Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades






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2. EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

1. Concepto. El recurso de amparo tiene como finalidad esencial la protección ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades fundamentales cuando las vías ordinarias de protección han resultado infructuosas.
2. Objeto. Serán susceptibles de amparo constitucional los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 al 30 de la Constitución.
3. Legitimación. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
4. Procedimiento y sentencia. En relación al procedimiento, sera competencia de las Salas del Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de amparo, sin perjuicio de que el Pleno, cuando lo estime oportuno, pueda recabar su conocimiento. La Sala pronunciará sentencia en un plazo que no podrá exceder de 60 días desde su presentación. La Sala pronunciará sentencia otorgando o denegando el amparo.



  1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.



3.1. REGULACIÓN JURÍDICA.
Conforme al art. 54 de la CE, desarrollado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se establece la Institución del Defensor del Pueblo, que no tiene precedentes en el derecho español. La Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, modifica la anteriormente citada, estableciendo una Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Esta Comisión Mixta se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congre­so y del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
Las características de la Institución se concretan en:



  • Es el alto comisionado de las Cortes Generales. Esto significa que ejerce unas funciones en forma de Comisión; es decir, está nombrado para desarrollar un tra­bajo concreto, del cuál debe dar cuenta a las Cortes Generales.




  • Depende única y exclusivamente de las Cortes Generales.




  • Tiene como misión la vigilancia y defensa del Título 1 de la Constitución.




  • Supervisa la actividad de la Administración, si bien no es un órgano de la Admi­nistración, sino dependiente de las Cortes Generales.


La Institución del Defensor del Pueblo esta compuesta por el Defensor del Pueblo, dos Adjuntos y los asesores designados libremente por el Defensor del Pueblo necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3.3. NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
El nombramiento del Defensor del Pueblo será por cinco años y se efectuará por las Cortes Generales, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de 1981. El procedimiento para la elección ha sido criticado por entenderlo demasiado complicado, ya que requiere:
1. La reunión de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en la que se proponga uno o varios candidatos.
2. Este, para resultar elegido, habrá de obtener en la votación un resultado favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, ser ratificado por la misma mayoría en el Senado.
3. Si no se alcanzan estas mayorías cualificadas se procede a una nueva convocato­ria de la Comisión para que formule sucesivas propuestas, las cuales requerirán la aprobación del Congreso también por mayoría de tres quintos, siendo suficiente con la mayoría absoluta en el caso del Senado.
4. El nombramiento del Defensor del Pueblo se realiza por los Presidentes del Congreso y Senado para posteriormente proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Defensor del Pueblo toma posesión del cargo ante las Mesas de las Cámaras.
5. Una vez designado el Defensor del Pueblo, se reunirán de nuevo la Comisión Mix­ta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo a fin de otorgar su conformidad previa al nombramiento de los Adjuntos que le sean propuestos por aquél.
Podrá ser elegido Defensor del Pueblo o Adjunto, cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Respecto de los Adjuntos, auxilian al Defensor del Pueblo. Son dos, denominándoles la Ley como Adjunto primero y Adjunto segundo. Son nombrados y separados por el Defensor del Pueblo, previa conformidad de las Cámaras. El nombramiento se publicará en el BOE.
El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos son elegidos por un período de cinco años, así como los asesores del Defensor del Pueblo.
3.4. PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES.
Todo el personal al servicio de la Institución del Defensor del Pueblo está sujeto a las siguientes prerrogativas e incompatibilidades:


  • No estarán sujetos a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de nin­guna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía.

  • Gozarán de inviolabilidad, no pudiendo ser detenidos, procesados, expedientados, multados o perseguidos por razón de las opiniones que formulen en el ejercicio de sus competencias o por los actos que realicen en el mismo ejercicio.




  • En los demás casos, y mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en casos de flagrante delito, correspondien­do la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.




  • La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de pro­paganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Públi­ca; con la afiliación a un partido político o a un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de la carrera judicial y fiscal; y con cual­quier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.


Si se da causa de incompatibilidad deberá cesar en esa actividad en el plazo de 10 días, transcurridos los cuales si no ha cesado se considera que rechaza el cargo de Defen­sor del Pueblo.
3.5. CAUSAS DE CESE Y SUSTITUCIÓN.
El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas:


  • Renuncia.

  • Expiración del plazo de su nombramiento.

  • Muerte o incapacidad sobrevenida.

  • Actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes del cargo.

  • Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.


La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de tres quintos de cada Cámara mediante debate y audiencia al interesado. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en el plazo no superior a un mes.
La sustitución del Defensor del Pueblo en los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva, se realizará por los Adjuntos, por su orden, hasta que sea designa­do nuevo Defensor del Pueblo. Los Adjuntos y asesores cesarán en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo.
3.6. COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
Las competencias que atribuye la Constitución al Defensor del Pueblo tiene dos grandes apartados: La defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, así como a la facultad de supervisar la actividad de la Administración en función de la defensa de los derechos del referido Título, dando cuenta de su actividad, anualmente a las Cortes Generales. Además de las comprendidas, de forma general, en el párrafo anterior, tiene también las siguientes atribuciones:
1. Legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
2. Supervisión de las actividades de las Comunidades Autónomas.


3. Intervención limitada respecto de la Administración de Justicia y de la Administración Militar. Con respecto a la Administración de Justicia su intervención se limita a dirigirse al Ministerio Fiscal pidiéndole que adopte las medidas que correspondan o que de traslado de las mismas, en su caso, al Consejo General del Poder Judicial. En relación a la Administración Militar su intervención se limita a velar por los derechos del Título I, siempre que no suponga interferir en el mando de la Defensa Nacional.
3.7. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
El procedimiento ante el Defensor del Pueblo se concreta en los siguientes aspectos:
1. El Defensor del Pueblo, podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, incluidos los Ministros, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas.
2. Podrán solicitar el inicio de las investigaciones:


  • El propio Defensor del Pueblo, de oficio.

  • Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

  • Los Diputados y Senadores individualmente.

  • Las Comisiones de investigación.

  • La Comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.


3. El procedimiento se iniciará, salvo cuando actúe de oficio, mediante quejas que irán firmadas­ por el interesado con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado y en el plazo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
Todas las actuaciones que se realicen ante el Defensor del Pueblo serán gratuitas para los interesados, y no se requiere asistencia de letrado ni de procurador.
4. Presentadas las quejas, el Defensor del Pueblo acusará recibo de las mismas rechazando aquellas que sean anónimas y aquellas en las que se aprecie mala fe, estén carentes de fundamento, inexistencia de la pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicios a derechos de terceros. Esta decisión no será susceptible de recurso.
5. Una vez admitida la queja por el Defensor del Pueblo, éste iniciará la oportuna investi­gación sumarial e informal para el esclarecimiento de la misma. A estos efectos, remitirá al Jefe de la Dependencia afectada información relacionada con la misma para que en el plazo de 15 días le remita un informe sobre la cuestión concreta, plazo que será ampliable cuando haya causas que así lo aconsejen. La no remisión de éste informe será considerado como una acción entorpecedora de sus funciones, cuestión que el Defensor del Pueblo hará cons­tar en su informe anual ante las Cortes Generales.
6. En toda actuación del Defensor del Pueblo los poderes públicos deberán auxiliarle con carácter preferente y urgente. Tanto él como sus Adjuntos, o aquella persona en quien dele­gue, podrá personarse en cualquier dependencia de la Administración y no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación que se encuentre relacionada con la investigación que esté practicando.
7. El Defensor del Pueblo podrá solicitar documentos aunque tengan la calificación de secretos. En este caso, si se considera que no se le deben entregar, lo tendrá que determinar el Consejo de Ministros.
8. En cualquier caso, los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, y la Ley Orgánica reguladora de la Institución establece que aquél funcionario que obstaculice su función incurrirá en el delito de desobediencia y podrá dar traslado al Ministerio Fiscal para que ejerza las acciones oportunas.


9. Una vez efectuadas todas las investigaciones, el Defensor del Pueblo podrá interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, así como formular a las autoridades y fun­cionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos estos casos relacionados con autoridades y funcionarios, éstos estarán obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Si esto no se produce, el Defensor del Pueblo lo pondrá en conocimiento del Ministro del Departamento afectado. Si tampoco obtiene respuestas, lo manifestará en su informe anual.
10. Terminado todo el procedimiento, el Defensor del Pueblo informará a los interesados, funcionarios y dependencias administrativas el resultado de sus gestiones.
11. En todo caso, el Defensor del Pueblo no verá interrumpida su actividad en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato. En estos casos, el Defensor del Pueblo se dirigi­rá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpirá su actividad por la declaración de los estados de excepción o de sitio.

4. LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.

En determinados supuestos la vigencia de los derechos constitucionales puede cesar total o parcialmente. En un Estado democrático ese cese ha de ser necesariamente provisional. En estas situaciones los derechos conservan su validez pero su garantía queda en suspenso.
La Constitución española contempla dos supuestos de suspensión de derechos:


  1. Suspensión general de derechos para todos los ciudadanos cuando se acuerde la declaración de los estados de crisis, concretamente, los estados de excepción y sitio, en los términos previstos en el artículo 116 de la CE (artículo 55.1 CE). Esta situación se encuentra regulada por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sito.




  1. Suspensión individual de derechos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas (artículo 55.2 CE).




  1. La suspensión general de los derechos.



1.1. Estado de excepción.
1. Supuestos. Puede declararse estado de excepción en caso de grave alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o del normal funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales para la comunidad, en caso de cualquier otra grave alteración del orden público que no pueda restablecerse con el ejercicio ordinario de las potestades públicas.
2. Competencia. Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. Para ello el Gobierno remitirá al Congreso una solicitud de autorización que deberá contener:


    1. Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita que no podrán ser otros que los enumerados en el artículo 55.1 de la CE.




    1. Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión se solicita específicamente.




    1. Ámbito territorial del estado de excepción, que puede ser todo o parte del territorio nacional.

    1. Duración del estado de excepción, que no podrá exceder de treinta días.




    1. Cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, contra quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción.


El Congreso debatirá la solicitud de autorización remitida por el Gobierno pudiendo aprobarla en sus propios términos, rechazarla o introducir modificaciones en la misma. Obtenida la autorización, el Gobierno declarará el estado de excepción, acordando en Consejo de Ministros un Decreto con el contenido autorizado por el Congreso de los Diputados.
El Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de excepción antes de que finalice el período para el que fue declarado, dando cuenta inmediatamente de ello al Congreso de los Diputados. Por el contrario, si persistieran las circunstancias que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados la prórroga de aquél, que no podrá exceder de treinta días.
La Constitución sólo contempla la posibilidad de una prórroga, por lo que de mantenerse la situación de anormalidad, lo procedente sería la declaración del estado de sitio.
3. Efectos. El estado de excepción supone la suspensión de los derechos y libertades enumeradas en el artículo 55.1 CE. La suspensión de estos derechos se concreta en lo siguiente:
1. Derecho a la libertad y a la seguridad personal, reconocido en el artículo 17 CE, con excepción de los derechos establecidos en su apartado 3. Si la declaración afecta a este derecho, se pueden adoptar básicamente dos medidas. En primer lugar, la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. En segundo término, la detención puede ampliarse durante un plazo máximo de diez días. La detención habrá de ser comunicada al Juez competente en el plazo de veinticuatro horas.
2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio, recogido en el artículo 18.2 CE. En este caso, la autoridad gubernativa puede disponer y realizar, por sí misma o por sus agentes, inspecciones y registros domiciliarios sin necesidad de autorización judicial, aunque ha de comunicar inmediatamente al Juez competente las inspecciones y registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos.
3. Derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, garantizado en el artículo 18.3 CE. Si se suspende este derecho, la intervención decretada serán comunicada inmediatamente por escrito motivado al Juez competente.
4. Libertad de circulación y residencia, reconocida en el artículo 19 CE. La suspensión de esta libertad puede comportar las siguientes facultades de la autoridad gubernativa:


  • Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine.




  • Prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública.




  • Exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual.




  • Disponer el desplazamiento de esas personas fuera de la localidad en que residen cuando lo estime necesario.



  • Fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuado a sus condiciones personales.


5. Derecho a la libertad de expresión e información, a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información y la garantía de resolución judicial en el secuestro de medios de comunicación, a que se refieren los artículos 20.1.a) y 5º CE. La suspensión de este derecho no puede llevar aparejado ningún tipo de censura previa.
6. Derecho de reunión y manifestación, reconocidos en el artículo 21 CE. La suspensión de este derecho puede atribuir a la autoridad gubernativa las siguientes facultades:


  • Someter a autorización previa todas las reuniones y manifestaciones.




  • Prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones, sin necesidad de causa determinada.




  • Disolver las reuniones y manifestaciones.


De estas medidas quedan excluidas expresamente las reuniones orgánicas que los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales realicen en cumplimiento de los fines que les asignan la Constitución.
7. Derecho de huelga., previsto en el artículo 28.2 CE. La suspensión de este derecho comporta la facultad de la autoridad gubernativa de prohibir las huelgas.
8. Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, recogido en el artículo 37.2 CE. La autoridad gubernativa puede suspender la adopción de medidas de este tipo.
Junta a las medidas en que se concreta la suspensión de los derechos y libertades, la declaración del estado de excepción puede comprender la adopción por la autoridad gubernativa de otras medidas complementarias. Entre ellas pueden citarse:


  • La intervención y control de toda clase de transportes, así como el de la carga de los mismos.




  • La adopción de medidas sobre los extranjeros, apátridas y refugiados, como la obligación de realizar comparecencias periódicas que se acuerden e incluso la expulsión de los mismos del territorio nacional cuando contravinieren las normas o medidas que se adopten o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público.




  • La incautación de toda clase de armas, municiones, o sustancias explosivas.




  • La intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público, así como la suspensión temporal de sus actividades.




  • Ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y lugares de similares características.




  • Ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios e industrias o explotaciones de cualquier género, pudiendo, a estos efectos, emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia.

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