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CAUSA Nº 3131 CCALP “ASOCIACION CIVIL NUEVO AM. CEN. VEC. P. LARA C/ CEAMSE S.A. S/ AMPARO”

En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “ASOCIACION CIVIL NUEVO AM. CEN. VEC. P. LARA C/ CEAMSE S.A. S/ AMPARO”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -4559-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia A. M. Milanta.

A N T E C E D E N T E S

I. LA DEMANDA:

Marcelo Martínez, en representación de la Asociación Civil “NUEVO AMBIENTE”, con personería jurídica n° 22.364 (DPPJ), Ana Zanoni y Antonia Montes Canosa por el “CENTRO VECINAL PUNTA LARA” con personería jurídica n° 48.006 (DPPJ), promueven acción de amparo ambiental, en los términos de los artículo 20 inc. 2 y 57 de la Const. Pcial.; 43 de la Constitución Nacional y demás artículos concordantes sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22), contra la “Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado” –CEAMSE-, solicitando se ordene a la accionada:

a) Cese en las tareas de ampliación del Centro de Disposición Final de Residuos (CDFR) que la entidad posee en el partido de Ensenada

b) Cese en la disposición de residuos provenientes de otras localidades distantes a más de 20 km de la misma.

c) Adopte medidas de prevención y mitigación respecto de la potencial contaminación producida por el depósito existente de residuos en la planta, sin recaudos adecuados para tal fin.

d) La incorporación de procedimientos de control relacionados con el ingreso de residuos no permitidos.

II. 1. Relata que la empresa CEAMSE, tiene a su cargo la disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 31 distritos del conurbano bonaerense, incluidos La Plata, Berisso y Ensenada, con más tres partidos no incluidos en la ley 9111 –Gral. Rodriguez, Pte. Perón y Luján-; disponiéndose también residuos privados de diversas empresas.

II.2. Agrega que en la actualidad el CEAMSE, en su planta de Punta Lara, recibe, además de los residuos de La Plata, Berisso y Ensenada, residuos provenientes de Magdalena, Brandsen, Berazategui, y Lomas de Zamora, con un aumento en el total de residuos del orden de 12 mil tn. mensuales, habiendo colmado su capacidad receptiva, superándose el nivel superficial de las celdas o trincheras, aumentando en forma negligente la cota y la topografía del relleno.

II.3. Sostiene que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aportado por la firma demandada, reconoce riesgos en la generación de líquidos “lixiviados”, y que la capacidad de la planta, no es suficiente, actualmente para tratar la totalidad de los líquidos emergentes.

II.4. Destaca que la ley 9111 –de creación del CEAMSE-, prohíbe la disposición de residuos más allá de un radio que excede los 20 km, ingresando residuos provenientes de localidades que exceden la distancia legal.

II.5. Alega que la ampliación de la capacidad proyectada por el CEAMSE, contradice las normativas vigentes, contraindicadas por las características geomorfológicas e hidrológicas del suelo, máxime tratándose de una zona inundable, ello en violación de las ley 25.916 (-Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios art. 21-).

II.6. Entiende que el proyecto de ampliación también se encuentra en infracción de la ley 25.916, en tanto la misma prescribe que los centros de disposición final deben ubicarse en sitos suficientemente alejados de áreas urbanas.

II.7 Considera que la demandada incurrió en violación de las leyes 25.675 –medio ambiente-, 25.916, ya mencionada, y art. 28 de la Constitución Provincial, en tanto el proyecto de ampliación no cuenta con estudio de impacto ambiental.

II.8. Denuncia diversas fallas en la disposición de residuos a saber: a) Disposición de lixiviados al arroyo “El Gato”; b) Incorrecciones en la clasificación de residuos patológicos; c) Presencia de emisión de gases al medio ambiente (gas metano, por descomposición de la basura expuesta a temperaturas de 40° a 60° centígrados, produciendo malos olores y afectación potencial de la salud; d) Contaminación de napas freáticas –conforme lo afirma el programa de observatorio calidad de vida de la UNLP, e) La presencia de plomo y cadmio detectada por la Autoridad del Agua, en las formaciones acuíferas del lugar –expte. 2336-4709/05-, e) Violación de la Ordenanza 1358/90 que prohíbe la realización de nuevas excavaciones y movimiento de tierras en el distrito de Ensenada; f) Violación del artículo 4° de la ley 9111 por el ingreso de residuos provenientes de distritos que se encuentran a más de 20 km.; g) Afectación de los recursos paisajísticos, que produce un impacto ambiental negativo, a consecuencia de la elevación desmesurada de la cota, vgr. el relleno en la autopista de Buenos Aires; h) Por último, denuncia la existencia de perjuicios económicos y sociales en la desvalorización de las tierras afectadas, la que requiere un control posterior por más de veinte (20) años, y la consiguiente inutilización por espacio de cincuenta (50) años (sic).

II. 9. También solicita se ordene a la demandada la adopción de medidas de seguridad ambiental necesarias para evitar la contaminación del área bajo supervisión técnica idónea; y la realización de las obras, tareas y utilización de equipamiento que corresponda, según las pericias que se efectúen al efecto, bajo el monitoreo, prevención y mitigación de los impactos negativos, sujeto a los plazos ciertos que no superen de 30 días para su ejecución.

II. 10. Fundan la pretensión en los derechos constitucionales que estiman afectados, a saber: a) Daños a la salud, producto de la contaminación ambiental, el riesgo cierto de contraer enfermedades, contaminación de las napas de percolado de los lixiviados, como daño potencial a la salud; b) Daños al Medio Ambiente, establecido en el artículo 41° de la Constitución Nacional y art. 28° de la Const. Pcial.; c) Encauza el trámite formal de su pretensión en el amparo ambiental previsto en el artículo 43° de la Constitución Nacional destacando que el convencional constituyente previó esencialmente la inexigibilidad de acreditar otro “…medio judicial más idóneo”, para las cuestiones ambientales, estableciéndola expresamente como vía jurisdiccional esencial, citando doctrina al efecto.

II. 11. Como medida cautelar solicita el cese de la ampliación de la planta existente, y el cese en la disposición ilegítima de los residuos domiciliarios en la planta de Ensenada, provenientes de distritos ajenos a La Plata, Berisso y Ensenada.

II. 12. Ofrece prueba, planos de ampliación de planta, informe de UNLP, expediente administrativo de la Autoridad del Agua; y copia resumen de Estudio de Impacto Ambiental.

III. Realizada la diligencia de “reconomicimento judicial” (fs. 163/164), ampliada la demanda (fs. 170/174) en punto a la crítica concerniente al EIA aportado por el Ceamse, -agregado a fs. 179/554 -, se presenta la entidad demandada produciendo el informe circunstanciado, al que refiere el artículo 10° de la ley 7166.

IV. EL INFORME DE LA EMPRESA C.E.A.M.S.E:

IV.1. A fs. 556/576, se presenta por medio de apoderado la entidad demandada (C.E.A.M.S.E.), contestando la acción contra ésta impetrada, exponiendo, puntualmente, los siguientes argumentos:

IV.1.a. Niega que el centro de disposición final (CDF) se encuentre colapsado, en su capacidad útil y que la construcción de un nuevo módulo, sea la consecuencia de una planificación continuada en el tiempo, para disponer los residuos domiciliarios de los municipios circundantes; agregando que, en cuanto a la capacidad útil de cada celda, las mismas, respetan las reglas del arte.

IV.1.b. En relación a la capacidad técnica y operativa de recepción de residuos desde los municipios de Florencia Varela y Berazategui, sostiene que, los mismos se vienen disponiendo desde el 1° de diciembre de 2003, y que ello no ha causado colapsamiento, agregando que, en cuanto a la violación del límite establecido por el artículo 4° de la ley 9111, los mismos se encuentran comprendidos dentro de las pautas previstas por la normativa legal, ya que la distancia se mide desde el límite de los municipios, en línea recta hasta el CDF de Ensenada. Cita en apoyatura a sus argumentos la resolución judicial de la Cámara Contencioso Administrativa (integración de feria) recaída en la CCALP n° 752 del 25 de enero de 2005, respecto al mayor volumen ingresado al predio y su razonabilidad.

IV.1.c. En cuanto al proyecto de ampliación aduce su compatibilidad con la ley nacional 25.916 (art. 21), en tanto entiende que habilita la ejecución de obras, siempre que se evite las inundaciones; a lo que agrega que, la proximidad del CDF con la zona urbanizada, al momento de la apertura del mismo, era de escasa población o prácticamente nula; y, en otro orden, con relación a la violación de la ley 25.675 –de medio ambiente-, sostiene que a tal evento adjunta EIA, donde se demuestra que la actividad no contamina el medio ambiente.

IV.1.d. En lo concerniente al tratamiento y eliminación de los “líquidos lixiviados” hacia el arroyo “El Gato” sin el tratamiento adecuado, alega que se ha construido una planta de tratamiento de los mismos, para procesar una capacidad máxima de 100 mts.3 de líquido por día, detallando el procedimiento de tratamiento y sus distintas etapas, negando la contaminación de las napas freáticas.

IV.1.e. Expresa también que, en relación a la calidad y control del CDF, se dispuso un monitoreo permanente de las aguas subterráneas, impermeabilización con geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.500 micrones, sistema de extracción y transporte de líquido lixiviado, planta de tratamiento, plan de extracción y tratamiento de gases y sistema de control de origen y cantidad y calidad de gases.

También descalifica la violación de la Ordenanza 1358 de la Municipalidad de Ensenada, en tanto considera que la misma no le resulta aplicable al CEAMSE, y no se verifica actividad extractiva de suelo o canteras.
IV.1.f. Alega que no se produce contaminación ambiental, por cuanto el EIA por ella presentado, informa que los índices se encuentran por debajo de los parámetros normales establecidos, y que los malos olores son el producto de la descomposición de la basura y no implica contaminación. Niega la contaminación de las napas freáticas y desconoce el informe presentado por la UNLP, a tales fines.

En lo referido al deterioro del paisaje, sostiene que el CEAMSE ha efectuado múltiples plantaciones de árboles para mitigar el impacto.

IV.1.g. También sostiene que el CEAMSE, cumple con las previsiones del artículo 41° de la Const. Nacional, y 28 de la Const. Pcial., cuestiona la legitimación de la actora, y arguye la improcedencia formal de la acción intentada.

V. Posteriormente, en autos se adjuntan los siguientes informes: a) De la Dirección Provincial de Recursos Naturales (Departamento Areas Protegidas), fs. 637/643, a través del que se informa que por ley 12.814 se declaró “Reserva Natural Integral Mixta” a las tierras comprendidas entre la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta las aguas del Río de La Plata, entre el canal Baldovinos y la prolongación de la calle 236 de Punta Lara, anexando las tierras titularidad del CEAMSE, destacando la autoridad ministerial que los antecedentes legislativos de datan del año 1949; b) Del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, de donde surge que el “Fuerte Barragán”, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Provincia, en los términos de la ley 10.419, mediante el art. 1° inc. d) de la ley 11.242, y que el “Palacio Piria” fue declarado Monumento Histórico y bien incorporado al Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires por ley 12.955 (fs. 655/664).

VI. DE LA SENTENCIA.

VI.1. A fs. 667/678, el magistrado de grado, resuelve hacer lugar a la acción de amparo intentada, ordenando la clausura del módulo “d” del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU), a partir del día 30 de octubre de 2006, prohibiendo recibir todo tipo de residuos a partir de esa fecha; declarando la prohibición de ingreso de residuos generados en partidos, cuya ubicación supere la distancia prevista por el art. 4° del decreto ley 9111/78, mesurada conforme los términos del apartado 13º de la sentencia, ello a partir del día 30 de junio de 2006, imponiendo las costas a la vencida (art. 25 ley 7166).

VI.2. Para así resolver hubo considerado legitimada a la parte actora, considerando que el artículo 43° reconoce el concepto de afectado, a las asociaciones que propendan a esos fines, y en jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia en causa “Asociación Civil Ambiente Sur”, del 19.III.03).

VI.3. En lo sustancial sostuvo que el principio de congruencia establecido en la ley 25.675 (Gral. de Medio Ambiente) exige que la legislación ambiental provincial y municipal debe adecuarse a los principios fijados por aquélla; y en tal caso, el decreto ley 9111/78 se encuentra en dicho proceso de adecuación.

VI.4.También apoya su lógica argumental, en la sentencia pronunciada por la Sala 1° de la Cámara Federa de Apelaciones de La Plata, del 28.VI.05, en donde se puso de manifiesto los aspectos negativos de la técnica del relleno sanitario.

VI.5. Hace mérito del emplazamiento del Centro de Disposición Final, y su proximidad con diversos centros poblados y urbanizados, dentro de un área protegida afectando sitios declarados como patrimonio cultural (“Fuerte Barragán y Palacio Piria”), y lugares turísticos con espacios lacustres adyacentes, considerando violado el artículo 20° de la ley 25.916 que prohíbe el emplazamiento en tales sitios.

VI.6. Así también destaca la afectación de la “Reserva Natural Integral de Punta Lara” (leyes 11.544 y 12.814), no sólo por la existencia de acuíferos y su eventual contaminación, sino por alteración del ecosistema en su conjunto.

VI.7. Se informó en la falta de inspecciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, al Centro de Disposición Final aludido, en tanto, sostuvo que, es de su competencia, conforme ley 12.355 art. 28º, abordar el contralor de la misma, agregando, que dicha omisión, ha posibilitado la elevación desproporcionada de la superficie, situación que se constató en el reconocimiento judicial practicado.

VI.8. En relación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Juez “a quo” sostuvo que el mencionado estudio no satisface las condiciones exigidas por la ley 25.916, por cuanto no se refiere al nuevo módulo construido en Ensenada, ni cuenta con la aprobación de la autoridad ambiental provincial competente (art.18 in fine ley cit).

VI.9. También tuvo por constatada la modificación de la geomorfología y del paisaje de la zona, a tenor del reconocimiento judicial del predio, con una altura de 20 mts., en uno de los módulos que supera el nivel natural del terreno.

VI.10. Respecto a la presencia de elementos contaminantes como el "plomo y cadmio" en el arroyo adyacente, expuso que, no obstante existir opiniones controvertidas en autos, el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, exige la adopción de medidas eficaces, ante la ausencia de información o certeza científica (art. 4 ley 25.675).

VI.11. Concluyó en la violación efectiva del artículo 4º del decreto ley 9111/78, toda vez que entiende que, la distancia allí fijada debe responder el itinerario real de los residuos transportados, desde los municipios de Berazategui, y Florencio Varela, hasta el CDF.

VI.12. Por último, hubo ponderado el incremento poblacional registrado en la zona del Gran buenos Aires, desde 1980 hasta el año 2001, previendo que la tendencia proyectada lejos está de estabilizarse, reconociendo el derecho de los pobladores de las zonas aledañas a gozar de un ambiente sano y de una vivienda adecuada, conforme el art. 11 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

VII. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

VII. 1. Por medio de la presentación que luce glosada a fs. 682/755, la entidad demandada formula agravios en relación a la sentencia recaída en autos, ensayando, liminarmente, consideraciones genéricas, a modo introductivo, respecto del enfoque que el magistrado "A quo" hubo de proporcionar a su estructura decisoria, calificándola como "arbitraria y contradictoria" (sic).

VII.2. Seguidamente, formula los siguientes agravios, (ap. IV del recurso de apelación), a saber:

VII.2.a. El apelante se alza contra la decisión de instancia en lo concerniente a la vía elegida, alegando que no existe fundamento para sustentar la vía procesal rápida y expedita de la acción de amparo, y que la cuestión en debate no puede constituir una situación nueva, sorpresiva o de peligro inminente, ni que se pueda argüir que la operación de los residuos y su disposición final resulte una actividad "manifiestamente" ilegal; agregando que, la acción intentada importa una instancia sumarísima y excepcional, quedando desvirtuada la procedencia del amparo ambiental previsto por el art. 43º de la Const. Nacional, sosteniendo que los actores no acreditaron siquiera una inferencia o un perjuicio a sus derechos constitucionales.

VII.2.b. Alega que la sentencia sostiene la ampliación del centro de disposición de residuos, estimando que no existe tal ampliación, ni una sobreutilización del predio, acusando incongruencia en la decisión final, en tanto deja sin servicio de disposición final a toda la sub-región La Plata, resultando una solución "autopoiética" (sic), y que en tal caso, debe contemplarse una solución razonada de distintos niveles administrativos y legislativos, ajenos al cometido del Poder Judicial.

VII.2.c. Denuncia la conducción arbitraria del proceso, por haber eliminado todo vestigio probatorio, en tanto se condena a su parte por simples sospechas que, a la postre, el fallo asume de manera "a-crítica" (sic), entendiendo que el supuesto agravio invocado por las asociaciones accionantes sólo puede ser acreditado tras el agotamiento de una instancia probatoria.

VII.2.d. Impugna el fallo por considerar que el magistrado ha realizado una interpretación subjetiva de la diligencia de reconocimiento judicial de fs. 165/167.

VII.2.e. Considera que la prueba documental aportada en autos, y los informes proporcionados por la Autoridad del Agua en el que se constata la presencia de “Plomo y Cadmio”, no son definitivos, expresamente controvertidos en autos, no pudiéndose extraer de allí el principio precautorio en materia ambiental.

VII.2.f. Cuestiona en autos la aplicación arbitraria del dispositivo derivado de la ley 25.916, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios, de modo que de su efectivo cumplimiento no se derive un empeoramiento de la situación ambiental. Así también intenta cuestionar su aplicación temporal a la situación subjetiva de la empresa, en tanto ésta ha iniciado su puesta en marcha con antelación a su vigencia. Descalifica la aplicación del artículo 20ª del citado cuerpo legal, en cuanto a la determinación del emplazamiento de los rellenos sanitarios, considerando al respecto que dicho extremo resulta competencia de la autoridad local provincial, debiéndose armonizar su aplicación.

VII.2. g. Reprocha la sentencia en crisis, en cuanto, según afirma, el magistrado “a quo”, parte de la supuesta “inundabilidad” del predio, y que ante la ausencia de prueba, a cargo de la demandada, procede a encuadrar la situación en la excepción del art. 21º de la ley 25.916.

VII.2.h. Expone una absurda valoración de los factores “culturales, turísticos e históricos”, destacando el estado de abandono del “Palacio Piria”, y “Fuerte Barragán”, y que la sola existencia de una reserva natural “Punta Lara”, en modo alguno resulta suficiente para calificar de antijurídica las tareas desarrolladas por el CEAMSE.

VII.2.i. Cuestiona la interpretación del judicante de grado en lo concerniente a la aplicación del art. 4º del decreto ley 9111/78, ello en tanto, considera que los 20 km de distancia, se debe interpretar como la pauta legal, para que los municipios queden comprendidos en el mandato compulsivo de la disposición de residuos, y que en todo caso, es absurdo considerar la distancia sobre la base del recorrido de los camiones.
VII.2.j. Descalifica la sentencia en cuanto hubo de sostener la insuficiencia del EIA, por falta de aprobación de la Secretaría de Política Ambiental. Al respecto considera que el CEAMSE, como ente inter jurisdiccional, no requiere de dicha aprobación.

VII.2.k. Por último considera que el Juez de instancia, se excedió en sus funciones, convirtiéndose en administrador o legislador ingresando en su zona de reserva.

En otro orden, alega, también, irrazonabilidad en los plazos contenidos en la sentencia condenatoria, y expone que la decisión resulta de imposible cumplimiento.

VIII. Concedido el remedio recursivo, a tenor de la providencia de fs. 756, y consignado los efectos del mismo con carácter devolutivo, se sustancia el trámite, se agrega la presentación pertinente de la parte actora (fs. 270/282).

A la luz del traslado conferido, los actores, exponen que:

a) El CEAMSE, hubo violado el convenio celebrado con la Municipalidad de Ensenada (cláusula 4º) en el que se estableció que la disposición de basura de residuos generados en Berazategui y Florencio Varela, se realizaba con carácter transitorio y excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2004.

b) Existe la violación de un orden jurídico ambiental, respecto del cual el CEAMSE no es ajeno.

c) La ampliación de la planta se realiza con prescindencia de la titularidad dominial del inmueble.

d) La sobre elevación de la cota por sobre el límite de las celdas o trincheras es evidente y surge a simple vista.

e) El EIA, expresamente señaló que la capacidad de la planta no es actualmente suficiente para tratar la totalidad de los lixiviados y reconoce la existencia de riesgos de incendios y explosiones.

f) La ampliación y creación de nuevos módulos no cuenta con EIA.

g) El EIA, reconoce que existiría eliminación de lixiviados hacia el Arroyo del Gato, que en el reconocimiento judicial, habría ingresado un camión con residuos patogénicos, que abortó su cometido a instancias del Juez.

h) Por último expresa que no resulta posible que el CEAMSE, ordene sus propios controles bajo informes de dudosa idoneidad, y que no tenga sobre ella una supervisión de una autoridad con competencia en la materia, invirtiéndose la carga probatoria en materia ambiental.

IX. Mediante providencia de fs. 283, se elevan las actuaciones al Tribunal para su conocimiento y resolución, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

1º) ¿Es justa la sentencia apelada?

2º) En su caso,¿Qué temperamento corresponde adoptar?

V O T A C I Ó N:

A la primera cuestión planteada, el Dr. Gustavo D. Spacarotel dijo:

I. El recurso reúne los recaudos de admisibilidad, en tanto ha sido interpuesto en tiempo y forma (arts. 18 y 19 de la ley 7166), habiéndose cumplimentado con la permanente sustanciación (art. 20 ley 7166, y 243 y 246 del CPCC), correspondiendo ingresar en el tratamiento.

II. En lo sustancial, corresponde analizar la procedencia de los argumentos que ostenta la pieza impugnatoria de fs. 682/755, y en su caso, indagar si los mismos permiten conmover los extremos fundantes de la sentencia en crisis.

III. LEGITIMACIÓN DE LA ACTORA.

Liminarmente, corresponde expresar que la legitimación de la actora debe ser considerada aun de oficio por el tribunal de apelación, en tanto constituye un presupuesto ineludible de la acción que se ejerce, haciendo a la existencia o no de la relación jurídica en que se funda el pleito (doct. art. 345, inc. 3°, Cód. Proc. y art. 20 ley 7166, mi voto causa "Adecua", CCASM, -de feria-, Nº 449 Sent. 25.1.06). En tal cometido habré pues de expresar que, en cuanto a la legitimación que los actores exhiben para promover un amparo colectivo, en materia de tutela del medio ambiente el nuevo art. 43 de la Const. Nacional, reconoce legitimación para promover acciones de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley; de este modo el art. 43 C.N. reconoció una acción para proteger los derechos de incidencia colectiva, invocado, con distintos resultados, en acciones dirigidas a cuestionar: vgr. un concurso público para la selección de proyectos para la instalación de plantas de tratamientos de residuos peligrosos ("Schroder, Juan v. Estado Nacional" , C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, del 8/9/1994, LL 1994-E-449).

En este sentido, la reglamentación de la pauta constitucional ambiental contenida en el artículo 41º de la Const. Nacional, ha sido reglamentada por la ley 25675 de Política Ambiental Nacional, y concordantemente con el texto constitucional, otorga legitimación a las asociaciones no gubernamentales para obtener la recomposición del ambiente (art. 30 ).

De este modo se advierte que se habría producido un ensanchamiento de la legitimación activa en lo referente a los derechos de incidencia colectiva, expresión que involucra a los denominados intereses difusos o colectivos. En su virtud, además del Defensor del Pueblo y las asociaciones registradas con ese objeto, puede promover la acción de amparo toda persona que experimente una lesión o menoscabo manifiestamente ilegal o arbitrario, de manera directa o indirecta .

La legitimación ambiental se muestra ampliada, entendiéndose, a tal efecto, que toda persona portadora de un interés mínimo, razonable y suficiente puede actuar en defensa de los derechos de incidencia colectiva (Andorno, Luis O., "La responsabilidad por daño al medio ambiente", JA 1996-IV-877). En este andarivel, la noción de "afectado" se encuentra estrechamente vinculada a la de "habitante", como sujeto titular del derecho al ambiente, exorbitando la idea de damnificado directo o inmediato, Así se sostuvo que "...El término "afectado" no debe ceñirse a la noción de damnificado directo o inmediato. La idea de afectado se vincula estrechamente con la "alusión al `habitante´ que como sujeto titular del derecho al ambiente liminarmente efectúa el art. 41" (Carnota, Walter F., "El debido proceso ambiental", ED 160-991).

En efecto, el art. 41 de la Constitución en relación con el nuevo art. 43 incluye como se ha dicho algunos lineamientos en este aspecto, varios de ellos tomados de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de junio de 1992, que expresaba: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".

De este modo se advierte, sin hesitación, los noveles contornos que perfilan a la acción de "amparo ambiental", su amplia legitimación, de consuno con los derechos a una efectiva información, educación, acceso a la justicia, reparación de daños, vías expeditas, extremos éstos que constituyen algunas de las medidas a implementar por el Estado en punto a la custodia del medio ambiente de acuerdo con las nuevas directrices constitucionales (véase Carlos Enrique Camps y Luis María Nolfi, en "La recepción constitucional de la protección del medio ambiente: operatividad y eficacia", en ED del 21/5/1996; Lago, Daniel H., "Derecho a la información y participación comunitaria en la Ley Ambiental de la Provincia de Buenos Aires", LL 1996-IV-927; Botassi, Carlos Alfredo, "La nueva legislación ambiental bonarense", LL 1996-IV-892, y Malm Green, Guillermo, "Algunos comentarios sobre estudios de impacto ambiental", LL 1995-A-801).

En ese entendimiento también lo ha sostenido la Suprema Corte de la Provincia en causa caratulada "Sociedad de Fomento Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Amparo" s. 29.5.02, y en causa B 65.269 "Asociación Civil Ambiente Sur", I. 19.III.03, en donde se sostuvo que "...la pretensión no reposa en la afectación de situaciones jurídicas subjetivas individuales sino en el derecho a un ambiente sano -arts. 28 y 20 inc. 2 de la Const. Pcial.-, que el cuestionado emprendimiento de la demandada conculcaría ilegítimamente".

También he tenido ocasión de pronunciarme en sentido receptivo a la legitimación inherente a la acción de amparo colectivo en las causas CCALP Nº 336 "Arias", y Nº 1085 "Rodoni", respecto a la situación jurídica subjetiva esgrimida por el actor en tanto la Constitución local, luego de su reforma del año 1994, garantiza inequívocamente la defensa ambiental, al contemplar que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Y que el estado provincial deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables de su territorio; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo (conf. su art. 28).

En la especie, los actores acceden al proceso como portadores individuales y colectivo de intereses difusos, los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.
Pero esta dualidad no resulta en absoluto excluyente, sino por el contrario acumulativa. El individuo ostenta un interés propio, y por añadidura, conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, si se quiere, pero que también le confiere legitimación para accionar, aunque en este último caso -precisa con acierto Bustamante Alsina- debe tratarse de "un interés razonable y suficiente, no desde la estimación subjetiva del accionante, sino desde la valorización objetiva y en abstracto que hará el juez considerando la posible real afectación del reclamante por su vecindad espacial con el hecho o la circunstancia determinante del interés difuso" ("Derecho Ambiental", Ed. Abeledo-Perrot, 1995, p. 86), notas que sin ninguna duda concurren y han conferido -conforme apreciación del juez de grado- suficiente legitimación al reclamanete de autos (conf. SCBA, Ac 60094 S 19-5-1998; AC 77608 S 19-2-2002).

En ese entendimiento luce incuestionable la legitimación activa de los actores, frente a la norma constitucional invocada (arts. 41 y 43 C.N. y 20, 28 Const.Pcial), lo que justificó la necesidad de abrir la instancia jurisdiccional para residenciar el reclamo interpuesto, cuyo derecho de incidencia colectiva y su defensa en el marco del planteo judicial se acredita con los estatutos que en su parte pertinente, justifican el objeto asociativo (ver. fs. 15/58).

IV. IDONEIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL.

IV. Es importante destacar, que en las presentes actuaciones, no se trata de una simple acción de amparo, reducida a los recaudos tipificantes que, de consuno, se verifican como determinantes para analizar la admisibilidad y procedencia de la acción expedita (arts. 1, 2, 6, de la ley 7166).

En la especie la acción de amparo en materia ambiental erige sus contornos configurativos a la luz del objeto tutelar determinado en el artículo 41º de la Const. Nacional y el art. 28 de la Const. Pcial.

En este sentido, cabe recordar que la Constitución local, luego de su reforma del año 1994, garantiza inequívocamente la defensa ambiental, al contemplar que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente  sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

También establece el deber del estado provincial de preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables de su territorio; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo (conf. su art. 28). Por lo demás, es el propio rango de las normas examinadas el que permite derivar con claridad, y al amparo de lo reglado por el art. 31 de la Constitución Nacional, que la inmediata protección de un bien fundamental que debe ser preservado aún para las generaciones futuras (conf. arts. 28, Const. Prov. y 41 de la Const. Nac.), no puede perfilarse con los mismos recaudos de procedencia que el amparo convencional.

Así ha de recordarse que abundante y caracterizada doctrina destaca en la actualidad la existencia de una acción de amparo de características peculiares, propias, calificada como "amparo ambiental" (puede citarse, a título de ejemplo meramente enunciativo: Peyrano, Guillermo F., "La acción de amparo del art. 43 de la Constitución Nacional, vía de tutela genérica del medio ambiente", en JA 1999-IV-1167 ; del mismo autor, "La acción de amparo como medio de tutela de los intereses colectivos o difusos...", en JA 1996-IV-938; Tawil, Guido Santiago, "La cláusula ambiental en la Constitución Nacional", LL 1995-B-1292), reafirmándose por otra parte la esencia de orden público que acompaña al derecho ambiental por su directa vinculación con la salud de la población, la calidad de vida y la dignidad de la persona humana (Bustamante Alsina, Jorge, "El orden público ambiental", en LL 1995-E-918), ámbito en el cual se presentan como cuestiones inescindibles, más aún, inseparables, las urbanísticas y las ambientales en el sentido estricto (ver Tawil, Guido Santiago, "La cláusula ambiental en la Constitución Nacional", LL 1995-B-1325).

La queja vinculada al "desconocimiento de los requisitos de la acción de amparo" (cap. IV.1 de la expresión de agravios), no puede tener andamiento favorable, en tanto lo expuesto se explica en que la acción intentada procura una solución expedita, preventiva, frente al riesgo potencial de daño, valores que por otra parte tienen jerarquía supra legal previstos en el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual posee rango de garantía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna federal.

Todo el esfuerzo recursivo fundado en la inaptitud del amparo para la protección del medioambiente es insuficiente para socavar la afirmación concreta del magistrado sobre una cuestión precisa: la protección del medio ambiente como supuesto de "interés público prevalente" (cons. 4º de la sentencia recurrida), y en su caso la necesidad de acreditar en autos la certeza de la ausencia de vulneración del compromiso ambiental denunciado.

En este aspecto, resulta insuficiente el agravio alegado por el recurrente cuya fundamentación prescinde de atacar las razones dadas por el sentenciante para llegar a la conclusión que impugna (conf. SCBA . Ac. 47.587, sent. del 6.V.1993; Ac. 60.435, sent. del 17.VI.1997; Ac. 67.185, sent. del 16.II.1999).

Por ello, procede puntualizar que admitir tal tipo de derechos sustantivos importa, por un mínimo de congruencia interpretativa, reconocer también legitimación judicial para su defensa y ejercicio. No se puede sostener racionalmente que exista derecho pero no que exista acción (Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", Fundación de Derecho Administrativo, t. 2, 2ª ed., II-11).

Ello así máxime la relevancia del amparo como remedio excepcional y vía apta para la protección de derechos y garantías que cuenta con el realce otorgado por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -aprobada por ley 24.053 y luego incorporada al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, denotativo de la relevancia cardinal de la protección ambiental, en tanto de su parte no se advierte de su argumentación más que conceptos de carácter general que se muestran inconsistentes para atacar, en este aspecto, la sentencia impugnada.

V. LA IMPUGNACIÓN DEL REGIMEN LEGAL NACIONAL COMO FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA EN CRISIS.

V.1. El quejoso finca su primer agravio en "...la absurda, arbitraria e inconstitucional aplicación de la ley 25.916, de "Gestión de residuos domiciliarios", considerando inaplicable, a su situación singular de la calidad del sujeto demandado (interjurisdiccional), por comprometer la jurisdicción local, y desde otro ángulo, alegando su carácter temporal, por ostentar un emplazamiento anterior a su vigencia.

V.2. La competencia ambiental y la aplicación del régimen legal impugnado en las presentes.

V.2.a. Liminarmente, ha de establecerse que la queja en estudio pretende colocar a la entidad demanda, por su naturaleza -ente Interjurisdiccional-, al margen de la normativa legal nacional que establece presupuestos mínimos de adecuación.

Al respecto, ha de recordarse que el pensamiento actual de la mayoría de la doctrina estima que a partir de la reforma Constitucional de 1994, el artículo 41º consagra un nuevo principio al asignar competencia específica y privativa al Congreso Nacional para regular los presupuestos mínimos de protección ambiental, dejando a las Provincias el dictado de la legislación pertinente (GAMBIER, Beltrán y LAGO, Daniel H. “El medio ambiente y su reciente recepción constitucional”, Separata de Revista. E.D., “Temas de Derecho Constitucional”. P.27, 1995”); y teniendo en cuenta la supremacía constitucional que prescribe el artículo 31º de la Constitución Nacional, se produce una superior jerarquía de la legislación básica nacional sobre la complementaria que dicten las Provincias (CASSAGNE, Juan Carlos “Sobre la protección ambiental”, L.L.4.12.95.); generándose un “federalismo concertado” que ha cambiado el funcionamiento del federalismo en nuestro país, pues antes, lo relativo al dictado de los presupuestos mínimos era competencia concurrente, en tanto que ahora es exclusivo de la Nación (QUIROGA LAVIE; Humberto “La Protección Ambiental en la reforma constitucional” L.L.18.3.96., implicando un cambio sustancial en materia de atribución de competencias e invirtiendo el principio hasta el momento vigente (TAWIL, Guido S. “La cláusula ambiental en la Constitución Nacional” L.L. 1985-B, 1291; destacándose que los presupuestos mínimos de protección serán “legislación federal…común para todo el país” (NATALE, Alberto A. “Protección del medio ambiente en la reforma constitucional” Diario L.L. 22.12.94.).

En esta télesis, se advierte que la reforma constitucional introduce notables cambios al régimen de competencias en materia de medio ambiente y de los recursos naturales, y en este contexto, advierto que la entidad demandada no puede permanecer ajena a su aplicación, a la luz de los principios competenciales de allí derivados, los cuales siempre habrán de reconocer las jurisdicciones locales en la materia (artículo 5º, 121º, 124º de la Constitución Nacional).

Ese temperamento armonizador parece haber consagrado la ley nacional 25.916 cuando si bien establece en el artículo 5º que "...Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de las jurisdicciones locales.", seguidamente,, se impone el deber de complementar la norma nacional para su cumplimiento efectivo, imponiendo el deber de establecer "...sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (art. 6º).

Dicha télesis es la que hubo regido el marco ambiental general derivado del artículo 41º de la Const. Nacional, dictándose distintas leyes federales de presupuestos mínimos, a saber: ley 25612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios; ley 25675 General del Ambiente; ley 25670 sobre la Gestión y Eliminación del PCB's.; ley 25688 de Gestión Ambiental de Aguas; ley 25831, de Libre Acceso de Información Ambiental.
Normativa que si bien, no descalifica, ni excluye la jurisdicción local en la materia, por cierto, establece un régimen concurrente de armonización, extremos que fue reconocido por la CSJN en autos “Roca Magdalena c/Buenos Aires, Provincia s/inconstitucionalidad”, donde la CSJN, declina su competencia por entender que “…si lo que se pone en tela de juicio son cuestiones concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia originaria de la Corte, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión que en lo sustancial versan sobre aspectos propios en uso de las facultades reservadas de las provincias…”(E.D. t.164.726.del 16.5.1995).

De este modo la ley 25675 General del Ambiente define a los presupuestos mínimos como "toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental".

Se ha sostenido que "...estas leyes vienen a conformar los cimientos jurídicos sobre los que se construye la política ambiental, definiendo las áreas prioritarias para la gestión pública y los instrumentos para lograr los objetivos definidos por la política ambiental (conf. Walsh, Juan R., "La ley 25916 sobre Gestión de Residuos Domiciliarios: Una pieza nueva en el tablero de los presupuestos mínimos de protección ambiental", ADLA LXIV-E, p. 6565).

En ese sentido, ha de destacarse que la ley constituye el fundamento para una política de Estado en la materia, orientada a encaminar a todos los municipios y provincias del país a adecuar su gestión a las pautas mínimas estipuladas para el manejo de residuos (conf. Walsh, Juan R., op. Cit.).

Entre los objetivos establecidos en la normativa se encuentran el de "lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población" (art. 4, inc. a), "minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente" (art. 4 inc. c), "lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final" (art. 4 inc. d).

Desde otro ángulo así también ha sido consagrado por la ley general de medio ambiente Nº 25.675, en congruencia con la redacción del párr. 3º del art. 41 de la Const. Nacional, reforzado por el art. 7 ley 25675, que dispone como principio general la competencia de los jueces provinciales y sólo excepcionalmente la intervención del fuero de excepción en los supuestos ya enumerados en el art. 116 Const. Nacional.

V.2.b. Bajo estas pautas, se advierte que el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ha sido creado a partir de un convenio celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Ciudad Autónoma- el 6/5/1977, organizado bajo el régimen de la ley 20705, y cuyo capital fue suscripto e integrado totalmente por partes iguales por esos dos socios.

El CEAMSE tiene como función esencial, entre otras, la planificación, proyección y ejecución por sí, o mediante contratación de terceros, de la disposición final de los residuos domiciliarios de toda el área metropolitana, mediante el procedimiento de relleno sanitario.

Al respecto el tuve ocasión de reconocer la competencia del Tribunal en la materia (causa CCALP Nº 670 "Municipalidad de Ensenada", res. del 28-12-04), extremo por cierto consentido por el recurrente, de modo que no puede eximirse de la aplicación que la jurisdicción local hiciere de la legislación de presupuestos mínimos nacional, al caso particular, en resguardo de los principios discernidos por los artículo 41º de la Const. Nacional y 28 de la Const. Pcial., lo contrario implicaría establecer un principio de "inmunidad" jurisdiccional intolerable en el régimen constitucional argentino.

V.2.c. Por lo demás así parece haberlo consignado el legislador nacional en tanto con el fin de fortalecer la cooperación en el cumplimiento de los objetivos, el art. 23 ley 25916 establece una serie de atribuciones al Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA), consolidando a su vez un sistema de coordinación interjurisdiccional en materia de residuos domiciliarios.

Así, el CoFeMA tiene atribución para "consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios" (art. 23 inc. a), "Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral" (art. 23 inc. b), "Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos domiciliarios" (art. 23 inc. c).

También el art. 7º consagra la noción de "regionalización en la gestión de los residuos”, al establecer que las autoridades competentes pueden suscribir acuerdos que posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna o todas las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios.

La Suprema Corte también así lo hubo de sostener cuando expresara que "...En materia ambiental lo que existe es una gestión concurrente de intereses comunes, pero en jurisdicción propia, fundada en poderes propios. No se discute pues la potestad jurídica de las comunas de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general. Nos encontramos, entonces, frente a un poder o facultad de dictar normas en materia ambiental que corresponde al Estado Federal en cuanto a los presupuestos mínimos o contenidos mínimos y a las provincias y municipios las que sean necesarias para complementarlas" (SCBA, I 1982 S 31-10-2001).

También nuestro máximo Tribunal provincial sostuvo que "En el campo ambiental, como hemos visto, se ha producido una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de los presupuestos mínimos para su protección, las provincias han renunciado así a importantes competencias originarias en excepción al principio anteriormente receptado en el art. 121, reservándose exclusivamente las facultades necesarias para dictar normas complementarias, conservando el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (conforme al art. 124 Const. Pcial) SCBA, I 1983 S 20-3-2002 , voto del Dr. HITTERS (SD).

V. 3. En razón de los argumentos expuestos, considero que en este aspecto no le asiste derecho al recurrente, ello así toda vez que el magistrado de grado, hubo considerado el régimen legal nacional, en una justa y correcta armonización con la normativa local (ley 11.723 general de medio ambiente; Leyes 11.544 y 12.814 que consagran la protección de la "Reserva Natural Integral de Punta Lara", todo ello conforme ley 9111/78), haciendo mérito del emplazamiento de la actividad y su proximidad con los centros urbanos en tanto en el artículo 20º prescribe la necesidad de que estos centros se deban ubicar "...en sitios suficientemente alejados del área urbana, de manera de no afectar la calidad de vida de la población", y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de post clausura, agregando seguidamente que "... no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural” (art. 20 cit).

Esta complementariedad en la actividad de las jurisdicciones federales y locales en materia ambiental, y la regionalización de las tareas en la que pueden comprometer los cometidos de los diversos Estados procura una armonización, que tornen inoperantes las normas operativas vigentes, bajo la excusa de una inadmisible inmunidad jurisdiccional.

La lógica aplicable en la problemática de residuos domiciliarios es "transversal", considerando que cada etapa en el “ciclo de la basura” es consecuencia de las instancias anteriores y, a su vez, constituye un factor condicionante para las etapas sucesivas. No es posible plantear soluciones jurídicas o técnicas de manejo acertado, sin tener en cuenta las interrelaciones de las diferentes etapas entre sí. Definir la incorporación de una etapa de transferencia, entre la recolección y la disposición final, será en gran medida el resultado de la modalidad y distancia que pueda existir entre el lugar de generación hasta el sitio de disposición final..." (conf. Walsh, Juan R., "La ley 25916 sobre Gestión de Residuos Domiciliarios: Una pieza nueva en el tablero de los presupuestos mínimos de protección ambiental" cit., p. 6567).

V.4. En relación al agravio relativo a la inaplicabilidad de los principios mínimos protectivos de la legislación nacional, ha de expresarse que el recurrente hubo soslayado que en materia ambiental rige el denominado "Principio de congruencia", que reglado por la Ley General del Ambiente 25675, extremo éste oportunamente consagrado, en el ámbito regional, en el art. 1 del Tratado de Asunción del Mercosur, ley 23981 (LA 1991-B-1645). Allí se lo describe estableciendo la necesidad que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Mal puede entonces pretender el recurrente que el CEAMSE, creado por una norma de 1978 permanezca en un ámbito anquilosado y de reserva legislativa que resulte ajeno al juego conjunto de los principios de complementariedad, y supremacía federal, entendido este último, en nuestro Estado federal, que el ordenamiento jurídico del Estado federal es supremo sobre los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, quienes pueden crear su derecho local en el marco del derecho federal (arts. 5 y 123 CN.). Si se salen de dicho marco la creación es inválida (Quiroga Lavié, Humberto, Benedetti y Cenicacelaya, "Derecho Constitucional argentino", 2000, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 878.).

Congruencia significa, en términos del legislador, que el complemento legislativo provincial -al que agrega el municipal- deberá ser "adecuado" a los principios y normas que establece la Ley General del Ambiente. Adecuar significa "acomodar una cosa con otra". Con ello lo que se quiere decir es que las normas que pertenezcan a los órdenes provinciales y municipales se deberán amoldar a las de presupuestos mínimos nacionales (consecuencia directa del principio de supremacía federal del art. 31 CN.), pero desarrollándolas o maximizándolas en la protección.
Esto implica la plena operatividad del principio de complementariedad y optimización en la protección ambiental (principio que desarrollaremos a continuación). Así, la congruencia reglada por la Ley General del Ambiente incluye la supremacía federal, la que debe coordinarse con el elemento complementariedad derivado del párr. 3º del art. 41, CN.

En cuanto al funcionamiento de este principio, el mismo propone una centralización del esquema de presupuestos mínimos nacionales que contiene la ley y una uniforme dispersión de los mismos en todo el ámbito provincial y municipal. La Ley General del Ambiente 25675 esparcirá sus principios sobre un sistema cuádruple: a) primero sobre las normas provinciales generales del ambiente; b) luego sobre las normas sectoriales o específicas provinciales; c) posteriormente en la normas ambientales generales de nivel municipal (en algunos lugares llamadas "Cartas Municipales"); y finalmente, d) en las normas sectoriales municipales (García Minella, Gabriela, "Municipio y medio ambiente, aspectos relevantes de la participación vecinal y la gestión ambiental", LL del 18/11/1999, ps. 6/7).

Ello así se advierte que el legislador utiliza un criterio amplio al referirse a las normas ambientales provinciales y municipales sobre las que se aplicará la obligatoria congruencia. De esta forma la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental, fórmula que incluye no sólo las normas generales provinciales y municipales (complementarias de la ley 25675), sino también las normas complementarias especiales que se ocuparán del desarrollo legislativo de las normas especiales de presupuestos mínimos nacionales (Esaín, José, A. "El federalismo ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente 25675". SJA 7/1/2004 JA 2004-I-776).

Conforme los argumentos expuestos, tampoco deviene atendible el agravio referente a la exclusión material o temporal de la legislación ambiental que como presupuestos mínimos se erigen, a nivel nacional, en correspondencia con la legislación complementaria provincial.

VI. EL PRINCIPO PRECAUTORIO Y LA LEGISLACIÓN LOCAL PROTECTIVA DE LOS RECURSOS CULTURALES, TURISTICOS E HISTORICOS.

VI.1. El recurrente sostiene una "absurda" valoración de los recursos culturales, turísticos e históricos de la región.

Al respecto, habré de remitirme a los informes producidos en autos por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, (fs. 637/643), en donde se destaca como "...Reserva Natural Integral Mixta de conformidad con la categorización prevista por la ley 10.907, a la extensión de tierras comprendidas entre la autopista La Plata-Buenos Aires hasta las aguas del Río de La Plata, entre el canal Baldovinos y la prolongación de la calle 236 de Punta Lara", conteniendo expresamente las tierras nomencladas y catastradas a nombre de la demandada (art. 1º ley 12.814 y 11.544).

En tal sentido dicha norma y su notificación operó "ministerio legis", conf. el artículo 1º modificatorio de su similar, art. 4º ley 11.544, y en tal caso, de advertirse oposición al texto legal la ley declaró de utilidad pública el predio y en su caso sujeto a expropiación.

En lo que concierne al conflicto de autos, la norma tuvo por finalidad "conservar la biodiversidad del ecosistema ribereño rioplatense", y "garantizar los servicios ambientales que brindan los procesos naturales a todos los bonaerenses".

Es claro que dicho régimen legal, reconoce antecedentes, antes de la adquisición del dominio por parte del CEAMSE, a la luz de los decretos 5421 de 1958, que declaró al área como "reserva definitiva", y su antecesor nº 18.529 de 1949, que transfiriera a la Dirección de Política Forestal la "Reserva Forestal -sobre el arroyo las cañas- en la localidad de Punta Lara."

En este aspecto, el recurrente no introduce argumentos que permitan demostrar la inaplicabilidad o vigencia del precepto legal a su respecto, tampoco, y menos aún demuestra de qué manera se garantizan los procesos ambientales en la región, ni cómo el emprendimiento garantiza la biodiversidad en el área de emplazamiento, y ampliación del predio, ello magüer, el estudio de impacto ambiental, que en lo concerniente a la ley en ciernes, nada menciona en su factor contaminante, ni las remediaciones que deben introducirse.

En otro orden, el recurrente se limita a desvalorizar el estado de mantenimiento del "Fuerte Barragán", y describir la situación de deterioro del "Palacio Piria", (tutelados por las leyes 10.419 y 12.955 respectivamente), conforme lo expresa el informe del Instituto Cultural de la Provincia; empero en modo alguno, dicho aserto, no obstante la ausencia de prueba que avale sus dichos, le permite justificar el incorrecto emplazamiento y la posterior creación de un nuevo módulo, y en su caso, la compatibilidad del emprendimiento o bien la eventual afectación de los recursos históricos potencialmente afectados, considerando las medidas mitigadoras, en función de los valores comprometidos.

Esto es, en otros términos, el esfuerzo del quejoso por despreciar los valores en ciernes, no permite tener por atendible, en sentido lógico, como embate eficaz a la sentencia en crisis, y menos aún por acreditada la inocuidad del emprendimiento cuestionado en autos, razón por la que tampoco juzgo por acreditado el agravio planteado en ese sentido.

VI.2. Una orientación contraria a los argumentos del impugnante permite valorizar que en la especie la demandada no pudo acreditar la salvaguarda del "principio precautorio" que en materia ambiental se erige como orientación cardinal. En efecto, la sentencia recurrida efectúa una correcta exégesis en la ponderación del mencionado principio.

Así ha de recordarse, conforme tuve ocasión de expedirme en la causa CCALP Nº 404 "Longarini", res. del 11.5.05, la vigencia y aplicación del "principio de prevención" y el "precautorio" (art. 4º Ley 25.675) que deben precidir las decisiones políticas, o de oportunidad jurisdiccional a la hora de ponderar una decisión limitativa de un derecho constitucional (ejercer industria lícita -art. 14º C.N.), en aras de tutelar armónicamente el compromiso ambiental y en la salud de la población (art 41, 42, 43 de la Const. Nacional, art. 28 de la Const. Pcial.), frente a supuestos en los que la actividad desarrollada pudiera afectarlos, que deben garantizarse, debe ponerse a resguardo por el titular del emprendimiento.

La principal característica del principio de precaución, está dirigida a gerenciar el riesgo de un daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas aún antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. En cambio, el principio de prevención, intenta mitigar los posibles efectos dañosos de una actividad o proyectos cuya nocividad resulta conocida (Tripelli, Adriana, "El principio de precaución en la bioseguridad", p. 283 y ss., en la obra colectiva: "Tercer Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario", febrero de 2001).

En este sentido ha de recordarse que el principio precautorio refuerza la idea predominante en el derecho ambiental de prevención. Es un instrumento idóneo para la defensa del medio ambiente, en situaciones de riesgo potencial, frente a la duda científica, y de cara a la posibilidad medianamente aceptable de un peligro ecológico o ambiental amerita la tutela judicial. (ver. CAFFERATTA, Néstor A. "El principio de prevención en el derecho ambiental", Revista de Derecho Ambiental, Noviembre 2004, pág.10 y ss).

Bajo dicha pauta se ha reconocido frente a situaciones de difícil prueba (Peyrano, Jorge W. "La prueba difícil", J.A. 203-III. Fascículo nº 7), o en casos llamados como de "alta complejidad" (Morello, Augusto M. "Los Tribunales y los abogados frente a los problemas que plantean los litigios complejos" JA 190-I.929).

Los argumentos utilizados por el recurrente, en este aspecto, demuestran una desconsideración por la preservación del patrimonio cultural, -tangible e intangible-, el que se erige como el sello identificador de una ciudad, región o país, así como lo es el lenguaje, frente a la universalización o globalización del siglo XXI.

En ese entendimiento el patrimonio cultural debe ser protegido como patrimonio del medio ambiente, y la UNESCO, en París en 1972, aprobó la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural", que fue ratificada por nuestro país mediante ley 21.836 (BO 14.7.78), concomitante a la creación del CEAMSE.

Así también ingresa en la necesidad tuitiva el concepto de "paisaje", en tanto la mencionada convención lo pondera como de "valor universal excepcional", máxime en los casos de "monumentos naturales", las "zonas naturales que tengan un valor universal excepcional". Se advierte entonces que el "paisaje", participa de una manera importante sobre el interés general, sobre los planos culturales, ecológicos, medioambientales, y sociales. Contribuye a la elaboración de las culturas locales, representa un componente fundamental del patrimonio cultural y natural, es importante para la calidad de vida de la población, en los medios urbanos y en la campaña, en los territorios degradados, como en los que no lo están; en los espacios destacados como en los que no lo son; constituyen un elemento fundamental para el bienestar individual y social, su protección su gestión y su mantenimiento implican los derechos y las responsabilidades de cada uno (confr. Préambule de la Conventión Européene du Psyage, Florencia 20.10.00, citado por María Delia Pereiro de Grigaravicus. Lexis nexis. Revista de Derecho Ambiental. Nov. 04, pág. 81).

En este sentido, el término “patrimonio” no se usa, en materia ambiental, con la acepción clásica del derecho civil que lo considera el conjunto de bienes de una persona, sino con la tradicional de origen latino de conjunto de bienes heredados de los padres, en sentido lato. Pero también con el criterio de que ese patrimonio debe ser preservado para otras personas presentes y futuras, lo que impone cargas y deberes y restringe su disponibilidad (Morand Deviller, Jacqueline, `Le Droit de l' Environnement', Presses Universitaires de France, 1996, París, p. 67; citado por Valls, Mario F., "Nuevos criterios para la protección del patrimonio arqueológico-paleontológico en la nueva ley 25743", Suplemento de Derecho Ambiental, revista electrónica argentina ElDial.com, mayo de 2004.)
Al respecto, surge inocultable del acta de constatación de fs.165, que la altura del emprendimiento (módulo "c") supera el límite natural en 20 mts.(sic), y en tal caso reluce evidente su permanente afectación a los valores comprometidos y justamente ponderados por el judicante de grado.

También, dicho extremo, ha sido evacuado negativamente por el EIA, aportado por la demandada, cuando expresara taxativamente que la elevación de la cota máxima del módulo "...
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En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con iconEn la ciudad de Azul, a los 18 días del mes de Febrero del año Dos...

En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con iconEn la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del...

En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con iconEn la ciudad de Trelew, a los 21 días de agosto del año dos mil quince,...






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