Base de Datos de Jurisprudencia sobre Discapacidad






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Base de Datos de Jurisprudencia sobre Discapacidad

Facultad de Derecho - UBA



Palabras Claves: Medicina Prepaga/ Medida Cautelar

País: Argentina.

Provincia: Buenos Aires

Autos: V. C. y otro c/Medicus SA Empresa de Medicina Prepaga s/amparo

Instancia: Cámara Nacional Comercial

Fecha: 29/10/2003

RESMEN:
Este tribunal resolvió que no correspondía rechazar liminarmente la cautela solicitada por la madre de la menor J. D. V. contra Medicus SA, para obtener decisión jurisdiccional que mande a prestar a dicha institución, "...la cobertura total de las prestaciones Educación Especial, Jornada Doble, en la Escuela Especial 'NUEVO DIA' y Transporte Especial desde su domicilio hasta la Institución y viceversa... sin limitaciones temporales y con la modalidad de pago dentro de un plazo prudencial de quince días a partir de la presentación de las facturas correspondientes a cada mes".
Si el tratamiento integral que debe recibir la menor discapacitada fuese interrumpido, el transcurso del tiempo sin la rehabilitación integral adecuada (aprendizaje, adaptación al medio social junto con sus pares, motricidad, etc), podría acarrear el retroceso irreversible de su avance madurativo y la imposibilidad de recuperar lo que ha venido logrando, vedándosele la posibilidad de superarse y de desarrollar -en el máximo nivel posible- su espectro cognoscitivo y motriz. De ese modo, esta sala juzga, contrariamente a lo considerado en el pronunciamiento impugnado, que la actora ha invocado y acreditado suficientemente, cuanto menos en esta etapa preliminar del procedimiento, tanto los recaudos de la medida cautelar solicitada, cuanto los presupuestos necesarios para excluir otra vía procesal alternativa a la presente. Las medidas cautelares se disponen para evitar que el resultado de un proceso aparezca frustrado por las contingencias que se pueden presentar en su curso; siendo preferible el exceso en su concesión que la parquedad en negarlas.

TEXTO COMPLETO:
Buenos Aires, agosto 29 de 2003
1 (a)) La menor J. D. V., mediante la representación legal de su madre, promovió esta acción de amparo contra Medicus SA -Empresa de Medicina Prepaga-, para obtener decisión jurisdiccional que mande a prestar a dicha institución, "...la cobertura total de las prestaciones Educación Especial, Jornada Doble, en la Escuela Especial 'NUEVO DIA' y Transporte Especial desde su domicilio hasta la Institución y viceversa... sin limitaciones temporales y con la modalidad de pago dentro de un plazo prudencial de quince días a partir de la presentación de las facturas correspondientes a cada mes" (fs. 20, punto 2).//-
(b) La prestación mensual reclamada en la pretensión de fondo asciende, por todo concepto, a la suma de $1.088 mensuales (fs. 24 v. primer párrafo), según lo previsto en la Res. M.S.A.S. 428/99 para la "prestación Educación Inicial, Jornada Doble, Categoría A".-
(c) El fundamento de derecho invocado, para la obtener cobertura integral referida, reside en lo preceptuado en las leyes 23660 y 23661 de "Obras Sociales", La ley 24754 de "Medicina Prepaga" -que manda a cubrir las "Prestaciones obligatorias dispuestas a las obras sociales", reputando a tales entidades como "agentes del seguro de salud"-, la ley 24091, que regula el "sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad", en las Resoluciones MS 939/00 (fs. 27, punto 7) y MSAS 928/99 del libelo.-
2) La pretensora solicitó, además y a título de medida cautelar innovativa, que se ordene a Medicus SA el cumplimiento de las prestaciones asistenciales a las cuales se hallaría obligada en virtud del juego armónico de los preceptos y de la finalidad de la legislación citada, hasta que recaiga sentencia definitiva en la controversia (fs. 28 v., punto 11 del libelo).-
3) La decisión de fs. 34/5 desestimó la solicitud cautelar.-

Fue considerado insuficiente el material acompañado junto al libelo ("carnets de socio de Medicus SA... y una carta documento... cuya remisión se atribuye a la demandada...", fs. 34 in fine-), y señalado que no se acompañó el "ejemplar... de la solicitud y/o aprobación de la afiliación, ni copia del reglamento operativo o documento del cual resulten las condiciones del convenio o plan de prestaciones" (fs. 35, primera parte).-

Se añadió, además, que en "...esa situación no () puede determinarse la fecha de la contratación y los alcances de la cobertura concertada, de modo de concluir aunque sea provisoriamente que la atención que se reclama se halle efectivamente cubierta" (fs. 35, primer párrafo).-
4) La actora pidió revocatoria con apelación en subsidio (fs. 39/51).-

En el pronunciamiento de fs. 52 se desestimó la reposición introducida a título principal.-

Cabe a esta Sala conocer en la apelación deducida en subsidio.-
5) a) La CN 43 establece, en lo que aquí interesa destacar, que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de... particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley".-
(b) A su vez, el Cpr. 321 prescribe que "será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498... cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional...., siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes".-
(c) Del relato expuesto en el punto 1 de esta resolución, fluye que existiría cuanto menos la posibilidad de que la actora no disponga de un remedio judicial más idóneo para ejercer los derechos en los que funda su pretensión, y que la desestimación liminar de la cautela podría llegar a esterilizar los efectos de una eventual sentencia definitiva estimatoria de su tesis, dada la consecuencia de una eventual interrupción del tratamiento terapéutico que viene insertándola, en la medida de lo que permite su evolución y enfermedad en la sociedad en la cual se desenvuelve.-
6) Cuadra señalar que la documentación acompañada como apoyatura de los hechos invocados, se halla constituida por el "certificado de discapacidad" emitido por el Ministerio de Salud y Acción Social (copia en fs. 6), por la credencial "Medicard" emitida por Medicus SA (copia en fs. 4), y por el Reglamento emitido por dicha institución, agregado sin foliar junto al memorial fundante del recurso que concitó la elevación del expediente a alzada (nota en fs. 53).-
(7) Importa recordar que, según lo manifestado en el libelo y reiterado en el memorial fundante del recurso, "... C. tiene 10 años de edad y es una niña con discapacidad. Su diagnóstico es Epilepsia, Retraso madurativo... ingresó al Instituto Nuevo Día en Agosto del año 2002... se encuentra cursando el 4° año II nivel, de la modalidad niveladora trabajándose con contenidos curriculares de escuela común adaptados a las necesidades especiales y tiempos personales de aprendizaje... se ha adaptado a la escuela y al ritmo de trabajo. Es aceptada por sus compañeros y se vincula sin dificultad con la docente y sus pares..." (fs. 48, apartado b).-
"Los logros desde que ingresó fueron importantes y significativos... debido a su discapacidad no logra encauzar su educación en una enseñanza común, necesitando de estrategias especiales y un tiempo de aprendizaje más lento..." (fs. 48 v. , quinto párrafo).-
8) A estar de lo referido en los parágrafos anteriores, es presumible que si el tratamiento integral que debe recibir la menor discapacitada fuese interrumpido, el transcurso del tiempo sin la rehabilitación integral adecuada (aprendizaje, adaptación al medio social junto con sus pares, motricidad, etc), podría acarrear -según lo afirmado por la apelante- el retroceso irreversible de su avance madurativo y la imposibilidad de recuperar lo que ha venido logrando, vedándosele la posibilidad de superarse y de desarrollar -en el máximo nivel posible- su espectro cognoscitivo y motriz (consultar los objetivos que inspiraron la sanción de la ley 24901).-
9) De ese modo, esta sala juzga, contrariamente a lo considerado en el pronunciamiento impugnado, que la actora ha invocado y acreditado suficientemente, cuanto menos en esta etapa preliminar del procedimiento, tanto los recaudos de la medida cautelar solicitada, cuanto los presupuestos necesarios para excluir otra vía procesal alternativa a la presente, pues la demora que acarrea en la actualidad el transcurso de un juicio distinto del sumarísimo puede resultar del todo ineficaz para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de la peticionaria.-
Por lo demás, es evidente que en el caso, de asistir razón a la recurrente, se impondría la reparación urgente del perjuicio invocado por aquella y la cesación inmediata de los efectos de la negativa de proporcionar la cobertura reclamada.-
Más la sentencia definitiva por dictarse aún en el cauce del juicio sumarísimo, acaso recaiga en un tiempo donde tales perjuicios resulten insusceptibles de repararse: a estar de los dichos de la actora, la continuidad del tratamiento es lo único que asegura (cuanto menos, y frente a la respuesta exitosa de la paciente) el mantenimiento y acaso el avance de los progresos de la paciente.-

En tal situación, este tribunal estima que no procedió rechazar liminarmente la cautela solicitada.-
10) La actora ha acreditado prima facie la necesidad de acudir a esta vía -por no contar con otra más idónea- para evitar perjuicios inminentes e irreparables que podrían ser imputables a la demandada (ver sobre esta materia, Néstor Pedro SAGÜES, "Acción de amparo", p. 574 y ss., Ed. Astrea, Bs, As, 1995).-
La legislación citada por la peticionaria, quien acreditó fehacientemente su calidad de discapacitada, reconocida por la autoridad de aplicación (ver copia auténtica del "Certificado de Discapacidad" en fs. 6), abona -junto al resto de la instrumental incorporada- la verosimilitud del derecho invocado.-
En efecto, la ley 24091, capítulo V, impone la asistencia de servicios específicos, como la educación general básica en establecimientos comprendidos entre los denominados "Centros de día", para procurar el desarrollo máximo de las capacidades posibles, la rehabilitación psicofísica y motora, la atención odontológica (artículos 20 a 29), etc., de quien nació con enfermedad discapacitante o con retraso madurativo.-
El establecimiento donde concurre C. V. denominado "Nuevo Día SRL (discapacidad)", se halla comprendido dentro de tal categorización, según resuelto de la inscripción del mismo en el Registro Nacional de prestadores, dependiente del Ministerio de Salud y Acción social de la Nación, inscripción aún vigente a estar de la disposición 1095/01 dictada por la superintendencia de servicios de salud (fs. 10 y 11, respectivamente).-
11) La Ley 24754:1 impone a las entidades que presten servicios de "medicina prepaga" cumplir "como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas "prestaciones obligatorias", dispuestas por obras sociales, conforme lo establecido en las leyes 23660, 23661 y 24455, y sus respectivas reglamentaciones."

El programa médico obligatorio referido, a cargo de las empresas prestadoras de medicina prepaga, se encuentra alcanzado, según lo preceptuado en la Resolución MS 939/2000:1, "... por lo establecido en la ley 24901.".-
Medicus SA, constitutiva de una institución de "medicina prepaga", contempla en su "reglamento" la obligación de cubrir a sus afiliados con mención de lo establecido en la ley 24754 -dentro de circunstancias cuya indagación exorbitaría el fin de este pronunciamiento, donde el ámbito cognoscitivo es estrecho y lo que se decide tiene alcance meramente provisional-, según el tenor literal de las "normas generales" que rigen las prestaciones a cargo de la institución (verlo agregado sin foliar junto con el escrito donde se introdujo la reposición con la apelación subsidiaria en examen -específicamente lo consignado en el reverso del "índice").-
12) Es preciso entonces proveer una ágil solución a la demandante, que sólo puede lograrse mediante el otorgamiento de la medida cautelar requerida dentro de esta acción de amparo.-
Adoptar la solución contraria, esto es, confirmar la desestimación liminar de la petición precautoria, podría generarle efectos perniciosos e irreparables;; pues es sabido que la desatención y reanudación del mencionado tratamiento, en forma tardía, podría reducir o eliminar los efectos perseguidos con el mismo.-
Todo lo cual es suficiente para reputar demostrado el peligro en la demora.-
13) de acuerdo con el relato efectuado por la demandante, examinado con arreglo a la documentación referida, y dentro del marco de provisionalidad con sujeción al cual es aprehensible toda petición cautelar (arg. Cpr. 202), júzgase que procede decretar la medida cautelar solicitada.-

Ello es así, porque:
(i) El derecho invocado por la peticionaria aparece verosímil, según la interpretación armónica de la legislación citada: nuestro sistema jurídico exige que e derecho del peticionario de la cautelar sea verosímil, y no que se acredite la certeza en la existencia de ese derecho, que eventualmente se obtendrá al dictarse el pronunciamiento definitivo (CSJN, 20/12/84, Albornoz, publicado en ED 113, p. 477; Civ G,. 31/10/84, Ravera, publicado en Ed 115, p. 471, Cncom D, 28/5/97, La buenos aires Cía. Argentina de Seguros SA).-
(ii) De otro lado, el peligro en la demora fluye -insístese- de lo expuesto en los apartados anteriores: aparece evidente que si no se aplica el tratamiento de referencia a la demandante, podrían generarse perjuicios inminentes para ella de imposible reparación ulterior.-
(iii) Es menester señalar a ese respecto, que las medidas cautelares se disponen para evitar que el resultado de un proceso aparezca frustrado por las contingencias que se pueden presentar en su curso; siendo preferible el exceso en su concesión que la parquedad en negarlas (Civ A, 1/3/77, Chafer, publicado en ED 72, p.- 222; Civ D, 26/2/85, Camurri, publicado en LL 1985 C, p. 398).-
14) Por ello (a) se revoca la decisión de fs. 34/5, b) se dispone, previa caución juratoria de la recurrente, a título de medida cautelar innovativa, que la demandada otorgue, dentro del plazo de dos días, la cobertura integral requerida mensualmente por la afiliada demandante (ver fs. 29, punto 13, apartado d), por el importe que resulte de aplicar el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad instituido en la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social 428/99, punto 2.1.3, inciso e), Jornada Doble de la Categoría A, con arancel previsto en el punto 2.3.2 inciso d) del mismo ordenamiento legal;; hasta tanto se emita decisión definitiva en la presente acción de amparo, o -en su caso- se provean elementos que conduzcan a una solución distinta de la arribada (arg. Cpr. 202), y c) en cumplimiento del mandato impuesto en el CPr. 34, inciso 5°, apartado b), de conformidad con la pretensión deducida, se imprime al presente el trámite del juicio sumarísimo, confiriéndose traslado de la misma, por el término de cinco días (Cpr. 321, inciso 2° y 498 inciso 3°).-
Al solo fin de comunicar la decisión cautelar, notifíquese este pronunciamiento íntegramente a la demandada, con habilitación de días y horas inhábiles y en el día, mediante la cédula que aquí se ordena, haciéndosele saber que los plazos del procedimiento sumarísimo principal serán computados a partir de que sea cumplido, en el tribunal de origen, la comunicación de lo decidido sub c).-
Cumplido devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr. 36:1°) y las notificaciones pertinentes.-

Firman los suscriptos por hallarse vacante la vocalía 10.//-
Fdo.: CARLOS MARIA ROTMAN - FELIPE M. CUARTERO






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