Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades






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1.2. Estado de sitio.
1. Supuestos. Procede la declaración del estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o actos de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial, o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios.


2. Competencia. El estado de sitio ha de ser declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones, sin que la Constitución establezca un límite de tiempo.
3. Efectos. La declaración del estado de sitio supone una sustitución parcial de la autoridad civil por la militar. Los efectos son los siguientes:
3.1. Suspensión de los mismos derechos que en el estado de excepción y, en todo caso, la adopción de las medidas previstas para los estados de alarma y de excepción.
3.2. Suspensión de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el artículo 17.3 de la CE, es decir, los derechos a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, a no ser obligado a declarar y a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales.
3.3. Medidas que suponen cierta modificación de las competencias ordinarias de los órganos del Estado.
3.4. El Gobierno asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución. En uso de tales facultades, el Gobierno designará la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera.
3.5. La autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución. La autoridad militar actúa como mera ejecutora de las decisiones tomadas por el Gobierno.
3.6. En la declaración del Estado de sitio, el Congreso de los Diputados podrá determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la jurisdicción militar.
3.7. Las autoridad civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la autoridad militar, pero aquellas autoridades han de dar a la militar las informaciones que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento.
1.3. Estado de alarma.
1. Supuestos. Procede declarar el estado de alarma, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:


  1. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, o accidentes de gran magnitud.




  1. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones propias de este estado.




  1. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.


2. Competencia. El estado de alarma lo declara el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. La prórroga del estado de alarma requiere autorización del Congreso de los Diputados, que, además, podrá en tal caso establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, sin que esté prevista ninguna limitación temporal. En todo caso, el Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, la duración y los efectos del estado de alarma.


Disuelto el Congreso o expirado su mandato, sus competencias serán asumidas por la Diputación Permanente.
3. Efectos. No es posible la suspensión de derechos constitucionales durante el estado de alarma. Estos efectos se concretan en la modificación de algunas competencias.
Por la declaración del estado de alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración y naturaleza.
4. Autoridad competente. Es el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad, Cuando la autoridad competente sea el Presidente de la Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.
5. Limitación de determinados derechos.


    1. Limitación de la circulación y permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados.




    1. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.




    1. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres y locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.




    1. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.




    1. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción afectados.


1.4. Disposiciones comunes a los tres estados.


  1. El funcionamiento de las Cortes, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de los estados de crisis.




  1. Se mantiene el control judicial del Gobierno y de la Administración.




  1. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias.


2.La suspensión individual de los derechos. Supuestos del artículo 55.2 de la CE.
El artículo 55.2 de la CE habilita al legislador para que regule por ley orgánica la forma y los casos en oque pueden ser suspendidos ciertos derechos a personas determinadas que o bien estén relacionadas con elementos terroristas o con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana, o bien hagan su apología o los encubran. El legislador regulará la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos ciertos derechos a personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.


Los derechos que pueden ser suspendidos a estas personas son los reconocidos en:


  • Artículo 17.2 CE: La duración máxima de setenta y dos horas de la detención preventiva.




  • Artículo 18.2 CE: La inviolabilidad del domicilio y, por tanto, la garantía judicial para efectuar en él entradas o registros.




  • Artículo 18.3 CE: El secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.


Las medidas de suspensión individual de derechos a estas personas, cuya actividad es tipificada en el Código Penal como delitos de terrorismo, se les puede suspender los mencionados derechos, además de la sanción penal que legalmente les corresponda. Las medidas en que se concreta esa suspensión de derechos están contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras su reforma por Ley Orgánica 4/1988, de 35 de mayo. Estas medidas se concretan en:
1. Suspensión automática de la función o cargo público que desempeñe quien es procesado y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con banda armada o individuos terroristas mientras dure la situación de prisión.
2. La suspensión, en virtud de un simple recurso del Ministerio Fiscal, de la decisión judicial de poner en libertada a una persona presuntamente relacionada con este tipo de delitos. La duración máxima de la suspensión será de un mes, en tanto la resolución no sea firme.
3. Posible ampliación del plaza normal de la detención de setenta y dos horas hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que sea autorizada por el Juez. La solicitud de prórroga debe hacerse dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, y el Juez ha de autorizarla en las veinticuatro horas siguientes.
4. Detenida una persona, puede solicitarse del Juez que decrete su incomunicación y aquél deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas.
5. Facultad de los agentes de policía de detener de forma inmediata a las personas integradas o relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como el registro que se efectúe en dichos lugares y la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido.
6. Facultad del Juez de ordenar la detención de la correspondencia privada postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura o examen, y la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
7. Competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional.
8. La utilización injustificada o abusiva de las facultades mencionadas producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.






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