Sala de casación penal magistrado Ponente: julio enrique socha salamanca aprobado Acta No. 162






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CASACIÓN 33548

ó JAIME NARCY MEDINA GUTIÉRREZ

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Proceso n.º 33548


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL




Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 162


Bogotá D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil diez (2010).

VISTOS

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado JAIME NARCY MEDINA GUTIÉRREZ en contra de la sentencia de segundo grado de 18 de septiembre de 2009 mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán confirmó la emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Tambo (Cauca), por cuyo medio lo condenó como autor del delito de lesiones personales.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Hacia las diez de la mañana del 23 de junio de 2003, Virgilio Alonso Galvis Paz acudió a la casa de JAIME NARCY MEDINA GUTIERREZ, ubicada en la Avenida Panamericana N° 3N - 11 de Popayán (Cauca), para requerirlo por una imprecisión en el documento que amparaba la importación de un motor para un vehículo que días antes le había comprado; sin embargo, el reclamo trascendió al maltrato verbal y culminó cuando MEDINA GUTIÉRREZ le propinó un golpe en la cara con un elemento contundente (tabla), el cual le generó una incapacidad de diez días y como secuelas la deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio y la perturbación funcional permanente del órgano de la respiración.
La primera valoración médico legal de Galvis Paz realizada al otro día de los hechos, refirió que presentaba; “excoriación de 1x1 cm. con costra hemática en dorso de nariz, con leve edema y equimosis”, para una incapacidad legal definitiva de diez días y supeditó la determinación de las secuelas a una nueva evaluación1.
El segundo reconocimiento practicado a los 27 días del incidente, evidenció: “Mácula hipercrómica en puente nasal ostensible. El ofendido refiere dificultad para respirar y está roncando y que no tenía antes –sic-, igualmente presenta leve desviación del tabique nasal, las secuelas a evaluar en un posterior examen por otorrinolaringólogo”. 2
El tercer examen, a los seis meses y siete días posteriores a los sucesos, para el cual se dice que el ofendido aportó un certificado médico de un profesional (otorrinolaringólogo) el cual refería: “rayos x muestran fractura de huesos propios y fracturas en las apófisis ascendentes de ambos maxilares superiores (vertientes óseas de la pirámide nasal)...Examen físico: fracturas palpables, laterorrinia moderada, ligera desviación septal a la derecha... se requiere septo rino plastia”, llevó al perito forense a dictaminar como secuelas la deformidad física transitoria que afecta el rostro y la perturbación funcional del órgano de la respiración de carácter a definir posteriormente previa aportación de otra certificación en la cual el especialista diera cuenta del grado de obstrucción nasal”3.
La siguiente valoración, efectuada a los siete meses de los acontecimientos, arrojó:
1) desviación del dorso nasal, aparente mas no ostensible.

2) obstrucción por fosa nasal izquierda.

Aporta certificación médica del ORL que dice ‘nariz traumática con deformidad permanente y obstrucción nasal moderada. La deformidad estética y la disfunción respiratoria solo pueden mejorar con tratamiento quirúrgico en porcentaje que puede no ser del 100% pues la cirugía no es una ciencia exacta’

Secuelas: 1) deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio.

2) Perturbación funcional del órgano de la respiración de carácter permanente”.4
Con base en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación mediante proveído de 15 de marzo de 2004 abrió formal investigación penal en contra de JAIME NARCY MEDINA GUTIÉRREZ y lo vinculó a través de indagatoria. En tal diligencia (3 de agosto de 2004) el incriminado solicitó escuchar en ampliación al denunciante “a fin de que informe en qué centro hospitalario fue atendido el día de los hechos, que se envíe a un nuevo reconocimiento médico legal al citado señor con el fin de establecer sobre la antigüedad de la lesión sufrida”. 5
Al no ser necesario resolver su situación jurídica, conforme con la normatividad adjetiva de 2000, al momento de calificar el mérito sumarial el 14 de abril de 2005 se profirió en su contra resolución de acusación por el delito de lesiones personales. Tras precisar el ente instructor que el comportamiento se ajustaba a los artículos 112 (incapacidad para trabajar); 113, incisos 1° y 3° (deformidad física transitoria que afecta el rostro) y 114, inciso 2° (perturbación funcional de carácter permanente), en virtud del principio de unidad punitiva, optó por este último precepto del Código Penal.
En firme la acusación el 14 de junio de 2005 una vez que, por falta de sustentación, fue declarado desierto el recurso de apelación formulado por el procesado, la fase del juicio la adelantó inicialmente el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, despacho ante el cual se surtieron las audiencias preparatoria y de juzgamiento.
Para la primera diligencia el defensor del procesado, con el fin de demostrar que las secuelas consignadas en el último reconocimiento médico legal, “son de vieja data y que [el ofendido] está empeñado en hacerlas aparecer como causadas en los hechos que son materia del proceso de la referencia”, solicitó le fuera practicada una nueva valoración para establecer el tiempo que ha transcurrido desde la época en que el señor ofendido se fracturó el tabique nasal”.
También pidió oficiar a Registraduría Nacional del Estado Civil con el objeto de allegar copia de la tarjeta alfabética elaborada al momento de expedirle al denunciante la cédula de ciudadanía y “establecer si desde ese momento se ha registrado como señal particular la fractura de ese hueso de la nariz”, así como citar a Efrén Molano, vecino de la localidad de Timbío, para que informara desde cuándo conocía a Galvis Paz y “si desde ese tiempo le conoce la nariz con el hueso fracturado, tal y como lo registra en la actualidad.”6
El quinto reconocimiento, a los tres años de los hechos y para el cual se tuvo en cuenta un certificado médico del profesional en otorrinolaringología, José R. Arboleda, en el cual indicaba “Me ratifico en lo dicho en el certificado del 8 de enero de 2004. Son alteraciones estéticas y respiratorias sólo mejorarán con tto —sic— quirúrgico”, revalidó la incapacidad médico legal definitiva de diez días y como secuelas la deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio y la perturbación funcional permanente del órgano de la respiración7.
En desarrollo de la audiencia pública la defensa, alegando la preexistencia de la afectación respiratoria del ofendido, aportó copia de la historia clínica conseguida informalmente por el procesado, la cual daba cuenta que desde 1985 Galvis Paz había sufrido traumas en la nariz, siendo intervenido en 1986 y otras afectaciones de esa índole, ante lo cual la juez ordenó de oficio pedir al Hospital Universitario San José allegar copia auténtica del aludido documento clínico y recepcionar el testimonio del médico tratante José Rafael Arboleda.
Las anteriores pruebas fueron evacuadas, a excepción de la declaración de Efrén Molano, quien no compareció a la vista pública.
En virtud del programa de descongestión judicial implementado por el Consejo Superior de la Judicatura para los juzgados municipales de Popayán, correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Tambo (Cauca) emitir fallo el 12 de junio de 2009 mediante el cual condenó a JAIME NARCY MEDINA GUTIÉRREZ como autor del delito de lesiones personales (perturbación funcional de carácter permanente) a las penas principales de treinta y seis (36) meses de prisión y multa de ocho millones seiscientos treinta y dos pesos ($8.632.000,oo) —el equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2003—, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena. También lo condenó a pagar por concepto de daños morales la suma de dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos pesos, ($2.484.500,oo), sin fijar perjuicios materiales dada su falta de acreditación.
Para tal decisión el juzgador desechó por pruebas ilegales e ilícitas la historia clínica y la declaración del médico tratante de la victima, José Rafael Arboleda, al estimar que con ellas se sorprendió a los sujetos procesales toda vez que no fueron decretadas en su oportunidad.
Razonó que la historia clínica:
“… es un documento que goza de reserva y que no puede ser utilizado y conocido sino por intervención del propio paciente, los funcionarios de salud con motivo de sus actividades y dentro de la órbita profesional y por solicitud expresa de un funcionario judicial, juez o fiscal, en oportunidad, esto es, no cuando ya se había hecho el aporte de la historia clínica en la audiencia pública de manera IRREGULAR y ARBITRARIA por el procesado que la suministró al defensor, sino que era menester que la misma se hubiera solicitado y decretado en la audiencia preparatoria” (mayúsculas integradas al texto).
Y en relación con las lesiones antiguas resaltadas por el apoderado del procesado, determinó:
Es absolutamente obvio que el señor GALVIS tuvo varios accidentes y cirugías en su nariz, acaecidas hace muchos años atrás, y si bien existe un denodado esfuerzo de la Defensa para mostrar que aquellas persistían al momento del golpe propiciado por su cliente, pues tal posición no tiene vocación de prosperar, porque es fácil arribar a la conclusión que dadas las condiciones de fragilidad en la cual se encontraba aquella, por las diversas intervenciones y fracturas, pues obviamente que el propinarle ‘un tablazo’ de inmediato iría a generar las consecuencias que fueron anotadas por los diferentes galenos que emitieron los dictámenes médico legales”.
Ante el recurso de apelación instaurado por el procesado y su defensor, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, mediante decisión de 18 de septiembre de 2009 confirmó la sentencia.
En este orden, avaló la postura de su inferior acerca de que no se había levantado en debida forma la reserva de la historia clínica y que la defensa no había justificado “la obtención de la misma, ya que tan sólo la aportó groseramente en la audiencia pública”.
Así, tras colegir que el historial del paciente había sido obtenido de manera ilícita, dado que debía mediar el consentimiento de su parte o, en su defecto, la orden de una autoridad judicial, concluyó que además de esa aportación irregular, hacerlo en la audiencia pública era una fase posterior a la legalmente permitida.
Contra la decisión de segundo grado, el defensor interpuso el recurso de casación con la presentación de la respectiva demanda, declarada ajustada a los requerimientos legales y sobre la cual se recibió el concepto del Ministerio Público

LA DEMANDA

Dice plantear la casación por la vía excepcional ante la afectación de las garantías fundamentales de su asistido. Específicamente, solicita la nulidad de la actuación ante la infracción del debido proceso y del derecho de defensa.
De la premisa relacionada con que la víctima, buscando una mayor indemnización pecuniaria, le mintió a la administración de justicia en relación con las secuelas del golpe propinado por el enjuiciado, por cuanto desde el año 1985 había sufrido traumas en la nariz, siendo sometido en 1986 tanto a una septorinoplastia como a un retoque del dorso de la misma, denuncia el libelista que no se tuvo en cuenta la historia clínica de Galvis Paz que daba cuenta esas afectaciones precedentes, quebrantando así el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la legalidad y a la imposición de una pena justa, pues en su parecer, MEDINA GUTIÉRREZ solo debió responder por el delito de lesiones personales por la incapacidad de diez días, sin secuelas.
Pone de presente que efectivamente en la primera valoración medicolegal, recién ocurridos los hechos, a Virgilio Alfonso Galvis Paz se le fijó una incapacidad de diez días, pero luego al mes siguiente, pretendiendo hacer más gravosas las lesiones, buscó la remisión a un profesional en otorrinolaringología, y para los otros dictámenes aportó una radiografía y un certificado de su amigo, el doctor Rafael Arboleda como su médico tratante, con base en los cuales fueron dictaminadas las secuelas de deformidad física transitoria que afecta el rostro y la perturbación funcional del órgano de la respiración de carácter permanente.
En ese sentido, explica que el procesado con el fin de insistir en su inocencia y siendo conocedor de la falsedad de las secuelas, decidió por intermedio de un amigo fotocopiar la historia clínica de Virgilio Alonso Galvis Paz, por eso, con base en tal documento fue interrogado el ofendido en la vista pública, en la cual nuevamente mintió al negar que antes de los hechos padecía los problemas relacionados con la dificultad para respirar.
Que precisamente ante tal negativa de la víctima se aportó copia del documento clínico que relaciona las diferentes fracturas e intervenciones médicas aludidas, solicitándole a la juez allegarlo formalmente oficiando al hospital San José de Popayán, siendo aportado así legalmente al diligenciamiento, y por ello debió ser valorado.
Por lo tanto, solicita a la Sala casar el fallo y absolver a su defendido.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA

La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal

sugiere a la Corte casar el fallo por razón del cargo formulado, pero precisando que la condena debe ser sólo por el delito de lesiones por deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio (artículo 117 del Código Penal), sin tener el cuenta el de perturbación funcional permanente del órgano de la respiración, por no haberse acreditado el nexo casual de ésta con el golpe que le propinara el enjuiciado a la víctima.
Tras destacar la Delegada que en la audiencia pública el procesado denunció un presunto fraude procesal cometido por la víctima y el médico Rafael Arboleda al incidir en los dictámenes de medicina legal y hacer aparecer las secuelas como producto de la herida sufrida en el altercado con MEDINA GUTIÉRREZ, no obstante que el ofendido había sido objeto de intervenciones quirúrgicas de su nariz desde cuando tenía quince años, señala que la juez ordenó aducir la historia clínica, oficiando para ello al Hospital Universitario San José, luego de lo cual el denunciante admitió las afecciones nasales sufridas con anterioridad a los hechos, ratificadas por su médico, aclarando que esas lesiones antiguas no tenían relación con las nuevas.
Bajo tales parámetros, estima que era admisible como prueba la historia clínica aducida por la defensa en la vista pública, y por lo mismo debió ser tenida en cuenta para desestimar las secuelas reconocidas como producto del enfrentamiento con el procesado.
Explica que dicho documento no fue allegado con violación de los derechos del lesionado, ni se infringió el secreto que lo ampara, pues éste sólo puede predicarse en materia administrativa, mas no penal.
Aduce que se trataba de una prueba de la defensa en desarrollo del derecho a investigar encaminada a develar otros incidentes que afectaron la salud de Galvis Paz cuando era patente la intención de éste por ocultar las lesiones anteriores y agravar la situación jurídica del incriminado.
Por último, solicita también a la Sala compulsar copias a fin de que se investigue al denunciante por haber mentido bajo la gravedad del juramento.
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