Por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal






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títuloPor medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal
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Procedimiento en caso de flagrancia
Artículo 49. Captura en flagrancia. Cuando se lleve a cabo la captura en fla­grancia, la policía inmediatamente procederá a la plena identificación y registro del aprehendido. En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la policía tomará el registro decadactilar y lo remitirá inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numé­rico. Lo anterior tiene como propósito constatar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes.

El capturado será puesto a disposición del juez de pequeñas causas inme­diatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.

Artículo 50. Audiencia preliminar. Una vez se ponga a disposición al cap­turado, inmediatamente se llevará a cabo una audiencia preliminar a la cual deberá asistir la persona o funcionario que haya efectuado la aprehensión para que relate los hechos relacionados con la captura, al igual que la víctima, si esta se presentare.

El juez examinará si concurren los requisitos de la flagrancia; en caso de que se reúnan, declarará la legalidad de la captura. Con posterioridad, las par­tes podrán expresar oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades, las cuales se tramitarán de conformidad con la Ley 906 de 2004. Resuelto lo anterior, dará la palabra a la víctima si se encontrare presente para que formule la querella respectiva, en caso de encontrarse ausente el juez le nombrará un abogado de oficio quien hará la imputación, de la cual correrá traslado al capturado a efectos de brindarle la posibilidad de aceptarla: en caso de no aceptación, el imputado directamente o por intermedio de su defensor solicitará las pruebas que considere pertinentes.

El juez decretará la práctica de las pruebas atendiendo las reglas de perti­nencia y admisibilidad previstas en la Ley 906 de 2004, las cuales deben ser practicadas en la audiencia de juzgamiento.

Terminada la audiencia preliminar, el juez fij ara día y hora para la realización de la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes. La notificación de la celebración de la audiencia de juzgamiento será en estrado.

Parágrafo Io. En caso de no concurrir los requisitos de la flagrancia la per­sona será dejada en libertad., Si existe querella se adelantará el procedimiento ordinario previsto en esta ley. En caso de no existir querella la actuación quedará en el centro de servicios judiciales a la espera de que se presente la misma o se produzca la caducidad.

Parágrafo 2°. Las decisiones relativas a la flagrancia y a la práctica de prue­bas, son susceptibles de los recursos de reposición y apelación, en los términos previstos por esta ley.

Artículo 51. Audiencia de juzgamiento. Una vez instalada la audiencia y verificada la asistencia de las partes e interviníentes, serán practicadas las prue­bas decretadas. En lo pertinente, la práctica de pruebas se rige por las reglas previstas en la Ley 906 de 2004.

Finalizada la práctica de pruebas, el juez dará el uso de la palabra al Minis­terio Público, si lo hubiere; al imputado y a la defensa, para que en forma oral expongan los alegatos respectivos.

Una vez presentados los alegatos, el juez declarará que el debate ha termi­nado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para proferir el fallo debidamente motivado.

Si el fallo fuere condenatorio, el juez se pronunciará sobre la reparación a las víctimas.

La sentencia se notificará en estrados.
CAPITULO IV

Del arresto preventivo
Artículo 52. Arresto preventivo. Procederá cuando el contraventor haya sido legalmente capturado y se le haya formulado imputación por conducta cons­titutiva de delito o contravención, dentro del lapso del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Así mismo, procede cuando registre condena anterior por delito o contravención prevista en esta ley. En ambos casos, el arresto preventivo será decretado en la audiencia preliminar.

El arresto preventivo se cumplirá en los centros de reclusión previstos en el Código Penitenciario y Carcelario.

Artículo 53. Causales de libertad. El juez de pequeñas causas decretará la libertad en los siguientes casos:

  1. En los casos de captura en flagrancia cuando la conducta no comporte arresto preventivo.

  2. Cuando la captura fuere ilegal.

  3. Cuando hayan transcurrido veinte (20) días desde la captura sin que se haya iniciado la audiencia de juzgamiento.

En estos casos el juez impondrá al querellado o imputado el compromiso de comparecer cuando fuere requerido.
CAPITULO V

De la conciliación
Artículo 54. Conciliación extrajudicial. En cualquier momento, la víctima directa, sus herederos, sucesores y causahabientes, junto con el imputado o que­rellado, su defensor, el tercero civilmente responsable o el asegurador, podrán acudir a un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal, a efectos de conciliar los daños causados con la contravención.

Cuando hubiere acuerdo como resultado de la conciliación, el concilia­dor enviará copia del acta al juez de pequeñas causas, este lo aprobará si lo encuentra conforme a la ley y declarará extinguida la acción contravencional, salvo en los casos en que la persona registre antecedentes penales por delito o contravención.

Artículo 55. Conciliación judicial. En cualquier momento durante el desa­rrollo del proceso y hasta antes que se profiera sentencia, el juez podrá instar a las partes para que concilien y podrá proponer las fórmulas de arreglo que estime justas. Igualmente, el querellante y querellado, de común acuerdo, podrán solicitar al juez que realice una conciliación.

Si el querellante o querellado llegan a un acuerdo, el juez lo aprobará si lo encuentra conforme a la ley y declarará extinguida la acción contravencional, salvo en los casos en que la persona registre antecedentes penales por delito o contravención.

Si el acuerdo fuere parcial en el caso de concurso de contravenciones, el proceso continuará respecto de lo no conciliado y será resuelto en sentencia.

En las audiencias de conciliación podrán intervenir el tercero civilmente responsable y el asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado.

En lo pertinente, la conciliación se regulará por lo previsto en la Ley 640 de 2001.
CAPITULO VI

Disposiciones finales
Artículo 56. Consultorios jurídicos. Facúltese a los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos para ejercer la función de representantes de los quere­llantes y defensores de los querellados, en procesos contravencionales que se adelantan ante los jueces de pequeñas causas.

Los egresados de las facultades de derecho podrán llevar a cabo judicatura en los juzgados de pequeñas causas, durante nueve ( 9 ) meses calendario en jornadas de ocho ( 8 ) horas sin remuneración.

Artículo 57. Localización y horarios. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la localización y horarios de los jueces de pequeñas causas que conozcan de las contravenciones que establece esta ley Los jueces de pequeñas causas se ubicarán preferiblemente en las estaciones de Policía.

La fijación de los días y del horario de atención al público de estos jueces podrá establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana o feriados, para la mejor prestación del servicio de administración de justicia, de forma que los términos establecidos en la presente ley se puedan cumplir efectivamente. Las vacaciones de los funcionarios de estos despachos serán individuales y por turnos.

La fijación de los días y del horario de atención al público de estos jueces podrá establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana o feriados, para la mejor prestación del servicio de administración de justicia, de forma que los términos establecidos en la presente ley se puedan cumplir efectivamente. Las vacaciones de los funcionarios de estos despachos serán individuales y por turnos.

Artículo 58. Artículo transitorio. Los jueces de pequeñas causas se implementarán de manera gradual, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal consistente con el marco fiscal de mediano plazo, se nombrarán de forma pau­latina, acorde con las zonas geográficas y de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determinadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Parágrafo. Conocerán de las contravenciones previstas en la presente ley los jueces penales municipales o promiscuos municipales que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mientras entran en funcionamiento los jueces de pequeñas causas. De la misma manera, mientras se establecen los jueces de circuito con funciones en pequeñas causas, serán competentes los jueces penales del circuito que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 59. Derogatoria. Deróganse todas las disposiciones que sean con­trarias a la presente ley.

Artículo 60. Vigencia. La presente ley comenzará a regir seis ( 6 ) meses después de su promulgación. De los procesos que estén en curso seguirán conociendo los funcionarios judiciales donde se estén tramitando y bajo los procedimientos que a estos corresponde.
La Presidenta del honorable Senado de la República,

Dilian Francisca Toro Torres.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramon Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alfredo Ape Cuello Baute.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera

.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D. C, a 31 de julio de 2007.
ALVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi


DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, DE LAS PRETENSIONES,

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTOS DE SU VIOLACION

4.1.- Ya la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente sobre el deber de indemnizar por privación injusta de la libertad, el Dr. Carlos Betancourt Jaramillo (Ex-magistrado) en Sentencia de diciembre 12 de 1999, en el caso José Reinaldo Narváez Toro Vs. el Ministerio de Justicia en los considerandos de la citada providencia en el numeral 4 dijo:

...Demostrado entonces que el demandante fue privado de la libertad durante más de veinte (20) meses y luego puesto en libertad por una providencia judicial en lo que constató que él no había cometido el hecho que se le imputaba, resulta claro que la entidad demandada debe responder por los perjuicios causados con la detención, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del Artículo 414 del C.P.C....”.

De la misma providencia en el numeral 5 del magistrado citado concluye:

...De acuerdo con dicha norma, en los casos en que una persona sea privada de su libertad por ser sindicada de la comisión de un delito y sea posteriormente exonerada por providencia definitiva en la cual se establezca que no cometió el hecho que se le imputó, nace la responsabilidad para el Estado sin que pueda el juzgador exigir ningún requisito para configurarla...”
Es decir, que jurisprudencialmente, si una autoridad hace que el Juez prive de libertad a un ciudadano o personal esté hecho como tal genera un daño antijurídico, en la medida en que una vez hecha las investigaciones de rigor, el Juez encuentre que tal denuncia no es ajustada a derecho; ahora bien en nuestro caso propiamente, no se trata de daño de una providencia la que es motivo de análisis, sino que la providencia misma la que demuestra que las autoridades acusatorias mintieron o al menos la denuncia, no fue lo suficientemente verás como para mantener las medidas que inicialmente se tomaron al contrario, la providencia desnudó la extralimitación de funciones e implícitamente evidenció el quebramiento constitucional que tenían los sindicados de sus derechos fundamentales tales como que “las autoridades de Colombia están instituidas para proteger la vida, bienes y honra de las personas”.
4.2.- En este caso operan las dos (2) teorías sobre la responsabilidad Estatal; la una puede ser la teoría genérica de la falla, evidenciada en la extralimitación del funcionario al ordenar la captura del actor, y la otra la teoría del daño antijurídico, pues el actor en nuestro caso no estaba en el deber jurídico de soportar la carga a la cual le sometieron; pues si alguno de los hechos hacia presumir la responsabilidad, se debió investigar más.
También se aplica la teoría de la omisión administrativa en el deber legal de informar a las autoridades respectivas
4.3.- De los hechos narrados, se puede establecer claramente que las autoridades han procedido sobre el actor tres (3) veces consecutivas con el fin de arrestarlo “por unas supuestas ordenes de captura” vigentes en contra de él.
Sin embargo, desde la primera vez, el actor alertó a las autoridades de la ilegalidad de su actuar; y ellos han venido omitiendo el deber legal de molestar a la persona, quien desde el inicio les demostró que no podía tener orden de captura alguna.
En el acopio documental aportado, es claro que las autoridades dicen haber corregido el mal entendido; pero el Estado a través de sus Agentes, sigue persistiendo en molestar al actor, en su persona, libertad, movilidad y honra.
En la última respuesta de la Fiscalía, ellos responden el día 10 de noviembre de 2004 en oficio No. 40000-6-11054:
“… en consecuencia, la autoridad que impartió dicha orden, no procedió a la respectiva cancelación, razón por la cual, figura activa teniendo en cuenta que los únicos autorizados para cancelarlas son los Despachos Judiciales que las imparten …”.
Sin embargo, contrario a ese decir, está toda la prueba documental, donde desde la primera detención realizada al actor, éste solicitó a todas las autoridades que le borraran la orden de captura, y aún la misma Fiscalía le respondió que lo había hecho; tal como se evidencia en el oficio No. 40000-6-4202 del 14 de noviembre del 2003, donde el Director Seccional del C.T.I., le dice textualmente:
“… A l respecto y con ocasión de su petición, se elevó consulta al Centro de Información Sobre Actividades Delictivas (CISAD) de la Fiscalía General de la Nación, dependencia que nos recordó el instructivo correspondiente según oficio FGN-CISAD-5642 del 7 de noviembre del año inmediatamente anterior, remitiendo su solicitud al Director Seccional de Fiscalías y fotocopia de la misma al CISAD y al Grupo de Verificación y Apoyo Operativo (Capturas) de esta Seccional, para que hagan las verificaciones y confrontaciones del caso con las diferentes autoridades judiciales y procedan a la actualización de los estados procesales y cancelación de respectivas órdenes de captura …”.

4.4.- Ahora bien, la FISCALÍA-C.T.I. Y/O DAS, conocen desde el año 2003; la situación del actor, quien gracias a los fallos que lo absolvieron, no tenía ninguna orden vigente; por ende, si hoy el argumento de la FISCALÍA-C.T.I. Y/O DAS, es que las órdenes no han sido levantadas por las autoridades respectivas; hay una mentira por parte del DAS - C.T.I, pues el actor demuestra hasta la saciedad que desde su primera detención arbitraria, él exige a las autoridades que le solucionen su situación; por ello envía a todas las autoridades competentes las certificaciones respectivas, y éstas a su vez confirman que cancelarán esas órdenes de detención.
4.5.- En lo narrado, nos encontramos con un daño antijurídico; pues el actor no estaba en el deber de soportar la carga impuesta.
Si desde el principio, se estableció que el actor no tenía vigentes órdenes de captura, porqué se siguió coartando su derecho de libertad?
La justificación del C.T.I., no legitima la ilegalidad del procedimiento realizado por los Agentes del C.T.I.; de igual manera cuando en el oficio No. 40000-8-11156 del 18 de noviembre de 2004, se le dice al actor:
“… Es necesario precisarle que en ningún momento el peticionario fue retenido, capturado o trasladado a las instalaciones del C.T.I. …)”.
Esta respuesta es aberrante, pues al actor se le retiene en público, y sus amigos y él mismo se oponen al arresto; ya que los Agentes para arrestarlo muestran y dicen que hay órdenes de captura en contra de él.
Ese simple hecho de coartar la libertad del ciudadano, su libertad de movimiento y molestar su persona, constituye un hecho administrativo, en tanto que las supuestas órdenes de captura, no tenían validez o efectos, lo cual lo reconocieron los Agentes, con el agravante que ya era la tercera vez.
La detención de la persona puede durar minutos; y si esta detención es ilegal, se genera de izo facto el hecho administrativo, que si produce un perjuicio debe ser reparado.

El Diccionario “Black`s Law Dictionary”, en su sexta edición, página 600 dice sobre el falso arresto:
“… A species of false imprisonment, consisting of the detention of a person without hi or her concent and without lawful autority. Reams v City of Tucson, App., Ariz. 340. 701 P.2d 598, 601. Duch arrest consists in unlawful restraint of an individual´s personal liberty or freedom of locomotion. Johnson v. Jackson, 43 Ill.App2d 251, 193 N.E.2d 485, 489. An arrest without proper legal authority is a false arrest and because an arrest restrains the liberty of a person it is also false imprisonment. The gist of the tort is protection of the personal interest in freedom from restraint of movement. Neither ill will nor malice are elements of the tort, but if these elements are shown, punitive damages may be awarded in addiction to compensatory or nominal damages. See also imprisonment (false imprisonment); Malicious prosecution(1) ”.
El Diccionario “A Dictionary Of Law”, editado por la Universidad de Oxford, página 159 y 160, dice sobre lo que se entiende sobre un falso arresto:
“… False Imprisonment: Unlawful restriction of a person´s freedom of movement, not necessarily in a prison. Any complete deprivation of freedom of movement is sufficient, so false imprisonment includes unlawful arrest and unlawfully preveting a person leaving a room or a shop. The restrction must be total: it is not imprisonment to prevent a person proceeding in one direction if he is free to leave in others. False imprisonment is a form of *trespass to the person, so it is not necessary to prove that it has caused actual damage. It is both a crime and a tort. Damages, which may be *aggravated or *exemplary, can be obtained in tort and the writ of *habeas corpus is available to restore the imprisoned person to liberty... (2)”.
Ya a nivel de doctrina, Michael A. Jones, en su libro Torts, página 473, dice sobre la falsa detención o arresto, lo siguiente:

“… FALSE IMPRISONMENT

False imprisonment is 'the unlawful imposition of constraint on another's freedom of movement from a particular place' (Collins v Wilcock [1984] 3 All ER 374, 377). Imprisonment in the sense of incarceration is not necessary, neither is any use of force. Submitting to the control of a policeman at the defendant's instigation is sufficient (Warnerv Riddiford (1858) 4 CB NS 180).
So a person may be imprisoned in an open field if his movement is restrained, e.g., by the defendant pointing a gun and saying 'Do not move'. Similarly, the Ministry of Defence's power to compel service in the armed forces could amount to total restraint and so could constitute false imprisonment if unlawfully exercised (Prichard v Minislry of Defence, The Times, 27 January 1995). An unlawful arrest constitutes false imprisonment, as do es preventing someone from leaving. Where a person, such as a store detective, requests a police officer to take the claimant into custody, that person can be liable for false imprisonment if the arrest turns out to be unlawful. The test will be 'whether what [the store detective] did went beyond laying information before police officers for them to take such action as they saw fit and amounted to some direction, or procuring, or direct request, or direct encouragement that they should act by way of arresting ...' (Davidson v Chief Constable of the North Wales Police [1994] 2 All ER 597, 604 per Sir Thomas Bingham MR; for comment see Woollard (1995) 3 Tort L Rev 93). Consent is a defence, and so a person who voluntarily accompanies a police officer to the police station is not falsely imprisoned, though it is different if the officer makes it clear that he has no choice (Alderson v Booth [1969] 2 QB 216)... (3)

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