Magistrado Ponente: dr. Pedro lafont pianetta






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PLP 4640 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente: DR. PEDRO LAFONT PIANETTA
Santafé de Bogotá, D.C., octubre dieciocho (18) de mil novecien­tos noventa y cinco (1995)

Referencia: Expediente No.4640

Se procede a resolver el recurso extraor­dinario de casación interpuesto contra la sentencia del 18 de diciembre de 1992 proferida por el Tribunal Supe­rior del Distrito Judicial de Bucara­manga, en el proceso ordinario adelantado por ISABEL CRISTINA MORANTES VERA y SILVIA ISABEL QUIROZ MORANTES contra la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA PATRIA S.A. "COLPA­TRIA".
I - ANTECEDENTES
1.- Por intermedio de apoderado, Isabel Cristina Morantes Vera actuando en nombre propio y en repre­sen­tación de su menor hija Silvia Isabel Quiroz Morantes, con demanda presenta­da el 9 octubre de 1987 y admitida el 28 de octubre del mismo año (fls. 18 a 22 del C-1), convocó en proceso ordinario de mayor cuantía a la Compañía de Seguros de Vida Patria S.A. "COLPATRIA", para que con audiencia de la referida sociedad, se hiciesen las declaraciones y condenas siguientes: a- Que se declare que entre la señora Isa­bel Vera de Mo­ra­ntes y la Compañía de Seguros de Vida Patria S.A. "COLPATRIA", existió un contrato de seguro de vida que co­rresponde a la póli­za # 06332­97, vigente desde el 25 de agosto de 1983, que aseguraba la suma de $5'000.000,oo que serían paga­dos en caso de fa­llecimiento de aquélla.
b) Que se declare que la señora Isabel Vera de Mo­rantes falleció el día 13 de febrero de 1987 y que a la fecha de su deceso el contrato de seguro es­taba vigente, razón por la que la Compañía de Seguros de Vida Patria S.A. "COLPATRIA" está obli­gada a pagar a los demandantes, por partes iguales, el capi­tal asegurado, pues el siniestro (la muerte) acon­teció.
c) Que se condene a la sociedad demandada a pagar a favor de Isabel Cristina Morantes Vera y su menor hija Silvia Isabel, por partes iguales, intereses a la tasa del 18% anual sobre los $5'000.000,oo, exigi­bles a partir del 13 de abril de 1987 hasta la fecha en que se realice el pago.
d) Así mismo que se condene en la senten­cia a la sociedad referida, al pago de la corrección mo­netaria sobre los $5'000.000,oo igualmente a partir del 13 de abril de 1987.


2.- Los hechos que adujo la parte actora como fun­damen­tos de su causa petendi se resumen así:
2.1.- En el mes de junio de 1986 el ciu­dadano Jorge Enri­que Sanabria Quiroga, como vendedor autorizado de la firma demandada, ofreció a la señora Isabel Vera de Morantes una póliza de seguro de vida.
2.2.- En la corrrespondiente solici­tud la suma a ase­gurar se estimó en $15'000.000,oo, cifra que una vez se rea­lizaron los exámenes médicos a la peti­cionaria, fué fijada en la suma de $5'000.000,oo, además de que se au­mentó el costo de la prima en más de un 200%.

2.3.- A la asegurada, señora Isabel Vera de Mo­rantes se le practicaron gran número de exáme­nes en los que le encontraron todo tipo de enfermedades, hasta el punto de califi­car el riesgo de dudoso.

2.4.- El día 13 de febrero de 1987, en la ciu­dad de Buca­raman­ga falleció la asegurada, hecho que se acreditó con la correspondiente acta de defunción anexa a la demanda, suceso por el que las beneficiarias del seguro procedieron a reclamar la suma estipulada en la póliza, pago que la compañía asegurado­ra se negó a ha­cer, pues lo objetó.
3.- Constituído el lazo de instancia, la so­ciedad deman­dada a través de apoderado, se opuso a las súplicas de la demanda (fls. 50 a 54, C-1), propuso ex­cepcio­nes, aceptó unos hechos, negó otros.
3.1.- Formuló en escrito separado demanda de re­conven­ción (f­ls.1 a 4, C-2) contra sus de­mandantes, vale de­cir, contra Isa­bel Cristi­na Morantes Vera y su hija Silvia Isa­bel Qui­roz Morantes, para que frente a éstas se hagan las si­guientes declaraciones y condenas: Primera.- Que el contrato de seguro de vida recogido en la póliza #0633297 del "Plan super­vida-tem­poral renovable hasta la edad de 69 años" del 25 de agos­to de 1986, suscrito entre "COLPATRIA" Compañía de Segu­ros de Vida Patria S.A. como entidad ase­guradora e Isabel Vera de Morantes como asegurada, es nulo de nulidad rela­tiva por causa de la ine­xactitud y reticencia de la toma­dora al contestar el cuestiona­rio propuesto por la asegu­radora. Segunda.- Que como conse­cuen­cia de la anterior declaración "COLPATRIA" Compañía de Segu­ros de Vida Pa­tria S.A., no está obligada a pagar a los bene­ficia­rios el valor asegurado en dicha póliza, así como ninguna otra prestación derivada de la misma. Tercera.- Que la mencio­nada sociedad aseguradora, al te­nor de lo dispuesto en el ar­tículo 1059 del Codigo de Comercio, tiene derecho a retener a título de pena la totalidad de las primas paga­das en la aludida póliza de seguro de vida.
3.2.- Como hechos en los que apoyó sus pre­ten­siones la demandante en reconvención, expresó los que así se resumen:

3.2.1.- Que el día 2 de julio de 1986 la señora Isabel Vera de Morantes propuso a "COLPATRIA" Com­pañía de Se­guros de Vida Patria S.A.la celebración de un con­trato de se­guro de vida por $15'000.000,oo como valor asegura­do.
3.2.2.- Al día siguiente la pe­ti­ciona­ria absolvió y fir­mó el cues­tionario de asegurabi­li­dad que le propuso la enti­dad aseguradora, en cuyas respuestas, entre otras, se destaca que a la pregunta de que si ha sufrido bocio, diabetes y pan­creatitis, respon­dió "NO".

3.2.3.- A su turno, la referida solici­tud de se­gu­ro de vida fir­mada por Isabel Vera de Morantes contiene la declaración de reconocimiento de que lo ahí declarado es deter­minante del consentimiento de la compañía para otorgar el ampa­ro y en consecuencia, la falsedad, el error, la reticencia o la ine­xactitud en las declaraciones pro­ducirán los efectos previs­tos en la ley.
3.2.4.- Bajo esas condiciones y con­fiada la com­pa­ñía ase­gu­rado­ra en las declaraciones hechas al res­ponder el cuestionario, propuso otorgarle a la solicitante un amparo sola­mente por $5'000.000,oo de valor asegurado y con un recargo en la prima, habida cuenta del estado de salud declarado, oferta ésta que fué aceptada expresamen­te por la señora Vera de Mo­rantes.
3.2.5.-Falleció la asegurada ape­nas 5 me­ses y 18 días des­pués de tomado el seguro, y se­gún de­clara­ción médica las enferme­dades que produjeron la muerte fueron "diabetes, arterioesclerosis, hiperlipi­demias - diabetes desde hace más o menos tres años".
3.2.6.- De acuerdo con lo ante­rior la cita­da Isa­bel Vera de Mo­rantes incurrió en ine­xactitud y reti­cencia al con­testar el cuestionario que le propuso la asegurado­ra, como quie­ra que negó allí que padecía de diabetes, cuando la verdad es que de tiempo atrás le había sido diagnosticada la enfermedad, se le había prescrito dieta especial y venía ingiriendo drogas para su tratamiento y control.
3.2.7.- Que si la compañía ase­gura­dora hubie­ra cono­cido la en­fer­medad que padecía, se habría absteni­do de ase­gu­rarla, por causa de la certeza en la proximi­dad de la muerte en la soli­citan­te del segu­ro.
3.3.- Enterada la parte demandada en mutua peti­ción, se opuso a las pretensiones de la contrade­mandante, y manifestó que como pruebas se atenía a las mismas pre­sentadas por su oponente.
4.- Propuesto el litigio en los términos que se dejaron esquematizados, una vez cumplidas las ritua­lidades de la primera instancia, que incluyó la práctica de las pruebas pe­didas por las partes, el juzga­do le puso fín con sentencia del 25 de agosto de 1992 en la que decidió acceder a las pretensiones del demandante en re­convención, esto es, que declaró el contra­to de se­guro de vida contenido en la póliza #0633297 celebrado entre Isabel Vera de Morantes como asegurada y la socie­dad "COLPATRIA" Compañía de Seguros de Vida Patria S.A. como ase­guradora, nulo, de nulidad relativa originada en la inexactitud en que incurrió la tomadora al contestar el cuestionario que le propuso la compañía de seguros y, como consecuencia de lo an­terior, determinó el juzgado que la compañía aseguradora tiene derecho a retener a título de pena la totalidad de las primas pa­gadas por Isabel Vera de Morantes.
5.- La decisión anterior dió lugar a que la parte deman­dante interpusiera contra ella el recurso de apelación, el que una vez tramitado se decidió con sen­tencia del 18 de Diciem­bre de 1.992 (folios 20 a 34 cdno. del tribunal) en la que se con­firmó el fallo de primer grado.
6.- Interpuesto entonces el recurso ex­traordi­nario de casación contra la sentencia del tribunal en este proce­so y cumplido el trámite procesal que le es propio, se procede a decidir.
II - LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Después de hacer un recuento de la posi­ción asumida por las partes en el litigio que se ventila, el tribunal ex­presa que es indiscutible que la señora Isabel Vera de Morantes adquirió a la "Com­panía de Segu­ros de Vida S.A. "COLPATRIA" la póliza #633297 por un valor asegurado de $5'000.000,oo y que las demandantes en este proceso son las beneficiarias del mismo.

Por otro lado, dice el tribunal que hacen parte de la póliza aludida no solo el documento que obra a folio 9 del cuaderno central (se refiere al ejemplar de la póliza del seguro), sino también la solicitud y los anexos que se emiten para adicio­nar, modificar, suspen­der, renovar o revocar el convenio cele­brado, así como también el formulario de "declaraciones de la persona a examinar", documento en el que en este asunto se des­taca que la señora de Morantes respondió que no había sufri­do la enfermedad de diabetes, indicando a reglón seguido que úni­camente padecía de "Osteoartritis leve" en ambas ma­nos.
Igualmente como parte integrante de la póliza de seguro está el llamado "Informe del médico exa­minador" de fecha 3 de julio de 1986, en el que se ob­serva que el médico con­signó haber descubierto en la pa­ciente únicamente hipertensión arterial, con indicio de enfermedades cardiovasculares, dolen­cias a las que agre­gado el hecho de que la paciente cuando se le practicó el test de es­fuerzo solo lo toleró en un 25%, con­dujeron a que se le estimara como un riesgo aumentado, por salud dudosa de la tomadora.
Hace énfasis el tribunal en que a pesar de la indis­cutida autoridad del galeno, éste no estableció que la seño­ra Vera de Morantes sufría de diabetes y menos que el aumento del riesgo se hacía por esa específica causal.
Concluye entonces el ad-quem por lo ante­rior, que es claro que la sociedad aseguradora al aceptar la celebra­ción del contrato, no lo hizo a sabiendas de que la tomadora pa­decía de diabetes, ni se le extraprimó por ese concepto.
Fallecida la señora Isabel Vera de Moran­tes 5 meses y 18 días después de la vigencia de la póliza # 633297 por causa de "Fibrilación ventricular" a los bene­ficiarios al reclamar el pago del seguro les fué negado por la aseguradora por la reti­cencia e inexactitud en que incurrió la tomadora, actitud que vulnera la "condi­ción tercera de las condiciones generales de la póliza ... y, los articulos 1058 y 1158 del Código de Comercio", dice el Tribunal.
Agrega que está en autos la prueba que de­mues­tra en forma ostensible e inobjetable la reticencia y la ine­xactitud de la tomadora del seguro (al contestar el cuestiona­rio), prueba que no es discutida ni por el propio apelante.
El problema jurídico entonces lo subsume el fallador de segundo grado, en que el apelante alega la no aplica­bilidad de la sanción de nulidad relativa del seguro por la reti­cencia e inexactitud de la tomadora, porque el asegura­dor de­bía conocer o conocía, antes de celebrarse el contrato, que la señora Isabel Vera de Mo­rantes padecía de diabetes, y a pesar de ello celebró el convenio.
Precisa el tribunal que este argumento del ape­lante carece de prueba en el proceso, pues nada hay en autos que indique que "COLPATRIA" al aceptar la póliza sabía que la mencionada señora padecía de tiempo atrás de diabetes y que venía siendo sometida a tratamientos para dicha dolencia y que el nivel de "creatinina" encontrado a ella en el exámen que se le practicó, no lleva necesa­riamente a concluír la presencia de la pluricitada enfer­medad, puesto que conocido es que ésta se de­tecta median­te las llamadas "curvas de glicemia", las que no se le tomaron a Isabel.
Así las cosas, continúa el tribunal, no es cierto que la compañía aseguradora se haya enterado de todos los ma­les (sic) de la señora Vera de Morantes por la simple circunstan­cia de haberla hecho examinar con antelación a la expedición de la póliza, porque de ser ello así no tendrían ningún objeto las "declaraciones de asegurabilidad" a que se sometió la tomadora y que obran en los folios 15 y 33 del cuaderno uno del expedien­te.

Tampoco, dice la sentencia de segundo gra­do, es de recibo el argumento de que la compañía asegura­dora "de­bía conocer" la circunstancia de que la tomadora del seguro pa­decía diabetes, pues como se dijo anterior­mente, el exámen quí­mico de creatinina no es suficiente para llegar a esa conclusión y además la sola observación física de la señora Isabel Vera de Morantes tampoco per­mitía detectar la enfermedad, pues ésta no es perceptible al tacto ni a la vista, y si era posible saberlo era por la información del paciente, que en el caso de autos se dió no ajustada a la realidad.
Concluye el ad-quem que si el contrato de se­gu­ro se monta sobre la confianza entre las partes, si hay reti­cencia o inexactitud en la información, se produ­cen las sanciones del artículo 1058 del Código de Comercio, háyase o no practicado exa­men médico al tomador; y, como en el caso de autos, tales pre­supuestos concurren y no se dió ninguna de las circunstancias excluyentes de sanción, vale decir, el conocimiento previo del asegurador, su allanamiento posterior, o su aceptación expresa o tácita, decide el tribunal confirmar la sentencia apelada y con­denar en costas a la parte actora.
III - LA DEMANDA DE CASACION
Dos censuras formula el recurrente a la senten­cia impug­nada, ambas apoyadas en la causal primera de casación consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, una de ellas (la primera) por viola­ción indirecta de la ley sus­tancial y la otra por viola­ción directa, que serán despachadas conjuntamente, por tener consideraciones comunes.
CARGO PRIMERO
Con invocación expresa del artículo 368 numeral pri­mero del C. de P.C., acusa el casacionista la sentencia del tri­bunal por ser violatoria de los artícu­los 822, 824, 845, 855, 864, 871, 902, 1.056, 1.058, 1.059, 1.080, 1.158 y 1.162 del Código de Co­mercio y los artículos 1.494, 1.495, 1.508, 1.515, 1.615, 1.616, 1.617, 1.618, 1.619 y 1.620 del Código Civil, normas in­fringidas como conse­cuencia de los graves evidentes y manifiestos errores de hecho en que se incurrió por la equivocada apreciación de las pruebas en que se sustenta la decisión y, concreta­mente en el análisis de la solici­tud del seguro de vida con todos sus anexos, el informe del médico examinador, las conclusiones del mismo, y las declaraciones de parte rendidas por el representante le­gal de la demandada, y la manifiesta apreciación errada del docu­mento de aceptación de la oferta por parte de la asegurada.
En desarrollo del cargo manifiesta el re­curren­te que existió en este asunto una doble negociación sobre el se­guro en cuestión. La primera, afirma, se desa­rrolló cuando la señora Isabel Vera de Morantes llenó la solici­tud de seguro, que llegó hasta el examen médico don­de la asegurada faltó a la ver­dad. La segunda, dice se inició cuando la compañía aseguradora conocedora del pre­cario estado de salud de la solicitante, le pro­pone una nueva negociación, dentro de la cual el monto de la prima se aumenta en un 500% y el valor asegurado se disminuye en una tercera parte.
Termina su censura el recurrente afirmando que erró el tribunal en forma manifiesta al apreciar las pruebas porque no fué la solicitud de la tomadora la que sirvió de base para realizar el contrato, sino los actos desarrollados a partir de lo que denomina segundo contra­to.
CARGO SEGUNDO
Igualmente con fundamento en la cau­sal prime­ra de casa­ción prevista en el artículo 368 del Código de Procedi­miento Civil acu­sa el recurrente la sentencia del Tribunal por ser violatoria en forma directa de los artículos 1822, 824, 902, l056, l058, 1059, 1080, 1158 y 1162 del Có­di­go de Comercio, y 14­94, 1495, 1501, 1508, 1515, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, y 1620 del Código Civil, por in­terpretación errónea del inciso final del ar­tícu­lo 1058 del Código de Comercio, en armonía con los artícu­los 845 y 855 ibidem, por cuanto cuando se celebró el segundo con­trato ya no había reticencia porque del per­fecto estado de salud declarado por la tomadora, se pasó al precario estado de salud que detectó el galeno (folio 12, Cdo.Corte).

CONSIDERACIONES
1.- Tiene por sentado esta Corporación que el ataque en casación de la sentencia con apoyo en la causal prime­ra, esto es, por violación directa o indirec­ta de la ley sustancial, los cargos deben adecuarse téc­nicamente a la decisión que se impugna, la que en el sub-lite versa sobre el contrato de seguro.

1.1..- El régimen sustancial colom­biano en ma­teria del con­trato de seguro, no contiene una definición del mis­mo, pero si consa­gra una serie de re­glas que resaltan cuáles son los elementos jurídicos que lo configuran, su naturaleza y obje­to. De allí que el ar­tículo 1036 del Código de Comercio señale que "el segu­ro es un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de eje­cución sucesiva", pero también, en forma particular, exi­ge la ausencia de intención dolosa, del áni­mo de defrau­dar, vale de­cir, el ac­tuar de buena fe, la ubé­rrima bona fides de que se habla.
En efecto, en lo tocante al contrato de segu­ro el con­cepto de buena fé adquiere mayor severi­dad por­que, a di­ferencia de muchos otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a ob­tener ciertas ventajas ampa­radas por la ley, en el con­trato de seguro esta noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las par­tes, que muchas veces no implican verificación previa. Gene­ral­men­te estas manifestaciones en lo que res­pecta al toma­dor o ase­gurado las hace al solicitar el seguro, las que exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verí­dicas y que no haya callado ni ocultado circunstancias que de conocerlas el asegurador, no habria consentido en el con­trato, o habría consentido en él bajo otras condiciones.
Las exigencias legales sobre la obligación de decla­rar sinceramente todas las circunstancias necesa­rias para apreciar exactamente el riesgo que se va a cu­brir, además de ser requisito del objeto, constituyen la motivación para contratar. De allí que el estatu­to de Comercio contenga en los dos primeros incisos del ar­tícu­lo 1058 severos parámetros de conducta al to­mador del seguro, a quien le ordena que declare "sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de ries­go según el cuestionario que le sea propuesto por el ase­gurador", y le señala las consecuencias que le conlle­va si procede con reti­cencia o inexactitud.
Se trata como ya se anotó, de exigencias lega­les para la contratación, tendientes a que el consen­timiento del ase­gurador se halle libre de todo vicio, especialmente del error, para que pueda conocer en toda su extensión el riesgo que va a asumir, exigencias que deben cumplirse cualquiera que sean las circunstancias en que se produzcan tales declaraciones, esto es, que bien se hagan a iniciativa del particular o de la compañía asegu­radora; ora sea precedidas o no de efectos, situa­ciones o contrataciones anteriores. Es decir, de una u otra manera, lo primordial, lo importante es que las declaraciones que el toma­dor del seguro haga, sean since­ras, exactas y sin reticencias.
1.1.2.- Sin embargo, se trata de exigen­cias con trata­miento espe­cial, porque el legis­lador impuso graves sancio­nes para las declaraciones fal­sas o las inexactitu­des en que se incurra en el contrato de seguro. Contempla el citado artículo 1058 del Código de Comercio que la reticencia o inexactitud del asegu­rado en la declaración de los he­chos o circunstancias ne­cesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la exten­sión del riesgo, producen la nulidad relativa del contra­to de seguro o la modificación de las condiciones.
No obstante, el mismo artículo 1058 en cita, es­ta­blece las circunstancias que conducen a que la reticencia o la inexactitud no operen. Ellas son: a) Cuando la aseguradora ha conocido o debido conocer antes de celebrarse el contrato los hechos o circunstancias que versan sobre los vicios de la decla­ración, caso en el cual no puede alegar la nulidad relativa del contrato como tampoco pretender la reducción de su obligación, porque si la aseguradora ha conocido la realidad y acepta asumir el riesgo, no ha sufrido engaño. Y si por la naturaleza del riesgo solicitado para que sea asegurado y por la información conocida y dada por el tomador, la compañía aseguradora, de acuerdo con su experiencia e iniciativa diligente, pudo y debió cono­cer la situación real de los riesgos y vicios de la declaración, mas sin embargo no alcanza a conocerla por su culpa, lógico es que dicha entidad corra con las conse­cuen­cias de­riva­das de su falta de pre­visión, de su negligen­cia para salir de la ignorancia o del error inicialmente padecido; y b) Cuando después de celebra­do el contrato, la asegu­radora tiene conocimiento de la reticencia o la inexactitud en que incurrió el tomador y guarda silencio, se entiende que lo allana, lo acepta, evento en el que tampoco puede alegar la nulidad del ne­gocio jurídico, pues lo lógico es que tan pronto conozca las circunstancias que la indujeron al error no esté dis­puesta a mantener el contrato y tome las medidas del ca­so, pero no que nada diga y se espere a que se dé el si­niestro para alegar la reticencia o la inexactitud, por­que, como quedó dicho, con su silencio allanó el vicio.
1.2.- Por otro lado, recuerda la Sala que cuando el recurrente en casación opta por censu­rar la sentencia por la vía de la causal primera de que trata el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y aduce la violación directa de la normas sustanciales, no debe disentir sobre la prueba de los hechos y, cuando escoge el camino o la vía de la violación indirecta, la cen­sura debe fundar­se en los errores en que el juez incurre en su tarea inves­tigati­va de los hechos, mediante el análisis que se hace del acervo probatorio, pero dicho ataque requiere que se haga directa y frontalmente a todas las apreciaciones que son fundamento ese­ncial del fallo, y no otras, porque de ser así, el cargo resulta intrascedente y cae en el va­cío.
2.- Entra la Corte al estudio de las im­pugna­cio­nes que en este asunto hace el casacionista con­tra la sentencia del Tribunal.
2.1. Primeramente advierte la Sala los defectos de técnica en la formulación de ambos cargos que impiden un estudio de fondo.
2.1.1. En efecto, el cargo segundo se for­mula por la vía directa, pero el censor di­siente de la conclusión pro­batoria del tribunal.
De un lado observa la Corte que el ad-quem dice que si hay reti­cencia por cuanto la com­pañía no conoció tal hecho, lo que expresa cuando dice que: "... la prueba que por compara­ción de­muestra en forma ostensible e inobjeta­ble la reti­cencia e inexactitud de la tomadora del seguro...(al hacer la de­claración de asegurabilidad), no la pone en tela de discusión... ni el propio apelante.". "... nada en autos hace sur­gir la con­vic­ción de que "COLPATRIA" ... al con­tratar la póliza de autos, sa­bía que la señora Vera de Morantes padecía de tiem­po atrás de diabetes II, y, que venía siendo sometida a trata­mientos para dicha dolen­cia...por competentes galenos...".
En cambio, la censura por su parte sostiene lo contra­rio, como cuando afirma que "la segun­da negociación se inicia con el ofrecimiento de la com­pa­ñía demandada de un nuevo contrato de seguro en que, ya cono­ciendo la precaria salud de la asegurada (afirmación que se hace con fundamento en la con­fesión hecha por el re­pre­sentante legal de la parte pasiva, como se verá más adelante), le ofrece un producto distinto al inicial­mente solicitado...".
Luego, basta confrontar la censura en estudio con la fundamentación fáctica del tribunal, para concluír que aquélla disiente de ésta, pues, al paso que la acusación parte del supuesto de la inexistencia de reticencia o inexactitud, por su parte aquélla Corporación sienta como supuesto lo contrario, esto es, que si la hubo por el declarante sin que la aseguradora hubiese conocido de ese vicio. Por consiguiente, este defecto de técnica impide a la Corte abor­dar su estudio de fondo, por lo que habrá de desestimarse.
2.1.2. Por su parte el segundo car­go, dice que el tribunal se equivocó al no dar por proba­do que la compañía aseguradora si conocía el estado pre­cario de salud, yerro que condujo a la confirmación de la nulidad decretada por el a-quo, cuando la verdad de autos es bien diferente porque el senten­ciador no dijo eso. Por el contrario, dió por aceptado dos cosas: En primer lu­gar, el tribunal admitió que la compañía de seguros si conoció el estado de salud de la paciente, pero fue claro en que no "se percató de todos los males" porque no cono­ció, ni pudo conocer de "una dolencia (la renal)" toda la realidad inme­diatamente antecedente. De allí que haya concluído que, no obs­tante de dicha situación de salud, no existió prueba que pudiera indicar la existencia de "Dia­betes II". Y por ello también señala que tampoco hubo ni se indicó prueba alguna que demostrara precisamente que la "diabetes II" fuera la causa del aumento en el valor de la prima y la dis­minución del monto de la suma asegu­rada. Pero además dijo el tribunal como argu­mento, que fué la base fundamen­tal sobre el que se apoyó el fa­llo, es que la ase­gurada conocía y no mani­festó que padecía de diabe­tes II, pre­mi­sa que no fué atacada direc­ta y fron­talmente.
Ahora bien, la censura solo ataca la pri­mera conclu­sión del tri­bunal, pero de manera defectuo­sa. Por­que cie­rtamen­te el tri­bu­nal, como lo afirma el recurrente, admite que la aseguradora conoció de las dolen­cias y situación precaria de salud de la asegurada, pero fue enfático en señalar, de una par­te, que de ella no se inferiría inequívocamente la Diabetes II, y, de la otra, que no había prueba alguna que la estableciera, por­que los exámenes de laboratorio rechazados tampoco eran prue­ba idónea. Y precisamente, al no ser atacadas estas con­clusiones así como la del conocimiento previo por parte de la asegurada, los deja incólume y, por lo tanto, el cargo deviene en in­trascen­dente.
2.2.- Pero aún en la hipótesis de superada esta de­ficien­cia técnica, el cargo está destina­do al fracaso, por­que evidentemente los exámenes de labo­ratorio de creatinina, elaborados por peritos en la mate­ria, con fundamento en las re­glas propias generalmente aceptadas por la disciplina corres­pondiente, no discutido en el plenario, ni combatido en casación, no permiten, de acuerdo con la sana crítica probatoria, inferir inequívo­camente la presencia de la diabetes II. Mas aún, esta con­clusión resulta razonable, cuando para ello se apoya en las consideraciones científicas que in­dican que no hubo exáme­nes, curva de glicemia para tal efecto, y que ni si­quiera la glice­mia en ayunas permite establecer en esa forma dicha enferme­dad. Luego, siendo así las cosas, por lo menos se trataría de una ap­re­cia­ción razo­nable que al quedar en el campo de la soberanía del juzgador, impediría establecer la evidencia de un supuesto yerro de hecho en su estimación, suficiente para atribuirle al ad-quem la violación indirecta de la ley sustancial alegada.
3.- No prosperan entonces, por lo dicho, los cargos.
IV - DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justi­cia, Sala de Casación Civil, administrando justi­cia en nom­bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Dis­tri­to Judicial de Bucaramanga el 18 de noviembre de 1992,, en el proceso ordinario adelantado por Isabel Cristina Morantes Vera y Silvia Isabel Quiroz Morantes contra la Compañía de Seguros de Vida Patria S.A. "COLPATRIA".
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al tri­bunal de origen.

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS

PEDRO LAFONT PIANETTA

HECTOR MARIN NARANJO

RAFAEL ROMERO SIERRA

JAVIER TAMAYO JARAMILLO

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