República de Colombia Corte Suprema de Justicia






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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Radicación: No. 39369

Acta Nº 21

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil doce (2012)

EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Para la Corte, si el acuerdo de terminación del contrato elevado a conciliación estuvo motivado en el ofrecimiento de sumas de dinero y otros beneficios de parte de la empresa, no significa que los trabajadores accedieron a la terminación del contrato de trabajo de manera forzada como lo quiere hacer ver el censor.
Es criterio pacífico en la jurisprudencia laboral que el mutuo consentimiento de dar por terminado el contrato de trabajo no “…exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato de trabajo. Bien puede una de las partes ofrecer a la otra una compensación en dinero o en especie para que acepte resciliar el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de coacción o de violencia ejercida sobre la contraparte”. 1
Ninguna de las pruebas acusadas por el censor dan la certeza de que los actores sufrieron actos de coacción que lo pusieran en la única situación posible de aceptar el ofrecimiento de la empresa, por lo que si los extrabajadores decidieron celebrar el acuerdo conciliatorio puesto en entredicho a cambio de los beneficios ofrecidos por el empleador, bien podía el ad quem encontrar el citado acuerdo plenamente válido. “Aquella manifestación expresa de uno de los contratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como intrínsecamente inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fueza o el dolo no se presumen sino que deben demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido.”2
Ante la premisa establecida en el plenario de que el contrato de trabajo vigente entre las partes finalizó por mutuo acuerdo, resulta inane que el ad quem no examinara las convenciones colectivas vigentes entre el 10 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2002, de folios 172 a 228. Frente a dicho supuesto fáctico que se mantiene incólume conforme a lo atrás dicho, no estaba obligado, el juzgador de alzada, a aplicar la convención colectiva de trabajo para conceder los beneficios extralegales demandados, entre ellos, el estipulado en la cláusula 14ª “Cierre de fábricas o dependencias”, máxime que, como lo ha considerado esta Sala de cara a la citada cláusula, “…para tener derecho el demandante al pago de la indemnización o días de salario allí señalados, era menester que quedara acreditado en el plenario los presupuestos que trae la norma, lo cual no ocurrió, en especial, lo referente al traslado del trabajador por cierre total o parcial de alguna fábrica o dependencia o de reducción de personal, que conduzca a la decisión del operario de retirarse voluntariamente dentro de los 12 meses subsiguientes a la fecha de notificación de dicho traslado”3.
Tampoco el contenido en las cláusulas 51 y 52 del mencionado texto convencional, puesto que dichas cláusulas consagran el derecho a pensión para los trabajadores despedidos sin justa causa, lo cual no fue el caso de los actores como ya quedó visto.
Finalmente, no está demás reiterar un vez más, en cuanto a la decisión de poner fin a la relación laboral por “mutuo consentimiento”, y que puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, la Corte ha dicho en casación del 3 de mayo de 2005 radicación 23381, reiterada en decisiones del 14 de julio de igual año y 1° de junio de 2006 con radicados 25499 y 26830:
“(.....) Recientemente se pronunció la Sala sobre la validez de los acuerdos conciliatorios y más concretamente, con respecto a los celebrados por el BCH, en las mismas circunstancias que alega ahora el recurrente, en donde se dijo lo siguiente:
Así mismo, se tiene que en los ordenamientos legales que rigen en el país, para los trabajadores particulares y oficiales, se establece como modos de terminación de los contratos de trabajo el mutuo consentimiento, sin que en los mismos se consagre restricción alguna a esta facultad de las partes (artículo 61 del C. S. del T. y 47 del Decreto 2147 de 1945). Es evidente entonces que la decisión de poner fin a la relación laboral de mutuo consenso puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, no importando la causa que la motive puesto que la única exigencia de esa potestad de las partes es la relativa a que su consentimiento no esté viciado por el error, fuerza o dolo.
Es un axioma que la propuesta que hace una de las partes a la otra de poner fin al contrato de trabajo obedece normalmente a una manera pacífica y normal de terminarlo por mutuo acuerdo, siendo de usual ocurrencia que medie un ofrecimiento económico del empleador cuando la iniciativa es suya, como tuvo lugar este caso.
No demuestra, por tanto, la acusación que el sentenciador de segundo grado se haya equivocado al concluir que la conciliación que suscribieron las demandantes para finalizar su relación laboral con el banco no fuera libre y voluntaria, de manera que en estas condiciones no se da el supuesto de la disposición extralegal que contempla la pensión reclamada por las demandantes, para que se consolidara en cabeza de ellas tal derecho, esto es, el de haber sido retiradas por causas independientes a su voluntad, no obstante que observaron buena conducta. En estas condiciones no aparecen erradas las apreciaciones de la decisión recurrida en cuanto a que las accionantes solamente tuvieron una mera expectativa> (Sentencia 19 de abril de 2005 Rad. 23292)’.
Visto lo anterior, tras el examen probatorio de las pruebas calificadas cuya valoración del ad quem reprueba la censura, la Sala considera razonable la conclusión a la que llegó el tribunal, por cuanto las pruebas analizadas permiten darle plena validez a la conciliación, debido a que no se demostraron los yerros denunciados. Por tanto, la Corte está vedada para adentrarse en el estudio del testimonio propuesto.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por JOSE DOMINGO ACEVEDO CELY y otros noventa y nueve demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de mayo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que los recurrentes le promovieron a BAVARIA S.A.

ANTECEDENTES

Son 100 los demandantes:


No.

NOMBRES

1

ACEVEDO CELY JOSE DOMINGO

2

ACOSTA RAUL

3

ALFONSO BARRETO MIGUEL ANGEL

4

ANDRADE LARA FERNANDO

5

ARANDA RIVERA SAUL

6

ARIAS AGUIRRE GLORIA INES

7

ARISTIZABAL GARCIA RICARDO

8

BABATIVA MALDONADO JOSE MANUEL

9

BARRERA PEÑA MARIO ALBERTO

10

BARRERA SEPULVEDA LUIS RAMON

11

BARRETO ENCIZO RAMIRO

12

CERRA SEGURA ALVARO

13

BELTRAN NAVARRETE PATRICIA

14

BENAVIDES PORRAS WILLIAN OSCAR

15

BLANCO RODRIGUEZ MARTHA STELLA

16

BUSTOS MARROQUIN WILLIAM ALBERTO

17

CABEZAS BARRIOS GERMAN ALBERTO

18

CADENA ARIAS ALFONSO

19

CALCETO LOZANO HENRY

20

CALDERON RAMIREZ LUIS CARLOS

21

CANTOR JAIME SAUL

22

CASAS DURAN DIEGO

23

CASTELLANOS DELGADO VICTOR MANUEL

24

CASTRO CARDONA JOSE ALBEIRO

25

CASTRO MESA GILBERTO

26

CASTRO MUÑOZ JAIRO

27

CHAPARRO BECERRA ABRAHAN

28

CLAVIJO PULIDO JORGE ENRIQUE

29

CORREALES CARRILLO JOSE ADRIANO

30

CORTES MARIA PATRICIA

31

CORTES MORENO JOSE VICENTE

32

CORTES NIÑO CARLOS ALBERTO

33

CORTES SOTELO MARIA

34

CRUZ RUBIANO LEONCIO

35

DIAZ MANTILLA RICARDO

36

DIAZ ROMERO EDUARDO

37

FERNANDEZ MORENO ALIRIO

38

FLOREZ ORTIZ HERMES YUSTAM

39

FRANCO GOMEZ CARLOS ALBERTO

40

GALLO CRISTANCHO LUIS ANTONIO

41

GARCIA AVILA ALFONSO

42

GARCIA REDONDO JOSE ORLANDO

43

GOMEZ GONZALO

44

GOMEZ RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN

45

GONZALEZ CHAPARRO ORLANDO

46

GONZALEZ VARON RAFAEL ANTONIO

47

GUERRERO SUAREZ JESUS ERNESTO

48

GUIO LONDOÑO ALBEIRO

49

GUTIERREZ ESCOBAR RICARDO OSCAR

50

GUTIERREZ PEREZ JOSE ABELARDO

51

HERNANDEZ QUERUBíN

52

HERNANDEZ ROJAS ALVARO

53

HERRERA JOSE BENJAMÍN

54

IBARRA SIERRA SERAFÍN

55

JIMENEZ RODRIGUEZ NESTOR GERARDO

56

LEON BOTERO JOSE ARNULFO

57

LEON GOMEZ JAVIER

58

MACHADO GOMEZ CARLOS ARTURO

59

MALAVER EDGAR

60

MARTINEZ HUEPA ELIAS

61

MARTINEZ SILVA CARLOS

62

MEJIA ORREGO MARCO RODRIGO

63

MENDOZA AVILA CARLOS AUGUSTO

64

MILLAN FUENTES HELBER

65

MONDRAGON BARRANTES HERNANDO

66

OCAMPO GIRALDO JOSE JAVIER

67

OJEDA DELGADO JUAN RAUL

68

OSPINA PALACIOS JAMES OMAR

69

PELAEZ SERRANO ALEJANDRO

70

PEÑAFORT GONZALEZ FRANCISCO

71

PEREZ CUESTAS PEDRO

72

QUINTIN CARDOZO SAUL

73

RAMIREZ BERNAL LUIS MARIA

74

RAMIREZ CUARTAS CARLOS ALBERTO

75

RAMIREZ CUARTAS JULIAN

76

RINCON ARIAS VICTOR HERNANDO

77

ROBLES MUNEVAR JOSE ANIBAL

78

ROJAS DOMINGUEZ LUZ MARLEN

79

ROJAS NIÑO LUIS AURELIO

80

ROJAS VANEGAS MANUEL ALBERTO

81

SANCHEZ ASCENCIO ARMANDO

82

SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO

83

SANCHEZ TORRES JAIRO

84

SANCHEZ TORRES JOSE IGNACIO

85

SANDOVAL HIGUERA ALIRIO IGNACIO

86

SERRATO MOLINA HUGO

87

SIERRA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE

88

SIERRALOPEZSARAJUDITH

89

SILVA PARRA JOSE BERNARDO

90

TABARES MARTINEZ CARLOS ARTURO

91

TUNJANO JIMENEZ WILSON ANTONIO

92

VALDERRAMA MARIN DAVID

93

VALENCIA ARISTIZABAL BERNEY

94

VALLEJO ROMERO JORGE ELIECER

95

VARGAS LARROTA ELMO JOSE

96

VARGAS SUAREZ LUIS ALBERTO

97

VELA BARBOSA JOSÉ GILBERTO

98

VELEZ BOTERO FERNANDO ANTONIO

99

ZAPATA RAMIREZ JAIRO ANTONIO

100

ZUÑIGA PINZON AURELIO


Ellos iniciaron proceso laboral para que, previos los trámites pertinentes, se decrete la nulidad de las actas de conciliación celebrada entre la demandada y cada una de los actores; se declare que el contrato terminó por despido sin justa causa, que la demandada, con la terminación del contrato, realizó una reducción de personal e incumplió lo pactado en la convención vigente para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002, específicamente las cláusulas 2, 3, 6, 14, 15, 51 o 52. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó condenar a la demandada a pagar la suma correspondiente a 95 días de salario básico por cada año de servicio y proporcional en caso de fracción de año, derivados de la reducción de personal de acuerdo a la cláusula 14º de la convención colectiva; al pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa consagrada el artículo 64 del C.S.T.; la pensión consagrada en las cláusulas 51 y 52 de la misma convención a consecuencia de la terminación injustificada de los contratos de trabajo a partir de la fecha en que cumplan los requisitos. Como pretensiones subsidiarias, se declare que la demandada incumplió la convención ya referida y se declare que los despidos son ineficaces y se le condene a reinstalar a cada uno de los demandantes a los cargos que venían desempeñando o a uno igual o superior categoría, junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de recibir, y se tenga que no hubo solución de continuidad. Como petición común, solicitaron el pago de perjuicios morales causados a cada uno de los demandantes.

Como fundamento de las pretensiones, manifestaron que laboraron para la entidad demandada, en las cervecerías de Bogotá, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Duitama y Girardot, mediante un contrato de trabajo a término indefinido en las fechas relacionadas en el hecho 3º de la demanda; que desempeñaron los cargos relacionados en el hecho 5º de la demanda; fueron desvinculados en las fechas indicadas en el hecho 8º de la demanda; la demandada celebró con SINALTRABAVARIA la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002, de la cual eran beneficiarios los actores. Desde el 17 de mayo de 2000 la demandada presentó un plan de retiro voluntario dirigido a los trabajadores de la Fábrica de Envases y Aluminios Colenvases, al cual no se acogieron, que la demandada posteriormente procedió al cierre de las fábricas de Honda y Manizales, que seguidamente la enjuiciada comenzó una presión contra los trabajadores sindicalizados presionándolos a renunciar al sindicato; que fueron citados todos los trabajadores y una vez en el lugar, frente a los funcionarios de las cámaras de comercio de Armenia y Pereira, y de las inspecciones del trabajo de Bogotá, Cundinamarca, Bucaramanga, Duitama, Neiva y Girardot, respectivamente le impusieron el texto de la conciliación y le entregaron un cheque como bonificación; que a partir de las fecha que relaciona para cada uno de los demandantes, el contrato fue terminado mediante las actas de conciliación impuestas por la demandada en donde en uno de sus apartes se indica que presentó renuncia voluntaria; que la verdadera causa de la terminación de los contratos fue la reestructuración empresarial que conllevó el cierre de la producción a nivel nacional de las malterías de Santa Rosa de Viterbo, cervecerías de Manizales, Honda, Pereira, Armenia, Cúcuta y líneas de producción en la cervecería de Tibasosa- Boyacá, Neiva y Colenvases de esta ciudad; y que existieron presiones para suscribir las actas de conciliación de marras.

La entidad demandada, al contestar la demanda (folios 2546 a 2627), se opuso a las pretensiones; frente a los hechos, aceptó parcialmente los hechos. Propuso las excepciones de validez y eficacia de las conciliaciones y de los acogimientos de los actores al plan de retiro voluntario ofrecido por la empresa, pago, cumplimiento de la demandada de sus obligaciones, falta de aplicación de las normas legales, buena fe, compensación, cosa juzgada, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, indebida aplicación e interpretación de las normas convencionales, inexistencia de la acción de reinstalación, inconveniencia e imposibilidad de reinstalación, prescripción de la acción de reintegro, y total imposibilidad de pronunciarse sobre algunas pretensiones por falta de legitimación en la causa activa y pasiva.

El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión, mediante sentencia del 28 de febrero de 2008, absolvió a BAVARIA S.A., declaró probada la excepción de cosa juzgada y condenó en costas al demandante (Folios 2250 a 2274).
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