Consagrados en la ley de justicia penal juvenil de costa rica






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LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES

CONSAGRADOS EN LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL DE COSTA RICA

Dr.Álvaro Burgos Mata

Catedrático de la Universidad de Costa Rica, Profesor de Derecho Penal Especial en Licenciatura y encargado de la Cátedra de Criminología de la Maestría en Ciencias Penales de la misma universidad, y del Curso de Derecho Penal Juvenil del Doctorado de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Coordinador del Tribunal Superior Penal Juvenil en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Ivstitia. Año 20 Nº 238-239 octubre-noviembre 2006

Introducción
Antes del año 1996, Costa Rica y el resto de los países latinoamericanos se ocupaban únicamente de los menores en situación irregular, bajo el denominado Derecho Tutelar, que consideraba al menor de edad como un objeto enfermo, a quien debía ayudarle el sistema penal a fin de lograr su desarrollo y por ello se transformó en una legislación paternalista, tolerante, inexistente y absolutamente ineficaz desde su misma concepción.
La Ley Tutelar de Menores de Costa Rica, concibió un proceso penal donde en vez de favorecer al adolescente lo ponía en una condición totalmente desfavorable en relación con los adultos. Se diseño un pseudo-proceso, en el cual se conculcaban sus derechos y garantías procesales de intervención, de recursos y se limitaba su personalidad, al carecer en forma absoluta del derecho de petición y de ser tomado en cuenta su opinión. Era un objeto sin participación alguna, lo que lleva a replantear el tema a nivel nacional
Por lo tanto, en mayo de mil novecientos noventa y seis se abandona la doctrina de la situación irregular y se pasa a la doctrina de la protección integral del menor con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que adapta su normativa a una serie de instrumentos jurídicos algunos ya existentes como la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices del Riad, etc.
La nueva Ley constituye un cambio radical en el tratamiento del menor infractor y víctima, puesto que evoluciona el sistema de justicia tutelar al de responsabilidad por los actos, y plantea una situación muy especial, el hecho de que no existía jurisprudencia alguna en ese campo, y cuya responsabilidad ha asumido los Juzgados y el Tribunal Penal Juvenil.
El cambio generó una concepción diferente del menor en la sociedad, pues se basa en un sistema punitivo-garantista. Se redefine la edad para la aplicación de la ley penal de los 12 a los 18 años, se establece un proceso penal, en el cual se le conceden al menor iguales derechos que en un proceso de adultos, pero basado no en la tutela de la concepción pasada, sino en la responsabilidad que debe enfrentar el menor por sus acciones. Se diseña un proceso en el cual se le deben proveer los medios y condiciones necesarias, a fin de que tengan un fin pedagógico, educativo y formativo del infractor. Como principios rectores de la nueva ley se establecen la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad.
Entre los elementos fundamentales del proceso penal juvenil está la adopción del concepto de debido proceso, que conlleva por sí mismo todas las garantías y derechos fundamentales como sujeto de derechos y obligaciones, entre las que se encuentran la justicia especializada, el derecho de defensa, el principio de legalidad, el derecho a ser escuchado, a interponer recurso, etc.
Pues bien, estos derechos y garantías fundamentales que consagra la Ley de Justicia Penal Juvenil en favor de los menores infractores, es el objetivo del presente trabajo de investigación, por ende, de seguido pasaremos a analizar y comentar cada unos de ellos, mismo que se encuentran regulados en el Título Primero, Capítulo Segundo del la ley supra indicada.

1- Aspectos Generales.
El primero de mayo de 1996 entró en vigencia, en nuestro país, la Ley de Justicia Penal Juvenil, la cual originó importantes cambios en el juzgamiento y la protección de los menores de edad sometidos a un proceso judicial por la supuesta comisión de un delito. Es así, como se pasa “formalmente” de la llamada doctrina de la situación irregular, que daba fundamento al sistema tutelar y, por tanto, a nuestra antigua Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, a la llamada doctrina de la protección integral, que crea un nuevo modelo de responsabilidad.
Decimos “formalmente”, pues ya la Sala Constitucional mediante voto 481-94 se había pronunciado sobre la naturaleza jurídica del proceso tutelar indicando que era un proceso penal y que debía darse, al menos, todas las garantías y derechos del imputado y por lo tanto, no podía juzgarse a los menores en ausencia, lo cual violentaría el derecho de defensa; asimismo indicó que debía respetarse la especialidad de la materia así como los principios que la informan. Indicó que debía darse la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia tutelar de menores en todo lo que no contrariara la ley tutelar. Con estos avances la Sala dotó de autonomía y especialidad a la jurisdicción tutelar, principios que no estaban inmersos dentro del planteamiento teórico de este modelo. También, la Sala reconoció la jerarquía de la Convención sobre los Derechos del Niño y su carácter vinculante para el Estado, produciéndose de esa forma una desaplicación del modelo tutelar puro, obligando a los jueces de la materia a realizar valoraciones e interpretaciones jurídicas en vez de sociales, lo cual produjo un acercamiento en cuanto garantías y derechos de la jurisdicción tutelar con la penal. En esta materia la Sala estableció los principios de lesión mínima, de lesividad, de celeridad y analizó los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad aplicados según la especialidad de la materia tutelar. Uno de los criterios de mayor importancia establecidos por la Sala fue el reconocimiento de que a las personas menores de edad debía tratárseles como sujetos y consecuentemente debía exigírseles responsabilidades.
Recordemos que la doctrina de la situación irregular se caracterizaba por lo siguiente:

- El menor de edad era considerado como objeto y no como sujeto activo de la intervención jurídica.

- El menor de edad era considerado como un ser incompleto, inadaptado que requiere ayuda o tutela para su reincorporación en la sociedad.

- El menor de edad era considerado inimputable y no puede atribuírsele responsabilidad penal.

- Consideraba que el menor de edad estaba en "situación irregular" por encontrarse en estado de abandono, por desatención de sus necesidades, por ser autor de un delito, por carecer de representación legal, por ser adicto a las drogas, etc.

- Al menor de edad no se le reconocen las garantías del derecho penal de adultos.

- El juez desempeña una función paternalista, desarrollando dos roles a la vez, como órgano acusador y como órgano de decisión.

- Teóricamente el fin de las medidas aplicadas al menor van encaminadas a la adaptación de éste en la sociedad y no tienen una connotación negativa o de castigo.
Sobre la teoría de la situación irregular ARMIJO SANCHO1 indica: “Esta corriente de pensamiento propugna la “protección” del menor abandonado –y por ende en riesgo social- lo que equivale a etiquetarlo como posible delincuente....Quienes sustentan esta teoría diseñan una estructura de poder especializada e influenciada por los saberes científicos, en la cual en un primer momento, la influencia del psiquiatra y del psicólogo fue determinante para el Juez Tutelar de Menores….Lo grave de la situación, es que ni siquiera era necesario un juicio de culpabilidad o reprochabilidad sobre una conducta, aparentemente antijurídica, para que se procediera a su “internación”(eufemismo que pretende ocultar la realidad de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad indeterminadas).”

Por su parte, la doctrina de la protección integral se caracteriza por lo siguiente:

- Al menor de edad se le reconocen los derechos y garantías del derecho penal de adultos.

- Se considera al menor de edad responsable por los actos ilícitos que realice.

- Se tiene una jurisdicción especializada y autónoma para el juzgamiento de los delitos cometidos por los menores de edad.

- Se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal.

- Se establece una amplia gama de sanciones (socio-educativas, órdenes de orientación y supervisión, privativas de libertad. Art. 121 LJPJ).

- Las sanciones se basan en principios educativos.

- Se reduce al mínimo las penas privativas de libertad.

- Se da mayor atención a la víctima bajo la concepción de la reparación del daño.

- La sanción tiene una connotación negativa, el menor de edad tiene que cargar con las consecuencias de sus actos.
En relación con la teoría de la protección integral GONZALEZ ALVAREZ2 indica: “Esta nueva concepción considera que el joven adolescente está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En cuanto al Derecho Penal Juvenil, consecuencia de estas nuevas ideas, se ha adoptado una postura denominada “punitivo-garantista”, debido a que se le atribuye al menor de edad una mayor responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de garantías sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de la concepción tutelar”.
La doctrina de la protección integral recoge un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional que evidencian un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia. Esos instrumentos jurídicos son:

- La Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959,

- La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores de 1985 (Reglas de Beijing),

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990,

- Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) 1990.
Es así, como la Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense, enmarcada dentro de la doctrina de la protección integral, incluye en su normativa los principios generales del derecho positivo que en forma explícita incorporan los instrumentos jurídicos supra citados.

2- Principios Rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ).
Señala el artículo 7 de la LJPJ que son principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad.
Con respecto a los principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil, TIFFER SOTOMAYOR3 manifiesta: “Se trata de principios de integración, es decir de principios que abarcan todos los ámbitos del desarrollo de los jóvenes: el ámbito social, familiar, psicológico, etc. Estos principios deben prevalecer y servir de orientación a los operadores jurídicos a la hora de aplicar la ley”.
Es oportuno aclarar, que para un sector de la doctrina4, estos principios son de incursión reciente dentro del derecho penal juvenil, debido a que el sistema tutelar o asistencial que imperaba en Costa Rica antes del mes de mayo de 1996, no respetaba ningún derecho a la persona menor de edad, al punto de que ni siquiera los consideraba sujetos de derecho.
Dentro de los principios rectores, el de protección integral del menor de edad y el de interés superior del niño tienen una mayor relevancia.
El principio de protección integral del menor de edad viene a marcar el carácter de sujeto de derecho que tiene la persona menor de edad, a su vez, le asegura, las garantías penales y procesales, a las que tiene derecho toda persona que haya sido acusada de un delito, más las que le corresponden por su especial condición de desarrollo y formación de su personalidad. De esta manera, el principio de protección integral, busca el respeto de las garantías del derecho penal juvenil y procesal penal, más allá de las establecidas para las personas adultas5.
El principio del interés superior del niño6 fue establecido dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 de la siguiente manera:
Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
Principio 7: ….El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres…”
El artículo 5 del Código de la niñez y la adolescencia intenta dar una definición de interés superior del niño, indicando dicha norma lo siguiente:
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura de su pleno desarrollo personal.

La determinación del interés superior deberá considerar:

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

d) La correspondencia entre el interés individual y el social.”
Con respecto a dicho artículo, manifiesta LLOBET RODRIGUEZ7 que el primer párrafo define lo que debe entenderse por “interés superior del niño”, de modo que la enumeración que se hace con posterioridad debe considerarse en relación con lo indicado en dicha definición.
El principio de interés superior del niño, tuvo su origen en el derecho común cuando quiso regular los problemas entre el niño y los sujetos, ello referente al derecho de familia y los temas de la patria potestad, custodia, etc. La palabra “superior” elude a una comparación y el lugar preeminente respecto de otra cosa y en este sentido el reconocimiento que se hizo del menor como sujeto de derechos y no como simple objeto, se extendió al derecho de familia, donde el niño dejó de ser una mera extensión del poder de los padres y pasó a ser acreedor de derechos los cuales debían serle respetados de acuerdo a su edad y grado de madurez.
El concepto de interés superior del niño es difuso y de muy difícil precisión, sin embargo de la convergencia entre el artículo 7 de la LJPJ y el artículo 7 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece que en la justicia penal juvenil se debe tomar en cuenta lo que es más conveniente para la reinserción familiar y social del joven, lo cual coincide con los artículos 133 y 123 de la LJPJ, que señala el objetivo de la ejecución de las sanciones (finalidad educativa como prevención especial positiva de acuerdo al hecho, basado además en el principio de proporcionalidad), sin que signifique que tal fin educativo sea utilizado como justificante de violaciones de derechos fundamentales.
AMADOR BADILLA8 señala que la importancia del principio superior del niño, y su relación con el principio de protección integral del menor, radica hoy, en que ambos sitúan al niño como un sujeto de derechos. De tal forma, deberán respetársele las garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, en la legislación penal y procesal penal, de la misma forma que a los mayores de edad, pero con atención esa minoría de edad, que fundamenta el interés superior en su trato especial.
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