Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






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Por otro lado, los incentivos deben fomentar determinados cursos de acción y desincentivar otros. Por ello, en la revisión del arancel se han introducido incentivos tanto positivos (que incrementan la remuneración) como negativos (que la reducen) cuando el juez valore que determinadas actuaciones no se han desarrollado con la debida diligencia.
Finalmente, no todos los incentivos introducidos son meramente monetarios. También se han revisado los momentos de cobro de los honorarios de la administración concursal para hacerlos coincidir con hitos del procedimiento que deben alcanzarse y se ha revisado el sentido en el que evoluciona la remuneración en la fase de liquidación en función de su duración.
III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO.
De lo ya dicho, se desprende que este proyecto es consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley Concursal por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Por ello, su título competencial está ligado al que fundamenta la propia Ley Concursal, y que viene dado por las competencias que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación mercantil y de legislación procesal.
El proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal, desarrolla las cuestiones ya apuntadas brevemente y deroga el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Este estatuto comporta también la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, para regular la nueva sección cuarta del mismo en la que se han de inscribir los administradores concursales y en el que también se debe poner en marcha un portal de liquidaciones concursales en desarrollo de la disposición adicional segunda de la reciente Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
El proyecto consta de 4 capítulos con 37 artículos y se completa con una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y 4 finales. A continuación se comentan los principales aspectos del contenido del proyecto de real decreto.
Los artículos 1 y 2 integran el capítulo preliminar que se limita a señalar que el objeto del proyecto de real decreto será desarrollar las previsiones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con el régimen jurídico de la administración concursal. E, igualmente, que sus normas son de aplicación a los administradores concursales y en lo que se prevé también a los auxiliares delegados y a los mediadores concursales, como sucede en relación con la retribución de éstos.
Capítulo I. Requisitos de acceso a la administración concursal
El capítulo I comprende los artículos 3 a 6 y desarrolla los requisitos de acceso a la administración concursal. Con ello se cumple el mandato de desarrollo reglamentario del nuevo artículo 27.3 LC y sustituye el régimen de acceso anterior de la anterior redacción del artículo 27.1 LC, aun en vigor hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario.
El artículo 27.2 LC indica que únicamente podrán ser designadas administradores concursales las personas físicas o jurídicas que estén inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concusal. Pues bien, el artículo 3 recoge los requisitos que deben cumplir tanto las personas físicas como jurídicas para que pueda practicarse dicha inscripción. Los artículos 4 y 5 desarrollar las características y el funcionamiento del examen de aptitud profesional, que constituye la principal novedad en este ámbito. El artículo 6, finalmente, se prevé la inscripción en la citada sección cuarta del Registro Público Concusal.
El objetivo del nuevo conjunto de requisitos de acceso es pasar del modelo de “corporativización sin profesionalización” a otro basado en la profesionalización sin corporativización. Desde esta perspectiva, resulta deseable que cualquier persona que acredite contar con los conocimientos mínimos necesarios para desarrollar las funciones de la administración concursal pueda hacerlo, independientemente de su sustrato académico. Desde esta premisa se han diseñado los requisitos de acceso y los cambios que se han introducido respecto al régimen anterior.
La descorporativización se produce al eliminar las restricciones de acceso a la administración concursal a determinadas profesiones. Actualmente, únicamente los profesionales que acrediten su condición de abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas pueden ser designados administradores concursales. Desde la premisa de la que se parte esta restricción no está justificada ya que pertenecer a una de estas cuatro profesiones no es ni condición necesaria ni suficiente para garantizar la calidad de la administración concursal. Primero, no es una condición necesaria porque puede haber profesionales fuera de este ámbito profesional con los conocimientos y la capacidad de desarrollar las funciones de la administración concursal. A modo de ejemplo, puede pensarse en un ingeniero industrial que haya estado al frente de una unidad productiva que haya estado inmersa en un concurso de acreedores. Durante el procedimiento, el ingeniero industrial de este ejemplo habrá acumulado experiencia en la dirección de una unidad productiva bajo las restricciones que tanto el procedimiento concursal como su propia situación financiera implican. Estos conocimientos son valiosos y podrían aplicarse a otros casos. Sin embargo, con la regulación actual este ingeniero no podría tratar de capitalizar la experiencia y los conocimientos acumulados pasando a dedicarse a la administración concursal. Segundo, no es una condición suficiente porque los campos de la abogacía, la economía o la auditoría son muy amplios. Por ejemplo, con las condiciones de acceso actuales, un abogado de familia que atienda a un curso de 20 horas sobre derecho concursal estaría en condiciones de ser designado administrador concursal. Como ya se ha discutido, estos requisitos son demasiado laxos. Por todo ello, esta condición de acceso se flexibiliza exigiendo en el artículo 3.1.a) acreditar únicamente estar en posesión de una titulación universitaria. Adicionalmente, en el artículo 3.1.b) la experiencia profesional se acota a los ámbitos jurídico y económico. No cabe esperar (ni es un objetivo de la reforma) que la descorporativización lleve a que abogados, economistas y auditores sean las fuentes profesionales fundamentales de los administradores concursales dado que de manera natural son los que a priori están más orientados a esta área. Se trata simplemente de no excluir a otros profesionales de otros orígenes que demuestren estar igualmente preparados.
Mientras que las letras a) y b) del artículo 3.1 son modificaciones de requisitos ya existentes, los requisitos de las letras c) y d) suponen cambios mayores. La letra c) exige la superación del examen de aptitud profesional que se desarrolla en los artículos 4 y 5. Como ya se ha comentado, este examen es uno de las principales novedades del proyecto de real decreto. El examen se configura como una prueba objetiva para evaluar los conocimientos mínimos con los que debe contar cualquier profesional que quiera dedicarse a la administración concursal. Además, se trata de un requisito de acceso homogéneo y que implica menores cargas de trabajo y gestión para la administración que la acreditación de cursos de formación. Este examen se configurará, en la práctica, como la puerta de acceso única a la administración concursal, lo que además proporcionará transparencia.
La suscripción de un seguro de responsabilidad civil no es un requisito nuevo, pero sí lo es el momento de su acreditación. El artículo 29.1 LC prevé que en los cinco días que siguen a la comunicación al administrador concursal de su designación este deberá acreditar la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente. Las características de dicho seguro están reguladas en el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre. Por tanto, no es necesario acreditar la suscripción de dicho seguro para poder acceder a las listas de administradores concursales de los decanatos. El nuevo artículo 3.1.d) adelanta el momento de la acreditación de la suscripción del seguro.
El artículo 3.2 desarrolla los requisitos para la inscripción de personas jurídicas en la sección cuarta del Registro Público Concursal. En este apartado se mantiene en esencia la regulación vigente. Por un lado, se adapta la redacción del artículo 27.1 LC aún vigente al nuevo escenario, manteniendo el espíritu del precepto. Esto es, que las personas jurídicas integren profesionales (ahora personas inscritas en la sección cuarta del RPC) de las áreas jurídica y económica (ahora especialidades jurídica y económica) de modo que puedan prestar unos servicios concursales integrales. El segundo requisito es la acreditación de la suscripción del seguro de responsabilidad civil, siguiendo la misma pauta que en el caso de las personas físicas. Por último, el segundo párrafo del apartado precisa los requisitos que deberá cumplir la persona natural encargada de la dirección de los trabajos y la representación de la persona jurídica. Además, se indica que a los efectos de la acumulación de experiencia, se atribuirá también a la persona natural que dirija los trabajos de la administración concursal persona jurídica la experiencia en ese concurso. Con ello, se trata de salvar el hecho de que aunque la designación como administrador concursal recaiga sobre la persona jurídica, la experiencia y los conocimientos generados no se le pueden atribuir a ella, sino a su capital humano, es decir, a las personas naturales que lo integran. Debe tenerse en cuenta que la experiencia acumulada aparece en este proyecto de real decreto como un requisito necesario para poder ejercer como administrador concursal en concursos medianos y grandes.
Los artículos 4 y 5 desarrollan los principales aspectos del examen de aptitud profesional cuyo diseño parte de una premisa: la administración concursal es un área profesional que debe combinar conocimientos jurídicos, económicos, financieros, contables y de gestión empresarial. Cualquier administrador concursal debe poseer, por tanto, unos conocimientos básicos en cada una de estas áreas sin perjuicio de que esté especializado en mayor medida en alguna de ellas. Dicho de otro modo, no es posible una administración concursal eficiente que sea especialista en derecho concursal pero que no sepa leer e interpretar adecuadamente unos estados financieros. Del mismo modo, no cabe una administración concursal eficiente en la que se tengan amplios conocimientos financieros y de gestión empresarial pero se desconozcan –por ejemplo- la regulación y la jurisprudencia básicas de clasificación de los créditos concursales.
Desde este punto de partida se desarrollan los rasgos básicos de la prueba. El examen estará dividido en una parte general y una especialidad. La parte general supondrá un 60 por ciento de la nota final y tendrá por objetivo avaluar los conocimientos básicos de los candidatos en todas las áreas jurídicas, económicas y de gestión empresarial. Las especialidades tendrán un peso del 40 por ciento y evaluarán los conocimientos más especializados de los candidatos en el ámbito jurídico o económico. Para poder examinarse de la especialidad jurídica será necesario ser abogado, dado que en esta especialidad debe comprobarse, entre otras cuestiones, la capacidad de asumir la dirección técnica de los recursos e incidentes. La elaboración del examen y su corrección correrá a cargo de un comité examinador que informará al Ministerio de Justicia de sus trabajos. La composición del tribunal se ha elegido tratando de incorporar a especialistas en la materia que cuenten con un criterio informado sobre los conocimientos mínimos teóricos y prácticos que es conveniente exigir a los candidatos. El desarrollo del examen y su gestión operativa se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España dado que son las corporaciones de origen de los administradores concursales sin que se espere que esto cambie con la descorporativización ya comentada.
Por último, el artículo 6 prevé la inscripción de los administradores concursales que cumplan con los requisitos del artículo 3. En dicha solicitud de inscripción deberán hacer constar el ámbito territorial en el que se declaran dispuestos a actuar (parámetro necesario para la confección de las listas) y su disposición en todo caso potestativa para ejercer como auxiliares delegados. El procedimiento de inscripción en la sección cuarta del Registro Público COncusal y su funcionamiento se regularán en el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal y que se comenta más abajo.
Capítulo II. Designación de la administración concursal
El capítulo II comprende los artículos 7 a 13 y en él se determinan los criterios de clasificación de los concursos según su tamaño y los requisitos adicionales exigibles a los administradores concursales que quieran ser designados en concursos medianos y grandes. El contenido de este capítulo debe tomar como referencia el nuevo artículo 27, apartados 3 a 5 LC. Por un lado, el art. 27.4 LC prevé que a los efectos de la designación de la administración concursal los concursos de acreedores se clasifiquen en concursos de tamaño pequeño, medio o grande según los criterios que este proyecto de real decreto detalla. Por otro lado, el art. 27.3 LC permite exigir requisitos adicionales a los administradores concursales que pretendan ser designados en concursos de tamaño medio o grande. Por último, el art. 27.5 LC regula el método de designación de los administradores concursales en cada tipo de concurso. En los concursos de tamaño pequeño y medio el sistema será el del turno correlativo. En los concursos de tamaño grande, la regla general también será el turno correlativo aunque con un margen de discrecionalidad acotada para el juez.
Los artículos 8 a 10 detallan los criterios y umbrales para clasificar los concursos según su tamaño. Los cinco criterios seleccionados y los umbrales establecidos se resumen en la siguiente tabla. Para que un concurso sea clasificado en una de las tres categorías posibles será necesario que cumpla al menos tres de los cinco requisitos.





Nº trabajadores

Nº acreedores

Activo (M€)

Pasivo (M€)

Cifra de negocios (M€)

Concurso pequeño

<10

<50

≤2

≤2

≤2

Concurso mediano

10-49

50-100

2-20

2-20

2-10

Concurso grande

≥50

>100

≥20

≥20

≥10


Los cinco criterios escogidos aluden a distintas variables que captan el tamaño del concurso bajo la premisa de que el tamaño del concursado puede servir de aproximación a la previsible complejidad del procedimiento. La especificación concreta de los umbrales es difícil y siempre presenta un cierto componente de discrecionalidad. No obstante, para establecer los umbrales concretos se han tenido en cuenta varios aspectos. Primero, que el concurso medio en España es muy pequeño, en coherencia con la composición del tejido productivo español en el que predominan de manera acusada las microempresas. Segundo, que se trata de una clasificación aplicable en toda España. En este sentido, se reconoce que el tamaño medio de los concursos en algunas grandes plazas como Barcelona, Valencia y especialmente Madrid puede ser sustancialmente mayor que en otras. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta clasificación debe ser aplicable en toda España. Así, si se tomara como referencia la realidad de los juzgados de lo mercantil de estas ciudades, los umbrales podrían ser muy elevados para otras provincias, donde casi todos los concursos recaerían en la categoría de pequeños. Debe tenerse en cuenta que la clasificación se hace a los efectos de la designación de la administración concusal, a la que se exigirá más experiencia y medios conforme aumente el tamaño del concurso.
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