Derecho a la salud del enfermo de sida






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Sentencia T-849/01



DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO DE SIDA-Realización examen de carga viral/DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO DE SIDA-Examen de carga viral fundamental para tratamiento del sida
En el caso del tratamiento a pacientes portadores de VIH, según los conceptos técnico-médicos, el examen de carga viral es el más idóneo para tomar la decisión de iniciar o no la formulación de antirretrovirales, corroborar si el tratamiento que le está siendo suministrado al paciente es efectivo o no y optar por continuar con el tratamiento anti VIH que está siendo suministrado o cambiarlo. Estas decisiones son vitales en la protección del derecho a la salud en conexidad con la vida, tanto así que en concepto de la Academia Nacional de Medicina por ser este el más avanzado en la determinación de tratamientos para pacientes con VIH, “el no hacerlo puede ser considerado como una omisión grave en el manejo de los pacientes considerados como portadores del VIH” . La realización del mencionado examen sí está ligada con la determinación del tratamiento. En consecuencia, no es válida la excusa de la no inclusión del examen de carga viral en el POS ya que se debe inaplicar esta norma de inferior jerarquía para darle aplicación a los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la vida en condiciones dignas al buscar la curación del portador de VIH.


Referencia: expediente T-457600 y T- 457642
Peticionarios: Libia Esther Zuluaga Restrepo y Juan Carlos López
Accionado: Salud Colmena
Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil uno (2001)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

La Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones que al negarse la realización de un examen de diagnóstico que ayudaría a detectar la enfermedad del paciente con mayor precisión para así determinar el tratamiento necesario, se está poniendo en peligro el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Esta Corporación dijo al respecto
"Para la Corte, el derecho a la seguridad social, ligado a la salud y a la vida de los afiliados al sistema y de sus beneficiarios, no solamente incluye el de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que incorpora necesariamente el derecho al diagnóstico, es decir, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen.
A nadie escapa que la verdadera protección de la salud y de la integridad personal de cualquier individuo es un imposible si el profesional, general o especializado, que tiene a su cargo su atención ignora, en el momento de resolver acerca del rumbo científico que habrá de trazar con tal objetivo, las características presentes, técnicamente establecidas, del estado general o parcial del paciente, sobre el cual habrá de recaer el dictamen y las órdenes médicas que imparta.
La entidad de seguridad social es responsable por negligencia, si no practica en forma oportuna y satisfactoria los exámenes que sus propios médicos hayan ordenado. Sobre la base de su incumplimiento -que significa en realidad violación o amenaza de derechos fundamentales, según el caso-, no puede culpar a aquellos por las deficiencias que acuse la prestación del servicio, ni le es posible eludir las consecuencias jurídicas, en especial las de tutela y las patrimoniales, que se deriven de los daños sufridos por la salud de afiliados y beneficiarios, y por los peligros que su vida afronte, por causa o con motivo de falencias en la detección de los padecimientos o quebrantos que son justamente objeto de su tarea."1
En la realización de los exámenes no se puede oponer como excusa válida el no estado de gravedad del paciente. Lo anterior en virtud de que uno de los fines de la medicina es la prevención de agravamiento de las enfermedades2. No es razonable esperar que la persona presente graves síntomas para realizar exámenes que determinen con precisión la enfermedad que padece el paciente o el tratamiento óptimo a seguir una vez detectada la enfermedad.
En la sentencia T-1204/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero se ordenó la realización del examen de carga viral a la accionante que padecía de hepatitis C ya que en concepto del médico tratante, a pesar de que “desde el punto de vista clínico la Carga Viral no e[ra] una urgencia vital el único examen capaz de determinar la necesidad de nuevas modalidades terapéuticas o la expectativa de vida dado que la enfermedad de base era de mal pronóstico sin tratamiento era este”.
Este argumento es claramente aplicable al caso de los portadores de VIH quienes en muchas ocasiones son asintomáticos. En estas personas se sigue desarrollando silenciosamente el virus de no ser prescrito el tratamiento a seguir en su debida oportunidad. En consecuencia, mientras se omita la realización de exámenes determinados por el médico tratante para fijar el procedimiento a seguir, se estará vulnerando el derecho a la salud en conexidad con la vida.

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo Montealegre Lynet, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá el 20 de abril de 2001, en el proceso T-457600, y el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá el 2 de marzo de 2001 y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá el 18 de abril de 2001, en el proceso T-457642.
I.HECHOS
T-457600


  1. Manifiesta Libia Esther Zuluaga Restrepo que conoce ser portadora de VIH desde 1999, año en el cual empezó a recibir seguimiento médico por tal causa.

  2. Aduce que el 28 de septiembre de 2000 fue atendida por medicina interna del Hospital Jesucristo Obrero en donde el médico tratante la remitió al infectólogo para su valoración.

  3. Aduce la peticionaria que el 21 de marzo, asistió a consulta con el infectólogo, doctor Otto Sussman, quien le ordenó la realización de la prueba de Carga Viral.

  4. Al acudir al laboratorio el cubrimiento de tal examen le fue negado por parte de la EPS por no estar incluido dentro del POS.

  5. Manifiesta la accionante ser empleada del servicio domestico y, en consecuencia, no estar en capacidad de cubrir los costos de tal examen sin el cual no ha sido posible la determinación del tratamiento a seguir.

  6. En contestación a la tutela, la EPS argumenta que tal examen no se le ha autorizado en virtud de que no está incluido en el POS y, como lo dijo la Corte Constitucional en las sentencias T-398/99 y T-1055/00, el examen de carga viral es sólo un control de la cantidad de VIH que llega el paciente en la sangre del cual no depende el señalamiento del tratamiento del paciente ni su existencia.


T-457642


  1. El personero de Bogotá, actuando en nombre y representación de Juan Carlos López interpuso la presente tutela.

  2. El señor López está afiliado a la EPS Colmena desde octubre de 2000 y es portador de VIH.

  3. Aduce haber acudido al médico internista de la EPS quien consideró necesario remitirlo al Departemento de Infectología del Hospital San Ignacio.

  4. En tal entidad fue atendido por el doctor Otto Sussman quien ordenó la realización de los exámenes de Carga Viral y CD8 y CD4.

  5. La EPS negó la realización de la prueba de carga viral por no estar incluido en el POS.

  6. El accionante manifiesta ser trabajador independiente y aduce que con su ingreso mensual de aproximadamente $400.000 no alcanza a cubrir el costo del examen ordenado.

  7. Añade el actor que, según concepto del infectólogo, la realización de tales exámenes es imprescindible porque permite establecer el avance de la enfermedad y el tratamiento a seguir.

  8. En contestación a la tutela la EPS argumenta que tal examen no se le ha autorizado en virtud de que no está incluido en el POS y, como lo dijo la Corte Constitucional en las sentencias T-398/99 y T-1055/00, el examen de carga viral es sólo un control de la cantidad de VIH que llega el paciente en la sangre del cual no depende el señalamiento del tratamiento del paciente ni su existencia.




  1. DECISIONES JUDICIALES


T-457600
En sentencia del 20 de abril de 2000, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela por considerar, apoyado en los argumentos de la sentencia T-398 de 1999 de la Corte Constitucional, que de tal examen no depende la vida de la actora ya que la prueba ordenada es sólo un control de la cantidad de VIH que la paciente lleva en la sangre que sirve para medir la efectividad del tratamiento escogido para combatir la enfermedad. Además, aduce que "aún no le ha sido diagnosticado el virus de inmunodeficiencia adquirida SIDA a la petente".
T-457642
Primera Instancia
En sentencia de marzo 22 de 2001, el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá concedió la tutela por considerar que estaba probado que el accionante necesitaba para la determinación de su tratamiento la prueba de carga viral y que, tratándose de enfermedad que requiere tratamiento inmediato como el SIDA, so pena de agravar las secuelas en el paciente, era imperiosa la realización de tal examen para proteger el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida.
Segunda Instancia
En sentencia del 18 de abril de 2000, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá revocó el fallo del a quo por considerar que la no realización de tal examen no implicaba un riesgo inminente para la salud del accionante y que, según lo dicho por la Corte Constitucional en sus sentencias T-1055/00 y T-398/00, el del examen de carga viral no depende el señalamiento del tratamiento ni la vida del paciente.


  1. PRUEBAS


Son dignas de resaltar las siguientes:
T-457600


  1. Carné de afiliación a la EPS Salud Colmena

  2. Historia clínica de 1999 donde consta que desde ese año la actora venía teniendo seguimiento médico por ser portadora de VIH.

  3. Concepto de septiembre 28 de 2000 en el cual médico tratante de la EPS conceptúa que la accionante es portadora de VIH asintomática.

  4. Orden de 6 de octubre de 2000 en la cual médico tratante de la EPS ORDENA al demandado, que en el término de la realización de prueba Western Blot

  5. Orden de febrero 21 de 2001 en la cual infectólogo -médico tratante de la EPS- expide orden de realización de prueba de Carga Viral y recuento CD4 y CD8

  6. Examen de Westerm Blot confirmatorio de VIH de marzo 14 de 2001


T- 457642


  1. Carné de afiliación a la EPS Salud Colmena

  2. Historia médica en la cual consta que el accionante acudió a urgencias en octubre de 2000 por presentar fiebre y alta sudoración de origen desconocido, motivo por el cual se le ordenó la realización de la prueba de western blot

  3. Examen de Western Blot de 4 de diciembre de 2000 en el cual se determina que el actor es portador de VIH

  4. Orden médica de 27 de diciembre de 2000 en la cual el médico infectólogo prescribió examen de carga viral, CD4 y CD8



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