Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






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Por último, el artículo 21 establece los plazos para la percepción de la retribución de la administración concursal. Frente al régimen actual, la letra a) del artículo establece que en el plazo de cinco días tras la firmeza del auto de remuneración se abonará el 25 por ciento de la remuneración de la fase común (frente al 50 por ciento actual ex art. 8 a) RD 1860/2004) difiriendo el pago del segundo 25 por ciento a los cinco días posteriores a la publicación del informe de la administración concursal. De este modo se reduce la presión sobre la tesorería del concursado que supone el abono del 50 por ciento de la remuneración de la administración concursal al principio del procedimiento. Además, esta mayor periodificación de los desembolsos, ligada a hitos del procedimiento concursal, casa mejor con la filosofía de la reforma del arancel, que trata de ajustar los honorarios al trabajo desempeñado. Por último, introduce un incentivo para presentar el informe de la administración concursal con celeridad dador que el segundo desembolso no se produce hasta la publicación del informe. Por otro lado, se mantiene un último desembolso del 50 por ciento restante de la remuneración en los cinco días siguientes al auto de conclusión de la fase común. En este punto se realizarán los ajustes que proceda siguiendo lo dispuesto en el artículo 20 en función del desempeño de la administración concursal durante la fase común.
La sección 3ª contiene únciamente el artículo 22, que regula la remuneración durante la fase de convenio. Este artículo mantiene el esquema de remuneración del art. 9.1 RD 1860/2004, aunque reduciendo el porcentaje de remuneración del 10 por ciento al 5 por ciento. Como novedad, se introduce un complemento retributivo del 0,5 por ciento del valor del inventario definitivo que premia la aprobación judicial de un convenio. De nuevo, siguiendo el espíritu de la reforma, con este incentivo monetario se pretende fomentar la participación proactiva de los administradores concursales en la búsqueda de soluciones convencionales que preserven la actividad económica, los puestos de trabajo y el valor para los acreedores.
La sección 4ª (artículos 23 a 26) está dedicada a la remuneración en la fase de liquidación, cuyo diseño sufre cambios sustanciales respecto a lo dispuesto actualemente en el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre. La fase de liquidación es la fase consecutiva más frecuente en los procedimientos concursales españoles y, por ello, es especialmente relevante el diseño de la remuneración en este punto del procedimiento.
El cálculo de la remuneración actualmente vigente no establece los incentivos adecuados para una resolución eficiente de la fase de liquidación. En virtud de lo dispuesto en los artículos 9.2 y 10 RD 1860/2004, los administradores concusales tienen derecho a percibir un 10 por ciento de la remuneración de la fase común durante los 6 primeros meses de la liquidación y un 5 por ciento desde el séptimo mes en adelante que se devengan y abonan mensualmente. Este sistema adolece de varios defectos. Primero, la remuneración del administrador concursal es independiente del resultado de la liquidación (de si se produce la venta de la unidad productiva o de la tasa de recuperación que obtienen los acreedores). Segundo, este esquema incentiva la prolongación de la fase de liquidación, ya que el ingreso marginal es siempre positivo (aunque menor a partir del séptimo mes) independientemente de su duración. Tercero, aún existiendo un mecanismo de control del desarrollo de la fase de liquidación (los informes trimestrales de liquidación del art. 152 LC) el devengo y abono de la remuneración es mensual. Todos estos defectos justifican los cambios que se introducen en el proyecto de real decreto y que se comentan a continuación.
El artículo 23 establece las reglas generales para el cálculo de la retribución en la fase de liquidación. En primer lugar, se remunera la elaboración del plan de liquidación con un 5 por ciento de la remuneración de la fase común, con un máximo de 3.000€ e independientemente del tiempo que se tarde en elaborarlo, presentarlo y que este sea aprobado. El abono de la remuneración por este concepto se produce cuando el plan de liquidación sea puesto de manifiesto en la oficina judicial (art. 25.1). Con todo ello, se incentiva en mayor medida la presentación diligente del plan de liquidación.
En segundo lugar, se modifica sustancialmente la remuneración de la ejecución del plan de liquidación para que dependa de su resultado. En efecto, con las nuevas reglas contenidas en los arts. 23.2 y 24 los honorarios pasan a depender del desarrollo y el resultado de la liquidación. Primero, porque la remuneración pasa a depender directamente del tiempo que transcurra hasta el fin de la fase de liquidación, que se calcula como un porcentaje decreciente con la duración de la liquidación sobre el valor definitivo del inventario que se liquida. Así, cuanto más tiempo transcurra, menos honorarios devengará el administrador concursal. O dicho de otro modo, frente a la situación actual, con las nuevas reglas el ingreso marginal del administrador concursa es negativo con la duración del procedimiento. Adicionalmente, para evitar que este nuevo esquema pueda promover liquidaciones apresuradas de los bienes y derechos del concursado en detrimento de la tasa de recuperación de los acreedores, el art. 24.1 introduce un complemento retributivo del 0,5 por ciento del valor del inventario definitivo cuando se acuerde la venta de una unidad productiva o cuando los ingresos obtenidos en liquidación superen el 70 por ciento del valor definitivo del inventario. Además, reforzando (y automatizando a los efectos de la remuneración) la previsión de separación de la administración concursal por prolongación indebida de la liqudación del art. 153 LC, el penúltimo párrafo del art. 23.2 establece que la administración concursal no percibirá remuneración alguna a partir del decimotercer mes de la fase de liquidación, salvo que el juez de manera motivada decida mantener la remuneración durante un plazo no superior a los seis meses. Por otra parte, el juez deberá reducir la remuneración de la admintración concursal si esta incumpliera la obligación de comunicación del informe trimestral de liquidación a los acreedores o si apreciara una demora injustificada del progreso de la liquidación imputable al administrador concursal. Dado que los tiempos que establece la ley para la fase de liquidación en el procedimiento abreviado son menores, el artículo 25 adapta las reglas generales de la remuneración a este hecho. Por último, el devengo y abono de la remuneración pasa a anudarse a la presentación de los informes trimestrales de liquidación, momento en el que el juez podrá apreciar si existen motivos para ajustar la remuneración del administrador concursal por concurrir alguna de las circunstancias señaladas anteriormente. Conviene señalar que el último pago en la fase de liquidación se efectúa cuando se presenta el informe final de la liquidación, lo que vuelve a introducir un incentivo para la conclusión diligente de dicha fase sucesiva.
La sección 5ª, sobre las remuneraciones complementarias, contiene los artículos 27 y 28 y completa el conjunto de incentivos que tratan de favorecer determinadas actuaciones de la administración concursal. Para ello, además de favorecer las acciones de reintegración que ya contemplaba el art. 11 RD 1860/2004, se introduce también el supuesto de incrementos netos del valor de la masa por condenas pecuniarias afectadas por la calificación y a cómplices de concurso culpable.
La sección 6ª, que engloba los artículos 29 y 30 prevé las normas de distribución de la remuneración en caso de muerte o separación de la administración concursal y la sección 7ª dedica el artículo 31 a la remuneración del auxiliar delegado, donde se reproduce lo dispuesto en el art. 31.2 LC
La sección 8ª (artículos 32 a 36) desarrolla la cuenta de garantía arancelaria, cumpliendo con el mandato de desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, que autorizaba al Gobierno para regular el funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria a la que alude el art. 34.2 c) LC.
Ya el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, previó la creación de la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se haría efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente. Entre las enmiendas introducidas en el ya citado proyecto de ley de mecanismos de segunda oportunidad, algunas se refieren a la cuenta de garantía arancelaria, al objeto de asegurar su operatividad lo antes posible.
Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerá de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales. Y la cantidad que se haya ingresado al final del año se distribuirá a prorrata entre los administradores que no hubieran percibido la retribución que con arreglo al arancel les correspondería.
El régimen de la cuenta de garantía arancelaria se puede resumir en las siguientes previsiones:
1ª) La primera es su constitución por el Ministerio de Justicia y su dotación con las aportaciones obligatorias a realizar por los administradores concursales. La gestión de la cuenta se prevé que podrá tener lugar por el propio Ministerio de Justicia o bien encomendarse a terceros, considerándose que esta segunda opción sería más operativa si, además, se encomendara a las corporaciones principalmente afectadas, que son los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
2ª) La operativa de la cuenta contaría de dos fases, la primera que se ha de llevar a cabo en los juzgados, que habrán de determinar qué administradores concursales deben hacer la aportación correspondiente y cuáles tendrán derecho a recibir una cantidad con cargo a la cuenta. Y la segunda fase será el control de las aportaciones y la distribución de la cantidad resultante en aplicación de las normas del proyecto de real decreto, y que es la tarea que puede encomendarse a las corporaciones señaladas, que informarán, en todo caso, al Ministerio de Justicia de las cantidades ingresas en la cuenta y de las transferencias y su cuantía efectuadas con cargo a la misma.
3ª) La cuenta de garantía arancelaria habrá de contar con mecanismos de control, seguridad y supervisión; y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.
) Se detalla la forma en que los administradores concursales han de llevar a cabo sus aportaciones. Se establecen así los porcentajes así como los supuestos de exención de dicha aportación, para quienes cobren una retribución inferior a 2.565 euros. Esta aportación se notificará al secretario judicial, que a su vez lo comunicará al encargado de la gestión de la cuenta para que compruebe la realidad de la aportación. Si no se hicieran las aportaciones se pondría en marcha un régimen de apercibimientos y prohibición de cobrar nuevas cantidades, que pueden llegar a suponer la baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal del administrador concursal, que quedaría excluido hasta que regularizara su situación de la posibilidad de recibir nuevos nombramientos.
5ª) Se determina también cuál será la cuantía de las retribuciones con cargo a la cuenta de garantía arancelaria, que como máximo será igual a la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le hubiera correspondido conforme al arancel de la administración concursal, deduciendo las cantidades que hubieran debido destinarse a la propia cuenta de garantía arancelaria y, en todo caso, con el límite que resulte de dividir el total ingresado en la cuenta de garantía arancelaria durante un año, más el remanente de años anteriores si lo hubiere, entre el número de administradores con derecho a cobrar de la cuenta.
Se contempla el supuesto (probable) de que lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubra la retribución total debida a los administradores, caso en el que la cantidad máxima a percibir por cada uno de ellos guardará la misma proporción que represente el total ingresado en dicha cuenta sobre el total pendiente de pago. El cálculo de lo ingresado se determirá una vez al año en atención al saldo existente a 15 de diciembre de cada año y ordenará que se lleven a cabo las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la administración concursal de forma electrónica y automática, mediante la aplicación informática, a lo largo del mes de enero del año siguiente a aquel en el que se generó el derecho.
6ª) Finalmente, se exige una rendición de cuentas al administrador concursal, que especificarán las cantidades ingresadas en la cuenta de garantía arancelaria y las fechas de ingreso. Una obligación que se completa con la nueva obligación que se les impone de rellenará el formulario del anexo II del proyecto, cuya finalidad es mejorar la información disponible de los concursos que tenga lugar en nuestro país como aspecto clave tanto para la evaluación futura de esta norma como para la realización de reformas en el futuro.
La sección 9ª (artículo 37) establece la remuneración del mediador concursal en el acuerdo extrajudicial de pagos. En la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, se estableció la remuneración que, de manera transitoria, tendrían derecho a percibir los mediadores concursales por su actuación en un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos hasta que un desarrollo reglamentario fijara las reglas de manera permanente. Pues bien, en el artículo 37 se establecen dichas reglas, manteniendo las que de manera transitoria se incorporaron en dicha disposición adicional segunda. Este sistema parte de la base de remuneración calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 17 y los porcentajes del anexo I aplicando unos coeficientes correctores en función de la naturaleza del deudor concursado. Así, se entiende que los concursos de personas físicas sin actividad profesional o empresarial serán generalmente los de menor dificultad por el tamaño de su balance y la relativa homogeneidad de los pasivos contraídos (generalmente préstamos hipotecarios y otros préstamos al consumo) o la ausencia, por ejemplo, de créditos laborales. Por ello, el coeficiente de reducción es el mayor. En el caso de las personas naturales con actividad empresarial o profesional la complejidad puede ser superior por la posible aparición de créditos laborales o la mayor relevancia de los créditos públicos. Por último, se encuentran los concursos de sociedades, a los que se aplica un coeficiente de corrección menor. Una razón adicional para aplicar estos coeficientes correctores es que las funciones y la responsabilidad del mediador concursal en el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos son menores que en el concurso de acreedores dado que el primero se trata de un procedimiento pre-concursal.
La disposición adicional única establece un plazo de tres años desde la entrada en vigor del real decreto para que el Gobierno evalúe sus resultados previa consulta al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales mayoritarios en la administración concursal. Esta previsión es necesaria dados los cambios sustanciales que este proyecto de real decreto introduce en el régimen de la administración concursal. En este sentido, el refuerzo de las obligaciones de información de la administración concursal al Registro Público Concursal establecido en el artículo 36 debe contribuir a proveer valiosa información estadística para realizar dicha evaluación.
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