Magistrado Ponente






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CARGO PRIMERO
Por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la sentencia por violación indirecta de los artículos 63, 1494, 1505, 1546, 1602, 1603, 1604, 1610, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2343 del Código Civil; 1, 10, 16 de la Ley 23 de 1981 y 16 de la Ley 446 de 1998, a consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas:
a) Al concluir la carencia de legitimación en la causa por activa de las demandantes Guillermina de Jesús Alzate Arango, Beatriz Elena y Adriana María Arango Alzate, porque según los hechos de la demanda, invocan responsabilidad contractual de la demandada, sin ser partes del contrato, interpretó erróneamente el libelo introductor del proceso, por cuanto, sólo el hecho primero lo menciona respecto de la paciente y ninguno de los siete restantes, refieren relación contractual alguna entre la madre y hermanas demandantes y la demandada, vinculando el hecho 2.8. sus perjuicios a la “imprudencia y negligencia” de la última por la falla en la atención médica brindada; ninguna de las pretensiones, especifica una pretensión contractual, sino indemnizatoria para todas y cada una de las demandantes por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales consecuencia de la falla médica y, si bien, los fundamentos normativos citan normas relativas a la responsabilidad civil contractual y extracontractual, las primeras conciernen sólo a las partes del contrato y las últimas a quienes no eran parte del mismo; además, los alegatos conclusivos no permiten sostener la invocación de la responsabilidad contractual para todos los demandantes sino respecto de las partes del contrato y, tampoco, pueden cambiar los fundamentos fácticos de las pretensiones ni éstas, de donde, la recta interpretación de la demanda concluye la legitimación en causa de las demandantes para reclamar sus perjuicios.
b) Apreciación errónea de la historia clínica abierta por EMI, cuya objetividad muestra: (i) la consulta de la paciente “porque solo presentaba dolor en el hombro” sin antecedente alguno de trauma, según supone el fallador; (ii) el diagnóstico de “luxación, trauma de tejidos blandos, hombro derecho, señalando o indicando entre paréntesis (manguito rotador)”, sin registrar tipo de trauma, sus condiciones, antigüedad, ni la ruptura de manguito rotador, denotando la simple anotación un diagnóstico de luxación, trauma de tejidos blandos, mas no la ruptura del manguito rotador; (iii) el registro al realizar el examen físico de la ausencia de limitación en los arcos de movimientos del hombro derecho, descartando la ruptura del manguito rotador en armonía con el documento científico y la declaración del Dr. Ángel Monsalve; (iv) “B.E.G” (Léase Buen Estado General), “Alerta, No limitación en arcos de movitos (sic) (Léase Movimientos)” y (v) la formulación de cuatro semanas de reposo con cabestrillo.
c) Falta de observación del “documento técnico científico tomado del libro ‘ORTOPEDIA, PRINCIPIOS Y APLICACIONES’ de SAMUEL L. TUREK, Tomo II, de Salvat Editores, 1.982, España, capítulo 21, sobre hombro, la LUXACIÓN DEL HOMBRO, páginas 979 y 1003”, indicativo del cuadro clínico de un paciente con afección de hombro consistente “en que El paciente mantiene el brazo rígidamente inmovilizado en abducción y evita todo movimiento que es extremadamente doloroso”, determinando para el tratamiento, la práctica obligatoria de “estudios radiográficos”.
d) Declaración del médico Álvaro Germán Ángel Monsalve, cercenada por el Tribunal, al no contemplar su conformidad con el documento técnico en cuanto a los métodos de diagnóstico de la luxación, el cuadro clínico de limitación al movimiento, dolor que la hace sospechar pero se confirma sólo con exámenes como la ecografía del manguito rotador o resonancia magnética, la dificultad de efectuar un diagnóstico inicial de ruptura por el marcado dolor y la limitación de movimientos del hombro; esta declaración en consonancia con el documento científico, denotan la ausencia de ruptura del manguito rotador, pues cuando un paciente la tiene, evita todo movimiento del hombro al ser extremadamente doloroso, de donde, si el Tribunal las hubiera observado colegiría que si la paciente presentaba solamente dolor en el hombro según aparece en la historia clínica y no había limitación en los arcos de movimientos en su hombro derecho, sencillamente, era porque no presentaba ruptura del manguito rotador, tanto que no se registró, adicionándolo al diagnóstico y, por ello, la paciente no lo presentaba, apareciendo después de las maniobras del médico y del conductor de la ambulancia, siendo la demandada la causante de la lesión.
e) Apreciación errónea de la testimonial de Héctor Jaime Gómez y Álvaro Germán Ángel Monsalve al tenerlos como testigos técnicos y concluir la idoneidad del procedimiento médico practicado para atender la emergencia, desconociendo los criterios objetivos de valoración del testimonio, su carácter de testigos no presenciales de los hechos; además, la resonancia magnética practicada el 27 de octubre de 2000, demuestra la ruptura del manguito rotador luego de la atención del galeno de EMI y una luxación anterior reciente, siendo ésta y no aquélla el único diagnóstico, demostrando la ausencia de ruptura en ese momento; asimismo, el juicio de diagnóstico comporta una ayuda paraclínica confirmatoria con radiografía simple ordenada y un plan de tratamiento inicial, el cual no fue adecuado por requerirse nueva evaluación del paciente en un término de 6 a 8 días, tampoco recomendada, limitándose a sugerir un reposo con cabestrillo, dejándolo incompleto sin recomendar la evaluación por ortopedia, por todo lo cual, el tratamiento suministrado no fue el adecuado como concluyó el fallador y no pudo serlo porque nada menciona respecto de la causa originaria de la ruptura, además que ambos testigos difieren respecto del período de inmovilización, para uno de 6 a 8 días y para otro de 4 semanas, de donde, mal puede concluirse la idoneidad del tratamiento si no se recomienda una evaluación en corto tiempo y deja a la paciente con mayor dolor después de su manipulación.
f) Error en la apreciación de los testimonios de Iván Alfonso Naranjo Serna por no interpretarlo en consonancia con los restantes medios probatorios, como la historia clínica de 23 de octubre y las declaraciones de los médicos Ángel y Gómez, alterando su objetividad, por cuanto concluyó el juzgador la falta de prueba de la relación directa de la manipulación del paciente efectuada por el médico y su acompañante con la ruptura del manguito, pues si fuera adecuada no se entiende porqué después el dolor fue mayor, cuando tales probanzas evidencian la relación causal.

CARGO SEGUNDO
Amparado en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, imputa al fallo, la violación indirecta de los artículos 63, 1494, 1505, 1546, 1602, 1603, 1604, 1610, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2343 del Código Civil; 1, 10, 16 de la Ley 23 de 1981 y 16 de la Ley 446 de 1998, a consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de las mismas pruebas (historia clínica del 10 de octubre de 2000 abierta por EMI; documento científico; testimonios de Héctor Jaime Gómez, Álvaro Ángel Monsalve e Iván Alfonso Naranjo Serna) y por idénticas consideraciones a las señaladas en el cargo formulado para el caso de resultar impróspero.

CARGO TERCERO
Censura la sentencia de segunda instancia sustentado en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación indirecta de los artículos 63, 1494, 1505, 1546, 1602, 1603, 1604, 1610, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2343 del Código Civil; 1, 10, 16 de la Ley 23 de 1981 y 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de errores manifiestos de hecho en la apreciación de la demanda, por las mismas razones y supuestos del cargo primero “que se deben tener como incorporados a este cargo” presentado si aquel no prospera.

CONSIDERACIONES
1. Abstracción de la deficiente formulación de los cargos segundo y tercero, al tener por incorporadas sin más para sustentarlos, las consideraciones del primero, lo cual, es inadmisible en casación, en cuanto, cada acusación es autónoma y debe contener su explicación clara, precisa y específica, compartiendo todos idéntica argumentación y diferenciándose en la integralidad del primero por error de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas, el segundo por yerro fáctico apreciativo de las mismas probanzas y el tercero en el libelo por idénticas razones, la Sala aborda su estudio y decisión en conjunto.
2. Reprocha la censura al sentenciador la errónea interpretación de la demanda, porque entendida rectamente concluye la legitimación en causa por activa de Guillermina de Jesús Alzate de Arango, Beatriz Elena y Adriana María Arango Alzate, en cuanto, contrario sensu a la conclusión del fallador, no contiene “una pretensión contractual”, “sino una pretensión indemnizatoria a favor de todos y cada uno de los demandantes por unos perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados como consecuencia de la falla en la atención médica”, el hecho primero invoca un contrato sólo entre la paciente y la demandada y ninguno de los restantes siete hechos invocan relación contractual alguna entre la madre y hermanas de la paciente, el incumplimiento contractual concierne a las partes del contrato y al mismo tiempo se invoca que los actos originaron unos perjuicios tanto para la paciente, como firmante del contrato, como para sus hermanas y madre que no eran parte del contrato basados éstos en la imprudencia y negligencia, en forma que la cita de los fundamentos normativos de la responsabilidad contractual atañen exclusivamente a las partes del contrato y los de la responsabilidad extracontractual a las restantes y los alegatos conclusivos no pueden variar ni modificar el petitum.
La labor hermenéutica de la demanda, es necesaria cuando su lenguaje “sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), debiéndose analizar “en conjunto” para precisar su sentido prístino (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185, CCXVI, p. 520; S-114-2004 [7279]) y “no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (CCXXXIV, 234).
En circunstancias excepcionales, a pesar de la delicadeza y cuidado del juzgador, podrá incurrirse en un error de hecho en la interpretación del libelo, verbi gratia, cuando “tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido.” (LXVII, 434; CXLII, 200, cas. civ. 22 de agosto de 1989), el cual, en cuanto, “‘manifiesto, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda’ (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, sin publicar)” (CCXXV, 2ª parte, p. 185), podrá denunciarse en casación por la causal primera, pero sin convertirla “en una tercera instancia” (CCXLIX, vol. I, p. 445), ni “en un escenario en el que tengan cabida deducciones personales más o menos lógicas, razonamientos interpretativos, analogías o hipótesis de las partes” (CCXXXI, 704) ni “simplemente (...) un análisis diverso del que hizo el Tribunal para contraponerlo al de éste.” (CCXVI, p. 520, CCXXXI, p. 704).
En el caso concreto, el Tribunal, interpretó el libelo, cohesionando lo pedido con sus fundamentos, por la ausencia de especificidad o singularización de la responsabilidad pretendida respecto de todas las demandantes, situándola en la contractual, por cuanto, “los hechos que se relatan en la demanda, de cara a la forma como se reclaman las pretensiones, apuntan a concluir que como fuente de los perjuicios de los que pretendían indemnización, las demandantes señalaban una responsabilidad de tal naturaleza”, por lo cual, sólo está legitimada en causa activa para deducirla la paciente, ya que “ni la más generosa interpretación de la demanda hace posible tal inferencia, habida cuenta de que las demandantes invocan como fuente de la responsabilidad que concluyen frente a la demandada la calidad de afiliada de MARTHA CECILIA a EMI”, como se acepta en la alegación.
Claro estuvo, por tanto, el sentenciador respecto de la reclamación de Guillermina de Jesús Alzate de Arango, Beatriz Elena y Adriana María Arango Alzate, esto es, de su carácter de terceros en el contrato existente entre EMI y la paciente, por lo cual, concluyendo el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual por la falla médica invocada, precisó la carencia de legitimación en la causa activa, limitada a los sujetos contratantes.
El laborío interpretativo del libelo, no sólo resultó imprescindible sino acertado por encajar su contenido dentro de los parámetros descritos, en tanto los fundamentos fácticos y normativos de las pretensiones la sitúan en la responsabilidad civil contractual, por manera que este motivo de impugnación se frustra.
No obstante, es pertinente memorar que la Corte, en su prístino propósito de administrar y lograr la justicia, sin desconocer la dicotomía normativa entre la responsabilidad contractual y extracontractual por sus directrices o reglas jurídicas diferenciales (cas. civ. 30 de octubre de 1915, num. 1953, p. 118 ss.; cas. civ. 31 mayo 1938, XLVI, p. 572 ss.; 25 de noviembre de 1938, XLVII, 411; 5 de marzo de 1940, un. 1953, p. 118; 2 de septiembre de 1941, LII, 33; 25 de febrero de 1942, LIII; SNG, 14 de marzo de 1942, XII, 937; 21 de septiembre de 1944, LVII, 598; 31 de julio de 1949, XLIX, 625; 4 de agosto de 1950, LXVII, 764; 20 de abril de 1954, LXXVII, 375; 2 de mayo de 1970, CXXXIV, 124; cas. civ. 11 de mayo de 1970, nums. 2326 a 2328, pp. 123 ss.; cas. civ. sentencia del 1º de octubre de 1987, CLXXXVIII, pp. 243 ss.; cas. civ. de 28 de junio de 1989 – reiterada en cas. civ. de 27 de junio de 1990; 15 de abril de 1997, exp. 4422; cas. civ, 31 de julio de 2000 [SC-118-2000], exp. 5774; 30 de enero de 2001, exp. 5507; cas. civ. 4 de abril de 2001, [SC-065-2001], exp. 6436; cas. civ. de 12 de agosto de 2002; 31 de marzo de 2003. Exp. 7142; 15 de octubre de 2004, exp. 6199; sentencia del 30 de junio de 2005, expediente No. 1998-00650-01; 18 de octubre de 2005, exp. 14491; 19 de diciembre de 2005, exp. 1996-5497-01; 22 de marzo de 2007, exp. 05001-3103-000-1997-5125-01), ni las críticas (C. CASTRONOVO, Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso, in Europa e dir. privato, 2004, 69; Id., La nuova responsabilità civile3, Milano, 2006, 555; P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Padova, 1989, 19 ss.; G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, voce dell’Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, § 1; ID., Trattato breve della responsabilità civile, 2ª. ed., Cedam, Padua, 1999, pp. 197 ss.; id. La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, 158; R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in G. Visintini (a cura di) Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, p. 158) y futuro de la distinción (GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione attuale?, in Riv. critica dir. privato, 1987, 79 y ss.; Geneviève VINEY, Tratado de derecho civil, Introducción a la responsabilidad, trad. es. F. Montoya M., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, no. 245, pp. 524 ss.: “(…) nos parece que, en el porvenir, la distinción entre responsabilidades contractual y extracontractual está llamada a perder su importancia en provecho de otra distinción, que tiende hoy a afirmarse cada vez más, entre el ‘derecho general’ oderecho común’ y los regímenes especiales de responsabilidad civil”), ha admitido, en determinadas hipótesis, el deber resarcitorio del quebranto inferido a sujetos diversos, precisamente en repudio de la impunidad a que conduciría la exclusión de la reparación del daño inmotivado causada a la esfera tutelada por el ordenamiento jurídico, verbi gratia, en tratándose de los intereses de consumidores y usuarios cuya protección no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial (sentencia de 28 de julio de 2005, exp. 00449-01), puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante” (cas. civ. 7 de febrero de 2007, exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01, [SC-016-2007]) y, de la responsabilidad médica, por cuanto, en oportunidades, unos mismos hechos, actos o conductas, a más de lesionar el contrato y, por tanto, los derechos e intereses de las partes contratantes, pueden generar un detrimento a terceros extraños al vínculo contractual, o sujetos distintos pueden causar el quebranto a una misma persona o a varias personas bajo distintas relaciones o situaciones jurídicas o diversos títulos de imputación, por ello legitimados para reclamarlos de conformidad con las normas legales (cas. civ. 11 de septiembre de 2002 [SC-172-2002], exp. 6430; 13 de septiembre de 2002, exp. 6199; 27 de septiembre de 2002, exp. 6143; 18 de mayo de 2005, exp. 14405).
Con todo, aún con el entendimiento de la censura en torno a la falta de pretensión en la demanda de responsabilidad contractual alguna, la referencia del contrato y su incumplimiento sólo respecto de la paciente y EMI, partes o sujetos contractuales y la formulación de una pretensión por falla médica desligada del contrato y asociada a la responsabilidad civil extracontractual en cuanto hace a la madre y hermanas demandantes, el supuesto error enrostrado carece de entidad para quebrar la sentencia, por cuanto, finalmente, el Tribunal, soportó su decisión en la ausencia de la relación de causalidad entre el tratamiento practicado por la demandada y el daño reclamado, o lo que es igual, la falla médica imputada y la lesión, presupuestos comunes a todo tipo de responsabilidad, aspecto en el cual, tampoco cometió yerro alguno, como pasa a examinarse.
3. El error de hecho por errónea apreciación de las pruebas denunciable vía indirecta por la causal primera de casación, acontece “a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento” (cas. civ. 10 de agosto de 1999, exp. 4979).
Análogamente, el yerro fáctico, ha de ser ostensible, “de modo tan notorio y grave que a simple vista se imponga a la mente, esto es que para demostrarlo no se requieran complicados o esforzados raciocinios, o en otros términos que sea de tal entidad que resulte contrario a la evidencia que el proceso exterioriza, ya que en el recurso de casación los únicos errores fácticos que pueden tener el vigor suficiente para quebrar la sentencia atacada son ‘los que al conjuro de su sola enunciación se presentan al entendimiento con toda claridad sin que para descubrirlos sea menester transitar el camino más o menos largo y más o menos complicado de un proceso dialéctico’ Cas. Civ. de 21 de noviembre de 1971; 4 de noviembre de 1975 y 14 de diciembre de 1977 y 17 de marzo de 1994).” (cas. civ. 18 de septiembre de 1998, exp. 5058).
Por esto, el recurrente, no puede “reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida, no sólo porque ésta ingresa al recurso de casación escoltada de la presunción de acierto, sino porque ese medio de impugnación no es una oportunidad adicional para debatir con amplitud las circunstancias fácticas del proceso, como si lo fueron las instancias respectivas. El error de hecho para que se estructure, además de trascendente, es decir, que sea el determinante de la decisión final, lo tiene dicho la jurisprudencia, debe ser ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento’ (G.J. Tomo LXXVII, pág. 972)” (cas. civ. sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, exp. C-4730).
Ahora, el Tribunal, no incurrió en los errores de hecho imputados por el impugnador; la falta de consideración del denominado “documento científico” plasmado en el libro de Samuel L. Turek respecto del cuadro clínico de un paciente con afección de hombro, desde luego, apenas es un soporte doctrinario; las declaraciones testimoniales de los médicos Álvaro Germán Ángel Monsalve y Héctor Jaime Gómez, contrariamente al invocado cercenamiento, fueron apreciadas en su dimensión por el Tribunal y no permiten concluir la afirmación respecto de la ausencia de ruptura de manguito rotador al instante del procedimiento implementado ni como consecuencia de éste, por la simple carencia de limitación en los arcos de movimientos en el hombro derecho con la cual se edifica el error de hecho con la conjetura que aquélla de suyo la determina, porque la limitación en virtud del extremo dolor implica imposibilidad de movimiento y de evidencia; la resonancia magnética posterior de 27 de octubre de 2000 sólo acredita la ruptura del mismo y una luxación anterior reciente sin precisión de la época de su ocurrencia, anterior, concomitante o ulterior al procedimiento médico de urgencia, tampoco determina su causa, ni vinculación al último; las anotaciones de la historia clínica abierta el 10 de octubre de 2000 por EMI registran por motivo de consulta “dolor en el hombro”, por antecedente de éste, “[t]rauma en hombro”, el diagnóstico de luxación o “trauma de tejidos blandos, hombro derecho (manguito rotador)”, “EPICRISISPaciente que sufre híper extensión en abducción de hombro derecho: Al EF’” (Examen físico), “‘B.E.G(Buen estado general) Alerta, No limitación en arcos movitos (sic) (movimientos), Fórmula de reposo, etc.”, y de estas anotaciones, puntualizó el Tribunal, “como motivo de la misma, dolor en el hombro, y, como antecedentes, trauma en hombro sin tratamiento, aserciones que le ratificó al médico ortopedista cuando por persistencia del dolor en el hombro, consultó el día 23 de octubre siguiente, oportunidad en la cual dijo ella al especialista, porque eso fue lo que éste consignó en la historia clínica, lo siguiente ‘Recibió jalón’ en hombro hace 2 semanas. Quedó con mucho dolor. Al día siguiente fue manipulada por médico de EMI para ‘arreglar el hombro luxado’ (…)” y, también se anotó en la historia clínica abierta por el médico de EMI “y que ella avaló con su firma”, la causa del dolor por “hiper extensión en (…) hombro derecho”, admitiendo a aquél y a éste “que había sido objeto de un tirón en el hombro que le causó gran dolor”.
De igual manera, apoyado en las declaraciones testimoniales de los ortopedistas Héctor Jaime Gómez Montoya y Álvaro Germán Ángel Monsalve, médicos, por cuya especialidad, conocimiento y experiencia, bien pueden estimarse testigos técnicos concluyó “que el procedimiento y el tratamiento que a la dolencia de la paciente se le dieron, fue el adecuado para agotar la emergencia médica por la que consultó” (se subraya), sin existir una prueba de dolo o culpa y, asimismo, aún admitiendo alguna negligencia de médico de EMI por no remitir la paciente después del tratamiento a un ortopedista, claramente explicitó la ausencia de prueba alguna en cuanto a “que fuera la atención médica prestada por EMI a aquella, por conducto del médico BAYONA ULLOA, la causante directa de la ruptura del manguito rotador de su hombro derecho y por lo mismo, de la limitación funcional que presentaba cuando formuló la demanda”, pues aquellos testigos no presenciales, señalan por causa de los males lo que ella les expresó a diferencia del testigo presencial Iván Alfonso Naranjo Serna, “quien acompañaba al médico el día de los hechos” describiéndolo, por lo cual, “posible no resulta concluir sin riesgo de equivocación, que el procedimiento y tratamiento que a dicha señora se le hizo y formuló por el médico enviado por aquella para atender la dolencia de ésta, haya sido causante directo de la limitación”.
Desde esta perspectiva, para el sentenciador, relevante y decisivo del fallo, es la ausencia de relación de causalidad del tratamiento de urgencia practicado a la paciente por el médico de EMI y la ruptura de manguito rotador, pues los testimonios de oídas, los de los médicos ortopedistas Héctor Jaime Gómez Montoya y Álvaro Germán Ángel Monsalve, las historias clínicas, el examen posterior, no permiten esta conclusión, “sin riesgo de equivocación”.

Por su pertinencia, iterase, “la casación no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a ésta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’” (casación civil 22 de octubre de 1998, citada en sentencia de 20 de abril de 2001, expediente 6014); el juez, “‘goza de autonomía para evaluar y ponderar los diversos medios de prueba que integran el acopio demostrativo del expediente. Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación(sentencia de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992)” (casación de 24 de octubre de 2006, expediente 00058-01), pues, “partiendo de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de equivocación por parte del sentenciador, error que, según lo precisa el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; ‘... si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario...’” (CXLII, pág. 242), (Sentencia No. 006 del 16 de marzo de 1999, expediente 5111), en forma que, “el desatino (del juzgador) debe ser tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’ (…) (Cas, Civil G. J. CCXXXI, pag. 645)” (cas. civ. 26 de febrero de 2001, exp. 6048).
Por lo anterior, no prosperan los cargos.

CARGO CUARTO
Por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la sentencia por violación indirecta de los artículos 63, 1494, 1505, 1546, 1602, 1603, 1604, 1610, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2343 del Código Civil; 1, 10, 16 de la Ley 23 de 1981 y 16 de la Ley 446 de 1998, a consecuencia de errores manifiestos de derecho en la apreciación conjunta de las pruebas según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
Singulariza el censor la historia clínica abierta por EMI el 10 de octubre de 2000 por no evaluarla coincidentemente con el documento científico, los testimonios de Ángel Monsalve, Iván Alfonso Naranjo Serna apreciados fragmentariamente, ni la historia clínica visible a folio 19, ni el examen, por cuanto, registran la ausencia de limitación de los arcos de movimientos del hombro derecho, el diagnóstico de luxación, trauma de tejidos blandos, la manipulación realizada por el médico y conductor de la ambulancia a causa de la cual presentó mayor dolor y la ruptura completa del maguito rotador después de ésta, al suponer una evidente limitación en los arcos de movimientos que no tenía cuando se efectúo el procedimiento, imputando, en suma, los mismos yerros señalados en el cargo primero, pero por falta de valoración integral de las pruebas, así mismo, en cuanto a los testigos por no rechazar preguntas tendientes a provocar conceptos, a más que los galenos Ángel y Gómez no pueden tenerse como testigos técnicos concretos sino generales de su profesión, porque no presenciaron los hechos concretos técnicos, examinaron la paciente ni estuvieron presentes en el procedimiento practicado a ésta, incurriendo así en el error de derecho.

CONSIDERACIONES
Como se desprende de la síntesis de este cargo, en rigor, el casacionista, censura al juzgador la valoración de las probanzas consistentes en la historia clínica abierta el 10 de octubre de 2000 por la demanda, el documento científico y los testimonios, reseñados todos en las acusaciones anteriores, porque interrelacionados no permiten sostener las conclusiones probativas del sentenciador, por ser diferentes; así, la historia clínica indica la ausencia de limitación en arcos de movimientos en el hombro derecho de la paciente, el diagnóstico de luxación o trauma de tejidos blandos, el documento científico y el testimonio del Dr. Ángel Monsalve que la ruptura del manguito rotador genera una evidente limitación de los arcos de movimiento del hombro y, por ello, si no existe tal restricción tampoco ruptura; el testimonio de Iván Alfonso Naranjo Serna concordemente con la historia clínica, demuestra la manipulación y la presencia del dolor luego de ésta, y el examen posterior a dicha manipulación, la ruptura del manguito rotador, por lo cual, ésta es consecuencia de dicho tratamiento; asimismo, el testimonio de Héctor Jaime Jiménez Montoya, acredita la falencia en el diagnóstico y el tratamiento, de donde, este procedimiento contrario sensu a lo concluido por el juzgador no fue adecuado ni idóneo.
Por donde se mire la impugnación, en rigor y estrictamente, contiene una imputación de idénticos yerros fácticos a los denunciados en los cargos anteriores y un reproche al Tribunal en su labor apreciativa de las pruebas, pues si bien el censor se aplicó a enrostrarle un error de derecho por falta de aplicación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, empero, en el desarrollo demostrativo de la acusación, se orienta a denotar la errada conclusión y apreciación de las probanzas, lo cual, no atañe a un error de contemplación jurídica probatoria, sino fáctico.
A este propósito, el error de derecho concierne a la interpretación o inaplicación de las normas legales rectoras del medio probatorio, presentándose cuando a pesar de la correcta apreciación objetiva de la prueba, desconoce las normas relativas a su producción o las pertinentes a su eficacia, atribuyéndole un mérito que no tienen o infirmando el que ostentan y cuando no las aprecia en conjunto con arreglo al artículo 187 ibídem, en cuyo caso, es imperativo, además de individualizar los medios de prueba no estimados, indicar los apartes de cada una de ellas que evidencien y muestren la falta de integración, sin incurrir en una denuncia derivada hacía la ausencia de apreciación, la suposición o tergiversación de su evidente sentido.
En efecto, cuando de la falta de valoración conjunta de las pruebas se trata (art. 187 C. P. C.), esta Corporación ha habilitado su denuncia como un error de derecho; empero, tal eventualidad tiene un condicionamiento inconfundible, consistente en que las pruebas adosadas al expediente, ciertamente, debieron ser apreciadas o valoradas por el juzgador, aunque de manera aislada, sin conexidad alguna; pero, cuando, como en el caso presente, se acusa al Tribunal de pretermitir algún medio persuasivo, cuando se le recrimina de pasar por alto los elementos adosados al expediente, no gesta, con tal proceder, una equivocación de derecho sino de hecho, consistente, precisamente, en desconocer la existencia física de algún medio probatorio, o, como igualmente se le enrostra al juzgador, por escrutar erradamente su contenido material” y, por consiguiente, “la falta o errada apreciación de los elementos de convicción, no deviene similar a la valoración insular, incompleta o fraccionada, por cuanto que la primera hipótesis comporta una preterición o, según el caso, la tergiversación, de las pruebas adosadas al expediente, mientras que la segunda eventualidad, es decir, su valoración aislada, implica advertir o reparar en las pruebas; siendo las cosas así, como en efecto lo son, en el primero de esos supuestos, se debe encauzar el ataque, aunque por vía similar, esto es, la indirecta, pero denunciando errores de hecho y no de derecho como fue desarrollada la acusación” (cas. civ. 24 de junio de 2008, [SC-055-2008], exp. 11001 3103 038 2000 01141 01, reiterando cas. civ. 4 de marzo de 1991, sent. de 16 de mayo de 1991, CCLVIII. 603, cas. civ. 25 de noviembre de 2005, exp. 082-01).
Ahora, examinadas las imputaciones con amplitud, tampoco pueden acogerse, por cuanto, como se puso de presente al despachar los cargos por yerro fáctico, el Tribunal, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, analizó de manera racional, coherente y sistemática cada una de las pruebas, soportando en su interrelación lógica y sentido, sus conclusiones.
Por demás, “si la conclusión a la que llegó el ad-quem, luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador en la providencia motivo de impugnación” (CCLVIII, 212 y 213).
Como corolario, el cargo deviene impróspero.

DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 10 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario de Guillermina de Jesús Alzate de Arango y Martha Cecilia de la Inmaculada, Beatriz Elena y Adriana María Arango Alzate, contra Emergencia Médica Integral, EMI Antioquia S.A.
Costas del recurso de casación a cargo de la recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ



JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR



RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
WILLIAM NAMÉN VARGAS
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA


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