Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal






descargar 234.62 Kb.
títuloMemoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal
página3/9
fecha de publicación31.08.2015
tamaño234.62 Kb.
tipoDocumentos
m.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9

La remuneración de la administración concursal queda regulada por el artículo 34 de la Ley concursal y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Tras más de diez años desde la entrada en vigor del arancel de los administradores concursales, existen varias razones que aconsejan su revisión.
En primer lugar, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, no ha sido modificado desde su aprobación, a pesar de los cambios que se han introducido en la ley concursal desde 2004. Así, el texto de real decreto aún vigente desarrolla el principio de identidad del artículo 34.2 de la Ley Concursal, que fue suprimido mediante el Real Decreto-ley 3/2009 y, por el contrario, no ha desarrollado los principios de limitación y eficacia introducidos por el mismo real decreto ley ni el principio de eficiencia incorporado a través de la Ley 17/2014.
En segundo lugar, uno de los problemas señalados por la doctrina y la jurisprudencia tras más de diez año de funcionamiento de la Ley 22/2003, de 9 de julio, es la acumulación de créditos contra la masa y su minimización. Estos créditos contra la masa encabezan el orden de prelación de satisfacción de los créditos del concurso y, por tanto, anteceden a los créditos concursales. Cuando este tipo de créditos se acumulan en una proporción significativa, el sentido último del procedimiento concursal se desvirtúa, impidiendo la satisfacción de los acreedores concursales.
Los costes del procedimiento concursal en España son relativamente elevados en comparación con los costes estimados para otros países. El Informe Doing Business que anualmente publica el Banco Mundial dedica uno de sus indicadores a ponderar la calidad del procedimiento de resolución de las insolvencias empresariales en los países analizados. Para el año 2015, España se situaba en el puesto 23º del indicador (de hecho, la mejor clasificación de España en los diez indicadores que forma el Informe Doing Business). A su vez, este indicador se compone de varios subindicadores. Pues bien, en el apartado de coste del procedimiento concursal, la clasificación de España baja hasta el puesto 67º con un coste estimado del procedimiento del 11 por ciento de la masa del concurso, frente al 3-4 por ciento que se estima para los países mejor clasificados en este aspecto.
Constatado el problema de los créditos contra la masa del concurso, debe reconocerse que la remuneración de la administración concursal no es el único componente de estos créditos. Un somero repaso al apartado 2 del artículo 84 LC permite ver otros créditos contra la masa, como los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso con el límite de dos veces el salario mínimo interprofesional, los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y declaración del concurso, la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento concursal y sus incidentes, los de alimentos del deudor y de las personas repecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, etc. No obstante, mientras que la mayoría de los créditos así clasificados podrán o no estar presente en cada concurso según su naturaleza, la remuneración de la administración concursal siempre estará presente y es razonable asumir que en una proporción significativa del total de créditos contra la masa.
El Gobierno asumió implícitamente la existencia de este problema cuando modificó el artículo 34.2 LC para introducir el principio de limitación en el año 2009. Sin embargo, este principio ha estado desde entonces pendiente de desarrollo reglamentario. Recientemente, el principio ha sido desarrollado en el procedimiento de convalidación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, a través de una enmienda que modifica, entre otros preceptos, el art. 34.2 b) LC.
Un tercer problema asociado a la remuneración de la administración concursal y a los créditos contra la masa pero en sentido opuesto al anterior es el de aquellos administradores concursales que no alcanzan a percibir la totalidad de los honorarios devengados por insuficiencia de masa del concursado. El artículo 176 bis.1 LC define la insuficiencia de masa como la situación en la que el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, ni sea previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable niel juez considere que los créditos contra la masa quedan garantizados por un tercero de manera suficiente. En cuanto el administrador concursal detecte la insuficiencia de masa del deudor, debe comunicarlo al juez, liquidar el (poco) patrimonio del deudor para satisfacer los créditos contra la masa siguiendo el orden de prelación que se establece en el apartado 2 de dicho artículo y presentar un informe final al juez antes de que este dicte el auto de conclusión del concurso. En muchos casos, el resultado final es que el administrador concursal no percibe la remuneración devengada por las funciones desempeñadas. Aunque no se dispone de datos completos sobre el número de concursos concluidos por insuficiencia de masa, puede afirmarse que su peso no es residual. La siguiente tabla muestra el número de concursos que se concluyen en el mismo auto de declaración de concurso por insuficiencia de masa ex art. 176bis.4 LC según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial.


Año

Concursos de acreedores declarados por los juzgados de lo mercantil

Concursos de acreedores declarados concluidos ex art. 176bis.4 LC

Porcentaje sobre total

2012

7.541

752

9,97

2013

8.199

895

10,92

2014

5.824

1.006

17,27


Estos concursos son únicamente un subconjunto del total de concursos concluidos por insuficiencia de masa. De hecho, en estos concursos no llega a designarse administrador concursal y, por tanto, el problema que se está abordando aquí no llega a nacer. No obstante, estos datos señalan que las conclusiones por insuficiencia de masa no son en absoluto raras en el sistema concursal español.
No existe unanimidad en la doctrina sobre el tratamiento que deben recibir este tipo de concursos8. A lo largo de los años se han propuesto distintas alternativas para lidiar con los concursos con insuficiencia de masa sin que exista consenso sobre la solución adecuada. Las soluciones que la doctrina ha ofrecido son dispares entre sí. Entre ellas se pueden destacar algunas: 1) exigir como requisito la suficiencia de masa para poder ser declarado en concurso de acreedores, 2) establecer la obligación de que las comunidades autónomas o el Ministerio de Justicia sufrague la remuneración del administrador concursal en las insuficiencias de masa, 3) obligar a los acreedores a consignar unos fondos al principio del concurso para financiar la remuneración de la administración concursal, 4) establecer de una cuenta de garantía arancelaria. El legislador español tomó parte por esta última alternativa cuando enunció el principio de eficacia del art. 34.2 LC mediante el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo.
En el terreno práctico, es necesario resaltar de nuevo la experiencia del Turno de Actuación Profesional (TAP) del País Vasco, que ha desarrollado un sistema muy similar al apuntado por el principio de eficacia y que se desarrolla en este proyecto de real decreto. El origen de la cuenta de compensación vasca se encuentra en el compromiso de no rechazar sin causa justificada la designación que les correspondiera asumido por los integrantes del TAP (nótese que el artículo 29.2 LC contiene una previsión similar). Dado este comprmoiso, fue necesario instaurar entre los integrantes del TAP una cuenta de compensación que garantizara a aquellos administradores concursales de concursos con insuficiencia de masa una remuneración mínima. De otro modo, resultaba injusto que un profesional con una legítima expectativa de beneficio no obtuviera remuneración alguna por razones meramente aleatorias y, en última instancia, podía minar los incentivos para que los profesionales decidieran dedicarse al área de la administración concursal.
El funcionamiento de la cuenta de compensación del TAP vasco es a grandes rasgos el siguiente. Por el lado del haber de la cuenta, están obligados a contribuir a ella los administradores concursales que cobren efectivamente al menos el 90 por ciento de los honorarios devengados. El porcentaje a aportar es del 10 por ciento si se ha cobrado la totalidad del arancel y en el resto de casos se aporta el porcentaje cobrado en exceso del 90 por ciento (por ejemplo, si se cobra un 93,5 por ciento, debe aportarse a la cuenta un 3,5 por ciento de lo percibido). Una vez el comité gestor de la cuenta conoce los fondos con los que se cuenta, se decide el porcentaje de la remuneración a asegurar a todos los administradores concursales con cargo a la cuenta de compensación. Para el último trienio de que se disponen datos, dicho porcentaje fue del 35 por ciento. Es decir, con los fondos de la cuenta de compensación se realizaron cobros a los administradores concursales que habían percibido en sus concursos menos del 35 por ciento del arancel devengado. Las cantidades transferidas en cada caso fueron por el importe necesario para alcanzar el nivel del 35 por ciento de cobro. Los administradores concursales que percibieron pagos sobre el total devengado entre el 35 por ciento y el 90 por ciento no recibieron transferencia de la cuenta de garantía arancelaria y tampoco tuvieron que aportar a ella. No obstante, los gestores de la cuenta señalan como principal defecto de su funcionamiento el hecho de que no engloba a todos los concursos y a todos los administradores concursales. En concreto, indican que si en los concursos de mayor tamaño el administrador concursal no se designa a través del TAP, este no tienen que contribuir al fondo y la proporción de concursos con insuficiencia de masa sobre el total aumenta, reduciéndose la potencia de financaición de la cuenta.
El origen del sistema del TAP del País Vasco pone de manifiesto que el impago a la administración concursal en los concursos con insuficiencia de masa es un problema que distorsiona los incentivos en el mercado y que está relacionado con el sistema de designación. Por un lado, se trata de un problema evidente porque el administrador concursal no percibe la remuneración devengada y a la que tiene derecho por unos trabajos realizados. Pero además, este problema puede provocar que estos profesionales no tengan incentivos para operar en el mercado, ante el riesgo de no cobrar por sus servicios. Parece que hasta ahora los administradores concursales han podido sobrellevar esta situación tratando de compensar la falta de ingresos en los concursos con insuficiencia de masa con concursos más grandes en los que sí han podido cobrar el arancel. Pero este mecanismo podría estar operando como una especie de subvención cruzada de los concursos de mayor calidad a los de menos que no es óptimo ni justo.
Un último problema del actual arancel de la administración concursal es que podría no estar generando los suficientes incentivos. El sistema de retribución de la administración concursal no debe ser concebido únicamente como un mecanismo para remunerar sus trabajos, sino que también debe aprovecharse para introducir incentivos y desincentivos que fomenten los escenarios que se consideran deseables y penalice aquellas cursos de acción que se consideren perjudiciales para los intereses de la masa. Tras las reformas concursales de los últimos años, ha ganado relevancia el objetivo de conservación de la empresa y de preservación de la actividad económica frente a la meta tradicional maximizar la satisfacción de los acreedores (sin que esta se haya abandonado). El arancel de la administración concursal debería reflejar estos objetivos, incentivando monetariamente las soluciones convencionales, las ventas de unidades productivas o las liquidaciones ágiles y que maximizan la tasa de recuperación de los acreedores. Por otro lado, el arancel concursal debería reforzar los incentivos que fomenten la diligencia de los administradores concursales en su trabajo penalizando monetariamente, por ejemplo, los retrasos injustificados en el cumplimiento de los plazos achacables a la administración concursal.


  1. El conjunto del sistema es poco transparente.


El sistema de construcción de las listas de los decanatos es poco tranparente. El artículo 27.3 LC aún en vigor describe el proceso de formación de la lista única de administradores concursales del decanato de los juzgados que sirve de base para las designaciones judiciales. Cada una de las corporaciones profesionales del ámbito de la administración concursal elabora su propia lista que en el mes de diciembre de cada año debe remitir al decanato del juzgado. Además, también existe la posibilidad de solicitar directamente al decanato la incorporación al listado. Como ya se ha señalado, en muchas ocasiones cada corporación profesional (o la misma corporación profesional en ámbitos geográficos distintos) ha interpretado los requisitos de formación de manera distinta en términos de horas exigidas. El formato de las listas de administradores concursales y la información que debe contener tampoco está estandarizado. Además, la lista de administradores concursales no es pública o, si lo es, no es fácilmente accesible. Quizá el síntoma más evidente de la insuficiente transparencia del sistema es que a día de hoy no resulta posible determinar el número total de administradores concursales inscritos en las listas de los decanatos.
La falta de transparencia tiene consecuencias negativas para el sector de la administración concursal y el funcionamiento del concurso de acreedores. Primero, el desconocimiento del número de administradores concursales que operan en un determinado territorio dificulta tomar la decisión sobre si entrar en este segmento del mercado. En segundo lugar, como ya se ha señalado, la falta de información sobre los administradores concursales dificulta al juez discernir cuál es el administrador concursal más adecuado de entre los muchos inscritos en la lista para un concurso determinado. Además, la falta de transparencia abona el terreno para las suspicacias en torno a las designaciones judiciales, enrareciendo el ambiente del circuito concursal y poniendo en duda la legitimidad del funcionamiento del sistema.


  1. Objetivos de la reforma y alternativas


El objetivo último de la reforma es mejorar la eficiencia del procedimiento concursal impulsando la profesionalización definitiva de la administración concursal. El sistema concursal es más eficiente cuando discrimina en mayor medida las empresas viables de las que no lo son. En el primer caso, estas empresas deben ser reestructuradas. En el segundo, las sociedades deben ser liquidadas lo más rápidamente posible obteniendo el mayor valor para los acreedores. A todo ello puede contribuir una administración concursal más especializada, aunque mejorar la eficiencia del sistema concursal no depende únicamente de ello. En efecto, otras cuestiones como la carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil también influyen en la eficiencia del sistema concursal y deben ser tenidas en cuenta.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

similar:

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconOrden viv/, de por la que se modifican determinados documentos básicos...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconCertifico: que el pleno del consejo general del poder judicial, en...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconMediante el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real...
«Sistema nervioso y muscular» del Anexo IV «Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconReal Decreto Legislativo nº. 1302/1986, de 28-6-1986, sobre Evaluación del Impacto Ambiental

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconInembargabilidad
) Sobre el particular, sea lo primero precisar que conforme a lo señalado por el numeral 4 del artículo 126 del Estatuto Orgánico...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconResumen Este artículo tiene como propósito, conocer el impacto del...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconObservaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto ampliación...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconModificación del Reglamento General de Conductores, aprobado por...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconBaremo de Indemnizaciones del Seguro Obligatorio del Viajeros Real...

Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal iconEl presente formulario es una ayuda para recoger toda la información...






© 2015
contactos
m.exam-10.com