Sala de casación penal magistrado Ponente: julio enrique socha salamanca aprobado Acta No. 353






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p L

CASACIÓN 32564

ó OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ
República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Proceso No 32564

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.353



Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009)

VISTOS

Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de la demanda de casación presentada por el apoderado del BANCO DE BOGOTÁ en calidad de víctima, contra la sentencia de 27 de mayo de 2009 mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la de carácter condenatorio emitida anticipadamente por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento del mismo Distrito Judicial, por cuyo medio condenó a OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ como autor del delito de hurto agravado por la confianza y la cuantía.


HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El 20 de septiembre de 2006, Jorge Enrique Hernández funcionario de la Gerencia Jurídica de MEGABANCO S.A.—, entidad de la cual el BANCO DE BOGOTÁ adquirió el 94.99 % de sus acciones.1 denunció que al realizar el 18 de agosto de la anualidad en cita una revisión en el punto de recaudo de esa corporación en la Cooperativa COORATIENDAS, —Agencia con servicios restringidos dependiente de la oficina de CORABASTOS—, se encontraron operaciones irregulares que comprometían al cajero OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ, las cuales le ocasionaron un desmedro patrimonial al banco en cuantía de $203.313.722.oo
El 27 de diciembre de 2007 ante el Juez Cincuenta y Uno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá se realizó audiencia de formulación de imputación en contra de SANTAMARÍA MARTÍNEZ por la posible comisión del ilícito de hurto agravado por la confianza y la cuantía, concurriendo circunstancia de mayor punibilidad, de conformidad con los artículos 239; 241, numerales 2° y 11; 267, numeral 1° y 58, numeral 9° del Código Penal. El incriminado se allanó a los cargos, y la Fiscalía no solicitó la imposición de medida de aseguramiento.
El 15 de enero de 2007 el ente investigador presentó escrito de acusación por el mismo comportamiento punible, y ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá se realizó el 6 de marzo siguiente la audiencia de individualización de pena y sentencia en la cual se impartió previamente la aprobación al allanamiento para luego anunciar el sentido de fallo de carácter condenatorio.
En la misma diligencia, el representante judicial del BANCO DE BOGOTÁ como víctima, anunció su interés en adelantar incidente de reparación al estimar los perjuicios materiales en $320.000.000,oo. Luego de surtir un aplazamiento a fin de buscar un acuerdo conciliatorio, el cual no se materializó, se surtió el respectivo trámite practicando varias pruebas el 21 de julio de 2008.
Finalmente, el 20 de octubre de ese mismo año se emitió sentencia en la cual se condenó a OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ como autor del delito objeto de acusación, a la pena principal de cuarenta y un (41) meses, trece (13) días de prisión, así como a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, sin concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero otorgándole la prisión domiciliaria.

No lo condenó al pago de daños y perjuicios ante la falta de acreditación por parte del apoderado de la víctima en el incidente de reparación.
En virtud del recurso de apelación instaurado por el representante de la víctima, en el cual mostraba su disenso por el otorgamiento de la prisión domiciliaria al incriminado y por no haberse fijado el monto pecuniario, el Tribunal Superior de Bogotá mediante decisión de 27 de mayo de 2009 confirmó la sentencia.
Por lo anterior, insiste el mismo sujeto procesal a través de la impugnación extraordinaria con la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se pronuncia la Corte.

DEMANDA

El libelista postula dos cargos: uno al amparo de la primera causal de casación prevista en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y el otro bajo los lineamientos de la causal primera contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Primer cargo:
Denuncia la infracción de los artículos 93, 229 y 230 de la

Constitución Política, los cuales resultaron “indebidamente aplicados por el Tribunal” cuando consideró que el apoderado de la víctima carecía de legitimidad para recurrir el otorgamiento de la prisión domiciliaria de SANTAMARÍA MARTÍNEZ porque con la sentencia se habían satisfecho los principios de verdad, justicia y reparación.
Parte de la premisa de que ante los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y función de la pena, la prisión impuesta al incriminado ha de tener cabal cumplimiento en un centro carcelario, pues el tratamiento benévolo de su ejecución domiciliaria genera una sensación de impunidad tanto en la Cooperativa COORATIENDAS, en los empleados del banco que representa, como en la propia sociedad.
Para el libelista, hay circunstancias que impiden deducir que SANTAMARÍA MARTÍNEZ no evadirá el cumplimiento de la sentencia, pues eludió la acción de la justicia al asistir a la audiencia de formulación de imputación el 27 de diciembre de 2007, después de un año y cuatro meses del descubrimiento del ilícito, y si bien se allanó a los cargos, sólo fue para lograr una rebaja de pena, como lo señaló la misma juez en la diligencia de lectura de fallo al indicar que ese allanamiento no era muestra de arrepentimiento, sino la obtención de una disminución punitiva.
Añade que otro fundamento para negar la prisión domiciliaria lo constituye la gravedad de la conducta, calificada por el juzgador como de "gran impacto", pese a que no se reflejó tal calificativo en la dosificación punitiva, pero que en todo caso para el censor indica que la ejecución de la pena es necesaria, dada la preparación del hecho por parte del cajero afectando los intereses del banco, empresa que le había brindado una oportunidad laboral.
Resalta que en los requisitos establecidos legalmente para conceder la prisión domiciliaria, la juez de primer grado no hizo alguna alusión a las condiciones personales del procesado que permitieran inferir que no evadiría el cumplimiento de la pena, pues ni la defensa o la Fiscalía aportaron elementos materiales probatorios, evidencias físicas, entrevistas o declaraciones al respecto o que acreditaran su arraigo domiciliario.
A su turno, indica que en la audiencia de individualización de pena y sentencia la juez calificó de “exótica" la postura de la defensa y de la Fiscalía de no hacer uso del traslado previsto en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, luego de lo cual, la defensa destacó la calidad de padre de familia del incriminado, su vinculación laboral, así como una afectación sicológica que padecía, aspectos de los cuales hizo eco la Fiscalía, pero sin aportar algún soporte para los mismos.
Agrega que también indicaron que el incriminado es bachiller, auxiliar de contabilidad, experto en sistemas y estudiante universitario, pero esas mismas circunstancias unidas al vínculo laboral que tenía con la entidad bancaria denotan que su actuar no estuvo ceñido a lo que socialmente se espera de quien ha tenido esas oportunidades y de quien se desempeña como funcionario bancario por no honrar la confianza depositada.
En este orden, estima que debió aportarse el informe de policía judicial acerca de las indagaciones y verificaciones relacionadas con el arraigo domiciliario, máxime que inicialmente se le había librado una orden de captura la cual no se hizo efectiva, porque según el defensor, una noche en la terminal de transporte, al sentirse SANTAMARÍA MARTÍNEZ "moralmente responsable" se entregó a la autoridad policial.
Así mismo, refuta la entrega voluntaria del cajero, porque además de no consultar las reglas de la experiencia ya que lo usual es que los miembros del orden contacten a las personas al ingresar a las terminales de transportes para verificar antecedentes y ordenes de captura, queda en entredicho toda vez que la Fiscalía hizo mención en su escrito de acusación a un acta de derechos del capturado.
Finalmente, el censor critica la capacidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para controlar a los condenados en prisión domiciliaria, pues en otros casos se ha evidenciado que las visitas de verificación solamente son realizadas mensualmente.
Segundo Cargo
Denuncia que la sentencia es violatoria de la ley sustancial ante el

desconocimiento de los artículos 82 de la Constitución Política, 175 del Código de Procedimiento Civil, 373 y 382 de la Ley 906 de 2004.

Afirma que el Tribunal consideró que no se acreditó el daño emergente ante la ambigüedad de los testigos y falta de introducción de los documentos contables que lo corroboraban y porque no se demostró el nexo causal del reintegro del dinero que debió hacer la entidad bancaria a la Cooperativa COORATIENDAS y la conducta atribuida al incriminado.
Luego de resaltar que la Corte Constitucional ha abordado el tema relacionado con la libertad probatoria, en contra del otrora sistema de tarifa legal, y que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil señala como pruebas: la declaración de parte, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, disposición similarmente contemplada en los artículos 373 y 382 de la Ley 906 de 2004, expresa que si bien el testigo Jhon Jairo Zapata Muñoz no hizo alusión al valor de la nota contable que él elaboró con asiento en el estado de pérdidas y ganancias del banco ante el faltante detectado en la caja a cargo de OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ, el testimonio de Juan Gabriel Martínez Labrador, Subgerente Operativo se recepcionó de acuerdo con la postura de la juez de conocimiento que en la primera declaración consideró innecesaria la incorporación de la prueba documental por no acusarse falencias de memoria en el testigo.
Pone de manifiesto que el testigo Martínez Labrador dio fe de la elaboración y existencia de un registro contable negativo para el banco el cual ascendió a $203.323.512.00, suma que no ha sido reintegrada por la compañía aseguradora; sin embargo, la juez calificó esta prueba con una tarifa legal negativa desconociendo así el principio de libertad probatoria, la calidad de testigo directo y su credibilidad, pues era una persona psíquicamente sana, con condiciones normales de personalidad e idoneidad para percibir, memorizar, evocar y narrar hechos, además de no contar con algún interés en mentir.
Asevera que el estimativo de perjuicios tiene consistencia con los valores registrados en la denuncia y con el informe No. 99011-CO-l-182-2006 emitido por la contraloría del Banco, aportado por la Fiscalía en el anexo de pruebas del escrito de acusación.
Por lo anterior, solicita a la Sala casar el fallo y declarar que no hay lugar a reconocer el beneficio de la prisión domiciliaria a favor

de SANTAMARÍA MARTÍNEZ, además, condenarlo al pago de perjuicios debidamente indexados.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Precisión inicial
Los lineamientos que perfilan el recurso de casación bajo la égida del sistema acusatorio implementado con la Ley 906 de 2004 lo instituyen como mecanismo de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando se afecten los derechos o garantías fundamentales de las partes o de los intervinientes, de acuerdo con las causales legal y taxativamente señaladas, siempre que se satisfagan los fines para los cuales está previsto, a saber: buscar la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos, así como la unificación de la jurisprudencia.
Con esa perspectiva, la pretensión del demandante ha de estar demarcada por el carácter teleológico del recurso, debiendo acreditar tal afectación de derechos o garantías fundamentales, señalar la causal por la que opta con el desarrollo adecuado de los cargos que le dan sustento y demostrar la necesidad del fallo de casación, so pena que por su incumplimiento el libelo no sea admitido.
Ese control constitucional y legal de la sentencia de segundo grado le imprime al recurso su carácter de extraordinario, de ahí que no escapen a él la observancia de las reglas de coherencia, precisión y claridad que conduzcan al cabal entendimiento del reparo, por ello, además de los fundamentos de lógica, de debida argumentación y de contenido que la Corte debe verificar al momento de estudiar la demanda, ha de analizar la necesidad de su intervención en sede de casación con miras a cumplir alguna de sus finalidades, porque si advierte la imperiosa protección o restauración de un derecho fundamental y por ello precisarse de fallo, deberá superar las falencias técnicas del libelo y ordenar su admisión, adquiriendo así prevalencia los fines del recurso.
Primer cargo
De manera preliminar la Corte analizará lo concerniente al interés del representante de la víctima para deprecar la revocatoria de la prisión domiciliaria concedida en las instancias a OSCAR ALEXANDER SANTAMARÍA MARTÍNEZ.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en Materia Penal, (Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas), las cuales son predicables no sólo para infracciones del derecho internacional humanitario, sino de toda clase de procesos penales, establecen el deber estatal de procurar a la víctima y a los perjudicados por el delito la ayuda que requieran, así como la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizarles un trato humano y digno, además de ser oídos y asistidos por abogado, que en casos graves puede ser de oficio, para procurar en todo caso la mejor defensa de sus derechos.
En el ámbito interno, desde el artículo 250 de la Constitución de 1991 se ubicó en lugar privilegiado a la víctima, el cual fue resaltado con el Acto Legislativo N° 03 de 2002, modificador de tal precepto cuando se dio cabida al sistema acusatorio colombiano, al atribuir a la Fiscalía General de la Nación, entre otras, las funciones de: i) solicitar al juez de control de garantías la adopción de medidas que aseguren la protección a las víctimas, y ii) pedir al juez de conocimiento las decisiones judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
Esa categoría de la víctima hizo replantear por vía jurisprudencial que su intervención en el proceso penal no se puede limitar a una pretensión resarcitoria, pues también es dable admitir su interés en conocer la verdad de lo acontecido y en realizar el ideal de justicia.
Ciertamente, la Corte Constitucional en relación con el sistema procesal propio de la Ley 600 de 2000, a través de la sentencia C-228-02 al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, indicó que además de la reparación económica, a los afectados con el delito se les debe garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, esto es, les asiste legitimación para establecer lo que realmente ocurrió con todas sus circunstancias, así como sus autores o partícipes, buscar que no se genere impunidad y obtener también la debida compensación económica del daño causado.
Según el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, víctima es toda persona natural o jurídica que individual o colectivamente ha sufrido algún perjuicio como consecuencia del injusto, calidad que le otorga el derecho de acceder a la actuación e impone reconocerla como tal en el proceso.
Sin embargo, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que habilitan tal intervención no son absolutos en cuanto se requiere la acreditación de un daño concreto, baremo que también se traslada al campo del ejercicio impugnatorio al ser necesario que quien promueva los recursos, además de tener legitimación en el proceso, dado el reconocimiento como interviniente o parte, tenga legitimación en la causa a través del interés jurídico para atacar la decisión si le ha irrogado algún perjuicio.
Por lo expuesto, cabe preguntarse si una providencia que ha puesto fin al proceso declarando la responsabilidad del sujeto pasivo de la acción penal judicial elimina el interés de la parte civil para impugnarla, y la respuesta a tal interrogante ha de atender la variable relacionada con que sí pese a esa decisión resultaron afectados los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, al no verse así materializados los intereses que legitiman su intervención procesal.
La Corte Suprema de Justicia ha hecho énfasis en que si la intervención de la parte civil está encaminada a la protección de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, debe acreditar un daño concreto que amerite la defensa de los mismos, por ello, puede incluso apelar un fallo condenatorio identificando, en todo caso, el agravio que la decisión le ha causado.
"Lo anterior, si se tiene en cuenta que las expectativas de la parte civil por conocer la verdad y porque la conducta no quede en la impunidad, en principio se satisfacen con el proferimiento del fallo condenatorio, tanto porque constituye un pronunciamiento conclusivo al que se arriba sólo cuando de las pruebas recaudadas a lo largo del proceso se llega a la certeza sobre la real ocurrencia de la conducta punible objeto de reproche y de la responsabilidad del acusado, como porque a consecuencia de una tal declaración deviene imperativa la imposición de la pena correspondiente.
"Dentro de este contexto también debe decirse que sólo excepcionalmente podría llegar a considerarse que, pese al carácter condenatorio del fallo proferido en las instancias, éste podría no realizar los intereses superiores de la verdad y la justicia cuya satisfacción constituye aspiración legítima de la parte civil, evento en el cual adquiriría pleno interés jurídico para reclamar su modificación en los aspectos puntuales que le causan agravio, como podría suceder cuando el fallador ha reconocido la existencia de alguna circunstancia atenuante de punibilidad que la parte civil halla improbada con la consecuencia de desdibujar la verdad de lo ocurrido y de propiciar un fallo injusto, por ejemplo, declarando que el procesado realizó la conducta punible bajo estado de ira o intenso dolor o por razones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, que en criterio de la víctima o el perjudicado no concurren y, por ello, no era dable reconocer (...)2
En este caso, el representante de la víctima no aboga por una modificación en la atribución penal o por la imposición de una sanción mayor para SANTAMARÍA MARTÍNEZ, sólo repara en el otorgamiento de la prisión domiciliaria, sin preocuparse por acreditar el perjuicio o agravio directo que le causa la forma como consideró el juzgador se debía ejecutar la pena de prisión impuesta, que en vez de intramural se cumpliera domiciliariamente.
Efectivamente, no explica si con la impugnación extraordinaria, busca obtener la verdad, la justicia o la reparación, ni dedica espacio para demostrar que al otorgarle la prisión domiciliaria al incriminado, los derechos de la entidad bancaria que representa resultaron afectados.
Al estar ante un fallo condenatorio en el cual no reconoció alguna causal de justificación, deviene evidente que se satisface al perjudicado con el ilícito pese a que no se haya reconocido la estimación de perjuicios, dada la deficiente intervención del representante judicial de la víctima, como se verá más adelante.
La falencia argumentativa del censor le resta la idoneidad necesaria al cargo para su admisión, pues no se advierte cómo las garantías de la víctima sufrieron mengua o afectación al otorgarle el sustitutivo para la ejecución de la pena, cuando precisamente el Tribunal vio que la satisfacción de los principios de verdad, justicia y reparación se habían cumplido en tanto que mediante la aceptación de responsabilidad por parte de SANTAMARÍA MARTÍNEZ se arribó a una decisión de condena sin ninguna restricción; además, la justicia se consolidó con la definición pronta de la acción penal que arrojó la imposición de una sanción punitiva, en tanto que la reparación se garantizó con el ejercicio del trámite incidental, contemplado en la Ley 906 de 2004, al precisamente otorgarle la oportunidad a la víctima, a través de su apoderado, de elevar su pretensión indemnizatoria, solicitar en apoyo de ella las pruebas necesarias, intervenir en su práctica, presentar alegaciones y ejercer las impugnaciones necesarias.
Por último, si bien el recurrente incluye como infringidos los artículos 93, 229 y 230 de la Constitución Política al resultar “indebidamente aplicados por el Tribunal”, normas relacionadas con el bloque de constitucionalidad, derecho al acceso a la administración de justicia e imperio de la ley, en su orden, no señala la forma como fueron desconocidos en el trámite judicial o en la emisión de los fallos para derivar de allí la necesaria intervención de la Corte.
Así las cosas, además de la falta de interés del demandante, la Sala no advierte cómo la negativa del instituto sucedáneo de la prisión en comento haría más gravosa la situación para el procesado y de contera beneficiaría los intereses del banco en su calidad de víctima, lo que lleva a que razonablemente se infiera que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso de casación.
Por lo tanto, la censura no será admitida.
Segundo cargo
En relación con la crítica que funda el libelista por la abstención

del juzgador de fijar el monto de perjuicios, la Sala advierte que si bien le asiste interés dada la cuantía establecida legalmente para acceder a la casación en materia civil, el desarrollo que le imprime al cargo no consulta los presupuestos lógicos y de suficiente argumentación para dar vía a su admisión.
En efecto, la cuantía para acceder a la casación civil según la Ley 592 de 2000 (con la cual se modificó el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil) determinó que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente ha de ser o exceder los 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y dado que el fallo se profirió el 27 de mayo del año en curso, cuando el salario mínimo asciende a la suma de $496.900,00, tales factores arrojan una cuantía de $211.182.500,oo, la cual habilita al representante de la parte civil toda vez que su pretensión arribó a los $320.000.000, según lo manifestó en el trámite incidental de reparación.
Si bien se ha reconocido como partes del sistema de enjuiciamiento acusatorio colombiano a la Fiscalía en su condición de titular de la acción penal y al acusado como sujeto pasivo de la misma, como la realización del delito puede afectar intereses privados, la víctima también puede ser reconocida en el proceso, situación que cobra fuerza una vez se ha emitido el sentido de fallo de carácter condenatorio.
Para el fin anterior, los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004, regulan el incidente de reparación cuyo adelantamiento puede depender de la petición de la víctima, o de la Fiscalía o el representante del Ministerio Público a instancia de aquella, el cual se debe surtir antes de proferir el fallo, en cuanto lo allí decidido hace parte integral de éste.

En tal trámite no se debe olvidar la premisa fundamental de que la prueba del daño corresponde a quien lo alega, como también le corresponderá establecer su cuantía. Lo adversarial se centra ahora como en el ámbito privado, pues corresponderá a la víctima acreditar el sustento de su pretensión resarcitoria en la forma procesal prevista para la presentación y aducción de pruebas y alegar en ese sentido, así como el procesado deberá enervarla de igual forma, sin desatender que la filosofía que inspira el incidente es buscar el acuerdo entre el declarado penalmente responsable y la víctima acerca de los daños causados con la conducta punible.
En el caso que concita la atención de la Sala, el ad quem encontró ajustada a la legalidad la abstención del juzgador para la condena al pago de perjuicios.
Efectivamente, apoyado en el precedente jurisprudencial según el cual "El juzgador, ni en primera ni en segunda instancia, está facultado para condenar de oficio en perjuicios, pues ello rompe con el sistema adversarial del nuevo sistema de procedimiento”,3 destacó que el apoderado del BANCO DE BOGOTÁ anunció que su pretensión indemnizatoria la respaldaría mediante notas contables por el faltante efectivo en caja y por el reintegro que debió hacer esa entidad bancaria a la Cooperativa COORATIENDAS, además, con el dinero hallado en un saco que dejó abandonado SANTAMARÍA MARTÍNEZ en su puesto de trabajo, las tasas de interés fijadas por la Superintendencia Financiera, así como con la liquidación de lucro cesante realizado por una funcionaria de la entidad, afirmando que tales documentos los incorporaría a través de los testimonios de Jhon Mario Zapata Muñoz, Juan Gabriel Martínez Labrador, Sandra Milena Lozano y Blanca Bobadilla González, sin que tal incorporación se hubiera materializado.
La revisión de los registros permite corroborar que el apoderado de la víctima anunció en la audiencia de individualización de pena y sentencia de 6 de marzo de 2008, al manifestar su intención de adelantar trámite incidental de reparación integral, que su pretensión ascendía a $320.000.000,oo (CD N° 6 record 11:02) y solicitó las atestaciones de Jhon Mario Zapata Muñoz, Juan Gabriel Martínez Labrador, Sandra Milena Lozano y Blanca Ruth Bobadilla González, de los cuales se admitieron los tres primeros, por cuanto del último no acreditó su pertinencia.
En la recepción de las declaraciones, el apoderado del BANCO DE BOGOTÁ no hizo mención a la incorporación de los documentos anunciados, además, las manifestaciones de aquellos resultó ambigua e inexacta en las cifras, circunstancias que obviamente impedía cuantificar la pretensión indemnizatoria.
Según el testimonio Jhon Mario Zapata Muñoz (CD N° 7 record 05:00) él elaboró tanto la nota contable por el faltante, aproximadamente por $17'000.000,oo, luego de realizar el arqueo de caja el 18 de agosto de 2006, como la nota por un sobrante también de $1.700.000,oo o $1.800.000,oo hallados en el saco que dejó abandonado el cajero; sin embargo no fueron incorporados tales registros contables.
Por ello el juzgador concluyó que: el apoderado [de la víctima] falló en la técnica probatoria para el efecto y esa situación se mantuvo en el devenir del nimio interrogatorio, en cuanto de manera tácita, finalmente excluyó la incorporación de las notas contables, en la oportunidad que el testigo se refirió a las mismas de manera imprecisa en relación con su monto, por lo que, concluido el interrogatorio, el testimonio fue inconducente e inidóneo para demostrar el valor del perjuicio material, constitutivo de daño emergente que recibió la sociedad víctima y que certificaría Zapata Ortiz, en su condición de Subgerente Operativo de la oficina Megabanco de Corabastos para agosto de 2006”.
Igual falencia se advierte en la recepción del testimonio de Juan Manuel Martínez Labrador, Subgerente Operativo de la oficina Corabastos, (CD N° 7 record 28:30) porque sólo indicó que el banco había hecho un reintegro de $203.323.512,oo a la Cooperativa COORATIENDAS, el cual había sido ordenado por la Vicepresidencia de la entidad a raíz del reclamo de un cliente, sin explicar así la relación causal de ese reintegro con la conducta del cajero SANTAMARÍA MARTÍNEZ. Además de esa falta de precisión, tampoco fueron introducidos los documentos que corroboraban tal suma.
También el defectuoso desempeño del representante del BANCO DE BOGOTÁ en materia específica de práctica probatoria propia del sistema acusatorio colombiano, forma de introducir los documentos y métodos de autenticación e identificación de los mismos se advierte en el testimonio de Blanca Ruth Bobadilla González, (CD N° 7° record 30.05) analista de planeación financiera de la aludida entidad bancaria, quien habría elaborado la liquidación indexada.
En este sentido, no logra el libelista demostrar un error de juicio por parte del juzgador cuando se concluyó judicialmente que no se condenaba al pago de perjuicios porque “acorde con lo probado y determinado dentro del contexto del incidente de reparación integral, estadio procesal único y posible para demostrar la causación de daños, en puridad de verdad, ninguna acreditación [se hizo] sobre los mismos, no porque no existan, pues se sabe que hay una conducta delictiva que se desarrolló por sumas dinerarias, sino porque se insiste, ellos no se acreditaron en legal forma, que pudieran llevar al fallador a su real concreción, valoración y determinación..."
Como se concluye que el libelo no será admitido, es necesario señalar que no se observa con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación, violación de derechos o garantías de las partes o intervinientes, tampoco se ve la necesidad de superar los defectos del libelo para decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, para motivar la intervención oficiosa de la Corte en aras de su debida protección.

Precisión final

En consideración a que contra la decisión de no admitir la demanda de casación presentada por la defensa procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, es necesario precisar que como allí no se regula su trámite, la Sala4 clarificó su naturaleza y definió las reglas que habrán de observarse para su aplicación, como sigue:
1. La insistencia es un mecanismo especial, ajeno a la naturaleza impugnatoria que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual la Sala decide no admitir la demanda de casación.
2. La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de no admitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión y no haya suscrito el referido auto de no admisión.
3. Es facultativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.
4. El auto a través del cual no se admite la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión del libelo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,


RESUELVE



NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el apoderado del BANCO DE BOGOTÁ, en calidad de víctima, por las razones anotadas en la anterior motivación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en los términos precisados por la Sala en la presente decisión.

Notifíquese y cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Licencia no remunerada

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANES

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria


1 Cfr. Certificación del Secretario General de la Superintendencia Financiera de Colombia, (folio 67 Cuaderno Nº 1)

2 Corte Suprema de Justicia sentencia de 10 de agosto de 2006. Radicación 22289. En el mismo sentido providencia de 27 de junio de 2007. Radicación 27177.

3 Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 16 de diciembre de 2008. Radicado 29484

4 Sentencia del 12 de diciembre de 2005 Rad. 24322


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