Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






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No obstante, se reconoce también que el tamaño del concurso únicamente proporciona una aproximación a su complejidad, sin que aquel determine esta de manera determinista. Por eso, el artículo 11 incorpora algunas especialidades a la clasificación anterior. En concreto, si concurre alguna de las circunstancias que se enumenan en el artículo, el concurso se clasificará como de gran tamaño independientemente de la realidad de las variables empleadas en la clasificación general. Esto se debe a que se entiende que la aparición de cualquiera de las circunstancias establecidas incrementa la complejidad del concurso y, por tanto, será necesario que para el buen desarrollo del procedimiento la administración concursal esté más experimentada y cuente con los medios materiales y humanos suficientes. Estas circunstancias aluden a los siguientes aspectos:


  • La dispersión geográfica nacional o internacional de los bienes, derechos y unidades productivas del deudor (letras a) y b), que puede provocar, por ejemplo, que sea necesario que el administrador concursalcuente con un equipo de mayor tamaño.

  • La naturaleza de algunos de los instrumentos financieros (letra c), como valores de renta fija o acciones cotizadas, que pueden aumentar la dispersión y el número de acreedores y que están sujetos a especialidades.

  • La especial naturaleza del concursado (letras d y e), esto es, entidades de créditos, de seguros u otras entidades sujetas a supervisión de la CNMV. Este tratamiento diferenciado se coordina con las especialidades en la designación de la administración concursal del art. 27.6 LC.

  • Aspectos de especial complejidad en la gestión del procedimiento concursal (letras f y g), y en concreto los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales y los concursos conexos. Respecto a los primeros, la experiencia acumulada indica que la existencia de este tipo de procedimientos eleva sustancialmente la complejidad de los concursos. Respecto a la segunda circunstancia, la mayor complejidad puede venir, por ejemplo, de la necesidad de analizar relaciones intragrupo y estructuras societarias complejas.

  • El interés público del concursado por su estructura de propiedad o los servicios que presta (letra h e i), que también justifica la especialidad en la designación de la administración concursal del art. 27.7 LC.


Los artículos 7, 12 y 13 establecen los requisitos que deben cumplir los administradores concursales en función del concurso de que se trate. Para ser administrador concursal en concursos pequeños basta con estar inscrito en la sección cuarta del RPC. Para concursos medianos se exige acumular experiencia como administrador concursal en al menos 5 concursos de pequeño tamaño y tener la capacidad de prestar un servicio concursal integral, bien por tratarse de una persona jurídica o contar con un colaborador de la especialidad complementaria a la del administrador concursal, bien por adquirir el compromiso de solicitar en caso de designación como administrador concursal el nombramiento de un auxiliar delegado que se hubiera examinado de la especialidad complementaria a la suya. En el caso de concursos de gran tamaño, se exige experiencia en al menos 5 concursos de tamaño mediano y contar con un equipo multidisciplinar compuesto por al menos 10 personas. Desde la perspectiva de la designación, la modulación de los requisitos tratan de adecuar el perfil del administrador concursal a la complejidad del concurso. Desde la perspectiva de los administradores concursales, esta gradación de los requisitos dibuja una trayectoria profesional – una suerte de cursus honorum- que marca la senda de la especialización.
Capítulo III. Régimen de retribución de la administración concursal
El capítulo III es el más largo del proyecto de real decreto y engloba los artículos 14 a 37 ordenados en 9 secciones que regulan la remuneración de la administración concursal y la cuenta de garantía arancelaria. Su contenido está íntimamente ligado a lo dispuesto en el art. 34 LC y en concreto se cuemple con el mandato de desarrollo reglamentario de los principios de efectividad y eficiencia. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el procedimiento de convalidación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, como proyecto de ley el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda (enmienda nº 190), posteriormente aprobada e incorporada al texto del proyecto de ley, que entre otras cosas modifica la letra b) del art. 34.2 LC para desarrollar el contenido del principio de limitación. Finalmente, se aprovecha para revisar íntegramente el régimen remuneratorio del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que se deroga por la disposición derogatoria única del proyecto de real decreto.
La sección 1ª, de disposiciones generales, comprende los artículos 14 a 16. El contenido del artículo 14 se corresponde con el del artículo 1 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que se deroga. No obstante, se realizan algunas precisiones. Primero, se emplea como referencia “la intervención en el concurso de la administración concursal” en vez de “el ejercicio de las funciones que la ley atribuye a los administradores concursales” por adecuarse en mayor medida al tenor literal del principio de exclusividad del art. 34.2 a) LC. Además, con ello se evitan que surjan controversias como las referidas a la remuneración de la dirección técnica de determinados recursos y que ya fueron solventadas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Y, segundo, se elimina la previsión de que subsidiariamente el juez dicte la remuneración del administrador concursal al que se le hubieran asignado funciones en un convenio concursal sin que en este se indicara su remuneración, dado que tal cosa no cabe ex. art. 133.4 LC.
El artículo 15 desarrolla el principio de exclusividad del art. 34.2.a) LC. Como en el artículo 14, el principio pasa a desarrollarse por referencia a “la intervención en el concurso de la administración concursal”. Por lo demás, se eliminan el segundo párrafo del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, en el primer caso por no considerarse justificado la remuneración de dichos costes, que en última instancia quedan cubiertos por el arancel general, y en los dos casos adicionales por considerarse que son redundantes con el principio general y, por tanto, innecesarios. Por último, el artículo 16 reproduce el principio de limitación del art. 34.2.b) LC.
La sección 2ª está formada por los artículos 17 a 21 y regula la remuneración en la fase común del concurso. El artículo 17 desarrolla el cálculo de la base retributiva, a la que según las circuntancias pueden acumularse las especialidades establecidas en el artículo 18. Sobre esta base, se aplican las correcciones al alza o a la baja de los artículos 19 y 20. Por último, el artículo 21 dispone los plazos para la percepción de la retribución.
El cálculo de la base retributiva mantiene su estructura actual, partiendo del valor de las masas activas y pasivas del deudor y aplicando por tramos los porcentajes del anexo I del proyecto de real decreto, que no se modifican. Como novedad, el artículo 17.4 regula el cálculo de la base de remuneración de los concursos declarados conjuntamente o acumulados de los artículos 25 a 25 ter LC cuando se nombra una administración concursal única. Este supuesto había sido objeto de controversias y la redacción del apartado las aclara al decantarse por seguir la línea marcada por la Audiencia Provincial de Barcelona en su auto de 28 de marzo de 2012.
El artículo 18 recoge las circunstancias que pueden dar lugar a la corrección de la base retributiva calculada en el artículo 17. En primer lugar, se mantiene el supuesto de suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre la masa activa (artículo 18 a), art. 4.2 RD 1860/2004), aunque se reduce el porcentaje máximo de elevación de la remuneración por este concepto del 50 por ciento al 25 por ciento, al considerarse que un incremento del 50 por ciento puede resultar excesivo. En segundo lugar, también se mantiene el supuesto de cese o suspensión de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 18 b), art. 5 RD 1860/2004) que puede dar lugar a una reducción de hasta el 25 por ciento de la base de remuneración. Esto contrasta con el tenor literal del art. 5 RD 1860/2004, que no deja espacio para que el juez module el porcentaje de reducción. En general, en todos las modificaciones de la retribución que contempla el proyecto de real decreto, se deja margen al juez para que module los incrementos o las reducciones, estableciendo máximos. Por último, se mantiene el supuesto del art. 6.1 a) Real Decreto 1860/2004, (discrepancia de al menos un 25 por ciento entre el valor de las masas activa o pasiva declaradas al comienzo del procedimiento y el valor reconocido en el inventario y la lista de acreedores finales), que pasa a ser la letra c) del artículo 18.
Adicionalmente, se eliminan dos previsiones que se incluían entre las reglas generales del Real Decreto 1860/2004. La primera de ellas es el art. 4.3, que prohibía modificar la remuneración de los administradores concursales profesionales por la prórroga del plazo para la presentación del informe de la administración concursal o por la impugnación del inventario y la lista de acreedores. Por un lado, esta regla encaja mal con el espíritu de la reforma del arancel, que pretende que la remuneración se adapte al trabajo realizado y a su calidad. Por otro lado, tras la reforma del artículo 34 LC a través de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, este apartado había pasado a ser directamente contrario al principio de eficiencia enunciado en el art. 34.2 d) LC que prevé expresamente la reducción de la remuneración de la administración concursal cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. También se elimina la norma prevista en el art. 4.5 por la cual la remuneración de la administración concursal se incrementa entre un 5 por ciento y un 25 por ciento cuando se dicte la tramitación abreviada del concurso. Este incremento no genera ningún incentivo deseable para la administración concursal (no premia ningún acto sino que remunera en función de una decisión que le corresponde al juez y no al administrador concursal) ni tampoco responde a una circunstancia que eleve sustancialmente los costes en los que debe incurrir el administrador concursal.
Los artículos 19 y 20 recogen los ajustes al alza y a la baja, respectivamente, que pueden aplicarse sobre la base de remuneración. En el artículo 19 se recogen distintas circunstancias que de producirse pueden incrementar la complejidad del concurso y los costes asumidos por la administración concursal, lo que puede justificar un incremento de la retribución, que a discreción del juez, podrá ser de hasta el 5 por ciento. Estas circunstancias aluden a:


  • La dispersión geográfica (nacional o internacional) de los bienes, derechos y unidades productivas del deudor (art. 19, letras b) y d), lo que puede dar lugar a mayores costes por desplazamiento, traducciones, etc.

  • La existencia de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales (art. 19, c), que añade complejidad al procedimiento al aumentar el peso de las cuestiones laborales que, por ejemplo, pueden provocar la designación de un auxiliar de legado o la contratación de un colaborador experto en la materia.

  • La existencia de valores admitidos admitidos a negociación en mercado secundario oficial (art. 19, e), que puede incrementar el coste por las razones a las que se ha aludido más arriba.

  • La naturaleza de entidad de crédito o de seguros del deudor (art. 19, f), que puede aumentar la complejidad y el coste por las especialidades de este tipo de sociedades.

  • Cuando el número de acreedores sea superior a 2.500 (art. 19, a). La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que la complejidad de un concurso y los costes para la administración concursal aumentan significativamente cuando existe un gran número de acreedores. Estos costes se refieren se asocian a la necesidad de lidiar con un gran volumen de comunicaciones, calificaciones, etc. El artículo establece un incremento inicial de hasta el 5 por ciento cuando el número de acreedores sea superior a 2.500 (frente a los 1.000 acreedores previstos actualmente en el art. 6.1. c) RD 1860/2004) más una retribución adicional del 10 por ciento por cada 10.000 acreedores reconocidos. De este modo, aunque la remuneración absoluta aumenta con el número de acreedores, la retribución por acreedor disminuye, reflejando la existencia de economías de escala para lidiar con un gran volumen de acreedores que provoca que el coste del acreedor marginal sea relativamente pequeño y decreciente.


Por otro lado, algunos de los complementos que se incluían en RD 1860/2004 se eliminan. En concreto, desaparece el complemento de hasta el 5 por ciento cuando el deudor emplee a más de 250 trabajadores en la fecha de declaración de concurso (art. 6.1 d) por entenderse que se trata de una variable que mide el tamaño del concurso y esto ya queda reflejado en el cálculo de la base retributiva. También se elimina el complemento por la aprobación de un convenio anticipado (art. 7 RD 1860/2004). En este caso, se considera, siguiendo a Cadenas de Gea, que este bonus ni supone un incentivo (ya que en buena medida la aprobación o no del convenio anticipado es independiente de la actuación del administrador concursal) ni la existencia de una propuesta anticipada de convenio supone un incremento signficativo de los costes de la administración concursal que haya que compensar.
Por su parte, el artículo 20 recoge las circunstancias que, de concurrir, provocan una reducción de la remuneración de la administración concursal por entenderse que el desempeño de sus funciones no ha sido el satisfactorio. Estos casos se refieren al incumplimiento de las obligaciones de comunicación a los acreedores (art. 20 a), que han sido recientemente ampliadas mediante la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, el incumplimiento de alguno de los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de las obligaciones de la administración concursal (art. 20 c) y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al 10 por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. Conviene destacar que este último supuesto es distinto del recogido en el art. 18.c). En este segundo caso, la circunstancia que se pondera es en realidad la calidad de la información suministrada por el deudor. Cuando el deudor, incumpliendo su obligación legal, no suministre la información necesaria, el administrador concursal se verá obligado a realizar una serie de labores de averiguación que incrementarán los costes en los que incurre y que justifica el complemento retributivo. Sin enmbargo, en el supuesto del art. 20 b) lo que se trata de medir es la calidad del trabajo de la administración concursal en la elaboración del inventario y la lista de acreedores empleando como referencia las resolución de las impugnaciones que pudieran presentarse. En este punto conviene hacer alguna observación. Primero, no se considera la sola presentación de una impugnación, sino el resultado del incidente concursal favorable a la parte que impugna. De este modo, el administrador concursal (y su retribución) quedan protegidos frente a estrategias de presentación de incidentes que no estén fundamentados. Y, segundo, esta nueva regla no parece que conceda poder de amenaza de los acreedores o el deudor frente al administrador concursal porque el interés individual de alguno de ellos va en contra de los del resto, Por tanto, si por ejemplo el administrador concursal otorgara en la lista de acreedores un tratamiento mejor (sin base real que lo justifique) a un acreedor que amenazara con la interposición de un incidente concursal provocaría el incidente concursal de los otros acreedores perjudicados.
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