Alimentos. Proceso de alimentos. Alimentos atrasados. Caducidad. Nacimiento de la obligación. Concepción. Patria potestad. Inactividad del alimentario. Efectos. Interés superior del niño






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títuloAlimentos. Proceso de alimentos. Alimentos atrasados. Caducidad. Nacimiento de la obligación. Concepción. Patria potestad. Inactividad del alimentario. Efectos. Interés superior del niño
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Alimentos. Proceso de alimentos. Alimentos atrasados. Caducidad. Nacimiento de la obligación. Concepción. Patria potestad. Inactividad del alimentario. Efectos. Interés superior del niño

O., N. S. v. B., M. G.

Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Santa Cruz, julio 7 de 2010.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “O. N. S. L. c/ B. M. G. s/ ALIMENTOS”, Expte. N. O-14.345/03 (O-1.521/06-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y

CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada –B., M. G.- a fs. 149/153, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 137/142.-

Se funda, quien recurre “…en los términos del art. 3 inc. a) de la ley 1687 por aplicación errónea de la ley al ignorar la vigencia de los arts. (sic) 375 del Código Civil y art. 636 del Código Procesal, que expresamente edictan la fecha desde la cual se debe la cuota alimentaria derogando la norma pretendiendo la aplicación en forma genérica y sin un análisis serio de las consecuencias de tan grave decisorio, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sin mención expresa del articulado que se pretende aplicar, como sí la sola invocación de los intereses superiores de los niños permitiera derogar la ley vigente, afectando gravemente la seguridad jurídica…” (confr. fs. 149 y vta.). Sostiene además que: “…Se interpone el recurso de casación en los términos de la doctrina de la sentencia arbitraria emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación puesto que en forma arbitraria resuelve una cuestión de gravedad institucional suficiente, sin fundar en modo alguno el apartamiento de las normas de fondo y procesales vigentes, arts. 375 del Código Civil y 636 del CPCyC, sin tener en consideración las circunstancias fácticas del caso, ni las argumentaciones de esta parte al contestar los agravios, violando los derechos de igualdad, defensa en juicio y del debido proceso consagrados en la Constitución Nacional…” (confr. fs. 149 vta.). Refiere que: “…A) La Excma. Cámara de Apelaciones, contraviniendo la pacífica jurisprudencia nacional, y reconocida doctrina, manda a abonar a mi mandante la cuota alimentaria a favor de su hija menor de edad reconocida en juicio de filiación desde el nacimiento, esto es desde el día 15 de marzo de 1998…” (confr. fs. 150). Aclara que “…Obviamente resulta indiscutible que la obligación alimentaria nace con la filiación, pero el derecho a reclamar alimentos se apoya en el emplazamiento en el estado de hijo, como una de las tantas acciones de ejercicio de estado, y excepción hecha de los alimentos provisionales que los jueces se encuentran autorizados a fijar mientras dura el juicio de filiación, no resulta procedente fijar cuota alimentaria alguna… la parte actora, madre del menor, inicia la demanda de filiación tres años después del nacimiento, y la demanda de alimentos concluido el juicio de filiación.- Previamente no efectuó reclamo alguno, por lo que resulta absolutamente contrario a derecho una condena retroactiva a la fecha del nacimiento…” (confr. fs. cit.). Concluye, quien impugna, lo siguiente: “…Si el derecho no ha sido ejercido con antelación, no es el otro progenitor el que debe hacerse cargo de tal inejecución, pues lo contrario colocaría a la totalidad de los padres no convivientes en una situación de inseguridad jurídica absoluta, pues estarían a merced de la voluntad del otro progenitor de no reclamar e incluso no aceptar alimentos, para luego y en cualquier momento hacerlos desde el nacimiento del hijo, o eventualmente desde la separación…” (confr. fs. 150 vta./151). Apunta, entonces, “…el error en que incurre la “ad quem” al confundir el derecho a percibir alimentos, el que desde luego no es discutible, con el ejercicio efectivo de mismo…” (confr. fs. 151). Hace reserva del caso federal.-

Al contestar el traslado, la actora, pregona la improcedencia tanto formal como sustancial del pedido impugnativo de la contraparte ya que ésta, al invocar la errónea aplicación de los artículos 375 del Código Civil y 636 del C.P.C. y C. de nuestra provincia -reflejo del artículo ritual 644 del Código procedimental nacional-; aduce que determinan la fecha desde la cual se debe la cuota alimentaria y agrega “…no es cierto V.E., sobre todo respecto del Código de Fondo, que en ningún momento se pronuncia acerca de la fecha en la cual se deben los alimentos de un padre respecto de su hijo, el art. citado erróneamente por la contraparte, dice en realidad: “Art. 375:…el juez, según el mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo”. De ningún modo se desprende del texto de este artículo del C.C., que establezca la fecha desde la cual se deban los alimentos a un menor, puesto que es doctrina pacífica de todos los Tribunales de la Nación, que el simple hecho del nacimiento del niño hace nacer la obligación alimentaria del progenitor… se indica que se ignora la vigencia del art. 636 del Cód. Procesal Civil y Com., el cual, de conformidad a las normas vigentes (Convención de Der. del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, etc...), ha quedado derogado en la práctica, por contravenir derechos fundamentales del niño establecidos por nuestra legislación con raigambre Constitucional… como bien lo entiende la Cámara de Apelaciones en su fallo…” (confr. fs. 220 vta.). Sostiene lo siguiente: “…Es falso pues, lo afirmado por la contraria, en cuanto dice que no existió acción de filiación ni reclamo alimentario anterior, ya que tal y como lo viene sosteniendo la doctrina, el fallo obtenido en acción de filiación que inició mi parte, fue el título en virtud del cual se pudo reclamar el pago de alimentos, pues el padre, maliciosamente en este caso, no quiso reconocer a su hijo y atribuyó en su responde la paternidad a otro, recién luego de la realización de la prueba de ADN que acreditó en forma incontrastable su paternidad, en la filiación, se pudo proseguir esta acción alimentaria, ya que la Juez de 1º Instancia de Familia, no permite la instauración de acción alimentaria, hasta que no haya un vínculo acreditado, lo que es público y notorio en el foro de R. Gallegos… La deuda se genera pues desde el nacimiento del niño, y no como erróneamente dice la contraparte, a partir de la iniciación de la demanda, ya que el sólo nacimiento hace surgir al obligación paterna al pago de alimentos, atacando B. ilegítimamente, la plena aplicación que, respetando los principios constitucionales, realiza la Excma. Cámara de la Convención de Der. del Niño…” (confr. fs. 221).-

Que, en oportunidad de emitir dictamen sobre la alegada arbitrariedad de la sentencia del ad quem; el Sr. Fiscal ante este Tribunal, entiende que “…dichos agravios deben ser rechazados. “La arbitrariedad que se invoque no puede encontrar sustento en presuntos agravios que solo traducen una mera disconformidad con la interpretación que el tribunal efectuó acerca de la cuestión dirimida” (CN Com., Sala C, junio 25-991)…” (confr. fs. 227 vta.). En lo concerniente a la prerrogativa del infante a percibir alimentos manifiesta: “…si bien la Convención Internacional de los Derechos de los Niños debe proteger a estos, escudado en la misma, no debe desvirtuarse los alcances de la obligación alimentaria que corresponde a los padres. Por lo cual se reconoce el derecho a percibir alimentos, pero no debe confundirse con el ejercicio efectivo del mismo…” (confr. fs. 228) y que “…tratándose de una obligación legal derivada del mero hecho de la generación, se produce automáticamente el nacimiento de la obligación y la constitución en mora, ya que ésta resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación…” (confr. fs. 229). En reflexión a lo ensayado concluye: “…Ahora entiendo que los alimentos del menor que fueron sufragados por la progenitora desde el momento del nacimiento (más precisamente desde la concepción) hasta su efectivo reclamo, por lo que en rigor quien debe ser acreedora de ello es la madre y no el menor, careciendo en consecuencia éste de legitimación por haber recibido ya la prestación…” (confr. fs. 229 vta.). Concluye que “…resulta sustancialmente admisible el recurso de casación incoado por la demandada, opinando que se debería hacer lugar al dicho recurso y por lo motivos expuesto (sic) debería revocarse el punto de la sentencia apelado…” (confr. fs. 230 vta./231).-

II.- Con el objeto de dirimir las cuestiones de mayor trascendencia y merecedoras de un exhaustivo análisis y estudio, cabe decir que le asiste razón a la actora cuando afirma, en ésta cuestión, la inaplicabilidad del artículo 375 del CC y, consecuentemente, mal puede ser erróneamente aplicado, valga la redundancia. Se trata de un instituto diferente -alimentos provisorios- al que hace raíces en el sub lite. Dicho instituto en nada condiciona la presente resolución cuando no es el caso de autos; y que la madre no lo haya utilizado no es óbice ni justificativo para resolver en contra de la persistencia del derecho del menor, menos aún, cuándo no se puede entender irrazonable el argumento esbozado por la progenitora: que la -aludida- tardanza estaba condicionada a los resultados de los exámenes de histocompatibilidad que la legitimarían activamente sin reparos.-

Tampoco pueden atenderse concienzudamente las alegadas vituperaciones a la igualdad y al debido proceso por cuanto no se explica el cómo de dichas violaciones, no se logra demostrar que exista una relación entre lo decidido en la causa por la Cámara y los derechos constitucionales genéricamente invocados (doctrina de Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306, y muchos otros). De otro modo, la jurisdicción excepcional sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (de aquí en más: CN), aunque esté directa y/o inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 295:335; 310:2306). La misma Corte Suprema enfatizó que la doctrina de la arbitrariedad, dado su carácter excepcional, exige de quien la invoca la demostración rigurosa e inequívoca del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos: 303:387). Ergo, el decisorio carece de rasgos arbitrarios plausibles.-

III.- Mencionado lo cual, debe atenderse el agravio principal: omitir lo prescripto por el artículo 636 C.P.C. y C.. No es ocioso aceptar que la cuestión no es pacífica; más aún cuando se trata del ingreso y operatividad de normas internacionales reconocidas y acogidas por nuestra Constitución Federal formando parte del denominado Bloque de Constitucionalidad. En definitiva, y como se demostrará, todo será resuelto bajo el manto de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “la Convención”). Lo cual no empece a ubicarla dentro de una corriente tuitiva dirigida a los infantes que va más allá de ella, la trasciende y, a su vez, la erige como la máxima principal a la hora de juzgar situaciones que conciernen, directa o indirectamente a un menor. Son palabras y objetivos de la Convención desde su preámbulo: “…el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento…”.-

Ahora, para decidir desde cuando son debidos los alimentos, se impone un examen jurídico exhaustivo, donde entrarán en juego normas y principios legales y supralegales.-

Se ampara, el recurrente, en que no debe suministrar las cuotas que omitió satisfacer -más allá de los motivos sustanciales-, pues el artículo 636 del C.P.C. y C., fija como límite temporal la fecha de interposición de la demanda. En el iter analítico nos encontramos con dos reglas que parecen ajustarse al caso: el artículo 4027 inc. 1) del CC: “Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: …De pensiones alimenticias” y, el artículo 636 del C.P.C. y C., que determina el “cuándo” de la deuda: la fecha de interposición de la demanda (en verdad también se ha aludido a la prescripción del art. 4023 CC).-

De modo sucinto, se ha de recordar que la imposición de una fecha a partir de la cual debe pagarse lo adeudado de una obligación cuya causa-fuente proviene de un momento anterior a dicha data, es traída de la doctrina francesa que sienta el principio de no-acumulación en materia de derecho alimentario (“aliments ne s’arrengement point”), “la obligación desaparece para el pasado”, no pudiendo reclamarse los alimentos atrasados. A su vez, esta postura encuentra fuente en el viejo adagio latino “in praeteritum non vivitur”, es decir, que sólo puede reclamarse lo indispensable para la manutención de la vida (confr. López del Carril, Julio J., “Derecho y Obligación Alimentaria”, Abeledo Perrot, Bs. As., 1981, p. 157).-

Para sostener estas posturas, con mayor determinación cuantitativa que cualitativa, se tiene por basamento o una presunta renuncia del acreedor de los alimentos, o la falta de necesidad del menor, o algún fundamento ecléctico.-

El problema de sostener, como único cimiento, la falta de necesidad del niño, choca visiblemente con la afirmación mediante la cual se sostiene que la fuente de dicha obligación no es, bajo ningún concepto, la mera carestía, sino el vínculo (a diferencia de los alimentos entre parientes donde la necesidad debe ser probada -art. 370 CC-). Subyace, también, la idea de la renuncia por el representante del menor que, en verdad, puede tener muchas razones como para que sea, livianamente, aceptada y presumida como falta de necesidad del niño o mera suplantación del deber del padre por la madre.-

Lo antes citado, a las luces de la normativa vigente -principal-mente del denominado Bloque de Constitucionalidad- no puede ser sostenido sin afectar el Interés Superior del Niño (o “mejor interés del niño”, para determinada doctrina). Se argumenta desde aquella postura que, si cuando tuvo el derecho no lo ejerció es porque, se concluye, no necesitaba la pensión. Pero dicha razón no es atendible, dado que las renuncias de derechos no se presumen y tienen, por el contrario, que aparecer justificadas en el orden normal de las pruebas. Empero, en el caso que nos ocupa, se trata de un derecho irrenunciable por manda legal expresa.-

Desde aquella óptica se ha resuelto que: “La inactividad procesal del alimentario crea la presunción (sujeta a prueba en contrario) de su falta de necesidad y determina por tanto la caducidad del derecho a cobrar las cuotas alimenticias atrasadas” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno de la Capital Federal, mayoría. JA 1954-III- 382. Plenario del año 1954). Se habría producido, entonces, una renuncia tácita o, si se quiere, la falta de reclamo haría presumir la falta de necesidad del alimentario, generándose en ambos casos la secuela de la caducidad del derecho de percibir los alimentos devengados.-

Pese a la existencia del antiguo plenario civil antes mencionado, varios pronunciamientos han obviado el principio de no-acumulación y de caducidad de los alimentos cuando el alimentante invoca la inactividad procesal del reclamante (Sala A: E.D., 19-306, Sala B, E.D., 30-571; L.L. 1992-E-135; E.D., 134-392; E.D., 23-431; E.D., 55-291, entre muchos otros).-

En la actualidad se viene abriendo paso -desde la reforma de 1994-, una postura más amplia (tuitiva) respecto de los alimentos atrasados. Se erige un nuevo paradigma: que los alimentos debidos a los menores no caducan porque la inactividad procesal del alimentario, tratándose de un hijo menor de edad, no puede operar la caducidad, si se tiene en cuenta la incapacidad de hecho de los menores (art. 54, inc. 2, CC), cuya representación legal es ejercida por sus padres (art. 57, CC), de carácter necesaria (art. 56 CC); ergo, no puede haber renuncia de los derechos de los menores representados, habida cuenta que la renuncia debe ser expresa y su interpretación restrictiva.-
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