En la ciudad de Córdoba a veintiséis días del mes de febrero del año dos mil trece, previa deliberación se constituye en audiencia pública y oral, en ausencia






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SENTENCIA NÚMERO: nueve

En la ciudad de Córdoba a veintiséis días del mes de febrero del año dos mil trece, previa deliberación se constituye en audiencia pública y oral, en ausencia de las partes, el Tribunal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Única del Trabajo, integrada unipersonalmente por el señor Vocal de Cámara Miguel Ángel Azar, en presencia de la actuaria Rosanna Campazzo a los fines de dar lectura a la sentencia dictada en estos autos caratulados "HEREDIA STELLA MARIS c/. MAPFRE ARGENTINA ART SA - ORDINARIO, ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGO)" Expte. Nº:130579/37, de los que resulta que: I . A fs.1/4 promueve formal demanda Stella Maris Heredia en contra de Mapfre Argentina ART SA, reclamando la indemnización prevista en la ley 24.557, planteando la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de los arts.6 21, 22, 46 de dicha ley y del Dcto. 717/96, denunciando que trabajaba en el Frigorífico Estancia del Sur desde el 8 de julio del año 1996, cumpliendo tareas de “charqueador”, en jornadas de lunes a viernes desde las 5hs. hasta las 14hs., las que le exigen posiciones viciosas, movimientos repetitivos permanentes, en un ámbito ruidoso y sin protectores auditivos (agente de riesgo), por todo lo cual padece dolencias que identifica como “Síndrome del túnel carpiano bilateral e Hipoacusia perceptiva bilateral” lo que le provoca una incapacidad parcial y permanente del orden del 14% de la TO, calificada como enfermedad profesional, adjuntando el certificado pertinente (fs.8).- Describe que las tareas que consiste en limpiar y desgrasar los diferentes cortes que vienen por una cinta, usando como herramienta cuchillo y chaira con movimientos de manos y brazos en posición de pié, encorvado sobre una mesada, a razón de veinte cortes por hora, todo lo que implica movimientos de mano, codo y brazos, en posición de pie, encorvado sobre la mesada, lo cual requiere esfuerzo físico, forzados, de flexo extensión, con tensión de hombro, brazo, codo y muñeca, de supinación, pronosupinación de manos y dedos, todo lo que obro negativamente en su salud, siendo que ingreso sana, lo que agrava por el sometimiento de ruidos del ambiente derivado de los motores de la noria y cintas. Formula el cálculo indemnizatorio y plantea la competencia del Tribunal de conformidad a lo resuelto por la C.S.J.N en autos “Castillo c/. Cerámica Alberdi” y otra jurisprudencia que cita.- Reclama el pago de la suma de veinticinco mil doscientos pesos ($25.200) fundado en la LRT y hace reserva del Caso Federal. II. Que en la audiencia prevista en el Art. 47 de la ley 7.987 que luce a fs.32, no fue posible lograr el avenimiento de las partes, por lo que la actora se ratificó de su demanda y la demandada Mapfre Argentina ART S.A. la contestó en su memorial de fs. 22/31 donde luego de una negativa general de los hechos alegados en demanda niega que la actora tenga derecho a accionar como lo hace, que sea responsable del reclamo que efectúa el trabajador, interpone la defensa de falta de acción fundada en la falta de responsabilidad de su representada por las dolencias que dice padecer la actora y que nunca denunció por ante la comisión médica, obviando el mecanismo previsto por la LRT. Rechaza los planteos de inconstitucionalidad de los arts.6, 21,22 y 46 de la Ley 24.557 y la cobertura de enfermedades no previstas en el listado de enfermedades profesionales. Alega que se trata de típicas enfermedades inculpables y hace reserva del Caso Federal. Contesta la demanda con una negativa generalizada de los hechos invocados, niega la fecha de ingreso, la jornada laboral denunciada, la remuneración pretendida, las tareas, que las dolencias que dice padecer se hayan contraído por el hecho o en ocasión del trabajo, impugna el certificado médico presentado por la actora, que padezca las patologías que reclama y el porcentual de incapacidad. Destaca la inexistencia de causalidad entre tareas y patología e impugna los cálculos, haciendo reserva del Caso Federal. III. Abierta la causa a prueba, la parte actora a fs.36/37 ofrece: Confesional, Testimonial, Documental - Instrumental, Informativa, Pericial Médica, Perito Medico de control, Pericial Técnica y Pericial Contable subsidiaria.- La accionada a fs.38/41 propone prueba Confesional, Testimonial, Informativa, Pericial Médica, Perito de Control y Pericial Técnica en subsidio.- Diligenciadas las mismas, las actuaciones son elevadas por ante esta Excma. Sala Segunda del Trabajo, llevándose a cabo la audiencia de la vista de la causa, conforme da cuenta las actas de fs.145 y 156, donde incorpora loa alegatos, por lo que los autos quedan en estado de ser resueltos.- El Tribunal planteó a resolver una UNICA CUESTION: ¿Es procedente la demanda indemnizatoria con fundamento en la ley 24.557?.- A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DE CAMARA DR. MIGUEL ÁNGEL AZAR, dijo: Conforme quedo trabada la litis y los antecedentes obrantes en estos autos, la competencia del fuero del Trabajo Provincial ha sido objeto de reiteradas resoluciones de nuestros Tribunales en el sentido que "El conflicto suscitado en territorio provincial entre un trabajador y su empleador o la A.R.T. por motivo derivado de la relación laboral, es competencia de los tribunales locales -art.1 de la Constitución Provincial; arts.5 y 75 inc.12 de la Constitución Nacional y arts. 1º y 2º de la ley 11.653" (T.Trab.N°:1 de Lanús, Bs. As., febrero 1.1999 "Luna, Rodolfo I. c/. Surrey SACIFIA"; ídem, junio 2.1999; "Vallejos, Estanislao c/. Surrey SACIFIA"; ídem, septiembre 20-1999; "Giménez Antonio c/. Surrey SACIFIA"; ídem, octubre 21-1999; "Lescano, Walter c/. Surrey SACIFIA"; y otros).- Para mayor abundamiento debo agregar que el Art. 1º, inc. 1º de la Ley 7987 establece que, los Tribunales del Trabajo entienden en los "Conflictos individuales derivados de la relación de trabajo o contrato de trabajo, cualquiera fuere el fundamento jurídico que se invoque", y este es justamente el planteo de Autos.- En efecto, no hay duda de que se trata de un conflicto individual derivado de un contrato o relación laboral y ello no ha sido materia controvertida, destacándose que, no obstante la disposición del inc. 2º de la normativa supra citada, debe entenderse que la generalidad del inc. 1º es abarcativa de todas las situaciones, dejando la especificidad del 2º inciso para una Categoría especial de Trabajadores cual es la de los Empleados Públicos.- Para mayor abundamiento la jurisprudencia de la Corte en autos "Castillo Ángel Santos c/. Cerámica Alberdi S.A." donde se sostuvo que el art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo "ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado de fuero común" (Fallos: 113:263, 269), confirmando la competencia de nuestros Tribunales en esta materia.- Por otra parte, esta postura ya ha sido sostenida por el máximo Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en Fallos reiterados, y por eminentes colegas de otras Salas de la Excma. Cámara Única del Trabajo.- En dicho pronunciamiento, que confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 inc.1º dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el Alto Tribunal de la Nación, entre otras consideraciones sostuvo: “...las comisiones son “organismos de orden federal” {...} “...no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador. {...} A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración "han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad. {...} Que, en tal orden de ideas, la Ley de Riesgos del Trabajo no satisface los mentados requerimientos. En primer lugar, la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite {..}. parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado art. 46, inc. 1, no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza. En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son "entidades de derecho privado" (ley 24.557, art. 26, inc. 1). Asimismo, es perfectamente trasladable al presente litigio la doctrina enunciada por el Tribunal a propósito de la ley 9688: "la circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les dé. {...} Desde otra perspectiva, las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan en favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75, inc. 12. {...} Tampoco acude en sustento de la federalización de la ley 24.557 cuanto quiera verse en ésta como conjuro de situaciones excepcionales. Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 75, inc. 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias —si no ninguna— serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales. {...} Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24.028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa. {...} La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos: 113:263, 269). ...Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador...”.- En este orden de ideas, teniendo en cuenta el valor institucional que adquieren los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último interprete de la Constitución Nacional, corresponde declarar inconstitucional el art. 46 de la ley 24.557 en tanto dispone que “las resoluciones de las comisiones médicas serán recurribles y se sustanciarán ante el Juez Federal” y habilitar la competencia de este Tribunal para entender en el fondo del asunto traído a decisión.- Cabe aclarar que como consecuencia de lo decidido precedentemente deviene inaplicable el procedimiento recursivo en sede judicial establecido en dicha norma y su reglamentación.- Ello así por cuanto, si se entendiera lo contrario, obstaría a la competencia de los Tribunales locales.- En efecto, si tenemos en cuenta que “los actos administrativos, como declaraciones de voluntad de la administración latu sensu que tienden a crear, modificar o extinguir derechos subjetivos de carácter administrativos, constituyen normas jurídicas que por haber emanado del gobierno federal, pasan a integrar –dentro de su ubicación jerárquica- el derecho federal” (Conf. Haro “La competencia Federal”, pág.110), la revisión de dichos actos por vía recursiva, en el caso los emitidos por las Comisiones Médicas, calificadas por la Corte Suprema en el fallo citado supra como “Organismos de Orden Federal”, nos llevaría a la competencia Federal, supuesto descalificado por el Supremo Tribunal de la Nación.- Si a ello lo relacionamos con lo aseverado también en el precedente citado en el sentido que “...no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador.”, no se puede sino concluir que la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 de la ley 24.557 alcanza no sólo a la competencia sino también al régimen procesal instrumentado para cuestionar las decisiones de las comisiones médicas en sede jurisdiccional...”. Hago pues mías las consideraciones precedentes como la conclusión arribada en este aspecto puntual de la controversia.- Debo ahora referirme al trámite administrativo y su cumplimiento, al respecto nuestro S.T.J. tiene dicho dentro de su función unificadora que le corresponde en materia de interpretación de la ley, “Ello determina que en el particular no resulte prudente la exigencia del agotamiento de la etapa administrativa para recién allí acceder a la vía jurisdiccional; más si se tiene en cuenta que en el subexamen se denuncian contingencias previstas en la ley 24.557” (Voto del Dr. García Alloco); siendo más contundente aún cuando se expresó “Comparto la solución a la que arriban los vocales preopinantes, pero en función de los fundamentos que expresé en autos “Pereyra ...c/ Liberty...” (Sent. Nº 92/07). Allí, en función de la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re: “Castillo...”, sostuve que la jurisdicción administrativa ha sido predispuesta para garantizar –conforme requerimiento legal- la automaticidad, integralidad e inmediatez de las prestaciones debidas con motivo de las contingencias cubiertas por la LRT. El trabajador víctima de un siniestro laboral (en cuyo beneficio se ha previsto el sistema de cobertura inmediata) puede optar por tal jurisdicción para obtener aquellas que –ya sea en especie o en dinero- la L.R.T. determina, sin que por así decidirlo se encuentre obligado a agotar la instancia administrativa ni que tal trámite represente una opción excluyente de otras acciones. En este orden de ideas es oportuno aludir al pronunciamiento del Máximo Tribunal in re: “Llosco Raúl c/ Irmi SA...” (L.334.XXXIX) que expresamente señala -citando su precedente “Cubas ...”- que un código, una ley o un reglamento pueden contener dispositivos nulos que no invalidan el resto del estatuto, ni inhabilitan a los interesados para amparar en éstos su pretensión salvo que entre unos y otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable. De allí entonces, que el intento por mantener la exigencia al trabajador del cumplimiento de la etapa recursiva administrativa prevista en la ley 24.557, importa parcializar el alcance que debe atribuírsele a la invalidez constitucional del art. 46.1. íb. declarada por la Corte en la ya mencionada causa “Castillo...” (Voto de la Dra. M. Mercedes Blanc de Arabel), todo ello en autos “DI GIAMBERARDINO PEDRO SERAFIN C/. CONSOLIDAR A.R.T. SA - INCAP. - RECURSO DE CASACIÓN” (Sentencia Número Dos, del 13 de Febrero del año dos mil ocho).- Todo ello fue recientemente ratificado por la Corte Suprema en autos “Obregón Francisco Víctor c/. Liberty ART” (17/4/12)“.- En función de lo hasta aquí expuesto, corresponde ingresar al tratamiento del la cuestión de fondo traída a decisión, esto es la procedencia del reclamo indemnizatorio por incapacidad formulado. Mas como cuestión preliminar es necesario poner de manifiesto que en el transcurso de la audiencia de debate se recepcionó el testimonio de Gabriel Alejandro Martínez sobre las tareas desarrolladas por Heredia, quien dijo que trabaja como charqueadora en el frigorífico demandado desde el año 1998 y allí fue compañera de la actora, trabajando en jornadas de lunes a viernes de 5hs. a 14hs.; que la actora ejecutaba la tarea de charquear que consistía en limpiar los cortes de carne, sacarle la grasa, nervios y coágulos; con un gancho agarraba la pieza que venía por una cinta, debiendo estirar sus brazos para llegar a ella, luego la traía a la mesa y con un cuchillo la limpiaba; se trabaja en posición de pié durante 9hs. con un descanso de 15 minutos a las 7hs de faena, con más 30 minutos para desayunar; se trabaja en un ambiente con ruido proveniente de los motores de los extractores de aire, los que movilizan la cinta, los provenientes de la moledora de hueso y los de la roldana que transporta toda la carne; todo eso hace que para comunicarnos entre los operarios nos hacemos señas pues el ruido impide el diálogo; la cinta que transporta la carne esta a un metro de distancia y exige estirar el cuerpo para enganchar el corte de carne a limpiar; con la mano derecha se limpia utilizando el cuchillo con habilidad; por jornada se charquean 2000 cuartos de carne entre tres y cuatro operarios; la demandada nunca nos reviso médicamente, ni hicieron estudio alguno.- A fs.84/92 consta la pericia médica oficial que diagnostica que la actora padece de “hipoacusia bilateral (3,94%) y Síndrome del Túnel Carpiano (5%), dolencias con mas los factores de ponderación le producen una incapacidad del orden del 10,83% de la TO, las califica como “Enfermedad Profesional” y determina los factores causales o con causales.- Dicha prueba pericial se encuentra impugnada por parte de la demandada (fs.96).- Por todo ello y desestimando la impugnación referida supra y estando probada las afecciones y agentes de riesgo, encuadro dichas dolencias dentro de las Enfermedades Profesionales, lo que relaciona con la "con causalidad", agregando que la aseguradora no cumplió con los exámenes médicos legalmente establecidos, por lo que estimo que el reclamo debe prosperar por el porcentual del 10,83% de la TO diagnosticado por la perito médico oficial.- Siendo congruente con el análisis precedente la resolución a dictar debe acoger la demanda promovida por Stella Maris Heredia en contra de Mapfre Argentina ART SA, condenando a la aseguradora al pago de la incapacidad total del orden del 10,83% de la total obrera por las dolencias identificadas como “hipoacusia bilateral (3,94%) y Síndrome del Túnel Carpiano (5%), “limitación funcional de muñeca izquierda (2%), calificables como Enfermedad Profesional.- El monto indemnizatorio se determinará de conformidad a los previsto en los arts. 12 y concordantes de la LRT, y la modalidad de pago se regirá por la prevista en la norma invocada para fundar la demanda y sus reglamentarias.- Una vez determinado el capital y los intereses conforme a las pautas fijadas en autos “Bustos c/. Cor Acero” en sentencia Nº:69 del año 1992 y “HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION" (Sentencia 39 de fecha 25-6-2.002), entre otros, a saber (tasa pasiva con más un interés del 2% mensual), a partir del 26/10/2012 será aplicable la ley 26.773, el monto total se deberá consignar para estos autos.- Las costas se impondrán a la demandada y los honorarios de los profesionales intervinientes se determinarán de conformidad a lo previsto en los arts. 29, 34, 36, 47 inc.2 y 94 de la ley 9459.- Así voto, señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en las presentes actuaciones, aunque transcriba únicamente aquella que he considerado dirimente para la resolución de la causa, conforme art. 327 del CPCC, de aplicación supletoria al presente caso, en función del art. 114 de la ley 7987.- Dejo constancia de haber actuado conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo a la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas en la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco tratar todas las cuestiones expuestas, ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos.- (Fallos 276:132; 280:320; 301:602, entre otros).- Así dejo emitido mi voto a esta única cuestión.-Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal unipersonal RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda incoada por Stella Maris Heredia en contra de Mapfre Argentina ART SA, y en consecuencia condenar a esta aseguradora como responsable del pago de las indemnizaciones como prestación dineraria derivada de la incapacidad del 10,83% de la total obrera por las dolencias identificadas como “hipoacusia bilateral (3,94%) y Síndrome del Túnel Carpiano (5%)”, calificable como Enfermedad Profesional (arts. 8 y c.c. la ley 24.557) y demás dispositivos legales referenciados al tratar la cuestión. Una vez determinado el capital y adicionado los intereses, todo conforme a las pautas dadas al tratarse la única cuestión deberá ser consignados por la condenada bajo apercibimiento de ejecución forzosa. II) Imponer las costas a la condenada (art. 28 ley 7987), y sobre la base del capital establecido con más sus intereses, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento en que exista base económica líquida, firme y actualizada, debiendo practicarse conforme arts. 29, 34, 36, 47 inc.2, 94 y concordantes de la Ley 9459 - Protocolícese. Con lo que se dio por terminado el acto, que previa su lectura y ratificación firma el Sr. Vocal Dr. Miguel Ángel Azar, todo por ante mí, que doy fe.-

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