Delegación provincial de la consejería de sanidad y asuntos sociales de (2) de la junta de comunidades de castilla la mancha






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títuloDelegación provincial de la consejería de sanidad y asuntos sociales de (2) de la junta de comunidades de castilla la mancha
fecha de publicación21.10.2015
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Expediente: ----------------------------------- (1)
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE ---------------------- (2) DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

PARA

ANTE EL CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Don/Doña ---------------------------------------------------------------- (3), mayor de edad, actuando en representación de ------------------------------------------------------- (4) de la que ostento la representación legal, provista de D.N.I. número ------------------- (5) con domicilio ambos, a estos efectos, en el municipio de --------------, en la calle ---------------------------, número ----- y codigo postal --------, (6) comparece y como mejor proceda en Derecho,
DICE
Que, me fue notificado/a Resolucion/es de fecha/s ------------------------------------------------------------ (7), relativas a Revisión del reconocimiento de la situación de dependencia y por la que se modifica el programa de atención en el marco del sistema de autonomía y atención a la dependencia y extinción de la prestación económica previamente reconocida (o/y eliminación del servicio), mediante la que se resuelve
Primero.- Reconocer a Don/Doña --------------------------------------------- el grado ------ de dependencia. (8)
Segundo.- Declarar extinguido a Don/Doña ------------------------------------ el derecho a prestación económica para cuidados en el entorno familiar desde la fecha de efectos --------------- (o/y eliminación del servicio)”. (9)

Que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 102, 105 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente escrito viene a solicitar en tiempo y forma contra las referidas resoluciones REVISIÓN DE OFICIO, así como que se ESTABLEZCAN LAS INDEMNIZACIONES QUE PROCEDA RECONOCERME, que se fundamenta en las siguientes:


A L E G A C I O N E S

Primera.- De la resolución de revisión de oficio de mi dependencia.
Con fecha/s ------------------------------------------------ (7), se dictó Resolución/nes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, al parecer, por una revisión de oficio de la situación de dependencia. Por la cual, se pasa a cambiarle/me el nivel de dependencia que ya tenía reconocida por resolución anterior.
Es evidente, que siendo sus/mis dolencias crónicas, no han disminuido las limitaciones e impedimentos, ni el cuadro clínico, siendo imprescindible la atención y cuidados como se reconoció con anterioridad.
Pues bien, se ha de dejar total y absolutamente sentado que no hay ninguna variación de las circunstancias actuales, que son las mismas. Es decir, la administración reconoció antes las prestaciones que ahora se deniegan.
La Resolución/nes, de ------------------------------------- (7), ha/n de considerarse no ajustada/s a derecho, nula o anulable habida cuenta que, incurre/n en infracción del ordenamiento jurídico que determina/n su nulidad de pleno derecho e incurre/n en vulneración de las normas aplicables.
1.- En primer lugar, esta parte no puede sino dejar totalmente sentado que, en el presente nos encontramos ante un procedimiento que se dirige a proceder a una revisión de la situación de la persona representada.
Pues bien, ateniéndonos a los aspectos puramente objetivos, no podemos sino colegir que su situación no ha sufrido variación alguna, por mejoría, sino todo lo contrario, respecto de la situación existente al momento de la calificación realizada con anterioridad.
Hemos de dejar sentado que, el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 42 de 18-11-2011), establece:
Disposición transitoria primera. Exención de nueva valoración para las personas declaradas en situación de dependencia con reconocimiento de Grado. Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, hubieran sido declarados en situación de dependencia con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, no precisarán de nueva valoración a efectos de los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Cuando se realice la revisión de dichas valoraciones, bien a instancia del interesado, bien de oficio, se aplicará el BVD o la EVE que se establecen en este real decreto”.
Además, ha de tenerse en cuanta que el artículo 29 del Decreto 176/2009, de 17/11/2009, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración (DOCM Nº 227 de 20-11-2009), establece, con respecto a las solicitudes de revisión, que
1. El grado y nivel de la situación de dependencia será revisable por las causas establecidas en el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, pudiendo iniciarse el procedimiento, de oficio por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales o a instancia de la persona interesada o de su representante legal”
Y que el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece como presupuestos para la revisión del grado de dependencia y de la prestación reconocida, que:
El grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
a. Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
b. Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.
2.- Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley.”
Pues bien, teniendo en cuenta la legislación vigente y aplicable, podemos afirmar que nos encontramos ante una/s resolución/nes--------------------------------------------------------------- (7), carente/s de base y fundamento puesto que ninguna mejoría de la situación de dependencia se ha producido y tampoco ha existido, ni se ha alegado la existencia de un error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.
Esto es, no concurre ninguna de las circunstancias que la ley prevé para la revisión del grado de dependencia.
En suma, esta parte entiende que, el procedimiento origen del presente incurre en vicios de nulidad dado que, se incurre en vulneracion de lo prevenido legalmente.
2.- Las Resolución/es ------------------------------------------------ (7) han de considerarse no ajustadas a derecho, nulas o anulables habida cuenta que, incurren en infracción del ordenamiento jurídico que determina su nulidad de pleno derecho e incurren en vulneración de las normas aplicables, de tal modo que es notorio que incurre una total y absoluta falta de motivación.
3.- Las Resolucion/es de -------------------------------------------------(7) han de considerarse no ajustadas a derecho, nula o anulable habida cuenta que derivan de la aplicación de la Orden de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de fecha 29 de julio de 2013 que ha sido declarada nula de pleno derecho por la Sentencia nº 166 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 9 de marzo de 2015.
4.- Aplicación retroactiva que viola lo prevenido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en concreto el art. 62.2 “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren…, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
Todo ello conforme a los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Art. 30, 31 y 32 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

II.- COMPETENCIA

El articulo 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en tanto que contiene la regulación de los recursos administrativos.
El art. 102 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto al regular el objeto del revisión de oficio de disposiciones y actos nulos establece que
1. Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 62.2. (no solo cuando vulneren las leyes sino cuando no tienen amparo legal al haberse anulado la Orden por la sentencia mencionada)
4. Las administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones correspondientes que proceda reconocer a los interesados, ….”
Lo procedente es, al declarar la nulidad del acto, establecer en la misma resolución las indemnizaciones que proceda reconocer al interesado, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de la PAC.
El art. 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto a la nulidad de pleno derechos establece que
1. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes;

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.







  2. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la constitución y las leyes………”
El art. 105.1 “ Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, …..”
Así, el recurso se interpone ante el órgano que dicta la resolución para ante el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


III.- PROCEDIMIENTO.
El presente Recurso se interpone en tiempo y forma, pues la revisión de oficio de actos nulos puede realizarse en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que estable el plazo para la interposición del recurso.
IV.- FONDO DEL ASUNTO
1.- El acto objeto del presente recurso incurre en la infracción del Ordenamiento Jurídico que determina su nulidad de pleno derecho.
Dicha Resolución se ha dictado atentando contra la legislación específica y en concreto el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero en su disposición transitoria primera, el artículo 29 del Decreto 176/2009, de 17/11/2009 y el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia como ya hemos expuesto en el cuerpo de este escrito.
2.- Constitución Española (Art. 15, 43,49, 53 y 118 ETC).

La Resolución de la que se solicita su nulidad atenta contra derechos fundamentales recogidos en el art. 15 de nuestra constitución como es el derecho a la Vida, la integridad física y moral, en relación con los art. 43 que regula el derecho a la protección de la salud, el art.49 la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos y el art.53 que establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos.
Asimismo es de aplicación el art. 118 de la Constitución pues exige a las administraciones a cumplir las sentencias de los jueces y tribunales.
Cuando ya se ha dictado la sentencia del TSJCLM aludida que declara la nulidad, la administración no puede desconocer su contenido y actuar en contra o al margen de lo dispuesto en la misma a pesar de que la sentencia no se haya publicado todavía y no sea firme.
Los ciudadanos no están obligados a soportar los efectos negativos de la falta de publicación de la sentencia que expulsa del ordenamiento jurídico una norma y por tanto el administrado la puede hacer valer entre partes.
Por otro lado, es importante resaltar que los actos que contienen vicios de nulidad no pueden nunca ser convalidados o sanados por que el acto administrativo, en su día, adquiriera firmeza.
3.- Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. En concreto en los prevenido en su art. 62 y especialmente en el art. 62.2. Y por supuesto lo regulado en el art. 102 y 105. Así como lo regulado en los art. 139, 141, 142 y 145 respecto a la responsabilidad patrimonial de la administración.
4.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en especial su artículo 30.

5.- El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
6.- El Decreto 176/2009, de 17/11/2009, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración
7.- Art. 72 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosa administrativa.
8.- Jurisprudencia aplicable. En especial la la Sentencia nº 166 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 9 de marzo de 2015 que declara nula de pleno derecho la Orden de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de fecha 29 de julio de 2013 por la que se ampara la resolución administrativa recurrida.
La nulidad de pleno derecho de la orden produce efectos en cadena y se comunica a los actos subsiguientes de forma automática. De tal manera que la administración puede declarar la nulidad de pleno derecho de estos actos administrativos, en cualquier momento, a instancia de parte o de oficio.
Se trata de actos radicalmente nulos por ser dictados en ejecución de una Orden que ha sido declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.
9.- La demás Legislación aplicable al caso debatido conforme al aforismo “da mihi factum, dabo tibi ius”.
Por cuanto, ha quedado expuesto,
SOLICITA, que tenga por presentado este escrito y, en su virtud, por interpuesto, en tiempo y forma legal, Solicitud de REVISIÓN DE OFICIO frente a las resolución/es -------------------------------------------------- (7), de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y, en su virtud, dicte resolución mediante la que estime el presente recurso, declarando la nulidad de las resolución/es impugnada/s, se revoque/n y, en consecuencia, se anule/n y tras los trámites oportunos se reconozca a mi representado el Grado de dependencia que le fue reconocido anteriormente, junto con las prestaciones a que tenga derecho y que en su día se le reconocieron, así como que se fije la indemnización por el periodo que he dejado de tener las prestaciones por importe al menos de ----------------------------------------------- (11).

OTROSÍ DIGO.- Que, al amparo de lo establecido en el art. 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, viene a solicitar la suspensión de la resolución impugnada, solicitud que se fundamenta en que la ejecución de dicha resolución causaría daños de imposible o difícil reparación, dado que la impugnación se fundamenta en causas de nulidad de pleno derecho del art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, DE NUEVO SOLICITA.- Que acuerde la inmediata suspensión de las resoluciones recurridas.
OTROSÍ DIGO.- Que, al amparo de lo establecido en el art. 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, viene a solicitar se requiera Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha o del Consejo de Estado.

Por lo expuesto, DE NUEVO SOLICITA.- Que acuerde dirigir oficio al Consejo Consultivo para que emita Dictamen favorable a la nulidad de las Resolucion/es -------------------------------------------------- (7), de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En ---------------------------------- (12), a --------------------------------------------------- (13).

Don --------------------------------------------------------------- (3)

D.N.I. ------------------------- (14)


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