Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde






descargar 226.16 Kb.
títuloInforme sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde
página6/6
fecha de publicación15.06.2015
tamaño226.16 Kb.
tipoInforme
m.exam-10.com > Ley > Informe
1   2   3   4   5   6
Anexo al Dictamen
1. Sobre la organización administrativa y la potestad de organización.

En principio, el Estado constitucional supone - sobre la base del gran principio de divisió orgánico-funcional de la totalidad del poder constituido - la diferenciación vertical de tres poderes-funciones: legislativo, ejecutivo y judicial.

Esta división vertical-funcional:

a) Nunca ha supuesto tanto estricta y absoluta separación, cuanto limitación, diferenciación y equilibrio para evitar todo exceso de acumulación de poder en unas mismas manos.

b) Normalmente se complementa con una división horizontal o territorial de diferente significación y alcance según los Estados. El alcance que puede entenderse más generalizado es el que resulta del reconocimiento de la autonomía-autogobierno de las comunidades primarias determinadas por la vecindad: los Municipios o las Municipalidades. Así sucede en Costa Rica.

Como consecuencia de esta doble división vertical (funcional) y horizontal (territorial), todo el poder constituido debe quedar referido suficientemente a uno de los concretos órganos-poderes-funciones resultantes. Esta es una exigencia absoluta y elemental del basal principio democrático.

Pues el ejercicio de todo poder debe ser legítimo constitucionalmente y el requerimiento primario (no único) a tal efecto es la posibilidad (cuando menos) de reconducción e imputación última de aquel ejercicio al titular de la soberanía (en el sentido de poder constituyente) a través del mecanismo de la representación directa o indirecta.

En el caso del legislativo esto es claro. En el del judicial se logra a través de la vinculación a la Ley y al Derecho (las decisiones del legislativo y del constituyente). Y en el del ejecutivo, bien a través de su directa elección, bien mediante su responsabilidad y extracción parlamentarias.

La legitimación de la instancia territorial municipal es específica y se alcanza por dos vías simultáneas y complementarias: a) el origen directamente democrático (elección de los gestores del autogobierno) combinado con la técnica de la autoadministración (gobierno y administración por los propios destinatarios de la acción del poder público); y b) la compensación de las disfunciones de la pequeña escala democrátia (exceso de cercanía a los intereses gobernados-administrados) con la conexión con el resto de los poderes del Estado (y su ordenamiento) a través del enmarque del autogobierno local en la Ley formal emanada del poder legislativo.

Este es el esquema nuclear de la organización del poder estatal. En su seno y como consecuencia de la evolución de la economía y la sociedad - la complejidad progresiva, acompañada de continuo crecimiento de las tareas públicas- se ha ido produciendo un proceso paulatino, cada vez más importante y acusado de desagregación, diferenciación y fragmentación. Este proceso puede reconducirse a una nueva dimensión de división del poder, por insuficiencia de la doble clásica. Como consecuencia del mismo, la estructura organizativa del Estado:

- Deja progresivamente de responder a las ideas de centro único (o varios, o pocos, centros jerarquizados entre sí) y jerarquía.

-Para pasar a adoptar la forma de una red compleja de organizaciones con una pluralidad de centros (de peso específico y entidad desiguales).

Esta tendencia a la fragmentación en red debe intepretarse como adaptación necesaria del Estado a un medio y un entorno caracterizado por el cambio acelerado, la incertidumbre de la evolución y la internacionalización (sobre todo de la economía), que - a su vez y por reacción compensadora- revitaliza el ámbito local, la comunidad de referencia más inmediata, integradora e identificadora.

Se traduce, pues, en múltiples y diferenciales "descentralizaciones" (territoriales y funcionales), que implican una "autonomicación" de grado muy diverso de organizaciones públicas en general y administrativas en particular.

El sentido general del fenómeno es conseguir la "adecuación" de cada espacio de gestión a las materias-sectores-asuntos objeto de ésta y la "idoneidad" del conjunto de dichos espacios articulados entre sí (en último término el Estado en cuanto tal) para reproducir continuamente el consenso institucional a través de la efectividad real del orden dfinido por la Constitución. ambos objetivos reclaman tanto legitimación democrática como legitimación por eficacia o resultado (eficacia que ha de ser, además y en el mundo actual, eficiente).

Debe tenerse en cuenta, en efecto, que una estructura organizativa policéntrica y reticular: a) es más permeable respecto del entorno social (hoy decisivo, dada la posición del ciudadano) y, por tanto, interactúa mejor con él; y b) posibilita el enriquecimiento del aprendizaje y la mejora continua de la organización-actividad públicas por la vía del favorecimiento de respuestas múltiples a problemas o cuestiones similares y de la experimentación, comparación y emulación (todo ello, sin perjuicio del escrupuloso respeto a los principios de objetividad y legalidad).

Fácilmente puede comprenderse, así, que ninguna Constitución puede contener una regulación no ya acabada, sino mínimamente significativa en su alcance y densidad, del panorama organizativo esbozado. Por ello, el marco constitucional se limita de ordinario a una definición del esquema organizativo básico del Estado y el establecimiento de tipos, principios y pronunciamiento organizativos que de ordinario -salvo puntualmente para materias u objetos relevantes constitucionalmente - no pasan de constituir directrices.

Con ello queda dicho que:

- La mayor parte de las decisiones organizativas no son directamente constitucionales, pues quedan entregadas al desarrollo en el marco de la norma fundamental.

- La materia organizativa así remitida al ordenamiento infraconstitucional no es objeto normalmente de reserva en favor de la ley formal.

Esto se explica porque dicha materia (su regulación) no implica una directa afectación de la esfera de derechos e intereses de los ciudadanos, que es la perspectiva determinante del principio de Estado de Derecho (que está en la base de la técnica de la reserva de ley). Se trata de una materia tradicionalmente considerada, en efecto, desde la perspectiva propia de una acción reflexiva del propio Estado sobre sí mismo, su ámbito o estructura internos.

No obstante, la importancia indudable que la organización tiene para la eficaz realización de los programas legislativos (de modo que no es indiferente para el ciudadano, ni para sus derechos e intereses, hace que - con carácter general- deba predicarse la existencia en dicha materia de una reserva de Ley formal paro las decisiones organizativas más importantes o trascendentes, es decir las reputables como esenciales.

- La potestad organizatoria se entiende amplia y sustancialmente discrecional y ejercitable de forma separada a la ordenación sustantiva de la materia o sector objeto de la actividad de la correspondiente organización.
2.- Centralización y descentralización.

Con estos términos se califica el grado de distribución de los procesos decisionales y las actividades en el seno de una organización dada de referencia: sea el Estado como un todo, sea solo la Administración pública en su conjunto o, incluso, una organización administartiva concreta o parte de la misma.

La descentralización no es, pues, un término preciso y únivoco. Antes al contrario, se emplea para designar técnicas y soluciones organizativas muy diversas y de alcance muy distinto. En todo caso, de ella se suele diferenciar la desconcentración, en cuanto ésta opera solo en el seno de una organización más o menos compleja, pero constituida por el ordenamiento jurídico como su único centro de imputación de relaciones jurídicas, y para descongestionar los órganos superiores de la misma. La descentralización (el concepto como tal) se reserva pues, para los supuestos en que se opera con dos o más organizaciones.

En todo caso, cabe establecer la siguiente tipología de técnicas-soluciones:

A) Descentralización verdadera y falsa.

La primera es la que traduce una verdadera redistribución de poder-competencia entre organizaciones, por más que esa redistribución pueda tener alcance muy diverso.

La segunda, por contra, traduce una simple operación técnica de recomposición de estructuras para una mejora de la gestión, sin afectar relamente a la distribución del poder o de las competencias últimas decisorias.

B) Descentralización territorial y funcional.

La primera se refiere a la reordenación de competencias entre instancias territoriales diferentes del Estado e incide, por ello, en la división horizontal del poder en el seno de éste. De ahí su trascendencia.

La segunda opera para adaptar la organización a la especialización por funciones, de suerte que exista correspondencia entre aquella y éstas. Se traduce, así, en segregaciones organizativas de tareas a partir de una Administración matriz dada.

C) Descentralización política y administrativa.

La primera es la que alcanza hasta las facultades decisorias estatales superiores, tales como la legislativa o que confiere en todo caso una cpacidad para elección entre opciones propias o internas a la propia organización titular.

La segunda atribuye, por contra, facultades decisorias de menor alcance, dentro del contexto del "poder ejecutivo" y siempre en el marco de la Ley formal.

La descentralización en cualquiera de sus variedades se traduce, con independencia del grado o alcance de la redistribución de poderes o competencias que comporta, en el reconocimiento a la organización beneficiaria de la misma de:

- Autonomía, que es concepto también plurívoco, tanto como la descentralización de que trae causa. La entidad y el alcance de ésta determina, pues, la autonomía. Esta solo expresa la capacidad de decisión bajo la propia responsabilidad, sin facilitar indicación alguna sobre la calidad y cantidad en el ejercicio de tal capacidad.

En general, la autonomía, para ser verdadera y tener entidad, debe ser atributo de una realidad social efectiva que le otorgue soporte y sentido. De ahí que en el mundo de la organización administrativa suela ser más bien un puro arbitrio, una mera técnica libremente moldeable y dosificable. Excepción clara y paradigmática es justamente la autonomía municipal, en tanto que manifestación de una comunidad social efectiva, caracterizada por intereses decantados por la vecindad y cuya institucionalización el ordenamiento se limita a poner al servicio de la construcción del Estado.

- Personalidad jurídica como signo distintivo de que la organización correspondiente articula y gestiona por sí misma un vínculo de intereses, erigiéndose por ello en centro del correspondiente conjunto de relaciones jurídicas. El recurso a esta técnica obedece a razones de simplificación, toda vez que en el tráfico jurídico-público resulta, en rigor, innecesaria. Pues las organizaciones pública no tienen derechos y obligaciones, tienen solo potestades-competencias y, por tanto, habilitaciones para la actuación que, simultáneamente e indisociablemente, son también deberes.
3. La autonomía local o municipal.

La municipal constituye el arquetipo constitucional de autonomía, que expresa una organización descentralizada (política y administrativamente) del Estado sobre la base de la comunidad vecinal local.

Aquí la Constitución:

- Reconoce una realidad social: la comunidad local determinada por la vecindad y sus intereses propios.

- Constituye esa comunidad un uno de los poderes territoriales del Estado.

-Garantiza el funcionamiento de ese poder territorial sobre una legitimación propia (carácter electivo) y una capacidad de opinión política propia en una marco constitucional, legalmente acotado.

De esta suerte, la autonomía municipal supone un principio de la división-distribución territorial del poder que sostiene una instancia territorial y un ordenamiento del Estado del características específicas.

Resulta pertinente aclarar que ni siquiera la autonomía local (ni, por tanto, cualesquiera otras) es refractaria a las técnicas de la coordinación y la reconducción a unidad funcional del conjunto de los poderes del Estado. Pues la autonomía consiste solo, por definición, en un poder limitado por heteroconstituido. Si es un poder limitado, sus límites deben poder ser actualizados como presupuesto de la coherencia del Estado como organización y ordenamiento de conjunto o global.
4. La descentralización administrativa funcional falsa o puramente instrumental.

En el otro extremo de las soluciones descentralizadoras se sitúa la que expresa un simple arbitrio técnico para extraer, respecto de una Administración pública suficientemente complejo, una o varias tareas con la finalidad de mejorar la gestión de las mismas en el marco de una nueva organización especializada en ellas y diseñada para su desarrollo.

Aquí la descentralización ni traduce, ni responde a fenómeno real alguno que pueda postular por sí mismo articulación en términos de autonomía objetiva. La autonomía es, por tanto, puramente formal y alusiva al simple acto de la separación organizativa respecto de la Administración matriz. Es, en rigor, exclusivamente instrumental y no contiene poderes efectivos de decisión última bajo la propia responsabilidad.

En ente "autónomo" lo es a los exclusivos efectos de la mejor y más eficaz gestión de las correspondientes tareas, teniendo para ello solo los poderes de decisión que al efecto se le atribuyean y conservando la Administración matriz siempre y en todo caso los suficientes para la dirección positiva y el control objetivo de la actividad del ente descentralizado.

Como se ve, se trata de la variante más atenuada de descentralización, lo que se corresponden con el hecho de resultar de una opción organizativa infraconstitucional. El ente descentralizado no es, en realidad, más que una dependencia más (de estatuto especial, significado por el dato de la personalidad jurídica) de la Administración matriz; es una continuación de ésta bajo veste organizativa distinta. De ahí que no tenga, en realidad, ni contenido autónomo garantizado, ni "derechos" frente a la organización matriz, y, de otro lado, no sea refractario a técnica alguna de dirección, coordinación y control, incluso las de carácter cuasijerárquico.





1   2   3   4   5   6

similar:

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconResumen: Estudio del Derecho Municipal o del régimen jurídico de...

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde icon45° Presidente de la República de Costa Rica

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde icon8660 la asamblea legislativa de la república de costa rica decreta:...

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconAsamblea legislativa de la república de costa rica expediente legislativo nº 16. 679

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconRepública de costa rica ministerio de salud solicitud de registro sanitario de medicamentos

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconInforme de Costa Rica sobre Derechos Humanos de las Personas Lesbianas,...

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconTorres, manuel rodolfo c/ la segunda art s. A. – Ordinario accidente...

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconConsagrados en la ley de justicia penal juvenil de costa rica

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconEstudio de la vacuna contra el vph en costa rica aporta nuevos conocimientos...

Informe sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública redactado por el equipo de trabajo constituido en el seno de la segunda vicepresidencia de la república de costa rica bajo la dirección del dr. Rodolfo saborio valverde iconInforme foro san jose costa rica. Introduccion






© 2015
contactos
m.exam-10.com