Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






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La disposición transitoria única establece un régimen transitorio de acceso y designación de la administración concursal. Por un lado, los jueces seguirán designando según el sistema aún vigente hasta que la nueva infraestructura del sistema de designaciones no esté operativa y así se dicte por Orden del Ministro de Justicia en el plazo máximo de un año desde la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado, según se establece en la disposición final cuarta. Por otro lado, el apartado 2 de la disposición transitoria establece algunas especialidades en la formación de los listados que sustituirán a los de los decanatos de los juzgados. De este modo, los administradores concursales que acrediten haber sido designados en al menos 20 concursos quedarán exentos del requisito del examen para poder inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concusal. Si de esos 20 concursos al menos 5 fueran ordinarios, podrán incorporarse a los listados de concursos medianos y si fueran al menos 10 y además cumplieran los requisitos del artículo 13.2, a los listados de concursos grandes. Con ello se reconoce la experiencia de los administradores concursales que han venido desempeñando de manera recurrente estas funciones y para los que se considera que las designacinoes recurrentes por parte de los jueces son un indicador suficiente de su solvencia. Los administradores concursales que acrediten haber sido designados en al menos 3 concursos podrán inscribirse temporalmente en la sección cuarta del Registro Público Concursal e incorporarse a los listasdos correspondientes, pero su mantenimiento estará condicionado a la superación del examen de aptitud profesional en un plazo máximo de 3 años. La inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal del resto de profesionales que forman actualmente parte de las listas de los decanatos estará sujeta a las condiciones generales del capítulo I del proyecto de real decreto.
La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, (que como ya se ha indicado, es sustituido por el contenido del capítulo III del proyecto de real decreto) y cuantas disposiciones de igual o inferior rango resulten contradictorias e incompatibles con la regulación que se contiene en este proyecto de real decreto.
La disposición final primera modifica el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal y consta de nueve apartados. Los apartados uno a seis introducen cambios técnicos y coordinan el contenido de los artículos modificados a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, en el acuerdo extrajudicial de pagos y el régimen de segunda oportunidad.
El apartado siete de la disposición final primera incorpora un nuevo capítulo V al Real Decreto 982/2013, de 15 de noviembre, en el que se desarrolla la sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados y que consta de 9 artículos (artículos 16 a 24). Esta sección cuarta se configura como un elemento esencial del nuevo régimen de la administración concursal llamada a cumplir con un doble cometido. Por un lado, la sección cuarta del Registro Público Concursal debe aumentar sustancialmente la transparencia y publicidad en el ámbito de los administradores concursales. Así, por ejemplo, en esta sección se podrá conocer cuántos administradores concursales operan en cada territorio y consultar el perfil profesional de cada uno de ellos. Por otro lado, debe servir de base operativa para el funcionamiento en la práctica de la designación judicial por turno corrido a partir de las listas de administradores concursales que serán elaboradas por el Registro Público Concursal. Dicho de otro modo, esta sección cuarta debe funcionar como una base de datos pública y actualizada sobre los administradores concursales a partir de la que se construirán los listados de administradores concursales para cada juzgado que sirvan para realizar las designaciones judiciales.
El artículo 17 detalla el procedimiento de inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal. Las solicitudes de inscripción en la sección cuarta se canalizarán a través de los Registradores Mercantiles que en virtud de la nueva disposición adicional tercera añadida mediante el apartado nueve de la disposición final primera, no podrán reclamar cantidad alguna por estos trámites. Varias razones aconsejan construir el procedimiento de este modo. Primero, el Registro Público Concursal es un registro central que procesa la información que le suministran distintas fuentes (oficinas judiciales, registros de bienes y personas, procuradores). Así, no cuenta con un “encargado” que califique la información que recibe. Segundo, los registradores mercantiles están habituados a estas labores de calificación y dada su capilaridad, parecen mejor dispuestos a procesar las solicitudes de los administradores concursales. Por último, el sistema de comunicación entre los registros mercantiles y el Registro Público Concusal está completamente coordinado y estandarizado en formato xml, lo que facilita a este último el procesamiento de la información.
Los artículos 18, 19 y 21 hacen referencia a los flujos de información que deben nutrir la sección cuarta del Registro Público Concursal. En efecto, los artículos 18 y 19 enumeran la información que deben suministrar respecticamente las personas físicas y las personas jurídicas que solicitan su inscripción en la sección cuarta. Por su parte, el artículo 21 establece la obligación de que comunique al Registro Público Concursal a través del registrador mercantil la modificación de los datos relevantes en cualquier momento posterior a la inscripción en la sección cuarta. Debe tenerse en cuenta que las listas de los administradores concursales serán listas dinámicas, en el sentido de que deberán nutrirse con la información que se vaya generando con el propio funcionamiento del sistema concursal (designaciones, experiencia en concursos, separaciones, inhabilitaciones, etc.). De ahí la importancia de que la sección cuarta sea permanentemete actualizada.
El artículo 22 detalla la construcción de las listas de administradores concursales que sustituyen a las listas en los decanatos y que sirven de referencia para realizar las designaciones judiciales. Estas listas se construirán a partir del cruce de dos parámetros: ámbito geográfico de actuación (que podrá ser el de una provincia, varias o todo el territorio nacional) y requisitos que se cumplen (únicamente los generales o adicionalmente algunos de los exigidos para poder ser designado en concursos medianos o grandes). De la intersección de ambos criterios surgirán tres listas para cada provincia: administradores concursales para concursos pequeños, medianos y grandes. El orden de los administradores concursales será el temporal de inscripción en la sección cuarta. Estas listas deberán gestionarse, del mismo modo que la sección cuarta, a través de las aplicaciones informáticas a las que se refiere la disposición final cuarta del proyecto de real decreto y como ya se ha señalado, deberán ser dinámicas. Así, las listas deberán evolucionando a medida que se vayan produciendo las designaciones para respetar el turno corrido que instaura el art. 27.5 LC. Además, los integrantes de las listas deberán ser filtrados en función de las bajas que se produzcan en la sección cuarta (que se regulan en el artículo 24), del incumplimiento de alguno de los requisitos adicionales para ser designado administrador concursal en concursos medianos o grandes de los que ya estuvieran incorporados a esos listasdos o por el cumplimiento de esos requisitos de administradores concursales que aún no formen parte de ellos.
En el artículo 23 se describen los rasgos básicos del procedimiento de la designación del administrador concursal, que deberán desarrollarse en la aplicación informática que sirva de base para que dichas designaciones se produzcan. El juez del concurso, debidamente identificado, deberá comunicar al Registro Público Concursal los datos básicos del concurso y este indicará el administrador concursal que por turno correlativo corresponda, al que se comunicará dicha circunstancia. En ese momento comienza el periodo de 5 días para que el administrador concursal acepte la designación (art. 29 LC). Durante ese tiempo, el administrador concursal deberá aparecer en la aplicación informática de gestión de los listados concursales en un estado de “stand by” (la designación se habrá efectuado pero se estará a la espera de la aceptación). En este punto caben dos opciones. La primera es que el administrador concursal acepte la designación, en cuyo caso será nombrado administrador concursal por el juez del concurso y se correrá el turno en la lista que corresponda. La segunda es que el administrador concursal rechace la designación. Dicho rechazo podrá deberse a alguna causa justa (como, por ejemplo, encontrarse en alguna situación respecto al deudor a las que se refiere el art. 28 LC), en cuyo caso el administrador concursal no perderá el turno o, por el contrario, no estar respaldado en justa causa, en cuyo caso el administrador concursal deberá ser eliminado del listado correspondiente durante el plazo de 3 años de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29.2 LC.
Por último, el apartado 8 de la disposición final primera del proyecto de real decreto añade un capítulo VI al Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, en el que se regula el nuevo portal de liquidaciones concursales y cuya creación estaba prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. La finalidad de este portal es la de concentrar la información relativa a las empresas en concurso que se encuentren en fase de liquidación concursal. Con ello se pretende facilitar su enajenación a partir de que la constatación de que un conocimiento general de esa venta permitirá tanto acelerarla como obtener el mejor precio posible al incrementarse la probabilidad de que aparezcan un mayor número de interesados. A este portal se añade el portal de venta de sociedades, con el que se dará entrada al sistema de publicidad de empresas en venta a las sociedades que no están necesariamente en liquidación no concursal (incluyo con fines preventivos del concurso). Mediante esta previsión se da cumplimiento a las múltiples recomendaciones de la Unión Europea tendentes a facilitar la trasparencia de los procesos de ventas de PYMES que no tienen por razones obvias acceso a los mercados de capitales (no pueden cotizar en mercados secundarios organizados ni en plataformas electrónicas de negociación). Como es sabido, desde los años 90 del siglo pasado la Unión Europea ha sido muy activa e materia de venta de negocios (“Transfer of Businesses”). A estos efectos, cabe citar la Recomendación de 7 de diciembre de 1994 On the transfer of Small & Medium-sized enterprises (Recom 94/1069/EC) y la Comunicación de la Comisión al Consejo COM (2006) 117 final de 14 de marzo de 2006. En fin, la creación de portales públicos de venta de empresas en los estados miembros es objeto de tratamiento en el fundamental documento “Report of the Expert Group, Markets for Business Transfers. Fosteriong Transparent Marketplaces for the Transfer of Business in Europe” de mayo del año 2006.
Finalmente, la disposición final segunda habilita al Ministro de Justicia para dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el real decreto, la disposición final tercera indica la habilitación competencial del Estado y la disposición final cuarta establece el momento de entrada en vigor del real decreto.
IV. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO.
La elaboración del borrador de este proyecto ha sido fruto del trabajo conjunto de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, como coproponentes del real decreto. Para la redacción del borrador, ambos ministerios han mantenido reuniones con diferentes agentes afectados por la reforma. En concreto, se han mantenido reuniones con representantes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del Consejo General de Economistas, del Colegio de Economistas de Málaga, del Turno de Actuación Profesional del País Vasco, de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) y con los jueces de lo mercantil y los secretarios judiciales de Málaga. Representantes de ambos ministerios han asistido también a seminarios y charlas organizadas para discutir la reforma de la administración concursal. En concreto, el 4 de noviembre la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) organizó una sesión titulada “El Estatuto del Administrador Concursal tras la Ley 17/2014”. Posteriormente, el 23 de marzo INSOL Europe junto al Registro de Economistas Forenses (REFOR) organizó un seminario sobre la administración concursal en España y el derecho comparado. Adicionalmente, durante la elaboración del borrador del proyecto de real decreto se ha recabado el parecer del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas y de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, hasta que su texto recibió el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 2 de julio de 2015 para iniciar su tramitación formal.
El proyecto de real decreto, junto con su memoria de análisis de impacto normativo va a ser remitido a distintas instancias para recabar los informes preceptivos y otros adicionales. En concreto, se ha de solicitar informe del Consejo General del Poder Judicial (en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación y del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Asimismo, se dará audiencia al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Colegios de Economistas de España, al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a la Asociación Profesional de Administradores Concursales, a la Unión Profesional y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además, el proyecto de real decreto será publicado en las páginas web de los ministerios co-proponentes y se ha habilitado una dirección de correo electrónico para que cualquier asociación, organización o particular remita sus alegaciones.
Por último, se ha de recabar el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, como prevé el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
V. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. OTROS IMPACTOS.
El proyecto de real decreto tiene por finalidad contribuir a la profesionalización e incremento de la eficacia y eficiencia de los administradores concursales. De ahí que la mejora del funcionamiento de esta figura tendrá un impacto positivo para la continuidad de la actividad de los concursados, el mantenimiento del valor empresarial y para hacer posible el pago de las deudas a sus acreedores, facilitando en último término la salida de la situación de crisis. Un impacto que, además, debe considerarse en el contexto de la recuperación económica que desde el año 2014 viene experimentando nuestro país, como se manifiesta también en la tendencia decreciente del número de concursos que se producen en España.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y del Colegio de Registradores, en el año 2014 se produce una disminución del 28,8 por ciento en el número de empresas concursadas (no personas físicas) respecto al año anterior. Así, los datos de 2014 maniestas un importante cambio con respecto a los ejercicios previos, que se caracterizaron por incrementos interanuales significativos (del 19,8 por ciento, del 37,3 por ciento y del 11,7 por ciento en 2011, 2012 y 2013 respectivamente).
A la hora de analizar los costes de la norma, los mismos no son asumidos por la Administración Pública, puesto que, como exigen las normas de disciplina presupuestaria, las medidas incluidas en este real decreto se ejecutarán con los recursos de personal disponibles en los órganos competentes, sin incremento de dotaciones, de retribuciones o de otros costes de personal. De esta forma, el futuro real decreto no conlleva incremento alguno del gasto público.
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