraciones de: Bernardo Rugeles Otero quien aseguró que el Instituto le pagó los honorarios por concepto de la atención prestada a la víctima mientras ésta permaneció en el Hospital San Juan de Dios de San Gil; Salustiano Duarte Fajardo quien igualmente adujo le remuneró la cirugía del paciente; de Alba Stella Franco de Valdivieso, Gerente del Instituto de Seguros Sociales, que informó que el I. S. S. le canceló a dichos médicos la atención que prestaron por “urgencias”;

  • la certificación del Hospital Regional San Juan de Dios de San Gil de 16 de abril de 1991 en la que consta que el doctor Bernardo Rugeles Otero es médico traumatólogo ortopedista del hospital;

  • la fotocopia de afiliación de la víctima directa al Instituto de Seguros Sociales.


Y con base en esos medios de prueba señaló:
las actividades médicas desplegadas por los cirujanos que intervinieron quirúrgicamente al señor Milton Ruiz Lemus son imputables a la entidad demandada, como quiera que el reconocimiento de los honorarios efectuado por el Instituto de los Seguros Sociales, permite establecer la existencia de una contraprestación de servicios profesionales, la cual es reconocida por la entidad cuando se requiera la atención de urgencias y de ella se desprende que el paciente, dada su condición de beneficiario, estaba en la posibilidad de exigirle al órgano al cual se encontraba afiliado las consecuencias que se derivaron de los procedimientos médicos” (fols. 702 y 703 c. ppal).
Adicionalmente concluyó que el Hospital San Juan de Dios de San Gil, centro en el cual se prestaron los servicios, no es responsable debido a que la atención de Milton Ruiz, con base en el contrato celebrado con el I. S. S., se hizo en calidad de afiliado a este instituto; y que aún cuando se hubiese vinculado a ese Hospital como parte demandada, habría operado responsabilidad solidaria.
Dijo aplicar el título jurídico de falla presunta pero entró en el análisis subjetivo de conducta de los médicos tratantes para concluir la irregularidad del proceder del demandado; al efecto, estudió el procedimiento médico; criticó las versiones que rindieron los médicos e infirió, enseguida, que la amputación de la pierna izquierda al paciente sí le es imputable al I.S.S.: o porque la rotura de la aorta poplítea se produjo como consecuencia de la primera intervención quirúrgica, o porque ya existía y no fue detectada a tiempo o porque quizás el procedimiento médico de recuperación fue fallido; y aseguró que fue el médico ortopedista de urgencias, que atendió al paciente, quien obró de manera descuidada; y agregó


  • “resulta bastante comprometedor, que los cirujanos de la Clínica Comuneros de esta ciudad, hayan tenido que acudir a la amputación de la pierna cuando en principio solamente se trató al paciente para una reconstrucción de ligamentos como lo diagnosticaron inicialmente los médicos que actuaban por conducto de la demandada en el Hospital de San Gil” (fols. 721 a 722 c. ppal);

  • el cotejo entre la versión de la historia clínica con las declaraciones de los médicos tratantes señalan que el paciente ingresó a la sala de cirugía para ser tratado ortopédicamente y hasta este momento no se pensó, ni previó la necesidad de procedimiento vascular;

  • el deplorable estado de salud registrado por el paciente al nuevo ingreso a otro centro de salud, Clínica los Comuneros, hicieron inevitable la amputación de la pierna; y

  • la falta de demostración de diligencia y cuidado por parte del I. S. S., permite definir la responsabilidad por falla presunta, porque no se desvirtuó ésta.


Condenó en abstracto por el lucro cesante porque “en la constancia vista a fol. 121 no se alcanza a determinar con exactitud el salario que devengaba en la empresa Hilandería del Fonce, ya que sólo se indicó el sueldo básico mensual para el 4 de enero de 1993, sin especificarse los demás factores como las primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses de cesantía, etc. Igualmente, resulta pertinente la condena en abstracto en aras de determinar el porcentaje de disminución de su capacidad...”. Como parámetros, a tener en cuenta para la liquidación incidental posterior indicó: el sueldo mensual incluidas las prestaciones que constituyen el factor salarial, previa disminución del 50% que se presume eran los gastos personales del lesionado y el porcentaje de disminución de la capacidad laboral (fols. 692 a 734 c. ppal).

e. RECURSOS DE APELACIÓN.
La parte actora apeló las condenas por perjuicios: morales, para que se aumente, como fue pedida en la demanda y materiales, para que no se disminuya la base económica de liquidación y por tanto se tome el 100% para efectos de la liquidación del lucro cesante a favor de la víctima directa, toda vez que el Tribunal descontó el 50% como lo que gastaría la víctima, sin advertir que esta no falleció (fol. 738 c. ppal).
Y el demandado, a su turno, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia porque: el hecho demandado ocurrió después, del 1º de enero de 1993, de que venció el contrato que había celebrado el ISS con el Hospital San Juan de Dios, situación que evidencia que “el paciente es atendido por el Hospital, como tal” y por sus médicos y no como contratista del ISS; aún más, cuando el mismo doctor Salustiano Duarte Fajardo si bien aseveró que él, “posteriormente le cobró los honorarios al seguro social” también afirmó que ello ocurrió “cuando laboralmente estaba vinculado al Hospital San Juan de Dios de San Gil”; y además debido a que la amputación de la pierna a la víctima fue ocasionada única y exclusivamente por la naturaleza de las lesiones sufridas y no por deficiencia en la atención o tratamiento (fols. 741-744 c. ppal).

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