Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”






descargar 62.13 Kb.
títuloResumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”
fecha de publicación15.06.2015
tamaño62.13 Kb.
tipoResumen
m.exam-10.com > Ley > Resumen
FACULTAD DERECHO DE LA U.N.R.

RESUMEN CHARLA 1.11.12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26.773 “RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES”.
INTRODUCCIÓN.

Un análisis objetivo de la ley 26.773 debe partir, por un lado, del hecho de que no es una nueva ley “integral” de riesgos del trabajo: es una ley acotada, que se inserta en un régimen más amplio, y se articula con él, con incidencia fundamentalmente en el sistema reparatorio de los daños provocados por los infortunios laborales.

Una nueva ley “integral” era lo deseado. También para el Poder Ejecutivo: si leemos el mensaje de elevación al Congreso, advertimos que reconoce la “imperfección estructural del sistema”, como que desde 2004 “se abocó” a formular un proyecto para su modificación, con consideración de la jurisprudencia de la CSJN; opinión de expertos, apostando al diálogo y al consenso. Es evidente que hasta hoy no pudo concretarse ese consenso.

Por otra vertiente -el segundo punto a tener en cuenta- es que la ley sancionada tiene una finalidad específica: obtener una drástica disminución de la notable cantidad de juicios que por infortunios del trabajo abarrotan los Tribunales, con acusaciones de sectores de que en esa cantidad, se verificaría un porcentaje de causas que no son, en todo o en parte, reales. Volviendo al mensaje de elevación, se dice que en el momento actual el régimen vigente “ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema” y es “en ese contexto” que se tomó la decisión de elevar el proyecto. Parece decir: mientras se continúa analizando la futura ley integral, hoy “hay que apagar un incendio”, y ese “incendio” -para quienes proyectaron la ley- está en la andanada de juicios.

Si observamos las estadísticas de la Ciudad de Rosario, en el año 2011 ingresaron 13.883 causas por accidentes de trabajo, prácticamente la mitad de la totalidad de expedientes ingresados (27.911), debiendo agregarse unos 2.500 acuerdos espontáneos.
Entonces, las críticas -generales- que hacen a las posibles “omisiones”, encuentran su respuesta en lo expuesto, debiendo tenerse en cuenta que, jurídicamente, no puede sostenerse que lo no modificado por esta ley haya sido “ratificado” tácitamente. Simplemente, se tratará de una cuestión no considerada.

BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LEGAL VIGENTE.

La primera ley de AT data de 1915, la N° 9688, cuyas características principales fueron:

Responsabilidad objetiva del empleador por los Accidentes de Trabajo (AT), y las Enfermedades Profesionales (EP), estas últimas son las contraídas por el efecto exclusivo de la clase de trabajo realizada;

Resarcimiento a través de una indemnización tarifada;

Posibilidad del empleador, en forma optativa, de contratar un seguro que cubra dicho riesgo, en compañías de seguros comunes;

Posibilidad del trabajador de optar la indemnización la integral del código civil, en caso de dolo o negligencia del empleador. Dicha opción era excluyente, no acumulativa: una u otra.

Numerosas reformas la mejoran … Eclosión sobre fines de los 70/80.

Causales tentativas:

Numerosos accidentes con motivo de la falta de prevención por parte de los empleadores, que no cumplían con su deber de seguridad, ni con las leyes de higiene y seguridad en el trabajo;

Montos indemnizatorios tarifados muy bajos;

Reforma del CC que consagra la responsabilidad objetiva;

Desarrollo doctrinario y jurisprudencial de las denominadas enfermedades-accidentes, o con-causales. Se recepta por los tribunales que en caso de que el trabajo hubiere incidido de alguna forma en la aparición, desarrollo, etc. de una enfermedad incapacitante, el empleador es responsable por la totalidad del daño con “indiferencia de la con-causa”.

Consecuencias:

Los trabajadores optan por la vía civil para los reclamos, multiplicándose los juicios que se inician por miles, y pronto los empresarios -que incumplían con su deber de seguridad- comienzan a hablar de la “industria del juicio”, fundamentalmente en los reclamos de las denominadas enfermedades-accidentes.

La respuesta fue primero un paliativo: La ley 24.028 (1991): establece que la responsabilidad del empleador no se presume en los casos de las EA, y sólo debe responder respecto de las mismas por el porcentaje atribuible al factor laboral (“diferencia” de la concausa). Para los trabajadores que inicien la acción civil -que se mantiene excluyente- dispone que la justicia competente en la CF será la Civil, invitándose a las Provincias -por ser una cuestión procedimental- a adherirse. La nuestra lo hizo mediante la ley 11.025.

La LRT:

1995, ley 24.557, denominada L.R.T., que comenzó a regir el 1° de Julio de 1996.

Esta ley, en su redacción original (1995), contra-constitucional, desprotegió en forma notable a los trabajadores. Éstos debían someterse a los dictámenes médicos de las ART o de un organismo administrativo con funciones jurisdiccionales (las creadas Comisiones Médicas), que no les otorgaban garantía de imparcialidad. Por otro lado, las indemnizaciones bordeaban lo irrisorio, y por las incapacidades mayores, la ley disponía su pago en forma de renta. Vedó, como se expuso, el acceso del trabajador a la “acción civil” (salvo dolo), disponiendo que las resoluciones de las Comisiones Médicas (CM) sólo eran atacables por vía de “apelación” ante la justicia federal o la CM Central (CMC).

Pretendió instalar un sistema “cerrado”, eliminando el juicio, ya que podía llegarse a los tribunales sólo en vía de apelación de lo ya resuelto por las comisiones médicas.
Las serias falencias de la ley, hace que se inicien juicios tendientes a obtener la declaración de inconstitucionalidad, en sus aspectos más cuestionables.

Era obvio que por más que esos juicios se ganaban en los juzgados del trabajo, la composición de entonces de la CSJN, constituía un vallado insalvable.
Con el nuevo gobierno, se modifica la composición de la CSJN y se obtiene una satisfactoria RESPUESTA JURISPRUDENCIAL:

Año 2004, la CSJN dicta sentencia en los casos:

Aquino”: declara la inconstitucionalidad de la prohibición de acceder a la reparación integral (acción civil);

Castillo”, idem, de la competencia federal;

Milone”, idem, del pago como renta periódica, sin distinciones.
La ley quedó quebrada.

El gobierno, no habiendo consenso para el dictado de una nueva ley, sancionó en el año 2009, el decreto 1694 que mejoró sustancialmente las prestaciones dinerarias debidas al trabajador con motivo de los infortunios del trabajo.
SINTESIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL RÉGIMEN ACTUAL (LOS ESENCIALES, SÓLO PARA LA COMPRENSIÓN DEL SISTEMA) Y DE LA INCIDENCIA SOBRE EL MISMO DE LA LEY 26.773.
Hoy el sistema normativo de Riesgos del Trabajo, se integra por la ley 24.557 (LRT) y sus modificaciones; el Decreto 1694/09 y la ley 26.773. También por las normas reglamentarias.
OBJETIVOS de la LRT:

Reducir la siniestralidad, a través de la prevención de los RT; reparar los daños ocasionados derivados de los infortunios laborales, incluyendo la rehabilitación del trabajador incapacitado; promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados.

Debe aclararse en cuanto a la prevención de los riesgos (texto de la ley: art. 4°, redacción según Dto. 1278/00), que en el primer momento de vigencia de la LRT, no pasaba de una mera declaración (no se ejerció control para su cumplimiento). Hoy el Estado -si bien debe profundizarlo- ejerce el contralor, habiendo logrado disminuir la cantidad de accidentes laborales.
AMBITO DE APLICACIÓN.

La LRT incluye a todos los trabajadores dependientes, públicos o privados y a las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Pueden también ser incluidos los trabajadores domésticos; autónomos; los vinculados por relaciones no laborales (pasantes); los bomberos voluntarios. Respecto de los domésticos todavía no se dictó la reglamentación.
También a todos los empleadores.
La LRT impone a éstos la contratación obligatoria de un seguro con una entidad especializada (o autoasegurarse, cumpliendo los requisitos que marca le ley).

Surgieron así las ART, empresas especializadas y con fines de lucro, como gestoras del sistema, quienes toman a su cargo la provisión de todas las prestaciones del sistema, dinerarias y en especie, liberando de las mismas al empleador asegurado (salvo los diez primeros días de ILT). Obviamente, si no cumple con su obligación de afiliarse a una ART, el empleador es directamente responsable por las prestaciones de la LRT.
Las ART también tienen la obligación de ejercer un rol de contralor del cumplimiento de las normas laborales relativas a la H y S I, debiendo denunciar al empleador -ante la SRT- por los incumplimientos en que éste incurra. La falta de cumplimiento con dicha obligación la torna responsable civilmente si existe nexo de causalidad adecuada entre la omisión y el daño (fallo CSJN: “Torrillo” – 31.03.09)
CONTINGENCIAS CUBIERTAS:

La ley cubre los accidentes de trabajo (AT); los accidentes in itinere (AII) y las enfermedades profesionales (EP).

Las EP, para la ley, son aquellas incluidas en un listado elaborado por el PE. Las no incluidas no serán consideradas resarcibles.

Notas:

La CMC puede determinar en los casos concretos que una enfermedad profesional no listada tiene dicho carácter, cuando determine que fue provocada por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

Para las no previstas y no aceptadas por las CM: posibilidad del trabajador de accionar ante la justicia en apelación de lo dispuesto por las CM; o posibilidad de la acción civil: fallo: CSJN “Silva c.Unilever”. Aclaración: en esta última situación, el trabajador no ejerce una “opción”, porque el sistema no le reconoce como resarcible su dolencia, razón por la cual sólo le queda la vía civil.
PRESTACIONES.

En este punto tiene incidencia la nueva ley.

Para la comprensión de las “prestaciones”, deben efectuarse algunas puntualizaciones.

Ante una contingencia prevista por la ley, generalmente existe (salvo la muerte) un período de curación antes de conocerse si deja o no secuelas incapacitantes definitivas.

Las prestaciones se dividen en dinerarias y en especie.

En especie: asistencia médica y farmacéutica; prótesis y ortopedia; rehabilitación; recalificación; servicio funerario.

Dinerarias:

Introducción:

La ley divide las incapacidades en:

La incapacidad laboral temporaria (ILT). Es el tiempo de tratamiento del daño ocasionado por el accidente o EP, que puede evolucionar hacia una curación total (alta sin incapacidad) o consolidarse una incapacidad. Dura hasta el alta médica; la declaración de incapacidad laboral permanente (ILP) –es decir cuando hay consolidación de la disminución de la capacidad laborativa-, o el transcurso de un año (esta última: finalización legal).

La ley divide la ILP en parcial: menos del 66% TO; total (66 o más), y dentro de esta categoría reconoce la gran invalidez (GI), cuando el incapacitado total necesite para la asistencia contínua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. A su vez la ILP, para las incapacidades superiores al 50%, tiene un plazo de provisionalidad (ILPP) antes de declararse como definitiva (ILPD).
Las prestaciones dinerarias:

En este tópico, el Decreto 1694/09 introdujo una mejoría considerable, al elevar las “compensaciones dinerarias de pago único” (en un 140% aproximadamente), y eliminar los topes de las indemnizaciones tarifadas, que pasaron ahora a ser “pisos”. Así también estableció que las prestaciones por ILT y permanente provisoria se calcularán, liquidarán y ajustarán de acuerdo con el art. 208 LCT (lo que el trabajador hubiese cobrado de haber continuado trabajando), antes el trabajador accidentado cobraba durante la ILT menos que lo que hubiese percibido de no haber sucedido el infortunio.
Las diversas prestaciones son de “sustitución de salarios” (en la ILT), y luego, en las permanentes provisorias una prestación mensual, hasta que se declare como definitiva, donde se calcula y paga la “tarifa”. La suma resultante nunca puede ser inferior a $ 180.000 si es total, y si es parcial, esa suma por el % de incapacidad. (las parciales menores son definitivas al momento de la finalización de la ILT, percibiendo la “tarifa”)

Gran Invalidez: igual que la ILPD total, más una “prestación adicional de pago mensual” destinada a sufragar los gastos del “acompañante”.

Muerte: igual que la ILPD total.
Nota: la ley disponía para las incapacidades mayores al 50% el pago de la tarifa en forma de “renta periódica”, que fue declarado inconstitucional por la CSJN en “Milone”, y derogado por la nueva ley 26.773.

Además, el trabajador, en los siguientes casos, cobra una prestación dineraria de pago único. La misma era de $ 80.000, si la incapacidad es parcial, del 50 al 65%; de $ 100.000 si es total, y de $ 120.000 en caso de muerte. La nueva ley elevó los montos a $ 170.400; $ 213.000 y $ 255.600, respectivamente.
La nueva ley 26.773 dispone además (art. 3) que junto a las “indemnizaciones previstas en este régimen”, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador (es decir, sólo excluye al accidente “in itinere”) una indemnización adicional de pago único “en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al 20% de esa suma”. En caso de muerte o incapacidad total, nunca inferior a $ 70.000
Puede expresarse en cuanto al accidente in itinere, excluido de la mejora del 20% que si bien puede ser una cuestión discutible, al suceder “en el trayecto” lo es fuera del marco de autoridad del empleador, quien no tiene –en general, salvo que lo haga en transporte propio- responsabilidad sobre el mismo. Además, puede el trabajador accionar contra quien produjo el accidente (ej. automovilista que lo embistió). En el caso del accidente in itinere no existe la posibilidad de accionar civilmente contra el empleador.

En otro artículo la ley establece que los importes por incapacidad laboral permanente se ajustarán semestralmente según la variación del RIPTE (remuneraciones imponibles promedio trabajadores estables), desde el 1 de Enero de 2010. (este ajuste llevó los montos de las “ prestaciones adicionales de pago único” a los ya vistos).
Disposiciones en cuanto al pago:

El art. 4 refiere que los obligados al pago de la “reparación dineraria” deberán dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador o determinación de la incapacidad laboral, notificar fehacientemente a los damnificados o derechohabientes los importes que le corresponde percibir por cada concepto en forma separada (ej. tarifa: tanto; prestación adicional de pago único, tanto; 20%, tanto), indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.
Comentario: pone claridad, aunque estrictamente no parecería agregar mucho a lo que ya estaba en vigencia. No debe confundirse: se escucha o lee información periodística que dice que el trabajador va a cobrar “a los quince días del accidente”. Hay que tener en cuenta: las prestaciones en especie y dinerarias por ILT las va a percibir de inmediato. Recién finalizada la ILT se podrá determinar la incapacidad, y ésta dura hasta el alta o la determinación de la incapacidad, máximo un año. Si deviene en una ILP de hasta el 50%, para la cual la ley establece una indemnización de pago único (más el 20% adicionado por la nueva ley), a partir de ese momento empiezan a correr los quince días. Si en cambio deviene en una ILPD, parcial del 51 al 65%, o total, tenemos el plazo de provisionalidad, con un pago mensual durante el mismo. Los quince días correrán a partir de que la incapacidad sea definitiva, y pueda establecerse las indemnizaciones: tarifada, más prestación adicional de pago único, más 20%. En caso de muerte, obviamente, los quince días sí correrán a partir de la notificación del infortunio.
La nueva ley mejora conforme lo visto en forma considerable las prestaciones dinerarias, dispone ajustes automáticos, y deroga el pago en forma de renta periódica.

Además, no puede soslayarse lo dispuesto por los arts. 1° y 2° en cuanto a que los objetivos de la reparación son la cobertura de los daños con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones, destinándose la reparación dineraria a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables.
También, “el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional” (art. 2), lo cual significa que la reparación dineraria llevará intereses desde “que acaeció ...”
Mala técnica legislativa: Puede generar dudas en su aplicación. Esto es: la ley no aclara sobre que concretas prestaciones dinerarias se calcula la compensación del 20%. Refiere a “indemnizaciones previstas” (plural), pero la LRT habla de “prestaciones dinerarias”, y todas tienen carácter indemnizatorio. Las ART entenderán seguramente que sólo debe serlo sobre la prestación dineraria tarifada por ILPD. Deja la puerta abierta para una futura discusión (y entonces: juicios)
OPCION DEL TRABAJADOR POR LA “VÍA CIVIL”
El régimen legal vigente hasta antes de la ley, la vedaba, estableciendo que las prestaciones de la ley eximían a los empleadores de toda responsabilidad civil, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 CC. Ello según su art. 39, inc. 1, que fue declarado inconstitucional por la CSJN en “Aquino” (21.09.04) e invariablemente a partir de entonces.

En la práctica, como consecuencia de dicha declaración de la Corte, regía por la jurisprudencia, la llamada “doble vía”: Esto es que el trabajador podía percibir la indemnización tarifada de la LRT, y en forma conjunta o no, accionar ante la justicia laboral persiguiendo el cobro de una “reparación integral” de acuerdo al Código Civil, tomando lo cobrado por el régimen de la LRT como “a cuenta” (CSJN, “Llosco” 12.06.07).
Como ya se adelantó, la ley actual admite ahora que el trabajador dañado pueda “optar” por ejercer la acción civil, derogando el art. 39 en sus partes pertinentes.

Pero lo hace en forma excluyente: debe optar por la tarifa de la ley, o la reparación integral.
Y en dicha “exclusión de la doble vía” –no acumulación de los distintos sistemas de responsabilidad- están las mayores críticas a la ley.
Hay autores que estiman que la exclusión es criticable pero no inconstitucional (Maza), y otros que la consideran inconstitucional. No es discusión para abordar en esta charla, pero es probable que esta cuestión sea generadora de pleitos.
Pero para analizar la norma –si es sólo “antipática” o perjudica seriamente (o no) a los trabajadores- debe ponérsela en contexto, dentro de la ley promulgada y con la mirada en el proyecto de código civil que todo parece indicar será sancionado. Porque la acción por el derecho civil lo será de acuerdo al código civil (la ley habla de “otros sistemas de responsabilidad”, pero no se advierte pueda el empleador responder por otro sistema que no sean el del CC). Recordemos que la ART, como aseguradora, sólo responde por el régimen de la ley especial, salvo que pueda imputársele responsabilidad civil por haber incumplido los deberes que le impone la ley en cuanto a sus obligaciones respecto de la prevención de los riesgos del trabajo, y se verifique nexo causal entre la conducta omisiva y el daño (CSJN, “Torrillo”, 31.03.09).
En ese contexto advertimos:

Ley 26.773: tiende a una reparación satisfactoria.

Ej:

INC. TOTAL: BASE IB $ 5.000 – 40 AÑOS

53 X 5.000 = 265.000 COEFICIENTE EDAD: 65 % 40 = 1,625

430.625 X 20% MÁS: 516.750 (suponiendo que el 20% sea aplicable sólo a esta indemnización)

MAS: PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE PAGO ÚNICO: 213.000

TOTAL: 729.750

MAS INTERESES DESDE QUE ACAECIÓ EL HECHO DAÑOSO (ART. 2° INC. 4)

ADEMÁS COBRÓ:

ILT MÁXIMO UN AÑO DE REMUNERACIONES

ILPD HASTA 60 MESES DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES EN ESPECIE, QUE SEGUIRÁ RECIBIENDO EN CASO DE SER NECESARIO.

Por su parte, el proyecto de CC si bien refiere en sus arts. 1738 y 1740 a lo que debe comprender la indemnización, y que la reparación del daño debe ser plena, el 1746 “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica” fija una suerte de tarifa.
Entonces, salvo casos especiales, no parece pueda ser muy distinta la reparación de la ley especial (para su cálculo: valuación dineraria de todas las prestaciones en especie, más todas prestaciones dinerarias) de la del derecho civil.

Si se tienen en cuenta las indemnizaciones que a la fecha otorgan los juzgados civiles de Rosario, la indemnización que -hoy- puede percibir el trabajador por la LRT, el decreto 1694/09 y la ley 26.773, es, en general, igual o superior.

Más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la opción excluyente, podría en principio sostenerse que en tanto la ley actual establece una indemnización tarifada que puede ser sin dudas calificada como seria, para que los Tribunales puedan declarar la inconstitucionalidad, deberá demostrarse en el caso concreto la insuficiencia de las reparaciones de la ley especial.

Es que si el sistema especial otorga una reparación acorde, suficiente como debería surgir, y así lo pregona la nueva ley –con soporte también en las mejoras dinerarias que aporta- no parecerá viable una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, como algunos podrán sostener.
En cuanto a la opción en forma “excluyente”, en el contexto visto, no parecería tener mayor fundamento jurídico su inclusión, que le valió fuerte crítica a la ley, pudiendo buscarse su razón en cuestiones de otra índole, en cierto prejuicio de los sectores empleadores, que suponen que de no ser así, invariablemente, o con pocas excepciones, luego de que el trabajador perciba las indemnizaciones en especie y dinerarias tarifadas, igualmente accionará contra el empleador, más allá de la suficiencia o no de lo percibido (como se vio, es finalidad de la ley disminuir la cantidad de juicios por accidentes de trabajo)
En definitiva, lo importante es la suficiencia del monto de la reparación que otorga la ley especial.
Reglamentación de la opción:
El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción, pero no implica opción la percepción de prestaciones imputables a la “sustitución de salarios en la etapa de curación (ILT)” “o sea” (dice la ley) complementaria por GI (?). Tampoco la recepción de las prestaciones en especie.
¿ y la percepción de la prestación dineraria mensual por ILProvisoria de más del 50 ? no lo dice, pero dispone que:
Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en el artículo.
Y en el caso del interrogante, el trabajador percibirá la prestación de pago mensual, porque a la indemnización estrictamente tarifada recién tendrá derecho cesado el plazo de provisionalidad.
Además: es lógico que para el inicio de la acción civil se deba aguardar un plazo que puede llegar a seis años ?
Ahora bien: si el trabajador quiere optar –y se lo permite la ley- por la acción del derecho civil, sin que le interese la tarifada, sí podría ser inconstitucional la espera que le impone la ley.
También la ley dispone que en la acción civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

Esta es otra cuestión que generó general repulsa.

En el caso, el trabajador estará actuando como ciudadano común, y en el derecho civil puede considerarse a la víctima como el sujeto tutelado. De todas formas, la cuestión da para una amplia discusión.
Cuando en la acción civil, por sentencia o transacción, se determine la reparación, la ART deberá depositar en el expediente judicial o administrativo el “importe que hubiera correspondido según este régimen” (puede haber discusiones sobre su alcance, en el conjunto de la ley, debe entenderse que es el que hubiere tenido que poner a disposición conforme el art. 4), con más los intereses correspondientes, que se deducirá del capital condenado o transado (intereses: el de la sentencia; si es en sede administrativa el depósito se hace en un fondo especial administrado por la SRT, aplicándose los intereses a la tasa prevista para la actualización de créditos laborales, esto último ¿?, no hay “actualización” de créditos, y no hay una tasa de interés “prevista”). Si hay excedente: (sentencia civil o transacción de monto inferior a la tarifa) debe depositarse en el fondo de garantía.

Es decir: ej. condena civil por 500.000 (más intereses) – la ART debe depositar la indemnización del régimen tarifado, por ej. 300.000 (más intereses), el empleador (o cía aseguradora) pagará el saldo. Si es al revés, la tarifada es mayor: el excedente no va para el trabajador, sino al fondo de garantía.

La ley establece, como surge de lo expuesto, que para las acciones por los “otros sistemas de responsabilidad” (acción civil) el empleador puede contratar un seguro en las condiciones que fije la SSN.

Asimismo, la ART deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido (por el régimen tarifado)

DISPOSICIONES GENERALES

Deroga: arts. 19, 24 y 39 LRT. Las prestaciones dinerarias de renta periódica quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.

Competencia civil – invitación a las provincias

Acciones Civiles: se aplica el art. 277 LCT. Monto del proceso a los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el monto de condena y aquél que hubiera percibido el trabajador -tanto en dinero como en especie- como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley ¿ si éste es levemente inferior, igual o mayor, podría ser el juicio de monto inexistente ? evidentemente no, mala técnica legislativa, pudiendo suscitarse cuestiones en torno a los honorarios.

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.

Disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie entrarán en vigencia a partir de su publicación en el BO y se aplicarán a las contingencias previstas en la LRT, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.
Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por GI entrarán en vigencia a partir de la publicación en el BO de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición.
MUTUAS. Art. 13 dto.1694. Instruye al MT a la SRT y a la SSN a fin de que adopten medidas para impulsar la creación de entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan a su cargo la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LTR.

Ahora se prevé por decreto la creación de las ART Mutuales, sin fines de lucro, con posibilidad de constituirse entre sindicatos y empresas, como resultado de la negociación colectiva.




Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconTarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir de 009

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconResumen los autores hacen un resumen de las Labores del Tabaco, enumerando...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconNtp 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconQue, los numerales 5 al 8 del Artículo la Ley N° 1606 de 22 de diciembre...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconResumen Se analizan los motivos de abandono del tratamiento en adicciones...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconResumen en este trabajo se realizó una revisión bibliográfica sobre...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconLa presente Ley tiene por objeto regular el ordenamiento territorial...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconResumen: Todo los profesionales dedicados al entrenamiento deportivo...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconA efectos de lo previsto en el art. 133. 5 de la Ley Orgánica 5/1985...

Resumen charla 11. 12 (Dr. Angelides) sobre la ley 26. 773 “RÉgimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” iconLos primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican...






© 2015
contactos
m.exam-10.com