Fernando alberto castro caballero






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C
República de Colombia

asación Rad. No. 38904

N
Corte Suprema de Justicia
aibel Cecilia Amaya Gil y otros

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No. 195

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013).
VISTOS:
La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por los defensores de los procesados Naibel Cecilia Amaya Gil, José Rudesindo Chaustre Ramírez, Henry Quevedo Flórez, Liliana Ramírez Arenas y Silvia Liliana Tamayo Rozo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, que revocó la absolutoria dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad y los condenó como autores de la conducta punible de homicidio culposo.
HECHOS:
1. Los primeros fueron reseñados por el ad quem, conforme los había sintetizado el fallador de primer grado, quien lo hizo en los siguientes términos:
El niño E.M.M. sufría del síndrome de «Arnold Chiari», que corresponde a una anomalía congénita con malformación de la columna vertebral y de la médula espinal, acompañada de hidrocefalia mielomeningocele, parálisis total y deformidad de las extremidades inferiores.
Por la misma enfermedad que sufría [el menor] E.M.M., de 10 años de edad para el año 2002, continuamente era llevado a los médicos generales de la empresa prestadora de salud Coomeva, siendo atendido así:
El día 5 de agosto de 2002, el médico Henry Quevedo Flórez lo atendió por sintomatología urinaria, solicitando parcial de orina y cuadro hemático y recuento de plaquetas. Al examen cardiopulmonar no describió signos patológicos en pulmones y los exámenes de laboratorio confirmaron sospecha infecciosa urinaria.
El 12 de agosto de 2002, [se lleva a] consulta de nuevo [al niño] por cuadro de dificultad respiratoria, náuseas y frialdad, encontrando el médico general [Carlos Adrián Villán Ramírez] que lo atendió, que hablaba con dificultad y presentaba hipoventilación basal derecha, y diagnósticó neumonía, solicitando cuadro hemático, radiología de tórax urgente y valoración por pediatría. El 13 de ese mismo mes y año, el pediatra José Rudesindo Chaustre Ramírez lo valora con [los siguientes] resultados: C.H.: 5.800 leucos, Hb: 14.3, Hto.: 40.4. Segmentados 58%, linfocitos 42 y V.S.G. 22/52, mientras que el informe radiológico conceptuó que existía probable proceso neumónico evolutivo. El médico Chaustre Ramírez encontró al menor en buen estado general sin signos de dificultad respiratoria, auscultó campos pulmonares con MV (murmullo vesicular) ruido sin agregados. F.R. 18 por minuto y el resto del examen físico sin patología evidente excepto secuelas neurológicas. [Diagnosticó] «Dx.: I.R.A. no N.», esto es, infección respiratoria aguda no neumótica y formuló acetaminofén.
El 23 de agosto de 2002, el niño es llevado nuevamente a consulta y lo atiende la médica Naibel Cecilia Amaya Gil, por cuadro de disnea, taquipnea, dolor toráxico, encontrando al paciente en alerta, hidratado en aceptable estado, buena ventilación pulmonar sin ruidos sobre agregados. Hace diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, solicitando RX de tórax, y formula dexametasona ampolla y nebulizaciones con berodual.

El menor vuelve a consulta el 25 de agosto de 2002, siendo valorado por la médica general Silvia Liliana Tamayo Rozo, porque presentaba dolor de espalda y dificultad para respirar con lumbalgia, taquipnea, sin tos ni picos febriles. Hizo diagnóstico de lumbalgia-meningocele, y se formuló ácido ascórbico, acetaminofén, cefalexina y nebulizaciones con solución salina y fluimucil.
El 11 de octubre de 2002, el niño E.M.M. es llevado a consulta con dolor de cabeza matutino y dolor abdominal, es atendido por la médica general Liliana Ramírez Arenas, encontrando en el examen cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen blando y diagnóstico cefalea, colon irritable y parasitosis, formula naproxeno, dieta, coproscópico y parcial de orina.
El 17 de octubre de 2002, por consulta que hizo el padre del menor al doctor Rafael Alberto Fandiño Prada, médico especializado en neurocirugía, éste ordenó la internación en la clínica «San José», por presentar el niño E.M.M. cefalea occipital cervical de 8 días de evolución y por episodios de hipertensión del cuello, encontrándose para ese momento, alerta, afebril y sin signos de dificultad respiratoria. El niño al día siguiente a la hospitalización se agravó en su salud, falleciendo en dicho centro asistencial el 25 de octubre de 2002, a eso de las ocho de la noche, y como el abogado Eduardo Martínez Chipagra, padre del occiso, informó a la Fiscalía el indebido proceso médico en el tratamiento de su hijo, se practicó necropsia al cadáver, para después la Fiscalía Sexta de la Unidad de Vida y otros, el 3 de enero de 2005, al considerar que como el legista en su testimonio aducía que había «una causalidad directa en el presente caso y la misma neumonía en su estado final produce shock séptico que fue lo que inmediatamente puso fin a la vida del menor», dispuso la apertura de la instrucción, vinculándose a la investigación a los enjuiciados Henry Quevedo Flórez, José Rudesindo Chaustre Ramírez, Naibel Cecilia Amaya Gil, Silvia Liliana Tamayo Rozo y Liliana Ramírez Arenas”.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE:
Abierta formalmente la investigación en la oportunidad atrás anotada, se admitió la demanda de constitución de parte civil presentada directamente por Eduardo Martínez Chipagra1 y se escuchó en indagatoria a los implicados José Rudesindo Chaustre Ramírez2, Henry Quevedo Flórez3 y Liliana Ramírez Arenas4, mientras que Naibel Cecilia Amaya Gil y Silvia Liliana Tamayo Rozo fueron vinculadas mediante declaratoria de persona ausente5.
Clausurada la instrucción6, el 8 de agosto de 2006, en la Fiscalía Sexta Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida y Otros de Cúcuta, se profirió resolución acusatoria7 contra Naibel Cecilia Amaya Gil, José Rudesindo Chaustre Ramírez, Henry Quevedo Flórez, Liliana Ramírez Arenas y Silvia Liliana Tamayo Rozo, como presuntos autores del delito de homicidio culposo, la cual quedó ejecutoriada el 18 de julio de 20088, al ser confirmada en la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de la misma ciudad.
La etapa de la causa correspondió adelantarla al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cúcuta, donde admitida la demanda de constitución de parte civil presentada a nombre de Elsa Patricia Mendoza Acevedo y María Piedad Yáñez Mendoza9, se celebró la audiencia preparatoria10, agotándose la vista pública en varias sesiones11, así que rechazado el impedimento planteado por su titular, el 15 de septiembre de 201012 se absolvió a los procesados de la conducta punible por la que se los convocó a juicio.
Impugnada la sentencia por la parte civil promovida por Eduardo Martínez Chipagra y el representante del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cúcuta, con providencia del 13 de septiembre de 201113, la revocó y condenó a Naibel Cecilia Amaya Gil, José Rudesindo Chaustre Ramírez, Henry Quevedo Flórez, Liliana Ramírez Arenas y Silvia Liliana Tamayo Rozo, a las penas principales de 2 años de prisión y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción la privativa de la libertad, al hallarlos autores del delito por el que se los acusó, a quienes se les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Así mismo, fueron obligados a pagar solidariamente, por concepto de perjuicios morales y respecto de cada una de las víctimas14, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
Contra esa sentencia los defensores de los condenados presentaron en tiempo sendas demandas de casación15 y la parte civil promovida por Eduardo Martínez Chipagra, como no recurrente, se opuso a las pretensiones allí consignadas16.
Allegada la actuación a esta Corporación, el apoderado de la procesada Liliana Ramírez Arenas solicitó la extinción de la acción penal por indemnización integral17, consignando lo que a su juicio y a prorrata consideró que ésta debía pagar, y admitidas las demandas de casación formuladas por los defensores de los procesados Naibel Cecilia Amaya Gil, José Rudesindo Chaustre Ramírez, Henry Quevedo Flórez, Liliana Ramírez Arenas y Silvia Liliana Tamayo Rozo, el apoderado de la parte civil allegó escrito insistiendo en que no se case la sentencia impugnada18, adjuntado copia de un par de decisiones, tras lo cual, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal emitió el concepto respectivo, por lo que ahora se procede a adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda.
LAS DEMANDAS:
Libelo radicado a nombre de Naibel Cecilia Amaya Gil, Henry Quevedo Flórez y Silvia Liliana Tamayo Rozo:
Está compuesto por censuras donde se alega la nulidad de lo actuado y la violación indirecta de la ley sustancial, cuyo contenido es el siguiente:

Primer cargo:
Al amparo de la causal tercera de casación consagrada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el censor denuncia que la sentencia de segunda instancia se dictó con desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, por cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta los alegatos que expusieran los inculpados y sus abogados en la audiencia pública.
Al respecto aduce el demandante, que si bien el ad quem al final del fallo impugnado19, hizo alusión a que estando en turno el proceso para proferir la sentencia respectiva se allegaron algunos escritos de los sujetos procesales, los cuales consideró extemporáneos y por ello guardó silencio sobre su contenido, lo cierto es que en el caso de su representada Silvia Liliana Tamayo Rozo, su vocero allegó oportunamente, el 28 de julio de 2010, un alegato en la audiencia pública, el que se omitió remitir a segunda instancia por el juez a quo, ocurriendo exactamente lo mismo con el suyo, el cual radicó el 29 de julio siguiente.
Agrega que el 11 de agosto de 2010, presentó un nuevo escrito en el que reiteró la postura fijada en sus alegatos, precisando que tanto en ésta como en aquella oportunidad, realizó un detallado estudio de la prueba, tras lo cual concluye que frente a los dos memoriales presentados el Tribunal guardó silencio, a pesar de que era su deber analizarlos. Además, indica que el 21 de octubre de 2010 allegó un escrito para controvertir el sustento del recurso de apelación presentado por la parte civil y el representante del Ministerio Público, el cual tampoco fue tenido en cuenta.
Luego de hacer referencia al alcance de los memoriales antes mencionados, expresa que la omisión denunciada es trascendente, pues, de no haberse presentado, el Tribunal habría confirmado el fallo absolutorio de primer grado, por cuanto es imposible que el menor E.M.M. sobreviviera con neumonía entre el 12 de agosto y el 17 de octubre de 2002, por tanto, los acusados no tuvieron responsabilidad en su muerte, ya que cumplieron con los protocolos de la medicina y las exigencias que en general les demandaba la lex artis.
Una vez recuerda que el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 exige que en la sentencia se analicen los alegatos de las partes, solicita casar la sentencia y que se declare la nulidad de lo actuado desde el fallo de segundo grado, a efectos de que se tengan en cuenta los alegatos inicialmente aludidos.
Segundo cargo:
Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, prevista en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, el libelista acusa la sentencia de haber incurrido en errores de hecho por falso juicio de existencia por omisión al apreciar la prueba, lo cual condujo a la aplicación indebida del artículo 109 del Estatuto Punitivo.

En ese sentido, sostiene que el Tribunal dejó de valorar el concepto del Comité Ad hoc de Coomeva integrado para analizar la atención prestada al menor E.M.M. por los galenos procesados, el cual indicó que la conducta adoptada por estos médicos fue pertinente, “de acuerdo con los hallazgos clínicos anotados en la historia clínica y a los resultados de los exámenes paraclínicos y radiológicos”; adicionalmente, que los dos reportes de rayos X “no [se] corresponden con un cuadro neumónico activo al momento de realizarse estos”. En donde igualmente el pediatra con amplia experiencia en neumología Álvaro Ernesto Ramírez Morelli, precisó que un “cuadro neumónico no cursa con una evolución lenta sino que es muy agresivo y lo hace en muy corto tiempo, luego si el diagnóstico desde el comienzo de la evolución de la enfermedad hubiese sido neumonía basal derecha, y no hubiese recibido el tratamiento adecuado, las complicaciones de ese manejo inadecuado hubiesen sido casi inmediatas desde la primera consulta. Concepto este que es avalado por todos los asistentes al Comité”20
Así mismo, el recurrente señala que allí finalmente se concluyó lo siguiente: (i) que la atención prestada por los médicos generales y el pediatra cumplió con los criterios de calidad para un paciente; (ii) que a partir de los hallazgos clínicos descritos en la historia clínica por los facultativos, en los reportes de rayos X y en los exámenes de laboratorio existentes antes de la hospitalización, no se encontró un criterio para remitir al menor al neumólogo; y (iii) que el diagnóstico de neumonía basal derecha solamente se hizo evidente cuando aquel fue hospitalizado.
Por tanto, el censor señala que tal prueba demuestra: (i) que no hubo evidencia de que el menor padeciera de neumonía con anterioridad al 17 de octubre de 2002, fecha de su hospitalización; (ii) que la atención de los médicos tratantes fue oportuna y acorde con la signología clínica que presentaba el paciente en las respectivas consultas; (iii) que es imposible que el niño sufriera de neumonía desde agosto de 2002 y muriera por evolución de esa misma patología el 25 de octubre siguiente, pues ésta tiene un desarrollo de pocos días; y (iv) que no existe relación de causalidad entre la conducta de los médicos procesados y la muerte del paciente.
De otra parte, expresa que por igual se omitió apreciar el contenido de la investigación disciplinaria adelantada por el Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander contra los médicos acusados21, la cual se archivó22, pues una vez se advirtió que “el tratamiento ambulatorio que recibió el paciente fue el indicado en su momento, de acuerdo a la signología que presentaba…” y “esto es así porque los motivos de consulta fueron atendidos, como se desprende del curso de la historia clínica, sin que pueda prosperar el argumento de que el niño tuvo una pulmonía de dos meses que pasó desapercibida para los médicos, o mucho menos [que se] hubieran negado a tratarla”, se concluyó: (i) que la atención al niño fue acorde con la lex artis; (ii) que en medicina “la clínica” prima sobre las ayudas diagnósticas; (iii) que la neumonía sugerida por el doctor Gustavo Salgar Villamizar fue descartada por el pediatra José Rudesindo Chaustre Ramírez; (iv) que cuando el doctor Rafael Alberto Fandiño Prada atiende al niño el 17 de octubre de 2002 no observa afección respiratoria; (v) que es el 18 de octubre siguiente, a eso de las 7:40 a.m., que el médico que lo revisa advierte el cuadro de afección respiratoria y dispone conducirlo a la unidad de cuidados intensivos; (vi) que la hepatización roja es parte del proceso evolutivo de la neumonía en su primera fase; y (vii) que “la crisis final de las dolencias de base que acompañan al paciente van a determinar su muerte, pues estaba predispuesto su organismo a ellas y en un estado de salud que no podía sortearlas favorablemente”.
Así mismo, el demandante señala que también se dejó de apreciar el contenido de la investigación administrativa de la Oficina de Vigilancia y Control Institucional Departamental de Salud del Norte de Santander23, la cual también fue archivada24 porque los galenos implicados actuaron con sujeción a los protocolos médicos.
Expresa, entonces, que las referidas investigaciones demuestran: (i) que el menor no sufría de neumonía antes de su hospitalización del 17 de octubre de 2002, (ii) que los médicos inculpados procedieron con estricta sujeción los protocolos médicos; y (iii) que no existe relación de causalidad entre la conducta de éstos y la muerte del paciente.

Así mismo, el defensor aduce que se olvidó estimar el testimonio de Manuel Ignacio Guardiola Plazas25, médico integrante del Comité Ad hoc de Coomeva, quien declaró que en ninguna de las valoraciones que se le realizaron al menor se describió por los facultativos que lo atendieron “un cuadro de dificultad respiratoria que hiciera sospechar la presencia de una posible neumonía”, como tampoco ello se deduce de la lectura de los estudios radiográficos conforme se registró en la historia clínica. Además, dicho deponente resaltó que el doctor Álvaro Ernesto Ramírez Morelli expresó la imposibilidad de que existiera “una neumonía de dos meses de evolución sin haber sido diagnosticada y manejada adecuadamente, ya que de haber sido así el paciente se hubiese complicado mucho antes”, quien a su vez evocó las conclusiones del neurocirujano que revisó la historia clínica, es decir, Alberto Ochoa, y después sostuvo que la atención que se le brindó al niño fue de calidad y que “ninguno de los hallazgos clínicos y complementarios justificaban la remisión a neumología”. Adicionalmente, subrayó que “el médico que ordenó la hospitalización fue el neurocirujano, lo que demuestra que el principal compromiso era neurológico y no pulmonar, amén de que en el informe radiológico del 12 de agosto de 2002 suscrito por el doctor Gustavo Salgar Villamizar, no se “expresa la presencia de consolidación neumónica alguna y con fecha del mismo día hay un reporte de un cuadro hemático que no muestra leucocitos ni neutrofilia, [lo] que unido a la valoración médica donde tampoco hay hallazgos clínicos que le hicieran sospechar, es que en últimas [esto] lo que demuestra [es] que el menor a la fecha no presentaba neumonía”.

En esa medida, el actor anota que la prueba en mención demuestra: (i) que en la historia clínica no aparecen fundamentos indicativos de que el paciente debía ser remitido al neumólogo; (ii) que es imposible que el menor E.M.M. hubiese sobrevivido con una neumonía inadecuadamente tratada desde el mes de agosto de 2002 y que falleciera por esa misma patología el 25 de octubre siguiente; (iii) que la atención prestada al niño por los facultativos, entre ellos sus representados, fue “oportuna e integral”; y (iv) que no existe relación de causalidad entre la conducta de los procesados y la muerte del paciente.
En otro sentido, el censor cuestiona que se haya ignorado la declaración de José Armando Carrillo Mendoza26, médico que también integró el Comité Ad hoc de Coomeva, quien afirmó que el niño E.M.M. fue atendido adecuadamente en todo lo que requirió y que “en ninguna de las páginas de la historia clínica se describe un episodio de dificultad respiratoria y, mucho menos algún cuadro clínico como el narrado por el padre del menor”, de manera que con tal medio de persuasión se demuestra la atención adecuada que recibió el paciente y que en la anamnesis no aparece la afección que indicó el progenitor de éste27.
Por igual el libelista advierte que se dejó de apreciar la versión de Antonio María Arias28, quien transportaba al menor al colegio, el cual sostuvo se le “hizo raro cuando me dijeron que se había muerto el niño porque en realidad no se veía enfermo… me decía anoche casi no pude dormir porque estudié hasta tarde”, relato con el que se constata que el niño no se encontraba en la situación de grave enfermedad que en lo quiso colocar su progenitor desde el mes de agosto de 2002, pues como lo dice Juan de Dios Buendía Arias29, quien también lo transportaba, asistió a estudiar en el mes de octubre siguiente.
Así mismo, el actor denuncia que se omitió valorar el dicho de Alba Yolanda Otero Motta30, Coordinadora Médica de la IPS Asistencia en Salud Integral S.A., quien indicó que el padre del menor E.M.M. iba a su oficina a tramitar las órdenes que se generaban por la atención del paciente, a quien jamás se le negó ningún servicio, interconsulta, ayuda diagnóstica o examen de laboratorio dispuesto por los galenos, la que a su vez aclaró que no tenía competencia para determinar la hospitalización de los pacientes o su remisión al especialista, pues su labor se reducía a darle curso a las órdenes de los facultativos. Además, precisó que contrario a lo afirmado por el padre del niño, no es cierto que el 9 de octubre de 2002 le hubiera dicho que solicitara cita pese a que el menor estaba muy enfermo o que ante su insistencia se la hubiera programado para el día 11 siguiente, pues las consultas prioritarias operan las 24 horas del día, o que hubiese instruido a la recepción de la sede para que se le insinuara a la médico tratante (Silvia Liliana Tamayo Rozo) que no dispusiera de la internación del niño. Testigo que por igual enfatiza: (i) que “es falso” que la coordinación se inmiscuyera en la hospitalización de los pacientes o en su remisión al especialista; (ii) que “es falso” lo de la llamada, pues incluso en la coordinación para la época no había extensión telefónica; pero además, (iii) que las citas se le ubicaban al menor aún cuando no hubiesen en el momento; de manera que el censor anota que con tal testimonio se demuestra que jamás se le negó ningún servicio al niño.
También cuestiona que se haya ignorado la declaración de en Érika Yazmín Ramírez Meza31, quien adujo que cuando atendió al menor E.M.M. el 9 de octubre de 2002, ni éste ni su padre la consultaron porque tuviera alguna afección respiratoria, sino por una cefalea de “6 días”, de modo que al examinar el niño lo encontró “afebril con signos vitales normales, sin dificultad respiratoria… el sistema cardiopulmonar normal sin signos sobreagregados, al examen neurológico estaba normal… en general estaba en buenas condiciones”, de manera que no tenía ningún síntoma que ameritara tratamiento hospitalario, ni era necesario que en ese momento lo auscultara un neumólogo, deponente que es creíble, si se observa que la Fiscalía se negó vincularla a la investigación a pesar de la insistencia del progenitor del menor, por tanto, con este elemento de convicción se comprueba que no es cierto lo afirmado por el padre del niño acerca de que cuando la referida deponente lo atendió, éste presentara “dolor en el toráx, la espalda, manifestando que no podía respirar” o “una respiración muy rápida, con aleteo nasal, movimiento reiterativo de las fosas nasales durante la respiración [y] sus labios y los dedos adquirían una coloración azul, poco apetito decaimiento general, con vómito algunas veces”32.
Adicionalmente, el defensor predica que se omitió apreciar el testimonio de Érika Andrea Romero Luna33, fisioterapeuta que atendió al menor los días 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 12 de agosto de 2012 por una “dificultad respiratoria” que se identificó en la historia clínica como “enfermedad pulmonar restrictiva”, de manera que si para esa época se hubieran presentado los síntomas que refirió el padre del menor, con seguridad la citada habría dejado constancia de ello, siendo lo cierto que para el mes en mención el niño no presentaba el cuadro descrito por su progenitor, ya que por el contrario, la testigo indicó que inició las terapias el 1 de agosto y que “al examen físico se abscultaban (sic) abundantes secreciones por deficiente mecanismo de tos, dentro del tratamiento se daban recomendaciones y plan casero para estimular la tos, [a quien] se le realizaron 7 seciones” (sic), por lo que con esta declaración se demuestra que el estado de salud del menor no era el señalado por su padre y que el paciente no estaba afectado de neumonía o bronconeumonía y de allí el tratamiento en casa y no la hospitalización.
Otro testimonio que afirma el censor se dejó de valorar, fue el de Claudia Astrid Garzón Barrera34, médica que atendió al menor E.M.M. en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San José, quien refirió que ante el cuadro que señalara el padre de éste, valga decir, “dolencia en tórax, espalda y dolor de cabeza”, “se deb[ían] solicitar exámenes básicos como cuadro hemático, rayos X de tórax y que el resultado de los mismos… deb[ía ser] valorado por pediatra”, quien es el llamado a decir si “el niño se queda o no hospitalizado y el manejo que se debe dar”, observándose que en el proceso se demostró que el 13 de agosto de 2002, el pediatra José Rudesindo Chaustre Ramírez, tuvo en sus manos los resultados de laboratorio y la placa de rayos X tomada al paciente, con los cuales, junto con el examen físico, concluyó que no era posible colegir que el menor padecía de neumonía35, por tanto, con este relato se comprueba que el manejo dado al menor fue exactamente el mismo que menciona la testigo y por ende el acertado.
El libelista también cuestiona que se haya ignorado la declaración de Fernando Carrasco Blanco36, respecto del cual el Tribunal solamente citó su nombre para respaldar la sentencia condenatoria, quien a pesar del interés de la parte civil porque respondiera sus preguntas sugestivas no lo logró, como cuando lo interrogó para que le indicara si era verdad que estando en su consultorio adyacente a la unidad de cuidados intensivos en la Clínica San José le dijo que tenía las pruebas de que se trataba de “un proceso neumónico mal cuidado”, respondiéndole categóricamente el referido médico que “no” le había expresado tal cosa.

De otro lado, añade el actor que el deponente en cita, al responder el interrogatorio incurrió en un error sustancial, pues afirmó que el 17 de octubre de 2002, al ingresar el niño a la clínica lo hizo “en muy malas condiciones generales con insuficiencia respiratoria aguda atribuida en el curso de la evolución a una neumonía grave adquirida en la comunidad”, cuando lo cierto es que la historia clínica37 enseña que el doctor Rafael Alberto Fandiño Prada38, quien determinó su hospitalización, la dispuso motivado en una cefalea de ocho días, quien en ese momento encontró al menor “alerta y afebril”, además ordenó estudios de laboratorio y en esa fecha, a las 8:00 p.m., lo valoró y lo encontró “con un lenguaje normal y sin síntomas que hicieran sospechar en ese momento una infección respiratoria”. Incluso el mismo galeno (Fandiño Prada) le aclaró a la parte civil, cuando lo interrogó durante la instrucción39, que estaba “equivocada” al afirmar que la internación del menor había obedecido a una insuficiencia respiratoria, ya que lo había sido por un problema neurológico, es decir, una disfunción valvular.
Así mismo, aduce el demandante que se ignoró el relato de Carlos Adrián Villán Ramírez40, médico que indicó que “el diagnóstico de bronconeumonía que él hizo el 12 de agosto de 2002, fue meramente provisional, ya que debía ser ratificado o descartado por el pediatra”, lo que en efecto sucedió, deponente que además expresó que la atención de los médicos fue oportuna.

En esa medida, el censor aduce que de los distintos medios de prueba hasta aquí denunciados como dejados de valorar, se observa lo siguiente frente a los procesados Naibel Cecilia Amaya Gil, Henry Quevedo Flórez y Silvia Liliana Tamayo Rozo: (i) que antes de la hospitalización de E.M.M. el 17 de octubre de 2002, lo atendieron en consulta externa; (ii) que lo hicieron cumpliendo con los protocolos médicos de acuerdo a la signología que aquel presentaba, es decir, se apoyaron en exámenes tomados al paciente y fue examinado por un especialista, quien era el llamado a determinar su internación o remisión a otro galeno experto; (iii) que el menor cuando fue auscultado por los arriba citados no presentaba el cuadro clínico que indicó su padre, ni padecía neumonía o dificultad respiratoria indicativa de ella; (iv) que es imposible que el niño tuviese dicha enfermedad desde el mes de agosto de 2002 y hubiera fallecido por la evolución de la misma el 25 de octubre siguiente, pues de haber sido así habría fallecido mucho antes; (v) que no incurrieron en mala praxis médica; y (vi) que no existe ninguna relación de causalidad entre la conducta de los referidos facultativos y la muerte del menor.
Expuesto lo anterior, el demandante procede a confrontar los elementos de convicción ignorados con los que tuvo en cuenta el Tribunal para apoyar la sentencia, expresando sobre el particular lo siguiente:
(i) Que con la necropsia practicada por el médico forense Humberto Lizcano Rodríguez41, se demostró que la muerte del niño E.M.M. se produjo por causas naturales, es decir que no hubo delito.
(ii) Que con la historia clínica se comprueba que el niño fue atendido el 5 de agosto de 2002 por el implicado Henry Quevedo Flórez, porque el menor y su padre refirieron “ardor al orinar, dolor abdominal y fiebre”, de modo que, contrario a lo sostenido por el progenitor del niño, no es cierto que para esa fecha éste experimentara la sintomatología que aquel predicó42, lo cual a su vez se confirma con lo registrado por la terapeuta Érika Andrea Romero Luna43, la que atendió al menor los días 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 12 del mismo mes y año, y quien recomendó “tratamiento en casa”, así que de haber existido la sintomatología referida por el progenitor del menor, ésta jamás habría dispuesto lo anterior; situación que también se constata con el testimonio de Carlos Adrián Villán Ramírez, quien fue consultado el 12 de agosto de igual anualidad, pues el menor tenía “episodios de dificultad respiratoria”44, de manera que si bien diagnosticó un proceso neumónico a nivel de la base del hemitórax derecho, ello se fundó en “una sospecha”, por lo que solicitó “confirmar o descartar dicha patología con claridad”, así que el día 13 siguiente, sin estar presente el niño, le llevaron su cuadro hemático encontrándolo “normal” e, igualmente, las placas de tórax sin lectura, las cuales se hacía difícil interpretar debido a las malformaciones del niño, por lo que dispuso que fuera valorado por un especialista45, lo que en efecto ocurrió en esta fecha (13 de agosto), siendo revisado por el pediatra José Rudesindo Chaustre Ramírez, el cual concluyó que no tenía neumonía ni bronconeumonía al momento del examen46 (atención de la que dice el censor, el padre del niño no mostró inconformidad alguna), quien (Chaustre Ramírez) después rindió su versión declarando que tal “patología [neumonía] no se agazapa con una mala medicación”, sino que evoluciona en dos o tres días (algunos textos hablan de siete a doce días), pero nunca dura uno o dos meses.
Al margen de lo anterior, el actor expresa que incluso la signología predicada por el padre del niño se opone a lo manifestado por Antonio María Arias47, quien transportaba el menor al colegio, por lo que con esto se constata que el niño no se encontraba en la situación de enfermedad grave en que lo quiso colocar su progenitor desde el mes de agosto de 2002, a lo que se agrega lo registrado y dicho por la terapeuta Érika Yazmín Ramírez Meza, quien no fue vinculada al proceso a pesar de la insistencia del progenitor del menor en su condición de parte civil.
Prosiguiendo con la historia clínica que sirve de base al Tribunal para la condena, el actor indica que el 23 de agosto de 2002, el niño fue atendido por Naibel Cecilia Amaya Gil, por cuanto presentaba “cuadro clínico de 4 días dado por disnea, taquipnea, dolo toráxico, sin otro síntoma”, y que el día 25 siguiente fue auscultado por Silvia Liliana Tamayo Rozo por “dolor de espalda y dificultad para respirar”, así que de esto se concluye que no es cierta la sintomatología referida por el padre del menor, quien en relación con la atención prestada por estas dos profesionales tampoco manifestó inconformidad alguna, siendo lo ajustado a la realidad que el menor ingresó el 17 de octubre de 2002 a la clínica San José por una cefalea de ocho días.
Ahora, sobre la historia clínica el censor por igual refiere que en ella aparece que el 11 de octubre de 2002, Liliana Ramírez Arenas48 valoró al menor por presentar dolor de cabeza y abdominal, oportunidad en la que se descartó “sintomatología respiratoria”, con lo que nuevamente se concluye que no es cierta la pregonada por el padre del niño.
Agrega que en la historia clínica también obra que el 17 de octubre de 2002, el doctor Rafael Alberto Fandiño Prada, debido a que el menor presentaba: “desde hace 8 días cefalea, hoy cefalea occipito cervical e hiperextensión del cuello, afebril, alerta, se diagnostica con disfunción valvular”49; ordenó su hospitalización, galeno que incluso atendió al niño desde su nacimiento, de manera que éste precisó que la internación del menor obedeció a un “problema fundamentalmente neurológico y (disfunción valvular) y que el paciente para el 17 de octubre de 2002 no presentaba fiebre, estaba alerta y no tenía signología alguna que permitiera sospechar la presencia de una infección respiratoria”50, por lo que una vez más se demuestra que los síntomas que predicó el padre del niño no son ciertos.
En síntesis, el demandante indica que a partir de la historia clínica se demuestra que no fue cierta la sintomatología que expuso el padre presentaba el menor cuando consultó a los médicos, quien además en ningún momento manifestó inconformidad por la atención que en esas ocasiones se le brindó a su hijo.
(iii) Que del dictamen rendido por la neumóloga pediátrica Luz Libia Cala Vecino51 y que fuera tenido en cuenta por el Tribunal, se concluye que “no hubo omisiones, negligencias ni tratamientos inadecuados durante el manejo ambulatorio” del menor, lo cual es coherente con el contenido de las pruebas atrás reseñadas. Y si bien fue objetado por la parte civil, el mismo se “avaló” por la experticia de responsabilidad profesional de la Junta Médica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Dirección Seccional de Santander52.
iv) Que con la experticia de responsabilidad médica recién anotada y valorada por el Tribunal, se comprueba que la actuación de los médicos tratantes “se ciñó a los principios de la práctica médica establecida para este tipo de pacientes y que su actuar fue oportuno y diligente” y “que el tratamiento ambulatorio que recibió el paciente fue el indicado en su momento, de acuerdo a la signología clínica que presentaba”, lo cual armoniza con lo concluido por Luz Libia Cala Vecino y con lo expresado por el perito Humberto Lizcano Rodríguez y los médicos Manuel Ignacio Guardiola Plazas y Álvaro Ernesto Ramírez Morelli.
v) Que de lo registrado por Humberto Lizcano Rodríguez en la necropsia53, como de lo declarado por éste54, lo cual fue valorado por el Tribunal, se tiene que la muerte del menor fue “natural”, por lo que de allí se sigue que no hubo delito. Igualmente, que el paciente no pudo sufrir de neumonía desde el 12 de agosto de 2002 y morir de la evolución de la misma patología el 25 de octubre siguiente, pues ésta tiene un desarrollo que es de días, así que el proceso identificado el 18 de octubre es “totalmente distinto” al del mes de agosto, deponente que también concluyó que “no hubo negligencia” de los médicos; lo cual a su vez concuerda con las pruebas señaladas en los puntos iii y iv.
vi) Que con lo manifestado por Rafael Alberto Fandiño Prada55, neurocirujano que atendió al niño desde su nacimiento, versión que también fue apreciada por el ad quem, se constata que la hospitalización del menor el 17 de octubre de 2002 obedeció a un problema neurológico, sin que tal médico identificara “síntomas que hicieran sospechar en ese momento una infección respiratoria”, lo cual igualmente armoniza con el contenido de la prueba indicada en los numerales iii, iv y v, por tanto, ello demuestra que los procesados no incurrieron en responsabilidad médica derivada de la atención al niño.
vii) Que a partir del dicho de Álvaro Ernesto Ramírez Morelli56, pediatra con amplia experiencia en neumología e integrante del Comité Ad hoc de Coomeva, por igual valorado por el Tribunal, se tiene que la evolución de los cuadros neumónicos son rápidos, así que si se diagnostica al paciente una “neumonía basal derecha y no hubiese recibido el tratamiento adecuado, las complicaciones de ese manejo inadecuado hubiesen sido casi inmediatas desde la primer consulta”, pues “una neumonía se complica en horas, días”, “es un proceso de días no de meses”, quien señaló que en el caso particular “la bacteria ingresó máximo 2, 3, 4 días antes al pulmón afectado del niño”, aclarando que la afección presentada por el menor en el mes de agosto es distinta a la de octubre y si la medicación suministrada no sirve por igual aparece la fiebre, el paciente se agrava y su muerte se produce pronto. En síntesis precisó que nada tiene que ver lo de agosto con lo de octubre, de manera que el actor aduce que el contenido de esta prueba por igual guarda armonía con las indicadas en los puntos iii, iv, v y vi, por lo que los procesados no incurrieron en responsabilidad médica al atender al menor E.M.M., por cuanto su fallecimiento se produjo por causas naturales.
viii) Que de la declaración de Hender Eduardo Garay Garay57, por igual estimada por el Tribunal, se desprende que no le consta el tratamiento recibido por el menor E.M.M. antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos de la clínica San José, quien a su vez refirió que el niño fue sometido a “intubación orotraqueal”, así que el actor expresa que tal procedimiento propicia el contagio con microorganismos como el “estafilococo”, el cual se “presenta en menos de 24 horas” según lo refirió el deponente en cita, así que si el padre del menor, agrega el censor, manifestó que a éste le detectaron “un cuadro neumónico severo y una bacteria estafilococo dorado”58 y Garay Garay advierte que el niño “presentó complicaciones de tipo neurológico y pulmonar que ya venía instaurado… está haciendo referencia a la presencia devastadora de una bacteria como la mencionada, la cual atacó la humanidad del paciente en fecha muy reciente a su hospitalización el 17 de octubre de 2002”, lo que demuestra que no estaba aludiendo a la presunta neumonía del 12 de agosto anterior, sin que pueda dejarse de lado que en la radiografía tomada al niño el 25 de agosto se dijo que “el paciente no tenía bronconeumonía”59.
Además, el demandante puntualiza que no obstante Hender Eduardo Garay Garay afirmó que la neumonía hepatizada es un proceso que “puede durar hasta dos meses”, citando como fuente la obra Fundamentos de Medicina Interna de Harrison, allí se indica que tanto la hepatización roja como la gris dura cada una de dos a tres días y la consolidación máximo de dos a seis días60, así que el defensor pone de presente que sumando todas las etapas se tiene un máximo de 12 días. Anota el impugnante que en similar sentido lo hace el autor citado por el médico forense Jaime Eduardo Barrera Cáceres61, experto que a su vez expuso que la muerte de niño se debió a causas naturales, recordando el demandante que en términos semejantes se pronunció el perito Carlos Eduardo Rueda Rivas62, sin olvidar que Garay Garay sostuvo que frente al caso concreto del menor E.M.M. “la duración es independiente en cada paciente, depende del germen, de las condiciones del huésped y del tratamiento empírico sin un fundamento microbiológico que oriente hacia un tratamiento curativo”; así que del contenido objetivo del testimonio de Garay se tiene que no se opone a la prueba señaladas en los puntos iii a vii y por ende la presunción de inocencia de los procesados se mantiene incólume.
ix) Que con el testimonio Gustavo Salgar Villamizar63, efectivamente valorado por el juzgador de segundo grado, se comprueba que si bien el 12 de agosto de 2002 conceptuó, al tomarle una radiografía de tórax al menor E.M.M., que tenía “un probable proceso neumónico evolutivo”64, luego aclaró ante la Fiscalía que la lectura que hizo tenía un importante margen de error en razón de las deformidades torácicas del paciente y precisó que la misma debía ser complementada con la auscultación del paciente y exámenes de laboratorio y después, ante el Tribunal de Ética Médica, reiteró lo anterior, por lo cual el censor afirma que la referida radiografía no puede tomarse como prueba contundente de la existencia de bronconeumonía para aquella fecha, amén de que 25 de agosto siguiente, el mismo profesional le tomó al niño una nueva impresión señalando que “no tenía bronconeumonía”65, con lo que en síntesis se demuestra que lo anterior guarda armonía con lo expuesto en los puntos iii a viii y por tanto se infiere que los procesados no incurrieron en responsabilidad médica al atender al niño.
Terminado el análisis que se acaba de reseñar, el impugnante concluye que los procesados Naibel Cecilia Amaya Gil, Henry Quevedo Flórez y Silvia Liliana Tamayo Rozo “no incurrieron en negligencias ni tratamientos inadecuados durante el manejo ambulatorio del paciente”, así que si el Tribunal no hubiera incurrido en falso juicio de existencia por omisión al apreciar la prueba el sentido del fallo habría sido distinto, por tanto, pide casar la sentencia y dejar en firme la absolutoria de primer grado.
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