Ley general de cooperativas decreto supremo 074/90-tr texto unico ordenado de la ley general de cooperativas con las modificaciones dispuestas por decretos legislativos nos. 141 y 592






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Artículo 95 

Son recursos del Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP): 
1. Las asignaciones que le correspondan, por transferencias corrientes y de capital según el Presupuesto General de la República; 
2. Los provenientes de operaciones de crédito interno y externo o, celebrados a su favor con arreglo a Ley; 
3. Las transferencias provenientes de convenios, contratos y otros actos jurídicos celebrados con personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y/o entidades internacionales; 
4. Las donaciones y legados que se constituyan a favor del Instituto; 
5. Los recursos resultantes de la venta de los activos fijos del Instituto dados de baja; 
6. El producto de las multas administrativamente consentidas o ejecutoriadas que las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo o las judiciales impongan a cualquier persona por aplicación de la presente Ley; 
7. Otros ingresos legalmente generados en favor del Instituto Nacional de Cooperativas. 

Artículo 96 
Independientemente de las funciones privativas del Instituto Nacional de Cooperativas, los gobiernos regionales tienen competencias sobre las cooperativas a que se refiere el inciso 2 del Artículo 7 de la presente Ley y sobre las de cualquier otro tipo empresarial para supervisarlas, controlarlas y asesorarlas en cuanto se refiere a sus actividades de producción y/o de servicios, con sujeción a las normas generales aplicables a otras empresas de fines similares, sin perjuicio de las disposiciones especiales del Derecho Positivo de Cooperativas. La Superintendencia de banca y Seguros tiene competencias sobre las cooperativas de ahorro y crédito que, además de servir a sus socios, operen con fondos del público, así como sobre las organizaciones cooperativas a que se refieren los Artículos 106 y 107 de la presente Ley. 

Artículo 97 
Las reclamaciones y los recursos administrativos que se interpongan ante el Instituto Nacional de Cooperativas serán tramitados con sujeción al siguiente procedimiento: 
1. Las reclamaciones y los recursos de reconsideración serán interpuestos ante la autoridad cooperativa que hubiere dictado la resolución impugnable; 
2. Los recursos de apelación serán interpuestos: 
2.1 Ante el Director Ejecutivo: si se apelare de resolución del Director Regional; 
2.2 Ante el Comité Ejecutivo: si se apelare de resolución del Director Ejecutivo; 
2.3 Ante el Consejo Directivo: si se apelare de resolución del Comité Ejecutivo; 
3. Los recursos precedentemente autorizados serán admitidos a trámite con los fundamentos expuestos en ellos, sin ningún otro requisito ni limitación; 
4. Las resoluciones serán ejecutadas sólo cuando queden administrativamente consentidas o ejecutoriadas; 
5. Las resoluciones de última instancia administrativa podrán ser contradichas ante el juez del domicilio de la persona recurrente, dentro de los seis meses posteriores a su notificación y sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso anterior; 
6. En lo demás, regirán en cuanto no se opongan a la presente Ley, las Normas Generales del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 98 
La organización cooperativa agraviada con una disposición del funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas que le imponga obligaciones que la ley no ordena imperativamente o que le impida realizar actos no prohibidos por ésta, o que de otro modo viole el Artículo 2 de la presente Ley o las garantías legales del procedimiento administrativo, podrá ocurrir en queja ante el Presidente de dicha institución, con sujeción al siguiente procedimiento: 
1. La queja será interpuesta dentro de los quince días más el término de la distancia posteriores a la notificación con el acto administrativo que la motiva; 
2. Serán admisibles sólo las pruebas instrumentales acompañadas a la queja; 
3. Admitida la queja, el Presidente dispondrá el funcionario quejado emita informe dentro del octavo día, más el término de la distancia, bajo apercibimiento de darse por ciertas las afirmaciones expresadas en ella; 
4. Al vencimiento de dicho término, el Presidente resolverá la queja sin otro trámite; 
5. En la resolución que declare fundada la queja, se ordenará la suspensión del acto administrativo que la generó, con aviso inmediato a la autoridad superior de quien dependa el funcionario quejado, para los fines de ley a que hubiere lugar; 
6. En la resolución que declare totalmente infundada la queja, se impondrá a la organización cooperativa quejosa, una multa equivalente a suma no menor de un sueldo mínimo mensual vital ni mayor de doce sueldos mínimos vitales, vigentes en la provincia del domicilio, de aquélla para la actividad industrial y comercial; 
7. La presentación de la queja no impide ni interfiere la interposición ni la tramitación de los recursos autorizados por el Artículo anterior.

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TITULO VI 
SANCIONES 


Artículo 99 

El gobierno regional que corresponda, cuando tenga conocimiento de irregularidades en la marcha de una cooperativa y antes de imponerle sanciones, deberá: 
1. Exigir que los consejos de administración y de vigilancia emitan informe respectivo, dentro de término perentorio; 
2. Convocar a asamblea general, si el consejo de administración, requerido para ello, no lo hiciere.

Artículo 100 

Las entidades del Sector Cooperativo serán sancionados por el gobierno regional que corresponda sólo en los siguientes casos: 
1. Cuando incumplan las obligaciones imperativamente establecidas por la presente Ley o por los Reglamentos, o contravengan las prohibiciones determinados por ellos, y 
2. Cuando infrinjan las resoluciones consentidas o ejecutoriadas que el Instituto Nacional de Cooperativas dicte con arreglo a esta Ley. 

Artículo 101 
El Reglamento definirá, taxativamente, las sanciones correspondientes a las infracciones a que se refiere el Artículo anterior, dentro de los siguientes límites: 
1. Multas, según escalas progresivas y diferenciales, de acuerdo con el tipo, capacidad económica y naturaleza jurídica de las entidades del Sector Cooperativo; 
2. Intervención, en la forma establecida por el Artículo 102 de la presente Ley; 
3. Aplicación del Artículo 103 de esta Ley.

Artículo 102 
El Reglamento regulará la intervención a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior sobre las siguientes bases: 
1. Si a pesar de la multa máxima subsistiere la infracción sancionada o se reincidiere en ella, el gobierno regional que corresponda requerirá a los consejos de administración y de vigilancia para que regularice el funcionamiento de la cooperativa, dentro de términos perentorio y bajo apercibimiento de intervención; 
2. Decretada la intervención, el interventor nombrado por el gobierno regional que corresponda convocará a asamblea general extraordinaria, la que deberá, bajo apercibimiento de aplicarse a la cooperativa infractora el Artículo 103 de la presente Ley, regularizar el funcionamiento de ella si fuere requerida para tal fin, sin perjuicio de imponer las sanciones a que hubiere lugar a los dirigentes responsables de la infracción; 
3. Puede ser nombrada, como interventora, una sociedad de auditoria, cuando lo justificaren las circunstancias; 
4. Cesará la intervención, en cualquier momento, cuando quede definitivamente regularizado el funcionamiento de la cooperativa; 
5. La intervención tendrá una duración máxima de noventa días, prorrogables solo por resolución justificada del gobierno regional que corresponda. 
6. Durante la intervención, continuarán en ejercicio todos los dirigentes y funcionarios de la cooperativa; pero todos los actos jurídicos que éstos celebren de conformidad con la ley y el estatuto deberán ser necesariamente autorizados por el interventor; 
7. El interventor rendirá, al término de su gestión, informe y cuenta documentada ante la asamblea general de la cooperativa intervenida, sin perjuicio de los que le corresponda presentar al gobierno regional que corresponda. 

Artículo 103 
Si vencido el término a que se refiere el inciso 5 del Artículo anterior, o su prórroga, no se regularizare el funcionamiento de la cooperativa, regirán las siguientes normas: 
1. El gobierno regional que corresponda podrá decretar la cesación de actividades de la cooperativa infractora y solicitar la disolución y liquidación judicial de ésta, con sujeción al Artículo 54 (incisos 1, 2, 3, 5 y 7) de la presente Ley; 
2. La liquidación podrá practicarse extrajudicialmente si así lo decide la asamblea general de la cooperativa sancionada, con sujeción al Artículo 54 (inciso 4) de la presente Ley. 

Artículo 104 

Si se comprobare la comisión del delito de defraudación tributaria al amparo de las disposiciones protectoras de la presente Ley, los infractores, sus cómplices y encubridores quedarán obligados, solidariamente, a pagar, además del tributo devengado, una multa equivalente al décuplo del monto de la defraudación, sin perjuicio de las sanciones penales previstas por el Código Tributario. El gobierno regional que corresponda denunciará ante el Juez competente, a solicitud de la organización cooperativa agraviada o de oficio, la comisión de los delitos contra el patrimonio que se cometan en agravio de ésta. 

Artículo 105 
La autoridad administrativa competente ordenará, a solicitud del gobierno regional que corresponda la clausura de los establecimientos y/o la cancelación de las actividades económicas de quien, a pesar del requerimiento de este organismo, persistiera, por esos medios, en la infracción de la presente Ley en los casos previstos por sus Artículos 10, 12 (inciso 9), 103 y 108 (inciso 3).

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TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 


Artículo 106 
Las organizaciones cooperativas señaladas a continuación tienen en todo caso la naturaleza jurídica de centrales cooperativas, podrán operar con sus socios y con el público, y se sujetarán a las leyes especiales citadas enseguida y demás normas complementarias y conexas aplicables a empresas similares del Sector Privado y, en cuanto no estuviere previsto por ellas, a la presente Ley; 
1. Los Bancos Cooperativos tienen por objeto realizar toda clase de operaciones propias de la Banca Comercial y se rigen por la Legislación de Bancos; 
2. Las cooperativas de seguros tienen por objeto realizar servicios de seguros contractuales propios de las empresas de seguros y se rigen por la Legislación de Seguros; 
3. Las centrales cooperativas financieras tienen por objeto realizar operaciones propias de las empresas financieras y ser rigen por la Legislación de Empresas Financieras; 
4. Las centrales cooperativas de almacenes generales de depósito tienen por objeto establecer almacenes generales de depósito y a expedir certificados de depósito ;warrants; (bonos de prenda) y se rigen por la Legislación de Empresas de Almacenes Generales de Depósitos; 
5. Las centrales de cooperativas de ahorro y crédito tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y crédito y otras operaciones financieras, y se rigen por la presente Ley. 

Artículo 107 
El Poder Ejecutivo creará el Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo (INFICOOP), como empresa pública para el fomento, promoción y financiamiento del desarrollo cooperativo, con recursos del Estado y los generados por créditos internos y externos que obtengan con observancia de la Constitución y la Ley con aplicación de las siguientes normas básicas: 
1. Las inversiones privadas en la adquisición de los bonos que emita el Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo serán deducibles como gastos para la determinación del Impuesto a la Renta dentro de los límites que al efecto señale el Poder Ejecutivo; 
2. El Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo apoyará financieramente al Movimiento Cooperativo Peruano a través de las centrales a que se contrae el Artículo anterior, sin competir con ninguna organización cooperativa; 
3. El Directorio del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo propondrá al Poder Ejecutivo programas de créditos preferenciales para el Sector Cooperativo, a través del sistema bancario. El Banco Central de Reserva otorgará al Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo los mismos beneficios a que se refiere el inc. 9 del Artículo 73 de esta Ley, así como los que tenga el Fondo Nacional de Propiedad Social. 
4. El Instituto nacional de Financiamiento Cooperativo por su calidad de institución financiera, podrá realizar todas las operaciones propias de su género y estará bajo la fiscalización de la Superintendencia de banca y Seguros. 
5. El Directorio del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo incluirá a tres delegados del Instituto Nacional de Cooperativas, uno de los cuales será el Director Ejecutivo de éste. 

Artículo 108 
Las entidades que, sin formar parte del Movimiento Cooperativo Peruano, se propongan realizar actividades de educación cooperativa, u otras acciones de promoción o fomento del Cooperativismo, podrán ser autorizadas, por el gobierno regional que corresponda, para operar como organizaciones de apoyo cooperativo; con aplicación de las siguientes normas básicas: 
1. La autorización será conferida sólo a favor de personas jurídicas de fines no lucrativos, constituidas e inscritas en los Registros Públicos con arreglo a ley, a condición de que ellas se obliguen a reinvertir no menos del diez por ciento de sus ingresos brutos y todos los excedentes que generaren sus actividades exclusivamente para la realización de sus fines estatutarios de apoyo cooperativo; 
2. Toda organización de apoyo cooperativo iniciará sus actividades como tal, sólo después de obtener la autorización correspondiente del gobierno regional que corresponda, sin perjuicio de la que deba recabar de la autoridad educativa competente si se propusiera realizar programas de calificación profesional extraordinaria, de conformidad con el Artículo 112 de la presente Ley; 
3. El gobierno regional que corresponda decretará, previo requerimiento, la cesación de las actividades infractoras del presente Artículo, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Ley. 
4. Están excluidos de las disposiciones del presente Artículo las Universidades y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.


Artículo 109 
El Poder Ejecutivo podrá autorizar mediante resolución refrendada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Trabajo y previo informe favorable del Instituto Nacional de Cooperativas, que organizaciones cooperativas federadas internacionales, de las que forme parte la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y/o las federaciones nacionales de cooperativas, operen en el país, a condición de que sus estatutos y estructura orgánica y funcional sean compatibles con las disposiciones imperativas de la presente Ley y demás normas legales nacionales de orden público. 

Artículo 110 
Las entidades señaladas a continuación podrán transformarse en cooperativas, con acuerdo de sus asambleas o juntas generales y con observancia de las siguientes normas. 
1. Las sociedades mercantiles cuyo patrimonio fuere totalmente asumido por sus propios trabajadores, al amparo de la ley, y cualesquiera otras sociedades cuyos capitales pertenezcan a los trabajadores a su servicio y exclusivamente en cooperativas de trabajadores, de los tipos que les correspondan según sus actividades económicas predominantes; 
2. Las asociaciones pro-vivienda y cualesquier otras entidades privadas que tengan por objeto la solución de problemas de vivienda: en cooperativas de vivienda; 
3. Las juntas de propietarios de los bienes inmuebles sometidos al régimen legal de la propiedad horizontal; en cooperativas de vivienda, de conformidad con el Artículo 76 (inc. 4); 
4. Las derramas y otras organizaciones privadas que tengan por objeto realizar servicios de ahorro, crédito y otras operaciones financieras a favor de sus miembros: en cooperativas de ahorro y crédito; 
5. Las asociaciones de socorros y auxilios mutuos; en cooperativas del tipo que ellas elijan, con observancia de los Artículos 7 y 8 de la presente Ley; 
6. Otras organizaciones sociales: en cooperativas del tipo correspondiente a sus fines económicos predominantes; 
7. Las entidades precedentemente citadas quedarán exceptuadas, en su caso, de la obligación establecida por el Artículo 63 del Código Civil, en cuanto se refiere al destino de su patrimonio líquido, siempre que éste sea transferido a la cooperativa resultante de su transformación. 
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