Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades






descargar 150.33 Kb.
títuloTema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades
página2/4
fecha de publicación15.06.2015
tamaño150.33 Kb.
tipoDocumentos
m.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4

Los recursos específicos de protección de los derechos.


4.1. El procedimiento de hábeas corpus.
1. Regulación. En el Derecho español, la Institución del hábeas corpus se recoge en la Constitución española, donde se establece:
Artículo 17.1: “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”.

Artículo 17.4: “la Ley regulará un procedimiento de Hábeas Corpus”.
El artículo 17.4 CE configura un procedimiento de hábeas corpus con la finalidad de poner a disposición judicial toda persona detenida ilegalmente.
En desarrollo del artículo 17.4 CE la institución del hábeas corpus ha sido regulada por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Hábeas Corpus.
2. Concepto. El procedimiento de hábeas corpus sirve para establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones de ilegales.
3. Principios que rigen el procedimiento.
3.1. Agilidad. Es un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido puesto que se sustancia en 24 horas.
3.2. Sencillez o antiformalismo. La comparecencia no necesita de abogado ni de procurador. Y puede ser verbal (artículo 4). Con ello se evitan dilaciones indebidas y se permite el acceso de todos los ciudadanos al recurso de “Hábeas Corpus”, con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos.
3.3. Generalidad. Este principio se concreta en:
1. Ámbito de detenciones incluidas en el procedimiento. Se aplica a toda detención, sea quien fuere el que la practicó, sin excepción alguna, ni siquiera de la autoridad militar.
2. Legitimación para instar el procedimiento:


  1. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad; ascendientes, descendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.

  2. El Ministerio Fiscal.

  3. El Defensor del Pueblo.

  4. El Juez competente para conocer el procedimiento de oficio.


3. Competencia del órgano judicial para conocer del procedimiento:
1º. El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.


2º. Si no constare ese lugar, el Juez de Instrucción del lugar en que se produzca la detención.
3º. En defecto de los anteriores, el Juez de Instrucción del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.
Junto a estas normas generales, la ley contempla dos normas especiales:


  • Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la CE, es decir, en relación con la actuación de bandas armadas o grupos terroristas, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente.




  • En el ámbito de la jurisdicción militar será competentes para conocer de la solicitud de hábeas corpus el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción electoral jurisdiccional en la que se efectuó la detención.


3.4. Universalidad. El procedimiento de hábeas corpus alcanza a todos los supuestos de detención ilegal:


  • Detención ilegal por razones de fondo. La detención de un ciudadano se ha de basar en la sospecha fundada de la comisión de un delito grave penado con privación de libertad.




  • Detención ilegal por exceso de duración. Se considera ilegal, con carácter general, toda detención que sobrepase las setenta y dos horas.


Art. 17.2 CE: “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.
Hay dos supuestos legales de ampliación de la duración de la detención:


  • En el caso de la declaración de los estados de excepción o sitio, la duración máxima de la detención es de diez días. (LO 4/1981, de 1 de junio).




  • En el caso de detención en relación con las actividades de bandas armadas o grupos terroristas al amparo del artículo 55.2 CE, el plazo general de la detención de setenta y dos horas se puede prolongar hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho. (Artículo 520.bis, 1 de la LECr, en su redacción dada por la LO 4/1988, de 25 de mayo).




  • Detención ilegal por razón de forma. Una detención justificada legalmente y mantenida durante el plazo legal, puede ser ilegal cuando no respeta los procedimientos formales de la detención, que se concretan en la actualidad en los derechos de los detenidos.


Los derechos de los detenidos se contemplan en la Constitución y están completados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos son:


  • Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.




  • Derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.




  • Derecho a ser informado de formad inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención o imputación, lo que implica que se la ha de manifestar en una lengua que comprenda.




  • Derecho a asistencia de letrado.

  • Derecho a que se comunique a los familiares el hecho de la detención y el lugar de la custodia.




  • Derecho a ser reconocido por el médico forense.


La vulneración de cualquiera de estos derechos determinaría la ilegalidad de la detención.
4. Procedimiento a seguir. El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia. En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los jueces promoverán todas las actuaciones necesarias contempladas en la ley que regula este procedimiento y dictarán la resolución que proceda, mediante auto motivado.
5. Efectos del procedimiento de hábeas corpus.
La Autoridad judicial, mediante auto, acordará una de las resoluciones siguientes:


  1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias de la detención ilegal, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.




  1. Si estima que concurren alguna de las circunstancias de la detención ilegal, acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:




  • Si la detención es ilegal en cuanto al fondo, la puesta en libertad del privado de ésta.




  • Si la detención es ilegal por razones de forma, vulneración de alguno de los derechos del detenido, la continuación de la privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si lo considera necesario en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban.




  • Si la detención es ilegal por haber transcurrido el plazo legalmente previsto, la puesta inmediata a disposición judicial.


6. Finalidad del procedimiento de hábeas corpus.
Poner fin a una detención ilegal. Pero la ley de Hábeas Corpus ordena al Juez deducir testimonio de los particulares para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad.
En caso de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá, también, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
4.2. Recurso de amparo judicial.
1. Regulación jurídica. El artículo 53.2. CE establece un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo II, artículos 15 a 29. Este procedimiento se insta ante los procedimientos ordinarios de justicia.
En la actualidad, este procedimiento o recurso de amparo judicial u ordinario está regulado provisionalmente en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, ley que entró en vigor el tres de enero de 1979. Posteriormente esta ley ha sido completada por el Real Decreto-legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, cuyo objeto es la protección de todos los derechos y libertades públicas que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas laborales.


2. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la ley se extiende a los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 CE y la objeción de conciencia reconocida en su artículo 30.
3. Caracteres:


  • Legitimación. Cualquier ciudadano, incluidos los extranjeros y las personas jurídicas. En el ámbito laboral estarán también legitimados, como personas jurídicas, los sindicatos.




  • Relación procedimental con el recurso de amparo constitucional. En los supuestos en los que sea preciso agotar la vía judicial procedente, se entiendo que el recurso de amparo judicial es la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo constitucional.




  • Competencia judicial. El Juez o Tribunal ordinario competentes por razón de la materia.


4. Objeto. El objeto del recurso de amparo judicial es el enjuiciamiento de los delitos y faltas contra los derechos fundamentales de la persona, el enjuiciamiento de los actos de la Administración Pública, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, el conocimiento de las reclamaciones civiles por vulneración o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y las reclamaciones laborales fundadas en el mismo motivo.
5. Principios inspiradores del procedimiento.


  • Procedimiento preferente. El procedimiento tramitado según la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona goza de preferencia en su tramitación respecto a los demás procedimientos judiciales, con independencia del orden cronológico de entrada de los asuntos en el órgano judicial correspondiente.




  • Procedimiento sumario. Implica una mayor rapidez y celeridad en la tramitación. Las notas definitorias de este procedimiento es el acortamiento general de los plazos de todos los trámites procesales.




  • Procedimiento alternativo. La utilización de este procedimiento no es obligatoria sino facultativa., por lo que el ciudadano puede elegir entre la vía judicial general a que se refiere el artículo 24.2 de la CE o este procedimiento específico, preferente y sumario.


6. Contenido. La Ley 62/1978 contiene tres tipos de procedimientos que denomina garantías, a las que se ha unido un cuarto configurado por la Ley de Procedimiento Laboral.
6.1. Garantía jurisdiccional penal. El objeto es el enjuiciamiento de los delitos y faltas contra los derechos fundamentales de las personas. La tramitación de los causas en estos procedimientos penales tendrá carácter preferente y urgente, y su duración, desde la iniciativa del procedimiento hasta la sentencia, no podrá exceder de sesenta días en los casos en que sean competencia de la Audiencia Provincial y de cuarenta y cinco días en el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta o medios de difusión.
6.2. Garantía contencioso-administrativa. Las características de esta garantía son:


  • El objeto de esta garantía es el enjuiciamiento de todos los actos de la Administración Pública que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

  • No obligatoriedad de interponer recursos administrativos previos.

  • Posibilidad de suspender la efectividad del acto administrativo impugnado.

  • Reducción general de plazos en la tramitación y resolución del recurso contencioso-administrativo, especialmente en el supuesto del derecho de reunión.

6.3. Garantía jurisdiccional-civil. Las características más importantes son:


  • El objeto de esta garantía son las reclamaciones en el ámbito civil por vulneración o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.




  • La competencia para conocer de estas reclamaciones corresponde a los Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la localidad donde se haya producido el hecho o donde radique el registro u oficina en que deban manifestarse.




  • La legitimación para interponer el recurso se amplia, además de las personas naturales y jurídicas titulares de un derecho, al Ministerio Fiscal.




  • Reducción de plazos en el procedimiento.


6.4. Garantía jurisdiccional laboral. Sus aspectos más destacados son:


  • El objeto es la protección de todos los derechos fundamentales y libertades públicas que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al orden jurisdiccional social.




  • La legitimación para interponer este recurso se reconoce a cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados estos derechos, invocando un derecho o interés legítimo. El Ministerio Fiscal es siempre parte en estos procesos.




  • La competencia para conocer este recurso corresponde al orden jurisdiccional social, es decir, a los Juzgados y Tribunales de los Social.




  • Posibilidad de suspender el acto impugnado.




  • Tramitación preferente y urgente respecto de todos los procedimientos que se sigan en el Juzgado o Tribunal.


4.3. Las Instituciones protectoras de los derechos.
1. El Defensor del Pueblo. Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
2. El Ministerio Fiscal. Sus funciones son las de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
3. Las Cortes Generales y las técnicas del control parlamentario. Las Cortes generales contribuyen a la garantía de los derechos fundamentales y las libertades a través de las distintas facultades de control que pueden ejercitar, especialmente las preguntas e interpelaciones, y las Comisiones de Investigación que tengan por objeto el ejercicio y el respeto de esos derechos y libertades.
4.4. La protección internacional de los derechos y libertades fundamentales.
En 1949 fue creado el Consejo de Europa en La Haya, como un organismo que institucionalizaba la idea de la solidaridad europea en la defensa de los Derechos Humanos. Este Consejo aprobó el Convenio o Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que entró en vigor en 1953. España ingresó en el Consejo de Europa en 1977 y ratificó el Convenio el 4 de septiembre de 1979.


El Convenio recoge la mayoría de derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aunque la novedad más importante son los sistemas de protección previstos para esos derechos. A estos efectos, el Convenio creó dos órganos específicos de protección de derechos, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeos de Derechos Humanos, aunque también tienen una competencia genérica en la materia los otros dos órganos del Consejo de Europa, es decir, el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria.
El sistema europeo de protección de los derechos y libertades fundamentales es subsidiario respecto de los sistemas nacionales, no pudiéndose conocer de un asunto sino después de que se hayan agotado todos los recursos internos. La demanda debe interponerse ante la Comisión dentro del plazo de seis meses a partir de la resolución interna definitiva.
La legitimación activa de estos procedimientos judiciales en el marco del Consejo de Europa se atribuye tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos o grupos de los mismos. Si son esos últimos los que plantean directamente la demanda, corresponde a la Comisión conocer acerca de su admisión o no, trasladándola, si lo considera conveniente, al conocimiento del Tribunal. En el caso de que la demanda sea interpuesta por un Estado, la Comisión no es competente para conocer sobre su admisión, debiendo ser remitida directamente al Tribunal.
1   2   3   4

similar:

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconTest Nº 01. La Constitución Española de 1978: Características. Los...

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconTema La Constitución española de 1978. Principios inspiradores. Estructura...

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconTema Evolución del Sistema de derechos y libertades

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconTema La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y...

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconLos derechos y garantias fundamentales de la persona

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconI. E. S. “Las fuentezuelas” Fecha: 01-09-15
«tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los...

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconDefensor del Pueblo de la Nación inc dto. 1316/02 c/ E. N. P. E....

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconDe 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo...

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconDe los derechos, de los deberes y de las garantíAS

Tema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN; su defensa y garantíA. El recurso de amparo constitucional. El defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades iconConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda...






© 2015
contactos
m.exam-10.com