Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica






descargar 81.31 Kb.
títuloCarlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica
página1/3
fecha de publicación12.07.2015
tamaño81.31 Kb.
tipoDocumentos
m.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3


DE UN DERECHO TUTELAR A UN DERECHO PENAL MÍNIMO/GARANTISTA:

NUEVA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

 

Carlos Tiffer Sotomayor
Profesor de la Universidad de Costa Rica

SUMARIO

  1. Breves antecedentes históricos

1.1. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Concepción Tutelar del Derecho de Menores

1.2. Después de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Concepción Punitivo-Garantísta del Derecho Penal de Menores.

  1. Principios generales contenidos en la Ley de Justicia Penal juvenil

  2. Derechos fundamentales de los Menores de edad en la Ley de Justicia Penal Juvenil

  3. La jurisdicción penal juvenil

  4. Las partes en el proceso penal juvenil

  5. El proceso penal juvenil

  6. La conciliación en el proceso penal juvenil

  7. Cuadro o catálogo de sanciones

  8. La ejecución de las sanciones penales juveniles

  9. Consideraciones finales

  1. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se circunscribe a más o menos 100 años de existencia. A pesar de ello, resulta importante analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta manera, tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina jurídica. Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño como punto de referencia, debido a que ha sido este instrumento del Derecho Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el Derecho de Menores a nivel internacional.

En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la evolución histórica de esta rama del Derecho: Antes y Después de la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera fase abarca desde el inicio de esta disciplina jurídica hasta la promulgación de la CDN(1) en el año de 1989, manteniendo su influencia, incluso, durante la presente década. La segunda fase se inicia con la promulgación de la Convención y como ha ido impulsando a la gran mayoría de las nuevas legislaciones internas en esta década de los 90, en las que se han generado importantes procesos de cambio, no solo en lo político-económico, sino también en lo jurídico.

1.1. Antes de la Convención de los Derechos del Niño. La concepción Tutelar del Derecho de Menores

No fue sino hasta el año de 1899 cuando, con la creación del primer Tribunal Juvenil en Chicago, Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de la justicia penal.(2) Con este objetivo, se inició la labor de creación de una jurisdicción especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho Penal de adultos y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los menores de edad estaban "fuera" del derecho penal, según opinión generalizada de doctrina tutelar.(3)

Este modelo tutelar se constituyó en la base de muchas de las legislaciones de menores de Latinoamérica, empezando con la Ley Agote de 1919 en Argentina(4), y continuando con las legislaciones del resto de países latinoamericanos, incluyendo a Costa Rica que, en 1963, emite la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores con el fin de adaptarse a la corriente vigente en aquella época.(5)

La gran mayoría de esas legislaciones se mantienen aún vigentes, a pesar de que contienen una estructura y una concepción totalmente incompatibles con los principios que se establecen en la CDN suscrita por la totalidad de países latinoamericanos.(6)

La concepción tutelar del derecho de menores se fundamenta en la llamada "Doctrina de la Situación Irregular", según la cual, el menor de edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, objeto y no sujeto de derecho(7). La figura del juez es una figura "paternalista", que debe buscar una solución para ese menor -objeto de protección- que se encuentra en situación irregular. Tal objetivo es logrado por medio de la aplicación de las medidas tutelares, que tienen como fines la recuperación social del menor. Con ello, lo que se está afirmando es que ese menor es un ser incompleto, inadaptado y que requiere de ayuda para su reincorporación en la sociedad.(8)

1.2. Después de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Concepción Punitivo-Garantísta del Derecho Penal de Menores.

Con el transcurrir del tiempo, se fueron haciendo cada vez más evidentes las violaciones a los derechos fundamentales para los menores producto de la concepción tutelar, por lo que, como respuesta, surgió una nueva concepción del derecho de menores. Esta nueva concepción denominada "Doctrina de la Protección Integral" encontró su fundamento en un reconocimiento de los menores de edad como seres humanos y sujetos de derecho, por tanto, en un reconocimiento de los derechos del niño como una categoría de los derechos humanos.(9)

A nivel positivo, esta concepción ha quedado plasmada en diversos instrumentos internacionales, siendo el más importante de ellos la CDN, que define por primera vez el tema, con fuerza vinculante para los Estados, desde el punto de vista de los niños como sujetos de derechos.

En lo referente a los menores de edad que han infringido la ley penal los artículos 37 y 40 disponen la posibilidad de que sean sujetos de la ley penal, pero garantizando sus derechos fundamentales como personas y por su especial condición de ser menores de edad.

Esta nueva concepción considera que el joven o adolescente está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En cuanto al Derecho Penal Juvenil, consecuencia de esta concepción se ha adoptado una concepción denominada como punitivo-garantista, debido a que se le atribuye al menor de edad una mayor responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de garantías sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de la concepción tutelar.

Los rasgos más características de este nuevo modelo son el mayor acercamiento a la justicia penal de adultos en lo que se refiere a derechos y garantías individuales, se da un refuerzo de la posición legal de los jóvenes y adolescentes y una mayor responsabilidad de los jóvenes y adolescentes por sus actos delictivos. Se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal y se establece una amplia gama de sanciones como respuesta jurídica al delito, basadas en principios educativos y la reducción al mínimo de sanciones privativas de libertad. Por otra parte se le da mayor atención a la víctima, bajo la concepción de la necesidad de reparación del daño a la misma. Lo mismo que se busca la desjudicialización al máximo posible por medio de controles formales, como el principio de oportunidad, la conciliación entre el autor y la víctima, la suspensión del proceso a prueba y la condena de ejecución condicional sin limitaciones.

2. PRINCIPIOS GENERALES CONTENIDOS EN LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

La LJPJ(10) esta compuesta por normas de carácter material, formal y de ejecución. Para definir la orientación de esas normas la Ley desarrolla una serie de principios generales que vamos a resumir por razones de espacio.

La Ley se apoya en un nuevo modelo, diferente a la tradicional concepción tutelar, denominado modelo punitivo garantista o de responsabilidad. Este nuevo modelo de justicia juvenil le atribuye a los jóvenes delincuentes una responsabilidad en relación a sus actos, pero a la vez, les reconoce las garantías de juzgamiento de los adultos, así como otras consideradas especiales por su condición de menores de edad.

Los sujetos a quienes se dirige la Ley son los menores de edad, con edades entre los 12 años y hasta menos de 18 años. Para la intervención judicial, se diferencia este grupo en menores de edad mayores de doce años, pero menores de quince años; y los menores de edad mayores de quince años, pero menores de dieciocho años. Este ámbito de aplicación según los sujetos, se ajustó a las disposiciones de Naciones Unidas, contenidas especialmente en la CDN, las Reglas de Beijing, y a la tendencia latinoamericana(11).

El principio de justicia especializada constituye uno de los aspectos fundamentales que contempla la Ley. Se ha propuesto una justicia especializada, es decir, una jurisdicción penal juvenil, compuesta por Juzgados Penales Juveniles y un Tribunal Superior Penal Juvenil(12). Se crean con la Ley un cuerpo especializado de fiscales y abogados defensores especializados en la materia penal juvenil, lo mismo que una policía especial para menores de edad para la etapa de investigación. Así mismo, en la etapa de ejecución, se crea el Juzgado de Ejecución de las Sanciones.(13)

El fin de la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógico, y el objetivo fundamental del amplio marco sancionatorio es el de fijar y fomentar las acciones que le permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad. Sin embargo, se toma en cuenta que la sanción comporta además un carácter negativo, en el tanto limita derechos del individuo, y en este sentido responde también a los criterios de la prevención general.

Por último, la Ley se orienta bajo la concepción de la intervención mínima, es decir solo se interviene cuando resulte necesaria la intervención judicial(14). Esto se refleja en la previsión de formas anticipadas para la terminación del proceso como la conciliación y la suspensión del proceso prueba, en soluciones procesales como el principio de oportunidad reglado y la condena de ejecución condicional sin limitaciones.

También se manifiesta en la amplia variedad de sanciones que se contemplan en la Ley. Esto permite que la sanción privativa de libertad en un centro especializado se fije solo con carácter excepcional y como último recurso para casos graves. Prevalecen las sanciones socioeducativas, como por ejemplo la amonestación y la advertencia; la libertad asistida; la prestación de servicios a la comunidad o la reparación de los daños a la víctima. También prevalecen, antes que la aplicación de las sanciones privativas de libertad, las ordenes de orientación y supervisión, como por ejemplo la obligación de instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él, o el abandonar el trato con determinadas personas.(15)

3. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD EN LA LJPJ

La LJPJ desarrolla ampliamente los derechos y garantías fundamentales que le asisten a los adolescentes durante todas las fases de aplicación de la Ley.(16) En este sentido se reconocen aquellos derechos y principios contenidos en la CDN, en la normativa internacional referente a menores de edad, la Constitución Política y en las demás leyes que se relacionan con la materia de esta Ley.

En el campo del derecho material, la Ley contiene el principio de legalidad, que comprende no sólo el principio de tipicidad penal, sino también el de legalidad de las sanciones. Así mismo el derecho de igualdad y no discriminación, contenido en la Constitución Política.

También, y en relación con las sanciones, contiene el principio de racionalidad y proporcionalidad de las sanciones y el principio de determinación de las mismas. Así mismo, contiene el derecho a la seguridad jurídica de conocer exactamente cual es el tipo y la extensión de la sanción que se aplica. Se prohibe en forma expresa cualquier sanción indeterminada.

En el campo del derecho procesal, la Ley abarca las normas comunes que le asisten a los adultos en el proceso penal, como lo son la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho de abstenerse de declarar, el principio del "non bis in idem", el principio de aplicación de la Ley y la norma más favorable, el derecho de defensa, el principio de prohibición de reforma en perjuicio y el principio del contradictorio. En relación con estos principios y derechos hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos no eran considerados como tales por la legislación tutelar anterior.

También, en el campo del derecho procesal, la Ley contiene otras normas que, por la especialidad de la materia, se le reconocen a los menores de edad. Así se contemplan el principio de la justicia especializada, que comprende no solo tribunales exclusivos para la materia relativa al juzgamiento de los menores de edad, sino también la especialización de los demás sujetos que intervienen en el proceso, como por ejemplo los fiscales y los defensores.

Por otra parte, esta el principio de confidenciabilidad y el derecho de privacidad, que son normas que se imponen al principio de publicidad procesal del derecho penal de adultos, y que protegen la vida privada del menor de edad e incluso la de su familia, en relación con el proceso, por las consecuencias estigmatizantes y negativas que pueden provocar.

Por último también se contempla un proceso más expedito o sumario, plazos más cortos y mayores garantías que a los adultos. Un proceso sin formalidades y con la mayor oralidad posible.

La Ley, en relación a la fase de ejecución(17), incluye también el principio de justicia especializada, según el cual se crea el órgano judicial encargado de la ejecución de las sanciones penales juveniles, y de velar por el respeto de los derechos de los menores de edad.

Por otra parte, contiene el derecho al internamiento en centros especializados, el cual consiste en la creación de áreas físicas y la disposición de personal técnico idóneo para el trabajo con menores de edad, así como la separación e individualización de un plan de ejecución, derechos y garantías durante la fase de cumplimiento de la sanción.

4. LA JURISDICCIÓN PENAL JUVENIL

La LJPJ, según el principio de justicia especializada, crea diferentes órganos jurisdiccionales que son los encargados, durante el proceso y la fase de ejecución, de aplicar la Ley.(18)

De esta forma se crean los Juzgados Penales Juveniles (al menos uno en cada provincia) que son los encargados de conocer, directamente, las causas penales en las que menores de edad se encuentren involucrados(19). Así mismo entre sus funciones más importantes están la de decidir sobre la procedencia de la acusación; la aplicación de las medidas provisionales; la aprobación de la conciliación, decidir sobre las formas anticipadas de conclusión del proceso, y resolver, en definitiva, las acusaciones del Ministerio Público.

Por otra parte, se crea el Tribunal Superior Penal Juvenil, con competencia en todo el país. Al este Tribunal se le asigna una función exclusiva para resolver los conflictos de competencia que surjan por la aplicación de esta Ley y los recursos legales que las partes utilicen.(20)

En cuanto a la competencia para conocer de los recursos extraordinarios, como la casación y la revisión, la Ley designa al Tribunal Superior de Casación Penal, con jurisdicción en todo el país, para que conozca sobre ambos tipos de recursos.(21)

Por último, en razón del principio de justicia especializada, la ejecución de las sanciones penales juveniles esta a cargo de órganos especializados en materia juvenil. Se sigue en la Ley el sistema de control jurisdiccional de la legalidad de las sanciones. Se trata, por tanto, de un órgano ajeno e independiente al órgano que ejecuta la sanción, pero que tampoco es el mismo que dictó la sentencia. Tiene como característica fundamental el hecho de ser un órgano con carácter jurisdiccional(22).

5. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL JUVENIL

El proceso esta concebido como un proceso de partes.(23) Con una participación importante dentro de la relación procesal se encuentran, en un primer término, los destinatarios de la Ley, los menores de edad. Según la Ley son todas la personas con edades comprendidas entre los 12 años y que no hayan cumplido los 18 años de edad, y a los cuales se les atribuye la comisión o participación en un hecho delictivo(24). Es muy importante la presencia del menor de edad durante el proceso, ya que se prohibe su juzgamiento en ausencia.

Otro de los sujetos principales dentro de la relación procesal es el defensor del menor de edad. El defensor debe ser abogado, y es quien garantiza los derechos del menor de edad y el debido proceso, desde la fase de investigación, el proceso y hasta que se ejecute la sanción. Su participación esta prevista para todo tipo de delitos, independientemente de su gravedad. Se trata de una participación necesaria. Por su importancia, se le garantiza al menor de edad la posibilidad de la defensa pública especializada, sin que esto implique la denegatoria del derecho a elegir defensor particular. Se contempla también el principio de libertad de elección del defensor.

En consecuencia, del principio de justicia especializada y del principio del contradictorio, se establece en la Ley la participación esencial del Ministerio Público especializado. Este órgano realiza los actos que tradicionalmente le han sido asignados en el proceso penal de adultos, es decir, su deber es dirigir la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas de cargo, con el auxilio de la Policía Judicial Juvenil. Es decir, realizar y mantener la acusación cuando lo considere necesario. Así también, es este órgano el que tiene la facultad de hacer uso del principio de oportunidad reglado.

El ofendido es considerado sujeto de derecho, y por ello se le concede una participación más amplia que en el proceso penal de adultos. Es la persona directamente afectada, o bien el representante de quien sufrió el daño. Su participación esta garantizada en casi todas las etapas del proceso ya sea como testigo, como parte necesaria en la conciliación, en el desistimiento, puede estar presente en la etapa de juicio, y puede utilizar los recursos necesarios para salvaguardar sus intereses. Puede participar con o sin representación legal.(25)

Por otra parte, en el proceso penal juvenil, pueden intervenir otros sujetos, como por ejemplo los padres o representantes del acusado y del Patronato Nacional de la Infancia.

Los padres o representantes del menor de edad pueden coadyuvar en la defensa, o ser testigos calificados que complementen las opiniones de los psicólogos o trabajadores sociales. La participación de estos sujetos es solamente posible, es decir, solo cuando se considere conveniente para el menor de edad y ellos mismos así lo deseen.

La participación del Patronato Nacional de la Infancia tiene un carácter subsidiario en el proceso penal juvenil. Su función es la de brindar una posible ayuda asistencial en los casos en que un menor de edad lo requieran, especialmente cuando se trate de menores de edad víctimas de un delito.
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconUniversidad de costa rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconUniversidad de costa rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconUniversidad de Costa Rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconUniversidad de Costa Rica María Fernanda Víquez Montero

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconPara disminuir la irritación producida después de rasurarse en hombres...

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconSudafrica costa rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconComunicación Corporativa Costa Rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica icon45° Presidente de la República de Costa Rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconInstituto Tecnológico de Costa Rica

Carlos Tiffer Sotomayor Profesor de la Universidad de Costa Rica iconPrograma de desgravacion lista de costa rica






© 2015
contactos
m.exam-10.com